La Economía Informal y sus efectos en la desigualdad económica en los países de Costa Rica y Guatemala.

En la actualidad no existe una definición exacta de lo que se conoce como una ‘‘economía informal’’ o ‘‘sector no estructurado’’ debido a los grandes debates entre los autores y economistas en cuanto al origen y causa de las economías informales en el mundo (Bacchetta y Bustamante 2009). Este fenómeno de informalidad se comienza a utilizar como objeto de estudio al momento que las actividades económicas surgen fuera del marco de las instituciones oficiales. Según, el autor y economista Keith Hart (Hart 1985), fue provocada por el fracaso de los modelos económicos prevalentes para abordar una gran parte del mundo que afirmaron incluir. Los sociólogos, antropólogos, geógrafos e historiadores han aprovechado la oportunidad para avergonzar a los economistas al señalar esta deficiencia. Más notablemente, muchas economías, incluidos los empleados de burocracias establecidas como el Banco Mundial y la OIT, han identificado el sector informal como algo con lo que deben lidiar en los países del Tercer Mundo.
Como consecuencia al poco conocimiento sobre el tema, el primer informe de la Organización Internacional de Trabajo sobre el mercado laboral en Kenia (ILO 1972), afirmó que la economía informal era la manera urbana de ‘‘hacer las cosas’’ con las características siguientes: bajas barreras de entrada en términos de habilidad, capital y organización, propiedad familiar de las empresas, pequeña escala de operaciones, producción intensiva en mano de obra con tecnología obsoleta, mercados no regulados y competitivo. Finalmente, a su vez, se caracterizan por los bajos niveles de productividad y baja capacidad de acumulación de riqueza. Teniendo lo anterior por entendido, si observamos los aspectos de la economía informal y su interrelación con los efectos de la globalización, en las últimas décadas, el incremento de población urbana, el crecimiento demográfico, el fenómeno migratorio y la disminución de los servicios que ofrece el Estado a la población de los países en vía de desarrollo, las crisis económicas recurrentes, el desempleo, el subempleo, y el incremento de los trabajadores pobres han contribuido al empleo informal y por consecuencia forman parte de la Economía informal en un país (Auvergnong 2012). Es importante recalcar que dentro del informe llamado Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía informal (Recomendación 204) adoptada por la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, resaltan que la expresión economía informal no abarca las actividades ilícitas, en particular las relacionadas con el tráfico de drogas, armas de fuego, trata de personas, blanqueo de dinero y otras actividades prohibidas por la legislación (Ortiz 2016).
La región de América Latina y el Caribe presenta un estimado de 140 millones de personas que trabajan en un estado de informalidad, presentado el 53% de la economía en la región (OIT 2018). La OIT identifica la región de América Latina como una que se enfrenta ante la crisis de carácter estructural que ha golpeado a las economías nacionales como la falta de generación de puestos de trabajos el subempleo o la existencia de bajos salarios en el sector formal que han forzado a que trabajadores asalariados, se independicen y se dirijan cada vez más al sector informal (OIT 1998). Sin embargo, una las principales causas de la construcción de este sistema informal se deben al incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas y su falta de familiaridad con la ley o la incapacidad de estas para cubrir los costos de la formalidad. Por consecuencia se construyen pequeñas empresas, trabajadores con cuenta propia y microempresas informales no registradas cuyo problema es la incapacidad de alcanzar la productividad suficiente para cubrir los costos de formalización, incrementando los niveles de pobreza en la región (Casabón 2017).
La importancia de esta problemática se debe a las externalidades negativas que genera dentro de la región. En el ámbito social, genera desempleo y subempleo, la ausencia de seguridad social, falta de inspecciones laborales, migración laboral y políticas públicas del Mercado Laboral mal orientadas (OIT 2013). Un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León señala que ‘‘Sería necesario incorporar a 11 millones de informales para recaudar poco menos de medio punto porcentual del PIB, mientras que aproximadamente 10 millones de contribuyentes formales generan una recaudación equivalente a 9.9% del PIB. Esto sugiere que tendría un costo elevado fiscalizar al sector informal (León 2018). Es decir, en términos macroeconómicos, el PIB de un país puede ser afectado debido a la inexistencia de ningún sistema que regule con exactitud el nivel de productividad, el sistema pensional, los problemas fiscales y la distribución del ingreso dentro de un Estado (Valdez 2017).
Dentro de la región países como Costa Rica y Guatemala representan el menor y el mayor porcentaje en la economía informal de América Latina y el Caribe (Rebossio 2014). Por una parte, la economía en Costa Rica se ve afectada debido a que 30,7% de la población forma parte de la economía informal (OIT 2013). A diferencia de Guatemala que presenta el 73,6% de la población formando parte de la economía informal (Rebossio 2014). A pesar de que dentro de ambas economías existe un desbalance en cuanto a la cantidad de personas que están en estado de informalidad, dentro de este sector informal en ambos países se pueden encontrar similitudes respecto al tema. Por un lado, en Costa Rica, el 52% de los costarricenses que están en la informalidad son asalariados, pero el 81% de este 52% están en microempresas las cuales no están dentro del marco de la formalidad por temas de dificultad en trámites, altos impuestos y seguros sociales (Araya 2017). En Guatemala, dentro de las 4,589,000 millones de personas que en la actualidad están en estado de informalidad se encuentra más del 90% están en microempresas las cuales no ingresan a la formalidad por las mismas razones que en Costa Rica, requerimiento de licencias, permisos y autorizaciones, tramites, clientelismo y amiguismo, las cuales reducen la oportunidad de elección de las personas que ingresan a la economía formal (COPRE 2017).
Según un reporte realizado por la CEPAL (1994) titulado ‘‘Informalidad y pobreza en América Latina’’ indica que estos porcentajes son razones directas a las altas desigualdades económicas y de pobreza existentes dentro de la región (Guillermo Rosenbluth 1994). No es casualidad que Costa Rica consta con el 21.1% de la población en pobreza, mientras que Guatemala tiene un porcentaje mayor con el 60.2% de la población en estado de pobreza (CEPAL 2014). Un dato importante para recalcar es el nivel de desigualdad de genero que esta presente en Guatemala y no se observa como un tema considerable en Costa Rica. El porcentaje de informalidad, según sexo, demuestra que esta es una condición que afecta a la población ocupada en general, pero se manifiesta más entre las mujeres. El feminicidio en Guatemala habría aumentado en un 400% entre 2001 y 2010 (Revista Proceso 2011). Según la CEPAL, en el 2014 hubo 876 feminicidios (Diario la Hora 2015). Este grave problema que aqueja a la sociedad guatemalteca se traduce en la falta de debida diligencia por parte del Estado en prevenir, investigar y sancionar actos de violencia contra las mujeres en un contexto de agudización (CIDH 2015). La condición se evidencia más el área rural nacional, en donde solo una mujer de diez está en el sector formal (ENEI 2017). Aspecto significativo de Guatemala donde existe un problema social de inequidad que aporta a los niveles de pobreza dentro del Estado debido a que la mujer no es un papel activo en la economía (ENEI 2017).
La corrupción dentro de la región también ha tenido un peso significativo al momento de calcular las economías y el ‘‘efecto dominó’’ que trae consigo alterando bruscamente la pobreza en los países (Nájera, Saracho y Neyoy 2017). En el 2018, un organismo internacional contra la corrupción llamado Transparency International elaboran un informe conocido como el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) donde indican elaborando un ranking, al país con menos corrupción (1) y el que más corrupción posee (180). Dentro del informe Costa Rica posee el lugar 48/180, mientras que Guatemala esta 144/180, posicionándolo como uno de los países más corruptos dentro de América Latina (Transparency Internacional 2018).
Ambos países están actualmente implementando propuestas para luchar contra la economía informal dentro de sus países y a su vez disminuir el nivel pobreza que existen (OIT 2002). Otra diferencia entre ambos países consiste en la cantidad de los recursos y los esfuerzos empleados por ambos países, por una parte, Costa Rica implementa programas diseñados para el tratamiento de la pobreza y disminución del sector informal como El Programa de Apoyo a la Producción del IMAS3, Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Monge 2003). Mientras que Guatemala cuenta con diferentes programas; sin embargo, han sido poco eficientes, por esto en el 2018, el gobierno activó una serie de acciones para reducir el sector informal de la economía con la ayuda de los ministerios de Economía y de Trabajo, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría General de Planificación y Programación, entre otras instituciones (Notimex 2018).
En conclusión, la economía informal es un factor importante al momento de analizar las disparidades económicas que existen dentro de los países de América Latina y el Caribe (Guillermo Rosenbluth 1994). Costa Rica y Guatemala representan las dos vertientes; entre el país con menos tasa de informalidad y el que más tasa de economía informal posee (Rebossio 2014). Las economías informales en los países de Costa Rica y Guatemala indican un declive en el desarrollo económico y por consiguiente los mismos, experimentan un incremento en las tasas de pobreza. Esto se debe a la inexistencia de estructuras exactas que tengan la capacidad de calcular el nivel de productividad y de ganancia que se adquiere en el país a través de los trabajos informales y a las faltas de formalización que carece el mundo de la informalidad (Valdez 2017). Las ocupaciones informales afectan, más que benefician, al desarrollo y progreso de los países, pues sus economías mantienen mercados de trabajo ilegales, que no aportan beneficios tangibles al producto nacional bruto de un país. A su vez, estos mercados alientan los bajos salarios y las condiciones laborales flexibles (Pollak 1992). Los gobiernos, tanto de Costa Rica como de Guatemala, buscan nuevas iniciativas para combatir los trabajos informales que decaigan en pobreza, impulsando un Estado de bienestar que garantice los derechos de los trabajados y que impulsen el crecimiento no solo del país, si no de toda la región (OIT 2002).
Dentro de las recomendaciones que pudiesen ser dadas a futuras investigaciones, puede entrar la posibilidad de dar un enfoque más específico al momento de mezclar temas como ‘‘pobreza’’ y ‘‘Economía informal’’ dentro de una sola investigación. Es de conocimiento común, saber que los temas económicos y sociales no tienen causas específicas o consecuencias directas creando un escenario mucho más amplio y confuso al momento de tratar de explicar ambos aspectos en el mundo. Asimismo, cabe destacar que la región de América Latina y El Caribe es una caracterizada por su alta complejidad en historia, diversidades en raza, lenguas, cultura, identidad etc; (FAO 2017). Esto crea aún más lagunas al momento de cuestionar la Economía informal y como afecta a la pobreza en los países de Costa Rica y Guatemala, debido a que ambos cargan circunstancias históricas diferentes afectando más a un país que al otro.
Trabajos Citados
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