Los cargos por autoconsumo eléctrico son discriminatorios


El último borrador del Real Decreto de autoconsumo no ha supuesto, como era de esperar, un cambio muy grande a efectos prácticos con respecto al anterior. El ministerio básicamente le ha cambiado el nombre al “peaje de respaldo” por “cargos por autoconsumo”, y a correr.

Hay varios temas importantes respecto al autoconsumo, por ejemplo cómo remunerar la energía vertida a la red, o cómo garantizar la capacidad de generación necesaria en el sistema, pero lo que me gustaría destacar aquí es que se siguen queriendo imputar al autoconsumidor unas cantidades por la energía autoconsumida, es decir por la energía que produce él mismo y él mismo consume.

El caso es que desde el ministerio se ha hecho un buen trabajo al diseñar el razonamiento que justifica estos cargos. Se dice que el autoconsumidor debe contribuir a los costes regulados del sistema, y también a los mecanismos de respaldo, puesto que el propio autoconsumidor se beneficiará de ese sistema y de ese respaldo cuando no tenga producción propia y quiera obtener energía de la red.

Dicho así suena bien, pero la verdad es que son unos cargos intrínsecamente discriminatorios, injustificados y netamente distorsionadores: no se corresponden en absoluto con el impacto del autoconsumo en el sistema.

Alguno dirá que ésto ya estaba claro que iba a ser así en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (art. 9.3), pero eso no hace que deje de ser un despropósito que habría que corregir.

Hoy es más importante que nunca que en el anquilosado sector eléctrico se permita la innovación y se retribuya y se cobre a cada agente por el valor que aporta o que detrae del sistema, cuando ésto sea posible. Es la única forma de intentar mejorar su eficiencia.

¿Qué pagan los consumidores actuales?

Los consumidores financian los innumerables costes regulados del sistema eléctrico (ésto es otra discusión) pagando peajes de acceso a red y otros cargos, que dependen de la potencia contratada o utilizada, y de la energía consumida.

La idea es que cuanto más uso se haga de la red y de sus servicios como consumidor (tanto en potencia como en energía) más se contribuya a sus costes. Parece lógico, ¿no?.

¿Y qué uso hace de la red un autoconsumidor?

Aquí está el meollo de la cuestión: el autoconsumidor no hace un uso de la red distinto del de cualquier otro consumidor, pero se le quieren exigir cargos distintos. Veamos ésto.

Se quiere hacer ver que el autoconsumidor se está aprovechando de una forma casi rastrera de los servicios de respaldo que le brinda el sistema eléctrico: lo usa para abastecerse cuando le conviene (cuando no tiene producción propia) y cuando no le conviene no lo usa y paga menos. Un desalmado insolidario, vaya.

Esto por supuesto es cierto, pero también lo es para cualquier otro consumidor.

¿O acaso el resto de consumidores piden permiso para encender la luz, el horno o el aire acondicionado, para ver si le viene bien al sistema eléctrico en ese momento? ¿Se les penaliza si reducen su consumo (en este caso contribuirían también menos a los costes del sistema)? Claro que no. Todo consumidor tiene a su disposición todos los servicios del sistema, para que pueda encender lo que quiera y cuando quiera, sin restricciones de ningún tipo (mas allá de la potencia contratada). En cuanto lo encienda, un generador en algún sitio le suministrará esa energía.

¿Porqué ha de penalizarse a un autoconsumidor que simplemente está consumiendo cantidades distintas a horas distintas de lo que haría otro consumidor cualquiera? Se puede dar el caso de que un consumidor esté consumiendo lo mismo y al mismo tiempo que un autoconsumidor, pero el autoconsumidor tenga que pagar más. Por causar exactamente el mismo trastorno a la red. Es claramente discriminatorio.

La principal trampa del argumento es que se da a entender que el consumidor actual es el ideal para el sistema eléctrico y que no le causa ningún problema, y se habla como si no hubiese cambiado nunca sus patrones de consumo. No es así. El sistema eléctrico siempre ha necesitado una cantidad importante de de respaldo y de generación ociosa, mucho antes de instalarse eólica y fotovoltaica.

La electrificación de la climatización y otros servicios, los cambios de actividad industrial, las medidas de ahorro energético, etc. también han cambiado los patrones de consumo en el pasado y lo siguen haciendo. ¿Acaso se penaliza? El consumo durante el día llega a ser un 50% mayor que durante la noche. Esto requiere una gran cantidad de generación que está ociosa durante la noche. ¿Acaso se imponen unos cargos adicionales a los consumidores diurnos? No.

Si resulta que hay patrones de consumo que son más costosos para el sistema eléctrico, que los hay, pues que pague más el que tenga esos patrones de consumo, pero TODOS, independientemente de si es autoconsumidor o no.

¡Espere! que ya va a pagar más el que consuma “peor”: con los nuevos contadores, se va a pagar más por consumir en momentos en los que la energía escasee.

¿Acaso el problema es que se cree necesario introducir cargos adicionales que penalicen comportamientos que no se ven reflejados en el precio de la electricidad, como la posible variabilidad e impredictibilidad añadidas en la demanda de, por ejemplo, un consumidor con fotovoltaica instalada? Bien, pero entonces se deberá estudiar si se aplica también a otros grupos de consumidores que puedan presentar impactos similares. Y sobre todo es importante que los cargos sean proporcionales al sobrecoste causado, y se calculen mediante metodologías públicas. Se encontrarían que en vez de cargos deberían ser remuneraciones por beneficiar al sistema, en ciertos casos, según la tecnología instalada y la forma de operarla.

¿Qué se quiere cobrar al autoconsumidor en el borrador del Real Decreto?

Por un lado, el autoconsumidor debe abonar los cargos que le correspondan por la energía que demanda de la red y la potencia que tiene contratada o usa como consumidor, como es lógico.

Además se le cobra un cargo adicional por la potencia contratada, en calidad de autoconsumidor, para algunas modalidades. La cosa empieza a sonar mal. No se justifica en ningún sitio que ese cargo refleje el impacto en la red.

Lo mejor viene ahora: también debe abonar unos cargos por la energía autoconsumida. Si, si, han leído bien. Por la energía que ha producido y consumido, que no ha salido de su casa / negocio / etc.

Es decir que no es un cargo que dependa de la energía demandada de la red, o de lo beneficioso o perjudicial que sea el comportamiento del autoconsumidor para el sistema. Es una chapuza.

Se puede dar la paradoja de que un autoconsumidor que consuma poco cuando la energía escasee y mucho cuando la energía sobre, y por tanto que tenga un comportamiento beneficioso para el sistema, esté siendo gravemente penalizado. Esto enlaza con el siguiente punto.

Se prohíbe instalar almacenamiento

Por alguna razón no parece que se quiera cambiar la prohibición de tener almacenamiento eléctrico en las pequeñas instalaciones de generación, como establece el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.

Tal vez ésto pudiera tener sentido en instalaciones que reciben primas, por aquello de que no se carguen las baterías desde la red a precio de mercado y luego vendan la energía a precio subvencionado… Sin embargo, no habiendo primas como en este caso, no debería impedirse.

Lo gracioso es que un (auto)consumidor con almacenamiento tendería a consumir poco de la red cuando la energía escasee (y sea por tanto cara) y más cuando la energía sobre (y sea barata). Es decir, sería beneficioso para el sistema, abaratando sus costes. Pero no. Parece que no queremos almacenamiento.

¿Y porqué se hace ésto?

Sin duda mucha gente ha comprendido que el autoconsumo puede modificar de forma significativa el sistema eléctrico. Y la principal razón serían las propias ineficiencias de ese sistema. Y como en cualquier cambio, algunos saldrán ganando y otros perdiendo. Lo importante debería ser alinear bien los incentivos de los agentes para que esos cambios se traduzcan en reducciones de costes para el consumidor. Sin embargo, el objetivo parece bloquear el posible cambio.

Y ya se sabe, oponerse al cambio y mantener artificialmente sectores ineficientes sólo consigue agravar esas ineficiencias y empeorar las consecuencias de la caída cuando ésta se produzca al fin.

Estos cambios parecen asustar al ministerio, que ha optado por poner el enésimo parche para intentar que no se venga abajo un sistema cuyo diseño está viciado de origen, para que el ministerio pueda mantener su influencia de facto en unos ámbitos que deberían estar liberalizados según la ley. Aunque no comparto 100% todo lo que dice, ésto se explica bien en este artículo de Gerard Llobet.

El precio: ineficiencias, y favoritismos, porque no se premia al que aporta valor al sistema, los criterios son otros.