La incertidumbre regulatoria está haciendo daño a la innovación de blockchain
¿Los gobiernos deberían intervenir para ayudar a fomentar la tecnología blockchain?
Existe una constante y creciente preocupación por parte de los diversos actores que forman parte del ecosistema de la cadena de bloques quienes consideran que la incertidumbre regulatoria — que se da a nivel global — podría estar afectando el desarrollo de esta tecnología. Sin lugar a dudas, es necesario que existan marcos normativos que permitan el establecimiento de reglas claras de juego entre los participantes, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las decisiones que toman las autoridades — en su afán casi compulsivo de regular absolutamente todas las actividades que realizamos — afectan negativamente a la innovación debido a la promulgación prematura y sin criterio de regulaciones que, en los casos más extremos, pueden terminar por completo con una industria.
En este contexto, la pregunta que cabe hacerse es ¿deberían los gobiernos intervenir para ayudar a fomentar la tecnología blockchain? Unos piensan que sí. Por ejemplo, La Cámara de Comercio Digital de Estados Unidos ha publicado un llamado a la acción pidiendo a los responsables de la formulación de políticas federales que aborden y resuelvan el problema de la «falta de un entorno legal predecible» que está obstaculizando la experimentación e innovación de la cadena de bloques.
La situación en Latinoamérica
Asimismo, en los diferentes países de Latinoamérica han surgido movimientos civiles que piden espacios para proponer leyes Fintech que tomen en cuenta a blockchain y las criptomonedas. Los casos de México, Argentina y Venezuela son los más alentadores, estos tres países ya poseen cuerpos legales que regulan, desde diferentes perspectivas, las actividades del criptomundo.
En países como Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Nicaragua sus gobiernos han decidido abordar el tema con neutralidad, es decir, por lo pronto, no han intervenido abiertamente en la regulación del ecosistema dejando que sus participantes actúen con relativa libertad.
En Chile, Colombia y Brasil se han observado posiciones ambiguas, por un lado, los gobiernos hablan de apoyar el desarrollo de la tecnología de la cadena de bloques, pero por otro, han ocurrido cierres de cuentas bancarias pertenecientes a plataformas de intercambio, y los bancos centrales han hecho declaraciones mencionando que las criptomonedas no pueden ser consideradas como de curso legal.
El caso de Ecuador es muy particular teniendo en cuenta que este país no posee una política monetaria propia debido a que la economía se encuentra dolarizada desde el año 2000. La Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera no ha emitido disposición alguna que reconozca al bitcoin o a cualquier otra criptomoneda. De acuerdo al artículo 98, inciso 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se prohíbe la circulación de especies monetarias sin el aval de la Junta. En términos sencillos, cualquier tipo de moneda diferente al dólar estadounidense no es admitida en Ecuador como instrumento para la compra y venta de bienes y servicios, salvo que goce de autorización por parte de la Junta, según el artículo 99 del mismo código. Lo que esta normativa no prevé es la prohibición explícita de adquirir e intercambiar criptomonedas como instrumentos de inversión.
El gobierno boliviano prohibió el uso de bitcoin el 6 de mayo de 2014 convirtiéndose en la primera y única nación de la región en declarar frontalmente la ilegalidad de los criptoactivos.
La áspera relación con los estados-nación
Era totalmente previsible que la relación entre el criptomundo y los Estados iba a ser incómoda teniendo en cuenta que blockchain permite a los usuarios realizar transacciones persona a persona — eliminando la participación de intermediarios— fuera del sistema financiero tradicional que se encuentra exageradamente intervenido y regulado por los estados-nación.
En el transcurso de los años posteriores al surgimiento de bitcoin, los reguladores prestaron muy poca atención al mercado de los criptoactivos porque era muy pequeño y únicamente participaban los usuarios motivados por cuestiones técnicas. Esta situación empezó a cambiar a partir de 2017 cuando diferentes organizaciones empezaron a recaudar cientos o miles de millones de dólares mediante la venta de tokens basados en blockchain a través de las Ofertas Iniciales de Criptomonedas — ICO, por sus siglas en inglés — . Invertir en todo tipo de iniciativas relacionadas con la cadena de bloques y las criptomonedas se convirtió en una atractiva actividad relativamente generalizada, llamando la atención de los reguladores que buscaban proteger a los inversionistas de fraudes y estafas que, por cierto, sí que ocurrieron.
En respuesta al frenesí que causaron las ICO motivado por la agresiva revalorización de bitcoin y otros criptoactivos, la estadounidense SEC — Securities and Exchange Commission — empezó a citar y penalizar a varios proyectos ICO que no contaban con la licencia necesaria para vender valores. Esta situación hizo que muchas empresas del criptomundo se trasladen a otras jurisdicciones más amigables y que los ciudadanos estadounidenses queden al margen de estas iniciativas.
La incertidumbre regulatoria
En su declaración, la Cámara de Comercio Digital argumenta que las empresas y los consumidores se encuentran reacios a desarrollar y usar aplicaciones blockchain ante la incertidumbre que genera la eventual violación de leyes financieras obsoletas que ya han castigado a algunos con multas y prisión.
La posición que tanto reguladores como entusiastas y promotores de la tecnología blockchain deberían asumir es la de cooperación y tolerancia. Los reguladores son esencialmente lentos, esto hace que sea prácticamente imposible que vayan al compás del vertiginoso desarrollo tecnológico. Si los participantes de esta nueva y pujante industria quieren que los procesos regulatorios ocurran a mayor velocidad, deberían estar en constante contacto y conversación con las autoridades. Esta estrategia puede rendir frutos muy positivos teniendo en cuenta que la llegada de regulaciones es inevitable, es fundamental que los interesados intervengan en su formulación en lugar de permanecer como meros observadores y dejarlas solamente en manos de la burocracia que carece de criterio y de suficientes conocimientos en el ámbito como para tomar decisiones adecuadas que beneficien el desarrollo e innovación en este campo.
«¿Cómo desarrollamos un marco de referencia en el que nuestra economía, nuestro gobierno y nuestra gente puedan aprovechar esta tecnología [blockchain] de muchas maneras?» — Tom Jessop, Presidente de Fidelity Digital Assets
A pesar de la incertidumbre regulatoria, muchas empresas tecnológicas y financieras están invirtiendo activamente en el criptomundo, sin embargo, al mismo tiempo, hay muchas otras empresas que han preferido mantenerse al margen, precisamente por la desconfianza que genera la falta de regulaciones claras al respecto. La participación masiva de empresas de diferentes sectores ayudaría a que la industria blockchain madure y se consolide.
Es indiscutible que las regulaciones son necesarias para una convivencia adecuada y sin contratiempos, no obstante, quienes pretenden que los estados-nación asuman el rol de fomentar el desarrollo y la innovación vía decreto — en este caso de la cadena de bloques y las tecnologías relacionadas — estarían cometiendo un grave error porque existe la real posibilidad de que la intervención estatal produzca más daños que beneficios.
Este artículo fue publicado originalmente en Steemit.com el 11 de marzo de 2019.
@criptoEstratega
Referencias:
- El Telégrafo. (14 febrero 2018). Junta Monetaria no autoriza el uso de criptomonedas. Recuperado de http://bit.ly/2EUOnES
- González, G. (15 septiembre 2018). Un vistazo a la regulación de las criptomonedas en América Latina. Recuperado de http://bit.ly/2EPQBFB
- Orcutt, M. (8 marzo 2019). Blockchain boosters warn that regulatory uncertainty is harming innovation. Recuperado de http://bit.ly/2ESYCtD
- Vite, J. (27 enero 2018). El uso de criptomonedas en el Ecuador no está autorizado, según Banco Central. Recuperado de http://bit.ly/2EQkJ3V
