Pobreza, Derechos Humanos y política fiscal.

Un día antes de que se diera la aprobación del texto sustitutivo del "paquete fiscal" escribí que "si se pierde el enfoque de DDHH en la discusión fiscal con facilidad reducirán la discusión haciendo creer que toda vía es buena mientras se resuelva el déficit fiscal, mientras imponen una vía regresiva, profundizadora de la desigualdad, y productora de estancamiento".
Indicaba que me preocupaba que de la discusión fiscal había desaparecido casi completamente la perspectiva del papel que juega la política fiscal en el cumplimiento o incumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales.
Esa preocupación la mantengo. Porque observo que por parte de quienes defienden gravar la canasta básica hay un énfasis evidente en el efecto recaudatorio puro. Y una omisión clara de los efectos de la medida sobre hogares en condición de pobreza.
Y es que el impacto de la política fiscal sobre los hogares en condición de pobreza es un asunto directamente relacionado con el cumplimiento y acceso a Derechos Humanos (DDHH).
En primer lugar, porque la condición de pobreza implica el incumplimiento de derechos humanos. Por eso la CIDH ha señalado “que la pobreza constituye un problema de derechos humanos que se traduce en obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad real por parte de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación".
Y en segundo lugar, porque la política fiscal está directamente relacionada con el cumplimiento o incumplimiento de derechos humanos. Tal y como también lo ha señalado recientemente la CIDH:
“No debe perderse de vista que los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación. En este sentido, desde el enfoque de derechos humanos, resultan particularmente relevantes para la política fiscal los siguientes principios y obligaciones: aseguramiento de los niveles mínimos esenciales; movilización del máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los DESC; realización progresiva y no regresividad de estos derechos; y el principio de igualdad y no discriminación"
Por eso el impacto de las medidas que se adopten en esta discusión fiscal en la que estamos inmersos sobre los hogares en situación de pobreza no puede omitirse o minimizarse. Omitir o minimizar ese impacto es negarse a enfocar el debate fiscal desde la perspectiva de los derechos humanos.
Y no se puede ni minimizar, ni omitir: el impacto del IVA sobre hogares en condición de pobreza es claro y grave.
Con el IVA (incluyendo la canasta básica gravada) la carga tributaria sobre los hogares del primer quintil se aumentaría en unos 17.500 millones de colones anuales (un 0,5% del PIB).
Según el estudio del IICE-UCR:
a) con el actual IGV los hogares del primer decil aportan 0,12% del PIB, y los del segundo decil aportan 0,16% del PIB.
b) con el IVA con canasta básica gravada los hogares del segundo decil aportarán 0,14% del PIB, y los del segundo decil aportarán 0,19% del PIB.
Así, los hogares de los dos primeros deciles (básicamente los hogares en situación de pobreza) pasarán de aportar 0,28% del PIB a aportar 0,33% del PIB. Con el IVA con canasta básica gravada, los hogares más pobres pagarán 17.500 millones de colones más que en la actualidad. Y de esos 17.500 millones de colones, al menos 7000 corresponden al IVA sobre bienes de la actual canasta básica.
Considerando que los dos primeros deciles los componen poco más de 304 mil hogares, con el paso al IVA (incluyendo canasta básica gravada) cada uno de esos hogares pagarían un promedio de poco más de 57 mil colones anuales más por impuesto. Cincuenta y siete mil colones anuales extra de carga fiscal sobre los hogares más pobres y vulnerables del país. Hogares cuyo ingreso medio es apenas de 205.139 mensuales por hogar.
Estos datos no pueden omitirse en el debate. Omitirlos o minimizarlos es negarse a “alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos” como han urgido un amplio grupo de organizaciones en un Informe Temático recién presentado y elaborado con ocasión de la Audiencia Temática ante la CIDH.
Es innegable que urge una reforma fiscal que permita sanear las finanzas de Gobierno Centra. Que esa reforma debe ser suficiente para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas y asegurar la capacidad del Estado Social de Derecho. Pero también es innegable que la vía elegida no es neutral. Es innegable que no todo camino para solventar el problema de las finanzas públicas es igual. Que hay caminos alineados con los principios de los derechos humanos y otros caminos que se apartan de esos principios. Y esa discusión es sustancial y de primera importancia.