Marihuana y Federalismo

A diferencia de los Estados Unidos, México entró al tema de la marihuana directamente con su uso lúdico y no su uso medicinal, como tampoco lo hizo desde los estados, sino desde uno de los Poderes de la Unión.

Foto: Animal Político.

La semana pasada fue protagonizada por el Constitucionalismo mexicano, pues en las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolvieron amparos acerca de temas trascendentales para la convivencia social de los próximos años.

Sin dejar de prestarle atención a la protección concedida por la Segunda Sala de la Corte a los apicultores mayas para que Monsanto no siembre soya transgénica sin consultar a las comunidades afectadas, probablemente la resolución de la Primera Sala acerca del uso recreativo de la marihuana fue la que más se viralizó entre los ciudadanos.

Para el caso, vale la pena siempre seguir señalando que el amparo para autorizar la siembra y consumo (no para su venta ni distribución o transportación) de la marihuana para uso lúdico solamente tiene efecto para las cuatro personas que lo promovieron; por lo que no se trató de una despenalización de la marihuana y mucho menos de su legalización en todo el territorio nacional.

El tema, siempre polémico, nos llegó a los mexicanos como información de último minuto. Semanas atrás no se sabía que la Corte había atraído el amparo en revisión para su discusión, ni existían gobiernos preocupados por la repercusión que la decisión de la Corte pudiera tener en los tres niveles de la administración pública.

Cuando Estados Unidos vivió el proceso de despenalización gradual de la marihuana, no lo hizo de golpe sino por etapas; y tampoco lo hizo desde el gobierno federal, sino desde los estados. Es decir, que en el país vecino el Federalismo y la consecuente autonomía de la que gozan los estados en materia administrativa, legislativa y judicial, permitieron que el tema de la marihuana se discuta mes con mes y año con año cada vez que alguno de los estados planteaba la posibilidad de despenalizarla sometiéndolo a referéndum.

Inclusive, la discusión sobre ello no se fijó directamente sobre el uso lúdico del psicotrópico, sino que se abrió camino con la discusión de su uso medicinal. No fue sino hasta que la mayoría de los 50 estados fijaron alguna postura sobre el tema que las autoridades federales comenzaron a hacer eco de ellas al grado de que, como parte de las campañas presidenciales en Estados Unidos, no exista hoy un solo candidato que no haya dado su opinión sobre la marihuana.

En pocas palabras, los Estados Unidos de América fueron punta de lanza en la discusión sobre el estatus legal de la marihuana (a pesar de ser el país que más la persigue), gracias a que los estados de la Federación ejercieron aquello que es central para cualquier Pacto Federal: su autonomía.

En nuestro país, en cambio, ha tenido que ser una autoridad central la que abra brecha sobre este tema pues los estados de nuestra República no ejercen del mismo modo su autonomía. En México es común que, a pesar del respeto mutuo que existe entre Federación y estados, sea el ámbito federal el que discuta los temas de mayor trascendencia nacional debido a la doble naturaleza (federal y nacional) de los Poderes de la Unión.

A nivel estatal, los estados poco margen de maniobra tienen para tratar el asunto. En su mayoría, los estados únicamente se ocupan de detener y procesar a particulares por cargos de posesión en coordinación con la Federación, quien detenta estas competencias legalmente.

Tras la histórica decisión de la Suprema Corte mexicana, le toca a cada estado del país decidir si su postura al respecto será la de esperar pacientemente a que la Federación defina cuál es el siguiente paso a dar, o si se atreve a confrontar las arcaicas disposiciones legales que sobre la marihuana existen a nivel estatal y las actualiza para afrontar el Siglo XXI con leyes del Siglo XXI.