El diputado que no hizo bien la tarea

Llegaron muy temprano y esperaban con esa paciencia ancestral de la nación wayúu. Los familiares de las víctimas del ataque del Ejército Bolivariano a un grupo de motociclistas el 14 de julio en San Rafael de Paraguachón, en la frontera con Colombia, fueron convocados a una reunión para informarles cómo se procuraría justicia en este nuevo caso de violaciones a derechos humanos en La Guajira. El encuentro se pautó para el día después del incidente, en la Casa de la Cultura de Paraguaipoa.

Allí estaban 17 mujeres y media docena de hombres. Aguardaban por la llegada de un grupo de diputados del Consejo Legislativo zuliano. El Comité de Derechos Humanos de La Guajira y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) les acompañaban en la espera.

La agresión de los soldados en la alcabala limítrofe había dejado heridos de bala y de perdigones a cinco hombres, todos habitantes de la parroquia Guajira, en un hecho tan inexplicable como injustificado. Madres, abuelas, hermanas, tías y primos de las víctimas atendieron la invitación con un solo propósito: que los militares responsables del caso fueran detenidos y juzgados.

Una hora pasó y los defensores de derechos decidieron iniciar la reunión para corresponder las expectativas de los asistentes. Hablaron del derecho a la vida, de libertades civiles, de derechos económicos y sociales, de lo que significa una violación de derechos humanos, de los mecanismos legales para exigir justicia, y desde luego recordaron la larga estela de abusos que el Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana han venido cometiendo a partir del momento en que se estableció el Distrito Militar N.˚ 1; ya desactivado, al menos en el papel en que se escriben los decretos del gobierno, para el momento en que la reunión empezaba.

Durante unos cuarenta minutos Daniela Guerra y Carlos González, de CODHEZ, junto a José David González, del comité de La Guajira, plantearon una agenda ajustada a las interrogantes de los familiares wayúu presentes. Todos ellos, con la seriedad del asunto que los traía a la reunión, estaban muy atentos a las explicaciones.

La entrada de un pelotón de funcionarios los interrumpió. Confusión y despropósito vinieron de la mano de Lisandro Márquez, el parlamentario que llegaba a la cita más de dos horas tarde. Fue el único diputado del grupo, pero se supo acompañar de un séquito de concejales y asistentes que tomaron el control del sitio. Márquez venía con guayabera y gorra rojas, y se presentó como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Legislación y Normas Indígenas del Parlamento Indígena de América. Al acomodarse él tras la mesa de los oradores, sus atachés marearon al auditorio probando durante infinitos minutos dónde quedarían bien los estandartes que iban a desplegar. El de “Chávez, corazón de mi patria” lo ponían guindando de una columna de madera y se soltaba, hasta que en porfiada maniobra lograron dejarlo quieto en el bastión izquierdo del escenario.

Márquez apenas se disculpó por el largo retraso, confesando que primero había hecho una visita al comandante de la 13 Brigada de Infantería del Ejército Nacional Bolivariano, el general Carlos Tang Villanueva. Es decir, el diputado prefirió allegarse antes al despacho del jefe directo de los uniformados señalados por el ataque en Paraguachón. Pero a partir de este recomienzo, la reunión no seguiría siendo un encuentro por los derechos humanos de los heridos del día anterior, sino una asamblea sobre dos únicos “puntos informativos”: 1) la necesidad de crear una fiscalía indígena; y 2) el estado en que andaba el cambio de nombre del municipio Guajira. Más tarde esa volteada de la asamblea se le habrían de cobrar varias damas wayúu con duras exigencias de remedio a los excesos de los militares.

“La tarea de hoy está enmarcada dentro de lo que es el llamado del presidente Maduro que tiene que ver con el Bloque de la Patria”, dijo sin vergüenza alguna ante los familiares de las víctimas del Ejército y los defensores de derechos humanos, quienes no pudieron evitar la sorpresa que causó el desplante.

El diputado estadal reconoció con alivio que los representantes del PSUV que están integrados al Parlamento Indígena de América son mayoría en ese espacio. “El único que nos han dejado”, lamentó aun con la roncha viva por el triunfo opositor del 6D.

Creyendo que había colonizado la reunión para fines abiertamente partidistas, Lisandro Márquez garantizó que la propuesta de creación de una fiscalía indígena para los municipios Guajira, Mara y Padilla tendría el apoyo “de la revolución” y que, sin embargo, va a tomar cuerpo gracias a las “organizaciones indígenas, con las ONG, con los alcaldes, los concejos municipales, los victimarios…”. (Sí, has leído bien: ¡los victimarios!).

Después de eso, Márquez dedicó una interminable media hora al caliche del nombre del municipio Guajira. Lo único más o menos en firme que expuso es que ese juego está trancado en la legislatura regional.

Y cuando el diputado notó lo desubicados que estaban todos ante la imposición de otra agenda, trató de remediar el papelón: “Queremos ideas de ustedes sobre la violación de derechos humanos”. Entonces José David González se hizo de la palabra y el rumbo original del encuentro fue recuperado.

El coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira aclaró que este tema no es de banderías políticas. Para no perder la inusual ocasión de tener allí a un diputado, González exigió justicia para las víctimas de los excesos militares y animó a los familiares a decir lo que sienten. Ese llamado causó el destape de los reclamos en boca de los presentes.

El alcalde de La Guajira, Heberth Chacón, también había llegado tarde. Él y Lisandro Márquez recibieron los vehementes reproches de varias señoras, en muy sonoro wayuunaiki. Nadie preguntó por la fiscalía ad hoc ni se volvió a hacer mención del fulano “municipio bolivariano indigenista”.

Un joven estudiante de Paraguaipoa nos ayudó en la traducción de las enfurecidas quejas por lo acontecido el jueves 14 de julio: “Nos sentimos molestos porque los militares no quisieron ayudar a trasladar a un herido. Les fuimos a pedir que lo llevaran a Maracaibo ya que en el Hospital Binacional no hay cómo atender esta emergencia. Y ellos, que tienen la única ambulancia y tantas camionetas, nos recibieron a tiros”, dijo la primera de las mujeres que intervinieron.

A Martínez y Chacón les quedó casi nada para decir al final. Uno de los asistentes del diputado indígena recogió el póster de Chávez y todos se marcharon.

Han pasado cuatro semanas. Ni un solo militar está detenido, ningún proceso judicial se ha hecho para la tropa que abrió fuego. Uno de los heridos languideció dos días en el piso de la unidad de emergencia del hospital Adolfo Pons, en Maracaibo, y no volverá a caminar con normalidad. Salvo por esto y los constantes desmanes contra el pueblo wayúu en su misma tierra, todo está igual y Lisandro Márquez sigue presidiendo la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Indígena de América, aunque no haya hecho la tarea para que su pueblo tenga justicia y paz.

Y quién sabe si con la misma diligencia que en el caso de los wayúu heridos hace un mes en la frontera, el diputado esté bregando con las violaciones de derechos de los otros pueblos originarios del continente.