La Fe frente al matrimonio homosexual

No todos los que se oponen al matrimonio homosexual parten de prohibiciones religiosas. Pero un buen porcentaje sí y nos hemos negado la posibilidad de abordar el debate desde una perspectiva de gran relevancia: ¿Son relevantes los motivos religiosos para el derecho? ¿Deben serlo? ¿Acaso censurarlos lleva el debate sobre la diversidad sexual hacia falsos laberintos a resolver?

La realidad es que los motivos religiosos influyen inevitablemente en el derecho. Negarlo sería un cinismo insostenible. Pensemos en algunos casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de delimitar los alcances de los derechos de los pueblos indígenas, ha tenido en cuenta la religión o religiosidad de éstos. Por ejemplo, en el Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam,[1] tuvo que abordar el significado de los rituales mortuorios en la tradición indígena N’djuka, así como las consecuencias de no realizarlos, para determinar el grado de afectación a la integridad personal de los miembros de la comunidad Moiwana.

La Corte Suprema de los Estados Unidos también da testimonio de ese diálogo entre lo religioso y el mundo material a través del derecho. En los casos Wisconsin v. Yoder y Bob Jones University v. United States, los motivos de las fes amish y menonita, respectivamente, no sólo fueron argumentados por los promoventes de las demandas, sino que los operadores judiciales los reconocieron como hechos del caso que debían darle luz práctica a la libertad religiosa reconocida en la Primera Enmienda.[2] Lo mismo ocurrió en Canadá con la sentencia Grant v. Canada que permitió a los policías montados sikhs usar un turbante como parte de su uniforme.[3]

Tampoco es un escenario ajeno a la justicia mexicana. Si bien la línea de precedentes a lo largo de la historia ha sido inconsistente, algunas instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido, en algunos casos, la prevalencia de la libertad religiosa de los Testigos de Jehová frente a la obligación de participar en los honores a la bandera en instituciones educativas.[4]

La defensa de derechos como la integridad personal y la libertad religiosa nos obliga a tener en cuenta los motivos religiosos. Y muchas veces las demandas de protección no parten de una disposición legal, sino de un mandato religioso. Negar esta realidad sería desconocer todos los casos ya mencionados. No hay duda, entonces, de que el derecho y la fe interactúan en situaciones específicas. La pregunta es en qué forma y cuándo lo hacen. Responderla nos hace entender las razones por las que esa dinámica no tiene lugar dentro del debate sobre aprobar o no el matrimonio homosexual.

El derecho a la libertad religiosa –y por lo tanto, las creencias religiosas que repercuten en la integridad moral y psicológica de las personas- no es absoluta y está sujeta a un ejercicio de ponderación en cada caso concreto. Aquellos que por motivos religiosos se oponen al matrimonio homosexual no pueden exigir que el derecho considere esos argumentos religiosos por una sencilla razón: desde su fe, no existe una afectación espiritual relevante. Que dos personas del mismo sexo cometan el “pecado” –hablo desde el punto de vista de la doctrina de muchas iglesias- de vivir juntas, no condena espiritualmente al que se opone. Tampoco existe un dogma que condene en la otra vida a quien vive en un país donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A diferencia de lo que representa para un N’djuka no enterrar a sus difuntos en su territorio ancestral o lo que representa para un testigo de Jehová “adorar” símbolos patrios, un creyente de cualquier profesión cristiana puede alcanzar el objetivo último de la religión –la salvación eterna- a pesar de los que, según su perspectiva, la rechazan. No pueden decir que se les afecta en el ejercicio de sus derechos a la integridad personal y a la libertad religiosa por permitir que dos personas del mismo sexo se casen y eleven su calidad de vida gracias a la protección legal que otorga el matrimonio. En cambio, considerar esos motivos religiosos para negar derechos sí que afecta el derecho a la igualdad, a la integridad personal, a la protección de la familia y a la libertad de pensamiento de las personas homosexuales.

Parecería que ha sido ocioso este recorrido de ideas para llegar a la misma conclusión: que la fe no puede impedir que se apruebe el matrimonio homosexual. Pero no lo es. Al menos así lo considero. Negar ese debate genera dos escenarios que han sido perniciosos. Por un lado, los creyentes, por temor a la burla, desconocen sus verdaderas motivaciones –las religiosas- y, por otro lado, buscan argumentos accesorios para justificar su postura más allá de la fe. Digo que son dos escenarios perniciosos porque generan un engaño para ambas partes en el debate, provocando una pérdida de tiempo discutiendo puntos y consideraciones que realmente no son el origen de la diferencia. Mejor seamos sinceros y abordemos el conflicto de posturas desde donde realmente surgen.

Lejos de negar categóricamente que el derecho interactúa con la fe, quienes apoyamos el matrimonio homosexual debemos centrarnos en argumentar los motivos por los que, en el caso concreto, las posturas religiosas no pueden buscar sitio al interior del derecho. Esto con la finalidad de que los más férreos creyentes reconozcan el derecho de los demás a “pecar” libremente, ante la lejanía de hacerles entender que no es un “pecado” sino manifestación de una de las características más elementales de nuestra especie: la capacidad de enamorarse.

[1] Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 98–100.

[2] Para un análisis de ambas sentencias a partir de una teoría realista, véase: Cover, Robert M., “The Supreme Court, 1982 Term — Foreword: Nomos and Narrative” (1983). Faculty Scholarship Series. Paper 2705.

[3] Grant v. Canada (Attorney General), [1995] 1 FCR 158, 1994 CanLII 3507 (FC).

[4] Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación general número 5/2003 sobre el caso de la discriminación en las escuelas por motivos religiosos.

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