Condena y búsqueda de más responsables por el crimen de Suppo

Movilización frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe (Argentina), el día de la sentencia.

Dos jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Silvia Suppo, el martes 31 de marzo de 2015. Sin embargo, los familiares de la víctima, el Estado argentino y organismos de Derechos Humanos exigen que se complete la investigación para saber quién la mandó a matar.

La mujer fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en su comercio en Rafaela, Santa Fe. Tenía 51 años. Había sido víctima del brutales crímenes durante la última dictadura militar argentina y luego testigo y querellante en juicios por delitos de lesa humanidad.

A continuación, la nota completa sobre la condena publicada por el diario La Opinión, de Rafaela.

Suppo: prisión perpetua para Cóceres y Sosa

A cinco años del asesinato de Silvia Suppo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó ayer a prisión perpetua a Rodolfo Cóceres (27) y Rodrigo Sosa (23) por encontrarlos coautores de homicidio agravado cometido con alevosía y para procurar su impunidad.

El tribunal dispuso, además, que se investiguen las denuncias contra la Policía hechas por los testigos Juan Ramón Vázquez y Marcela Cóceres durante sus declaraciones en el juicio. También ordenó que se pongan a disposición del juzgado federal N° 2 de Santa Fe -donde se tramita la causa sobre el móvil del asesinato- copias de la documentación producida y los registros fílmicos del debate oral.

Rodolfo Cóceres (izq.) y Rodrigo Sosa (der.), el día de la sentencia. Adelante, el defensor oficial, Martín Gesino. (Crédito: Juan Manuel Romero)

La audiencia comenzó a las 11.20. Como primera medida, la presidenta del tribunal, María Ivon Vella, dio la palabra a los acusados.

Sosa caminó hasta la silla frente a los jueces, se sentó y les dijo: “Soy inocente. En ningún momento entré al local (de Silvia Suppo)”. Era la primera vez que uno de los acusados se declaraba inocente. De inmediato, Sosa volvió a su lugar. A su turno, Cóceres hizo lo mismo. Miró al tribunal y declaró: “Soy inocente. Nunca ingresé al local. No hice nada”.

El silencio fue total. Desde que comenzó la investigación, ambos se habían autoimplicado en el crimen. Cuando comenzó el debate oral, hicieron una declaración muy escueta, en la que dijeron que habían ido a buscar plata y se les fue todo de las manos. Ayer, por primera vez y a poco de ser condenados, cambiaron su relato y afirmaron ser inocentes. Al terminar las declaraciones de los imputados, la jueza Vella dispuso un cuarto intermedio.

Pasadas las 13, se retomó la audiencia y la magistrada leyó el veredicto. La prisión perpetua había sido pedida por la querella y por la fiscalía, pero con una notable diferencia. Para la familia de Suppo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, debía condenárselos por homicidio agravado por la alevosía. Esta pena responde al artículo 80 inciso 2° del Código Penal de la Nación. En cambio, para fiscal Martín Suárez Faisal había sido un homicidio cometido para lograr impunidad en un caso de robo (artículo 80 inciso 7°).

Los jueces Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría condenaron a Cóceres y Sosa con las dos figuras penales, con lo que dieron la razón a la querella al reconocer la alevosía, pero también a la fiscalía, sobre el objetivo de lograr impunidad por otro delito. Si bien el tribunal no detalló cuál sería ese delito, se supone que es el de robo, tal como lo planteó el fiscal. Esto se conocerá con precisión cuando se comuniquen los fundamentos de la sentencia, el próximo 9 de abril.

Marina Destéfani, hija de Silvia Suppo, se abraza con su abuelo tras conocer el fallo.

Fuera de la sala, en la vereda, se manifestaban integrantes de organizaciones sociales y políticas y personas allegadas a Suppo. Al terminar la audiencia, Andrés Destéfani, hijo de Silvia, les agradeció su presencia y sostuvo: “Estábamos en contra de llegar a este juicio en estas condiciones porque sigue faltando la investigación de la hipótesis de un crimen político. Seguimos en esta lucha, esta es una instancia más”.

Luego tomó la palabra Lucila Puyol, abogada de los hijos de Suppo. “Sentimos un gusto a poco. Nos dieron la razón a nosotros pero también al fiscal. Y no se hizo lugar a ninguna de las investigaciones sobre el personal policial y judicial que solicitamos”. Sin embargo, destacó el envío a la Fiscalía Federal de los testimonios de Marcela Cóceres y Juan Ramón Vázquez.

La mujer, quien era concubina de Rodolfo Cóceres, denunció irregularidades y maltratos durante un allanamiento y su posterior detención. En tanto Vázquez, detenido el día del crimen de Suppo y hoy preso por haber cometido otro homicidio, dijo haber sido torturado con una bolsa plástica y golpeado durante su detención para que se hiciera cargo del asesinato de Silvia.

En su alegato, el fiscal Suárez Faisal había pedido que se remitieran esas denuncias a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia. Sin embargo, el tribunal fue más allá y ordenó que la denuncia se investigue en la Fiscalía Federal santafesina.

Sobre este punto, Guillermo Munné, también abogado de los hijos de Suppo, dijo: “Nos vamos a presentar como querellantes en esa causa, porque vincula a un conjunto grande de policías y al juzgado y la fiscalía (provinciales) de Rafaela”. Y agregó que pedirán que se investiguen el resto de los supuestos delitos cometidos durante la investigación.

Andrés Destéfani, hijo de Silvia Suppo, reclamó más investigación. (Crédito: Juan Manuel Romero)

Sobre el juicio que ayer terminó, falta que la Cámara de Casación Penal de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelvan los recursos presentados por las querellas en contra de su realización.

Silvia Suppo fue asesinada en su local comercial de Rafaela la mañana del 29 de marzo de 2010. Había sido víctima del terrorismo de Estado y al momento de su muerte era testigo y querellante en causas de delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe durante la última dictadura militar.

La investigación sobre el móvil y los supuestos autores intelectuales del crimen sigue instruyéndose en el juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque. Esa causa tiene como imputados a Emiliano Rodríguez y Miguel Mendoza, hasta ahora con falta de mérito.

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