En Córdoba, el 1,7% de los delitos cometidos por menores son graves

Expertos opinan que bajar la edad de imputabilidad, como pretende el Gobierno argentino, no resolverá el problema de inseguridad: en la provincia de Córdoba, menos del 2% corresponden a homicidios o tentativas.

Complejo Esperanza, instituto para menores en conflicto con la ley penal en Córdoba. Foto: La Voz del Interior.

Por Lucía Guadagno | Este artículo fue publicado en Día a Día, el 11 de febrero de 2017.

Sólo el 1,7 por ciento de los delitos cometidos por menores de 18 años en Córdoba en 2016 fueron graves, es decir, homicidios o tentativa de homicidio. De ese total, no llegan al 0,5 por ciento los cometidos por menores de 16, según datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia.

En el país, la cifra de menores de 18 años que cometen delitos graves no supera el 5 por ciento, según datos del Poder Judicial.

“¿Por qué uno que echa moco y ahora tienen que caer todos los menores?”, dijo M. de 16 años, ante la consulta de Día a Día sobre qué piensa acerca de bajar la edad de imputabilidad.

M. vive en barrio Suárez, de la Capital. El año pasado estuvo una semana en el Complejo Esperanza, el instituto para menores en conflicto con la ley penal en Córdoba. Lo llevaron porque andaba en una bicicleta robada. Él dice que no sabía que era robada.

“Es muy feo ahí adentro. Me quisieron robar y me golpeé la cabeza”, contó sobre su estadía en el complejo. Ahora está libre, pero con una causa judicial abierta.

Va a la escuela, pero no le va bien. “Me gustaría trabajar. De cualquier cosa, con que lleve una moneda a mi casa es suficiente”, dice. Vive con su mamá, su padrastro y cinco hermanos más chicos. “Soy el más grande y les doy el ejemplo. Tengo que cuidar las cosas que hago porque ellos me ven y después repiten”.

–¿Por qué creés que hay chicos que roban?
–Por la droga. O porque les hace falta plata para la casa.

Un hogar

M. se reúne con otros chicos en el Hogar de Cristo, de barrio Suárez. Los Hogares de Cristo son espacios que abre la Iglesia Católica en sectores vulnerables. Son sitios de encuentro y acompañamiento para niños, jóvenes y sus familias. Una de sus misiones es prevenir las adicciones.

Hogar de Cristo, barrio Suárez, Córdoba, Argentina. Foto: Día a Día.

En Suárez, el hogar es humilde como los vecinos: una casilla de madera de un solo ambiente, construida por la ONG Techo.

“Todos los días nos llevan presos. Para mí no hay que mandar más pibes presos. Hay que buscar otra salida, como ésta”, dijo Daniel, otro de los chicos del hogar.

“Vinieron, nos hicieron esta casa y acá nos sentimos bien. Hay pibes que no tienen casa, no tienen familia y acá encontramos lo que no tenemos. Ellos (los docentes) nos hacen sentir que nos quieren, nos demuestran todo el tiempo que están con nosotros. Para mi ésa es la que va: hacer más hogares donde se pueda compartir meriendas, comidas o actividad física”.

El debate

Pese a que las estadísticas muestran que no son los menores los que causan la mayor cantidad de delitos, los casos en los que estos intervienen impactan y generan indignación: el crimen de Brian Aguinaco, en diciembre pasado, en Buenos Aires; o el reciente asesinato de la policía Gabriela Michael, en Córdoba.

Ante esto, una de las respuestas que quiere dar el Gobierno nacional es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El jueves 2 de febrero empezó a discutirse en el Congreso Nacional una reforma al régimen penal juvenil. Pese a que la baja de la edad es el punto más polémico, no es lo único que se discute.

El Régimen Penal de Minoridad (ley 22.278) está vigente desde 1980. Apenas comenzó el debate, Unicef y numerosas organizaciones de la sociedad civil señalaron que esa ley viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y no sólo se manifestaron en contra de disminuir la edad de imputabilidad, sino que exigen que se garanticen más derechos a los jóvenes en conflicto con la ley.

“Los adolescentes punibles penalmente (entre los 16 y 18 años) tienen menos garantías que los adultos”, afirmó Unicef.

Marycel Segovia es abogada e integrante del Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Ella opina: “El régimen debe modificarse, pero no bajar la edad. Eso no es necesario y contradice compromisos que el Estado asumió”.

“El problema no es si están presos o no, sino saber qué se hace con esa niñez que se vincula con el delito. Cuál es su situación, qué los llevó a caer en el delito, y trabajar con políticas públicas de protección de derechos. Ver si el chico va a la escuela, si tiene una familia que lo contiene, si tiene problemas de adicciones”, dijo Segovia.

Para Ana Campoli, educadora del Hogar de Cristo, bajar la edad es admitir que se perdieron todas las batallas. “Si llegás a imputar a un niño es porque nunca te ocupaste de él, ni como sociedad ni como Estado”, afirmó.

Hogar de Cristo, barrio Suárez, Córdoba, Argentina. Foto: Día a Día.

Qué se discute

El debate en el Congreso incluye mesas sobre abordaje temprano y prevención, justicia especializada, medidas alternativas a la privación de la libertad, medidas alternativas al proceso, medidas restaurativas, delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño, reinserción y definición de imputabilidad.

“Lo que plantea la Convención desde 1989 es que la privación de la liberad es la última sanción a tomar para hechos muy graves. Y dice que deben generarse medidas alternativas, como la libertad asistida (que hoy existe), trabajos comunitarios, mediación con la víctima, reparación del daño”, señaló Segovia.

En ese sentido, la jueza de Menores Susana Guastavino consideró que es necesario reformar la ley porque está desactualizada en relación a los problemas de la actualidad. Y consideró importante que se implementen nuevas medidas alternativas a la privación de la libertad. Pero no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. “Eso da la idea de un Estado más estricto, pero es irreal, no tiene sustento en estadísticas. A la mayor parte de los delitos los cometen los mayores”, dijo.

“El Poder Judicial, cuando interviene, se encuentra con un joven que tiene un significativo deterioro a nivel personal y familiar, consumos problemáticos, deserción escolar, falta de capacitación para el trabajo. Lo que se necesitan son políticas de prevención y trabajo con las familias”, dijo la jueza.

La posición de la Senaf

“Creemos que hay discutir las causas de la delincuencia juvenil. Al problema no lo vamos a solucionar ni subiendo ni bajando la edad (de imputabilidad). Eso es un tema totalmente secundario. Acá hay que discutir prevención”, dijo José Piñero, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia (Senaf).

Piñero asumió ese cargo en noviembre pasado. En diálogo con Día a Día, dijo que trabajan para mejorar el Complejo Esperanza y que quieren poner el foco en la prevención. “Queremos una Senaf territorial, fuera de las oficinas”, sostuvo.

Complejo Esperanza

En el instituto para menores de Córdoba, ubicado en Bouwer, esta semana había 220 chicos internados. De ellos, 35 eran menores de 16 años. Allí sólo hay varones. Las mujeres se alojan en el Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes, donde hay 16 chicas.

Piñero admite que hay aspectos por mejorar en el Complejo, pero defiende su programa socieducativo. “Hay un proyecto, que a veces camina mejor o peor, pero hay un proyecto para darles otra oportunidad a los chicos”, dijo.

Explicó que además de la escuela primaria y secundaria que funciona allí, hay talleres de oficios y culturales. También, actividades deportivas.

Ante la consulta sobre si todos los chicos acceden a esas actividades, dijo: “Sí. Eso mejoró desde que prohibimos las asambleas de los guardias. Nos basamos en un dictamen del Ministerio de Trabajo, apelando al interés superior del niño”. Durante las horas de asambleas, los chicos permanecían encerrados.

Piñero contó que también modificaron el horario de los guardias y empezaron a capacitar al personal.

Con respecto a los profesionales, hay 50 socioeducadores. También, psicólogos y trabajadores sociales, pero no precisó cuántos.

En relación al seguimiento de los chicos una vez que salen del Complejo, reconoció que sólo se sigue a los chicos con régimen de libertad asistida.

“Nuestra idea es trabajar a nivel territorial para detectar estos inconvenientes en forma preventiva. No sólo cuando el chico ha salido del complejo. Queremos detectar adicciones, deserción escolar. Estar en contacto con los chicos en los barrios más populosos de Córdoba”, sostuvo.

Libertando

Libertando es una asociación civil sin fines de lucro que capacita a jóvenes que pasaron por el Complejo Esperanza. “El objetivo es construir un espacio de contención, orientación y acompañamiento para jóvenes que han sufrido la privación de libertad, promoviendo el ejercicio activo de sus derechos. Los ejes del trabajo se vinculan a lo educativo, lo laboral, lo cultural, la salud y la promoción de redes con organizaciones sociales”, explicaron.

En la actualidad, trabajan con unos 10 jóvenes que pasaron por el Complejo. Brindan un taller de capacitación en aplicación de microcemento alisado. “Dos de ellos ya están haciendo pasantías rentadas en ese oficio”, contaron.

Libertando funciona en el centro cultural Grito Sagrado (Achaval Rodríguez 412). Trabajan educadores, artistas y profesionales con experiencia de trabajo con jóvenes en contextos de encierro. El trabajo es voluntario y hasta ahora no tienen financiamiento público ni privado, informaron.