Sobre el INE y las omisiones

No hubo que esperar demasiado para que nuestro nuevo y flamante Instituto Nacional Electoral (INE) cayera en la inoperatividad y fuera cuestionado sobre su legitimidad. Una más de nuestras instituciones “ciudadanas” que cae en el juego político subordinado al interés electoral y que se suma a la larga lista de órganos que comienzan a tener, para la persona común, la misma trascendencia que los tickets borrosos en el fondo de la cartera. Apenas se comienza la primera elección a su cargo y ya existe un bloque de siete (de diez) partidos que han decidido retirarse de las sesiones denunciando la parcialidad del instituto (recomiendo la siguiente liga a una infografía muy ilustrativa: http://bit.ly/1E0BioX).

Es una práctica por demás común la de negociar en los órganos legislativos, estatales y federales, la designación de consejeros o miembros de los organismos creados —idealmente como autónomos — , de modo que satisfagan los intereses y ‘cuotas’ por partidos. Bajo la justificación de garantizar la representatividad política, las instituciones terminan siendo herramientas de poder y afianzadoras de un sistema partidista que no ha reportado los beneficios esperados.

La tibieza parece marcar nuestro actuar con decisiones que, pudiendo ser revolucionarias, se quedan ‘a un pelito’ de ser lo que esperamos: reformas estructurales que pretenden ir hacia el frente, sin desarticular los viejos vicios del sistema; catálogos de pactos de buena voluntad que acaban en el bote de la letra muerta; órganos ciudadanos donde el nivel de autonomía en relación a los partidos es inversamente proporcional a la proximidad de la siguiente elección.

Ante la falta de credibilidad que históricamente se ha generado en el Estado Mexicano, hemos optado por una afición incontrolable a crear instituciones nuevas que regulen, fiscalicen y legitimen el sistema. Sin embargo los partidos no han asumido el costo (en términos de cesión de poder) que significa, así como la persona común no ha asumido el costo (en términos de responsabilidad) que implica.

Aquí el problema no es que persista el divorcio gobierno-sociedad, sino que en esta omisión significa un engrosamiento tanto de los poderes y territorio del Estado, como de los poderes fácticos. ¿Y la sociedad? Frustrada, inconforme, ignorada y, sin embargo, cómoda. Renegamos del paternalismo, sus consecuencias y alcances, sin embargo seguimos sin entender que debemos ocupar tanto Estado como sea necesario y tan poco Estado como sea posible.