Cuidacoches: un contrato de depósito no deseado

Subí un vídeo a mi facebook Manuel Riera, abogado En él, grafiqué lo que -para mí- puede llegar a servir de sustento jurídico al problema de los cuidacoches. Con un resultado sorpresivo y abrumador, con miles de reproducciones y decenas de comentarios, me pareció apropiado escribir este pequeño comentario para darle una culminación escrita al tema, que pueda servir de base a quien interese estas ideas y se las lleve.

Decía que el estacionamiento de automóviles es, en el Código Civil, un contrato de depósito (art. 1242). Pues la naturaleza del depósito pasa por el hecho de que una persona (depositante) entrega a otra persona (depositaria) una cosa mueble (automóvil) para que la guarde y custodie en depósito. Este tipo de contratos obliga al depositario (cuidacoche) a reconocer que la cosa guardada es ajena (del depositante) y que la tiene que devolver. Mientras tiene la cosa guardada (el auto), debe poner en el depósito la misma diligencia que pondría su dueño en el cuidado de sus propias cosas. La posesión física del auto dado en depósito (estacionado), cuando se sabe que es ajeno, se llama en derecho: tenencia. Pues la tenencia supone la posesión física de la cosa ajena. Es decir, sin el ánimo de ser el dueño. En rigor, el cuidacoches (depositario) tiene el auto del depositante.

Para el Código Civil este tipo de contratos es, por regla, gratuito (art. 1243) y, como tal, no debería tener costo alguno. Normalmente, en el día a día, llamamos “favores” a actos cotidianos tales como guardar llaves en una mochila ajena; atender el celular de alguien mientras se va al baño; guardar ropa que un amigo olvidó. En rigor, en todos esos casos, somos depositarios de las cosas, pues las tenemos, reconociendo que son ajenas y, con ello, el deber implícito de devolverlas a sus dueños en la misma manera en que nos las entregaron. La gratuidad está presumida y se da en todos los casos, todos los días. Celebramos contratos de depósito todos los días sin darnos cuentas. Pero esta gratuidad encuentra una excepción, en tanto el depositario sea profesional o haga del cuidado de las cosas una actividad profesional. Esto es lo que pretenden los cuidacoches; es decir, legitimar su actividad como medio de vida.

La calle, la vía pública, es del Estado. Es un bien público de dominio público. Como tal, es de todos, de ahí lo público. Nadie puede, so pretexto de “profesionalismo”, obtener de la actividad en la calle un derecho. De ahí que el argumento de actividad profesional (y, por ende, remunerada), no aplica al cuidacoches. Este argumento explica por qué una Municipalidad no puede y en rigor no debe “negociar”, “acordar” ni “legalizar” estas actividades, reconociendo asociaciones de cuidacoches que reclaman derechos que no tienen o piden reconocimiento de derechos que no les corresponden. En la práctica, al estacionar un auto, ponemos en sus manos vehículos que pueden costar entre $.5.000 y $.50.000. Asumiendo que se roban. ¿Puede el cuidacoches, quien tenía el deber de guarda y custodia, responder jurídicamente por una cosa así? ¿Cómo se exige el deber de devolución propio del depósito a quien, en realidad, está ahí debido su insolvencia? La práctica tampoco permite que se de en realidad un verdadero cuidado y responsabilidad sobre la cosa cuidada.

Por último. Ni la naturaleza gratuita del contrato, ni el supuesto profesionalismo, ni la publicidad de la calle permiten que ocurra lo que ocurre. El código civil no autoriza el cobro coactivo de precios por un servicio que no se solicita. A lo sumo, si usted es una persona de buena voluntad, páguele. Pero su pago no autoriza ni da derecho a que el otro exija lo que no puede exigir. De ahí que, si esto existe, se debe a problemas ajenos al Derecho, pues en la realidad no tiene sustento jurídico alguno y mal puede “legalizarse”.

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