Pesca de arrastre en Costa Rica y el peligroso engaño del Gobierno

Desde mediados de octubre trabajo en Fundación MarViva, una organización no gubernamental (ONG) ambientalista. Uno de sus proyectos es el acercamiento con el sector pesquero del país, como parte de un esfuerzo por informar, sensibilizar y lograr cambios positivos en el manejo de los recursos marinos.

En este poco tiempo he tenido la oportunidad de conocer a representantes, líderes y trabajadores del sector de pesca artesanal. Desde hace varios meses, y cuando trabajaba como reportero en un medio de comunicación digital la conocí, mantienen una lucha en contra de que se reinstaure la pesca de arrastre semi-industrial de camarón en Costa Rica.

Pescadores artesanales en Playa Sámara.

Esa es la intención del Gobierno de Luis Guillermo Solís, aunque en el 2013 la Sala Constitucional prohibió la técnica, hasta que se pueda demostrar con información científica sólida reconocida por la comunidad nacional, que es una actividad sostenible. Simplemente no es sostenible.

Por eso MarViva ha marcado su posición y hoy lo volvió a hacer, en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en el primer poder de la República, donde se denunciaron los errores del Poder Ejecutivo en una mal llamada mesa de diálogo de camarón. El resultado: un proyecto de ley que busca revivir la práctica, que las autoridades venderán como un fruto del consenso, pero nada más lejano a la verdad.

Dejo el comunicado de prensa emitido desde MarViva:

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Gobierno busca reinstaurar pesca de arrastre, práctica que afecta a comunidades pesqueras artesanales

  • Poder Ejecutivo presentará proyecto de ley en sesiones extraordinarias
  • Quiere que Incopesca defina los métodos para la extracción de camarón luego de aprobada la Ley
  • En el 2013 la Sala Constitucional prohibió la técnica de arrastre por el grave daño ambiental y la afectación a la pesca artesanal

El Gobierno presentará un proyecto de ley, que busca reinstaurar la pesca de arrastre semi-industrial de camarón. La práctica fue prohibida por la Sala Constitucional en agosto del 2013, por medio de la sentencia 2013–10540. El fallo ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no emitir nuevas licencias de esa técnica, ni renovar las existentes.

Sin embargo el Poder Ejecutivo prepara una ley para poder volver a otorgar licencias, sin cumplir con lo exigido por la Sala. Así lo denunciaron las comunidades pesqueras artesanales de la costa Pacífica, diputados del Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional, y la Fundación MarViva, este jueves en la Asamblea Legislativa. Representantes de asociaciones de pescadores de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur estuvieron presentes en el Congreso.

El proyecto de ley es resultado del encuentro llamado por las autoridades “Mesa de Diálogo para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón”. Este proceso inició en octubre del 2014, con Incopesca y el Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales como encargados y la hermana del Presidente, Vivienne Solís Rivera, como facilitadora.

Pero el proceso recibió fuertes críticas y 16 organizaciones ambientalistas salieron de la mesa, al igual que las organizaciones de pescadores artesanales de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur. Ambos sectores alegaron que no hubo reglas claras, ni transparencia para lograr decisiones en consenso. Incluso los artesanales señalaron que sufrieron “un engaño”.

El director de la Fundación MarViva, Jorge Gutiérrez; Ramón Loaiza, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales y Afines (Fenopea); Rodrigo Rojas — de la Asociación de Pescadores del Pacífico Norte; y William Carrión del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera y Pescadores Artesanales (Sitraipa), en la conferencia de este jueves 3 de diciembre.

A pesar de las dudas y los cuestionamientos, el Gobierno avanzó en su plan y anunció el envío del proyecto, para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (del 1 de diciembre al 30 de abril).

William Carrión, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera y Pescadores Artesanales (Sitraipa), aseguró que el Gobierno intentó forzar un acuerdo entre sectores, sin el diálogo prometido. Reiteró que nunca se escucharon las demandas de los artesanales, sino que se buscó beneficiar a los camaroneros semi-industriales.

Fue una traición a la clase más desprotegida de Puntarenas, los pescadores artesanales. El proceso fue un enredo sin forma. Al final salió la trampa para permitir el arrastre”, afirmó Carrión.

El director General de la Fundación MarViva, Jorge Arturo Jiménez, insistió que el proceso no logró construir — como lo obliga la Sala Constitucional — un amplio y sólido respaldo de la comunidad científica nacional, para garantizar que nuevas técnicas para la pesca de camarón aseguren una actividad más sostenible y con un menor impacto ambiental.

“La Sala Cuarta fue clara en exigir un fundamento científico-técnico ampliamente apoyado por la comunidad científica nacional, que sustentara las nuevas técnicas a aplicar para la captura del camarón. Este proceso no cumplió con ese requisito, ni siquiera intentó cumplirlo”. dijo Jiménez.

Proyecto de ley sin viabilidad

Incluso, según este estudio, la cadena de comercialización del arrastre genera vulnerabilidad social, ya que la mayoría de peladoras de camarón trabajan sin seguro social y ganan 37 veces menos que los dueños de licencias. Actualmente hay 27 licencias operando y son sus dueños quienes concentran la mayor parte de las ganancias de la actividad.

La UNA recomendó a las autoridades generar nuevas estrategias de pesca, alternativas productivas y capacitación de la población costera, para lograr desarrollo sostenible y más empleo. Además se deben ampliar los estudios a temas ambientales, para conocer más sobre el impacto de esta actividad.

La Sala Constitucional advirtió que debe existir una distribución equitativa de los beneficios generados por un bien público como el camarón silvestre. “Es una cadena dominada por niveles de ingresos muy bajos, y una pobre alternativa para empleos dignos. El Gobierno en vez de haber hecho un análisis serio y buscar soluciones reales, busca restaurarla a la fuerza con un proyecto de ley sin pies ni cabeza”, concluyó Jiménez.