Desafíos para el Consejo de Seguridad, Sudán y la CPI

por Stephen Lamony y Mariana Rodríguez Pareja

Al-Bashir saluda a la multitud en Darfur, en un acto público. Ashraf Shazly / AFP Photo

El conflicto en Darfur, en la región occidental de Sudán, se desató en 2003. Ha continuado sin prisa y sin pausa, a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional para proteger a los civiles de crímenesaberrantes. Aunque los niveles de violencia han disminuido, la situación no parece mejorar. El envío del caso, del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) a la Corte Penal Internacional (CPI)- marzo de 2005-, fue el primero en la historia. Tuvo como objetivo brindar justicia a las víctimas, pero esto no ha sucedido. En junio de 2018, Amnistía Internacional informó que, a 15 años del comienzo de la guerra, 1,5 millones de desplazados no pueden aún regresar a sus hogares. La cifra de muertos se calcula que sobrepasa la de 300.000 personas. La violencia continúa siendo un patrón, y lejos de tener arrepentimiento o temor, la mayor parte de los acusados de delitos graves siguen gozando de libertad.

Desde su establecimiento en 2002, la CPI ha carecido de la fuerza necesaria para cumplir cabalmente su mandato. Un aspecto altamente problemático, que socaba la capacidad de la CPI es la relación entre la Corte y el CSNU. Si nos retrotraemos a 1998- momento en que se adoptó el Estatuto de Roma-, vemos que los genocidios en la ex Yugoslavia y Ruanda aún atormentaban a la comunidad internacional. Ni el Consejo de Seguridad, ni la comunidad internacional pudieron impedir ni evitar que esos dos genocidios ocurrieran. Ambos desempeñaron un papel vital- en términos generales- en el logro de Justicia y en la rendición de cuentas en esas dos situaciones. Los redactores del Estatuto de Roma tomaron nota de ambas experiencias. A pesar de que el Estatuto no estaba destinado a crear un “sistema perfecto” que evitara las violaciones masivas de los derechos humanos- ya que eso sería imposible- tenía la intención de proporcionar un sistema de “disuasión” para prevenir atrocidades masivas y ser un instrumento de justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, a 20 años de la aprobación del Estatuto de Roma y quince años después de la remisión de la situación de Darfur, existen muchos asuntos que deben abordarse. La complicada relación entre la CSNU y la Corte es uno de ellos.

En virtud del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad puede remitir una situación en cualquier país al Fiscal de la CPI, siempre y cuando la situación amenace la paz y la seguridad internacionales. Los Estados Parte de la CPI- todos miembros de la ONU- han fracasado en dos niveles. Primero, no han hablado lo suficiente sobre la relación entre la CPI y el CSNU. Faltan debates y discusiones sobre esta temática. En segundo lugar, desde 2007, el Fiscal de la CPI se ha quejado de que los Estados Parte no han brindado apoyo significativo ni cooperación, tanto política como técnicamente, a la Corte.

La cooperación es vital para el funcionamiento de la CPI.

La Corte no tiene fuerza policial propia para ejecutar las órdenes de arresto, ni posee suficiente presupuesto. La ONU no proporciona financiamiento para ninguna de las investigaciones que el Consejo de Seguridad le remite a la Corte. Este hecho deja de manifiesto la falta de compromiso de las partes interesadas, a pesar del lenguaje de la Resolución 1593/05 del CSNU, que “exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente” con la Corte, cooperación que necesariamente incluye asistencia financiera.

En cuanto a Sudán, debemos decir que es consecuente en el rechazo a la jurisdicción de la CPI. Ha introducido enmiendas sobre la inclusión de las referencias de la CPI en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. El país tiene una relación conflictiva con la ONU. El hecho que el presidente del país sea buscado por la CPI por graves delitos presenta innumerables complicaciones políticas. Pero no es el único buscado por graves delitos.

A la fecha, existen cinco órdenes de arresto pendientes de ejecución contra funcionarios de alto nivel del gobierno. Además del mismísimo Presidente al-Bashir, hay orden de arresto para Ahmad Harun (también conocido como “El Carnicero de Nuba”), Abdel Hussein, el líder “Janjaweed”Ali Kushayb, y el rebelde Abdallah Banda. Como señaló la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en su último informe al Consejo de Seguridad, las órdenes de arresto que pesan contra esos cinco individuos suman más de sesenta cargos de crímenes de guerra y más de cincuenta cargos de crímenes de lesa humanidad.

Uno de los desafíos que enfrenta el sistema del Estatuto de Roma es abordar y mejorar su relación con el Consejo de Seguridad. Este desafío no solo es para lograr justicia para las víctimas de Darfur y sus familias. Debe quedar en claro que la comunidad internacional quiere poner fin a la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra que se cometieron y se cometen en Darfur. Por esa razón no se debe permitir que la política interfiera con los mecanismos de justicia.

Las resoluciones del CSNU deben ser respetadas y las decisiones de la CPI deben ser puestas en práctica, así como las órdenes de detención emitidas para los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Los Estados Miembro de la ONU, especialmente los que ostentan membrecía permanente y no permanente en el Consejo de Seguridad, deben ser los primeros en respetar la Carta de la ONU. Y, por último, los Estados miembros de la ONU deben tener en cuenta que la CPI tendría más éxito si tuviera los recursos y el apoyo adecuados para llevar a cabo investigaciones o arrestos, especialmente aquellos que su propio Consejo de Seguridad ha remitido a la Corte.

Los autores

Stephen Lamony es Abogado de Derechos Humanos. Se desempeña en Amnistía Internacional como Abogado Senior para Africa en las Naciones Unidas y es miembro del Task Force on International Standards y el International Criminal Justice Expert Advisory Group como parte del International Criminal Justice Standards Task Force (“ICJ Initiative”) del American Bar Association. Lo expresado en este artículo no refleja los puntos de vista del empleador ni del American Bar Association (ABA.) Twitter: @stephenlamony.

Mariana Rodriguez Pareja es Abogada de Derechos Humanos (UMSA, Argentina) y Profesora Adjunta de Elementos de Política Internacional de la Universidad del Salvador (Argentina). Se desempeñó como Manager de Comunicaciones y Medios de la Coalición por la CPI, Asesora Técnica sobre Derechos Humanos y Comunicaciones en la Misión Permanente de Argentina ante la ONU y Asesora Senior en la Cancillería Argentina, entre otros puestos. Twitter: @maritaerrepe.