“LA PAMPA NO ES UNA ISLA”
Situación del aborto en la provincia y el accionar de las organizaciones
El dicho “La Pampa no es una isla” parece aplicar no sólo para hechos relacionados a delitos de lesa humanidad. Cuando de aborto se trata, la provincia del centro del país tampoco es una isla. Si bien no hay estadísticas precisas sobre prácticas de abortos clandestinos, constantemente trasciende su existencia, con la salvedad de no hallarse casos de muertes como consecuencia de una interrupción de embarazo con métodos inseguros en los últimos años. No obstante, ello no implica que no existan. La realidad provincial en materia de “aborto” pareciera no escapar al resto del país.
En el marco de la legalidad
El aborto no punible existe en Argentina desde hace casi 100 años en casos de violación o riesgos de salud para la persona gestante de acuerdo a lo establecido por el Código Penal de la Nación y reafirmado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo F.A.L. Sin embargo, el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo fue puesto en vigencia por el Ministerio de Salud en el año 2015. Lamentablemente, en muchos casos, profesionales de la salud alegan razones de conciencia obstaculizando este derecho.
Veamos qué pasa en La Pampa
Las autoridades provinciales respaldaron el nuevo Protocolo ILE de Nación, considerándolo un manual de procedimientos y operaciones especialmente dirigido a dar amparo a los profesionales de la salud. Sin embargo, La Pampa tiene su propia guía desde hace casi 2 años, mejorada y ampliada para posibilitar la intervención de equipos interdisciplinarios en los diferentes centros de salud, con la incorporación de los primeros niveles de atención.
“El protocolo de Nación, es en realidad una copia fiel de la guía que tenemos desde hace un año y medio en La Pampa y que fue reformada o actualizada recientemente”, expresó el Subsecretario de Salud pampeano Gustavo Vera, quien además manifestó que “esto no es un debate religioso o político. Es una cuestión de salud pública”.
En el año 2019, se realizaron en La Pampa 568 abortos no punibles, a través de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Los números dados a conocer en mayo de 2020, fueron registrados a través del monitoreo provincial de salud, en un trabajo articulado entre autoridades del Programa de Salud Sexual Reproductiva de la Provincia, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Socorristas en Red y representantes del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ya en el mes de diciembre el propio subsecretario de salud Gustavo Vera había adelantado un número aproximado (600) durante su contacto con la prensa local. Se trata de un 11,54% del total de partos efectivizados en el territorio pampeano. Así fue que, de 450 ILE en 2018 se pasó a 600 en 2019, con un 90 por ciento de las prácticas realizas con medicamentos, siempre de acuerdo a fuentes oficiales.
Monitoreo provincial ILE
Gracias a la militancia de distintas organizaciones, en La Pampa se ha logrado una buena articulación con áreas del Gobierno, para garantizar el acceso a la ILE. Tal es así, que se concretó la realización conjunta de un Monitoreo Provincial.
Durante su exposición en el marco del 2° Encuentro de la Cátedra Libre Virtual por el Derecho al Aborto Legal, sobre el acceso a la ILE en tiempos de COVID-19, la médica Pilar Galende, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dio a conocer el registro de casos en la provincia de La Pampa para los años 2018 (475), 2019 (568) y 2020 (278) hasta el mes de abril inclusive.
Este registro está basado en la solicitud de misoprostol, situación que tiene diferentes implicancias, de acuerdo a lo que explica la Dra. Pilar Galende.
No existen -o no fue posible conseguirlos- registros de morbilidad o daños como consecuencia de abortos inseguros para este período en la provincia.
¿Qué sucede con los casos que no encajan en estos parámetros legales?
Desde el año 2015, integrantes de colectivas feministas de La Pampa se sumaron a Socorristas en Red, ofreciendo localmente información y acompañando las decisiones y procesos de aborto medicamentoso a personas con necesidad de abortar. En La Pampa, la red logró sistematizar 300 casos de acompañamientos para los años 2015, 2016 y 2017. No existen registros para los años 2018 y 2019; los mismos se encuentran en la sistematización de Socorristas en Red a nivel nacional. No obstante, desde Socorro Santa Rosa, Daniela Melchor, señaló que fueron 104 los acompañamientos en la ciudad durante 2019 y cerca de 60 desde enero a mayo del año 2020.
Es necesario aclarar que el término “acompañamiento” no implica precisamente la concreción del aborto, pero si determina la existencia de una demanda. Y son las organizaciones sociales las que buscan darle respuesta ante la ausencia del Estado. Está claro que, si existen “abortos clandestinos” en Argentina y en La Pampa, es por la ausencia de una ley que los garantice de manera legal, segura, gratuita y voluntaria.
Una provincia “garantista”, menos en el sector privado
Fuentes consultadas señalaron que los promotores de abortos inseguros, generalmente son médicos que dan mal la información o se desentienden de la práctica porque es ilegal, insinuando a quienes la demandan, la posibilidad de conseguir realizarlo por sus propios medios.
“Las últimas informaciones de abortos inseguros están vinculadas a médicos del sistema privado. Lo cual es una deuda del mismo Ministerio de la provincia”, aseguró Daniela Melchor desde Socorro Santa Rosa. “El Ministerio ha tenido una política de salud pública y es garantista respecto a la ILE, pero no ha llegado a tocar a los más poderosos que son los del sistema privado” agregó durante la entrevista y opinó:
“La clandestinidad genera falta de información y eso provoca abortos inseguros”
No existe en La Pampa una regulación en el sistema médico privado y allí queda abierta una puerta a la clandestinidad.
Por su parte, en el marco de su exposición en las cátedras RUDA, desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Pilar Galende manifestó preocupación porque en La Pampa, la aplicación del protocolo ILE ha tenido un importante avance en el área pública, pero en el sector privado, tiene no sólo enorme resistencia, sino poco compromiso de asumir la responsabilidad que implica poder garantizar la práctica también en ese ámbito.
Garantizar la accesibilidad
Militantes feministas a favor del aborto insisten en la necesidad de que ya no sea un privilegio de ciertos sectores sociales. A lo largo de los años, ha sido inaccesible para miles de mujeres, adolescentes, niñas y cuerpos gestantes que habitan la Argentina. Esta falta de acceso viola sus derechos humanos a la salud, a decidir sobre su propio cuerpo, y en muchos casos a la propia vida. Quienes no tienen la posibilidad legal o económica, optan muchas veces por abortos inseguros, ante la falta de información. Y si bien en La Pampa no se registran muertes por estas causales en los últimos años, es necesario preguntarse cómo resuelven esta necesidad, quienes no pueden acceder a la compra de la medicación. Sería esencial la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo para darles respuesta.
Es importante resaltar que interrumpir un embarazo, implica también de qué manera se interrumpe, a costa de qué sufrimientos.
“Qué le hicieron, qué le dijeron, cuánto, porqué, en qué contexto. Qué quería hacer la mujer y qué la obligó a hacer el sistema de salud. Garantizar una ILE no es sólo abortar, es también cómo” expresó Daniela Melchor de Socorro Santa Rosa.
Más allá de las diferencias -en lo que a aborto respecta- La Pampa no es una isla. La problemática existe y a pesar de los avances en el abordaje, aún existen falencias y ausencias del Estado, atendidas por organizaciones sociales que luchan para que mujeres o personas gestantes tengan el derecho a decidir por un aborto legal, seguro y gratuito.
