¿72 mil millones u 8 millones?

Por: Ignacio José A. Pérez Esquilín

La protagónica deuda de Puerto Rico ha desatado diferentes posturas y puntos de vista sobre qué nos espera como ciudadanxs en un futuro cercano. No obstante, la ausencia de una sensibilidad uniforme donde se tenga en cuenta que las decisiones que se toman afectan a cada unx de lxs puertorriqueñxs nos trae a lo que evidenciamos y vivimos hoy día. Más allá de posturas políticas y de ideologías que se enfrentan, lxs administradorxs de nuestra isla deben tomar en cuenta que las distintas políticas que se implementen en cada rama de gobierno tendrán efectos directos e indirectos a los que enfrentarse

¿Por qué esta denuncia? ¿Por qué esta crítica? Las decisiones tomadas en el país a raíz de una deuda, que se pronosticaba desde los años 60, no han sido cónsonas con el ambiente socioeconómico de la isla. Para poder comenzar a tomar dinero prestado, más allá del límite constitucionalmente permitido en aquel momento, se tuvo que llevar a cabo política pública que buscara fuentes de recaudo. El interés público en general juega un rol, pero a la misma vez diferentes intereses políticos intervienen en este proceso. Por lo tanto, estos distintos intereses, como puede pasar en decisiones democráticas, entran en un juego de pesos y contrapesos. En la isla, el mercado financiero ha intervenido lo suficiente como para regir nuestra política en momentos de crisis dominando el juego. Problematizar estos intereses no es meramente un ataque al sistema capitalista, sino un señalamiento de la lejanía del aspecto humanitario y coherente con nuestra sociedad puertorriqueña que ha tenido este sector a la hora de tomar decisiones de política pública.

En este contexto, cabe señalar que este acontecimiento no es único en Puerto Rico. Las medidas de austeridad que se imponen al ocurrir crisis financieras ocurren sistemáticamente como solución, ya que se pronostica una reducción de gastos en el gobierno para “cuadrar caja” y permitir la inversión del sector privado. Esta inversión promete crear empleos, mejorar la eficiencia, productividad del servicio que proveen y fungir como alternativa al gasto gubernamental. El lado negativo de este panorama es cuando el sector privado, cuyo fin principal es generar ganancias, toma las riendas de servicios que son fundamentales para el Estado. Esto describe los planes de ajuste fiscal tradicionales: el achicamiento del gobierno, la apertura a inversión de capital que no se regula lo suficiente por el gobierno, y una reforma financiera donde se garantiza una fuente confiable de repago. Esto se debe a que en momentos de crisis el gobierno se encuentra vulnerable y dispuesto a ceder a ciertas políticas financieras que ayuden a corto plazo a cubrir ciertos gastos necesarios para que pueda funcionar, mientras que a largo plazo las tasas de interés harán que se complique el repago.

A esta situación se le suma el lado humano: la vulnerabilidad de la ciudadanía ante otras alternativas que promuevan el progreso. Ante este ambiente, ambos, el gobierno y la ciudadanía, están vulnerables ante un ente superior. Además de la vulnerabilidad en el mercado financiero que busca sustentar sus políticas a través del poder gubernamental, en Puerto Rico se añade que el gobierno doméstico estará inferior ante el gobierno de Estados Unidos por la relación política existente.

Los planes de ajuste fiscal que hemos acogido responden a los intereses de un sector que invirtió dinero en el país, sabiendo seguramente que ese dinero lo iban a recibir de vuelta. No tan solo esto, sino que de ese dinero, a causa de la falta de crédito, las tasas de interés aún les garantizan unas ganancias exorbitantes. Aun así, el informe Krueger como plan de ajuste fiscal proponía los mismos tres factores de planes de ajuste fiscal. Al querer despedir empleadxs públicxs, priorizar el pago de la deuda y limitar una gran parte de los servicios que brinda el gobierno, no fue de mucho agrado para el interés público. Este camino trascendental al cual se enfrenta el país donde un ente completamente ajeno a la situación de la isla recomienda ciertas políticas abre paso a la actualidad. Entonces, ¿qué acciones ha tomado el gobierno?

El gobierno de Puerto Rico ha tenido la falla de una falta de administración donde se buscan distintas soluciones para distintos panoramas. Esto se ha demostrado cuando se busca adelantar posturas e ideologías políticas o cuando se intentan soluciones a corto plazo con el mero hecho de priorizar los intereses privados por encima de la ciudadanía.

Dos ejemplos de este acontecimiento son:

  1. Eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas

2. Impuesto por ventas y uso (IVU) y el propuesto impuesto al valor añadido (IVA)

Un acontecimiento muy conocido en nuestra historia política fue la eliminación de la sección 936 de Códigos de Rentas Internas. Esta sección permitía que ciertas corporaciones norteamericanas invirtieran en Puerto Rico libre de contribuciones federales. En el momento en que se elimina esta sección que favorecía el crecimiento económico de nuestra Isla, se puso aparte el efecto que esta decisión tendría a largo plazo. A través de la vulnerabilidad de la ciudadanía, se buscó implementar una medida que demostrara al gobierno estadounidense el interés por ser estado de su nación, ya que ningún estado le daba este beneficio a corporaciones. Por otro lado, a nivel doméstico, se tomó una postura en la que se buscaba favorecer a la ciudadanía a base de una ideología política que para algunxs garantiza el progreso y la mejoría de nuestra crisis fiscal.

Por otro lado, el impuesto vigente por ventas y uso y el propuesto impuesto para el valor añadido demuestran un fin: pagar la deuda del dinero que hemos cogido prestado a través de los años. Por lo tanto, diferente a una política que busque cambiar el panorama político, se tuvo el enfoque de atacar inmediatamente la situación bajo el estatus actual, sin el tema del estatus tener el rol protagónico. En lugar de responder a los intereses domésticos y a lo que debe ser esencial para la Isla poder fungir como sociedad, pone los intereses financieros por encima de nuestras necesidades básicas. El propuesto impuesto al valor añadido buscaba igualmente priorizar el pago de la deuda. Aunque se proyectaba disminuir el pago de contribuciones y se trataba de equiparar este pago por escala de ingresos, el cambio no beneficiaba primordialmente a la ciudadanía. Ojo, los impuestos funcionan efectivamente como fuentes de recaudo, pero no cuando su fin principal es pagar una deuda denominada pública para favorecer intereses privados.

Ante esta disyuntiva histórica, un plan de ajuste fiscal drástico tuvo la oportunidad de ganar auge en la isla. El mismo se implementó bajo la imposición de una Junta de Control Fiscal que cumple el propósito de actuar como ente regulador entre el Estado (en este caso Estados Unidos) y el sector financiero. Esto significa que no existe un espacio que garantice la protección de los intereses ciudadanos frente a las medidas que se tomen para administrar el gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, se llega a acuerdos con los acreedores que invirtieron dinero en Puerto Rico teniendo como garantía una fuente segura de repago. Ambos de estos asuntos se perpetúan, mientras que la Junta de Control no cuenta con un costo político que limite sus acciones en el ámbito electoral. Consecuentemente, las decisiones que se han tomado y seguirán tomando no cuentan con un análisis extenso ni preciso de la situación actual del país. Un ejemplo que sustenta este argumento es la situación con la Universidad de Puerto Rico.

Cuando lxs estudiantes tuvieron la dicha de reunirse con la Junta, la desinformación por parte de lxs funcionarixs no electos fue evidente. Sí, administrativamente tenían desglosado el plan para reestructurar la Universidad de Puerto Rico a través de medidas de austeridad. Estas medidas de austeridad, no obstante, tenían un denominador común: no se había hecho un estudio de campo donde se tratara a cada recinto como único y se analizara cómo regionalmente estas medidas podrían afectar tanto a lxs empleados, como a la comunidad universitaria y a la comunidad aledaña a los recintos.

¿Cómo refleja esto los acontecimientos que nos han traído a la situación actual? La política pública no ha considerado lo suficiente los intereses de los distintos sectores que componen la sociedad puertorriqueña. Implementando soluciones a corto plazo, cumpliendo con términos políticos y dando más importancia al sector adinerado nos han traído al presente.

¿Qué podemos hacer? Además de tomar acción individualmente, se debe abogar por una auditoría de la deuda previo a que se le pague el dinero a acreedores que reclaman el repago. Más allá de esto, se debe abogar por políticas que protejan el dinero adeudado de mercados que previamente conocían la situación del país y se aprovecharon para poder lucrarse de nuestra crisis. ¿Qué políticas son estas? Políticas que endosen como servicio esencial la educación y la salud, donde prevalezcan nuestros intereses como esenciales. La política pública no se limita a un trabajo de eruditos ni expertos, sino a las necesidades del diario vivir de cada unx de nosotrxs. Lxs puertorriqueñxs debemos adentrarnos en los procesos y reclamar por las necesidades que estemos pasando, desde el trabajo por tener la comida en la mesa hasta el camino turbulento que tomamos para llegar a nuestros hogares. Los efectos de la deuda no son meramente una falta de auditoría o un crédito chatarra, sino las limitaciones de necesidades básicas que nos enfrentamos cotidianamente.

Respondamos, cuestionemos, despertemos. Más que 72 mil millones de dólares, somos sobre 8 millones de vidas.


Ignacio Pérez Esquilín

Ignacio José A. Pérez Esquilín, voluntario en MPA desde el 2015. Tiene un bachillerato en Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Durante este transcurso, ha enfocado sus estudios en Estado de Derecho y Política Pública y las Relaciones Internacionales. Actualmente, cursara el primer año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

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