Educar en alquilado

Julio Martínez

Dos niñas sonríen mientras se balancean colgadas de dos cuerdas que caen desde la viga del techo. Se bajan, las amarran y logran hacer un columpio en el que se sientan antes de tomar impulso y mecerse a pocos centímetros del suelo. Se ríen a carcajadas mientras los otros niños de la escuela esperan su turno. Los niños matriculados en el Centro Escolar Caserío Santa Isabel, en el cantón La Guacamaya, son 102. Este par de cuerdas es el único juego que tienen.

Juego improvisado.Estudiantes de Nahuizalco se mecen sobre cuerdas en el pequeño patio de su centro escolar.

Los estudiantes de esta escuela de Nahuizalco cursan desde parvularia hasta sexto grado. Algunos se quedan dentro de los salones incluso cuando hay recreo y, lejos de ser un guiño de rebeldía, es una decisión tomada al ver que no hay suficiente espacio para correr ni jugar. El terreno en el que se encuentra la escuela le pertenece a una asociación comunal y, de acuerdo con las profesoras, desde que empezó a funcionar hace 16 años, el Ministerio de Educación nunca ha construido nada para mejorar su infraestructura.

La situación en la que se encuentra la escuela del caserío Santa Isabel no es la excepción a la regla dentro del sistema de educación actual; es más, el MINED sostiene que más de la mitad de las escuelas operan en terrenos que no están a su nombre. Esta situación deriva en el abandono de la infraestructura de más de la mitad de centros educativos del país por parte del Estado.

Del total de 5,000 centros escolares que educan a estudiantes desde parvularia hasta bachillerato, existen 3,000 escuelas en las que el MINED no está legalmente facultado para construir, o al menos mejorar lo que ya existe. Sucede distinto con las escuelas que sí operan en terreno propio. A mediados de 2015 el ministro Carlos Canjura expresó que solo en un año el MINED había invertido $25 millones en reparaciones de esos centros. En los 3,000 restantes podría caerse el techo o una pared y no habría forma legal de aportar dinero para reparar el daño.

Sin espacio lúdico. Estudiantes de un centro escolar juegan en la única zona recreativa con la que cuenta su escuela.

“Ningún ministerio del Estado salvadoreño puede invertir en un inmueble que no esté legalizado o registrado en favor de esa rama. ¿Quién es el responsable de que en tantos años no pudieron legalizar esos inmuebles para poder invertir? Que lo juzgue la ciudadanía”, explica el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, al ser cuestionado. Después de más de dos años en el cargo, celebra que de 3,000 escuelas con estados legales irregulares, hasta la fecha han sido legalizadas 200.

Durante el último año el Ministerio de Educación se vio en la necesidad de darle prioridad a 182 escuelas para que fueran legalizadas. De no hacerlo, se corría el riesgo de perder inversión extranjera. El criterio para elegir los centros escolares prioritarios no vino dado por cuáles escuelas necesitan intervención con más urgencia o cuáles escuelas son las que tienen más estudiantes. El criterio es un asunto geográfico.

Esas 182 escuelas tienen ventaja en el proceso de legalización porque pertenecen a los más de 300 recintos educativos de la zona marino-costera del país, que serán beneficiados con inversión del FOMILENIO II.

Castaneda se explaya describiendo cuál es la escuela con la que sueña el MINED tras intervenirlas: “Una que tenga aulas pedagógicamente agradables, que tenga rampas para los niños con discapacidad, áreas de espera para las madres embarazadas, que tenga centro de cómputo y área de trabajo para los maestros”. Esos planes a futuro de los que el MINED habla suenan a imposible cuando se contrastan con la realidad de escuelas como la del caserío Santa Isabel.

El caserío se encuentra entre unas colinas a las afueras de Nahuizalco. Está compuesto por casas rodeadas de milpas y calles estrechas en las que no se escucha el ruido de carros. Hasta 2000 el caserío no tenía escuela propia.

En 1999 tres estudiantes universitarias fueron enviadas a realizar sus prácticas pedagógicas a ese lugar. Como no había espacio, las clases eran brindadas en los patios de las casas de los habitantes que querían aprender a leer y escribir. “Ahí cada quien llevaba su silla si quería sentarse”, explica entre risas y debajo de un árbol Maribel Ayala, la actual directora de la escuela.

Antes de contar la historia de la escuela se disculpa por no tener un espacio propio para una entrevista. Su oficina es una bodega angosta. Ahí se guardan los documentos importantes del centro educativo con los barriles de alimentos que les donan organizaciones privadas y el MINED para ser repartidos en la jornada.

La escuela fue reconocida institucionalmente en septiembre de 2000 y la Asociación de Desarrollo Comunal de la zona le ofreció a las maestras un espacio pequeño que tenía en su poder para empezar a funcionar.

La misma comunidad construyó un cuarto con dos puertas. Para maximizar el espacio, una división fue colocada al centro y separa a los alumnos de dos grados. Ahora esa división está vencida por el paso del tiempo y un alumno de cuarto puede ver y escuchar la clase de quinto grado.

Las distracciones también vienen de afuera. La comunidad no alcanzó a construir paredes para la escuela y el centro escolar está cercado por las paredes de adobe de las casas que lo rodean. Debido a que la distancia es corta, es común escuchar lo que sucede en las casas vecinas. Así, día tras día las alabanzas y cumbias se mezclan con las voces de las maestras.

La parvularia funciona en un salón de clases construido por la alcaldía hace una década. Es decir, este centro escolar está conformado por dos aulas. Seguido de estas, se pueden encontrar dos cuartos de baño. Un inodoro para las cuatro docentes y otro para los 100 niños.

“Yo, a veces, digo que mejor me voy a ir a dar clases debajo de un palo de mango”, dice con decepción la directora de la escuela. Además de los retos de infraestructura a los que la escuela se enfrenta, los niños deben primero superar otras barreras para asistir a clases.

El que mejor explica esos obstáculos es Francisco, un niño moreno y delgado de 12 años. Mientras se come un elote loco, el refrigerio que la escuela brinda este día, le comenta a su maestra que mañana no asistirá a clases: “Tengo que ir a tapiscar la milpa”.

Refrigerio. Las escuelas que no cuentan con terreno propio, tampoco cuentan con cocinas adecuadas para preparar la comida de sus alumnos.

Francisco cuenta que después va a pedir copia de la clase porque tiene que estudiar para llegar a ser soldado y cargar una metralleta. La escuela del caserío tiene solo hasta sexto grado, y si quiere seguir estudiando, dentro de un año tendrá que salir de la comunidad.

La idea del mundo fuera del caserío no le emociona mucho. Cuando se le pregunta por qué, él y otros dos niños de su grado que se han unido a la conversación se miran entre sí y guardan silencio. Después de unos segundos, Francisco contesta como adulto: “Por la situación de cómo está ahí”. La escuela más cercana donde se puede estudiar tercer ciclo se encuentra en territorio contrario a la pandilla que tiene presencia en el caserío.

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La directora de este centro de estudios cuenta que en 2013 sus plegarias parecieron haber sido escuchadas. La embajada de Japón, a través de un proyecto, había ofrecido mejorar y ampliar las aulas. La Dirección Departamental de Educación de Sonsonate envió una carta a la alcaldía en la que explicaba al jefe de comuna el proyecto en el que podrían enlistar a la escuela si se contara con una escritura de propiedad.

“Si en sus manos o en las del concejo municipal está poder ayudar a esta institución, le suplicamos lo hagan para después gestionar personalmente con la embajada de Japón, que nos está apoyando mucho. Ahora mismo hay siete centros escolares que están siendo mejorados y ampliados con fondos de dicha embajada”, escribió hace más de tres años el MINED a la Alcaldía de Nahuizalco.

Tanto las maestras de la escuela como la Dirección Departamental tenían sus esperanzas puestas en que la alcaldía del municipio comprara o donara otro terreno adecuado para la escuela. Pero la alcaldía no respondió como esperaban y, por lo tanto, no pudieron recibir ayuda de la embajada de Japón, que a diferencia del MINED, sí ofrecía dinero para mejorar sus aulas.

“En las escuelas con terreno propio es distinto. Ellos dicen ‘nuestro centro escolar necesita un aula’ y formulan un proyecto. El MINED llega y ve si es cierto que existe la necesidad y da el bono. Pero nosotros no podemos. No podemos solicitar nada ni aplicar a proyectos como los de la embajada de Japón”, sostiene Ayala.

Cerca de Nahuizalco, el director de la escuela del caserío Loma Alta, en Ahuachapán, declaró a LA PRENSA GRÁFICA en mayo del presente año que su centro escolar también tuvo la oportunidad de mejorar infraestructura a través de un proyecto con esa embajada. Sin embargo, sucedió lo mismo. Esa puerta se cerró cuando comunicaron que el terreno en el que operaba la escuela no le pertenecía al MINED.

En mayo de 2015 la Asamblea Legislativa aprobó una ley transitoria para legalizar inmuebles a favor del ramo de educación con la que pretenden evitar que casos como el de la escuela de Ahuachapán se sigan repitiendo. La ley tiene cinco años de vigencia y da períodos especiales para bajar costos y acelerar procesos legales que permiten que los terrenos pasen a manos del MINED en menos tiempo.

Si las escuelas cuentan con sus escrituras de propiedad, los posibles cooperantes no corren el riesgo de invertir en algo con finalidad social y que al final dicha inversión quede en manos privadas.

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De las 3,000 escuelas que operan en terrenos que no le pertenecen al MINED, 182 están siendo legalizadas debido al FOMILENIO II, firmado entre El Salvador y Estados Unidos en 2014. Ese acuerdo implica $277 millones en inversión del Gobierno estadounidense para el desarrollo de la zona marino-costera.

Uno de los requisitos para recibir la ayuda del FOMILENIO II es que los terrenos de las escuelas se encuentren legalizados. Entre las escuelas ubicadas en la zona de acción del FOMILENIO II se encuentra la pequeña escuela del caserío Santa Isabel, donde niños como Francisco –pequeños y acostumbrados a trabajar bajo el sol– quieren estudiar para vestir un uniforme del Ejército cuando sean grandes.

El pasado 10 de agosto la directora de ese centro escolar fue sorprendida. Aparentemente, la asociación comunal dueña del terreno en el que funciona la escuela perdió la esperanza de que la municipalidad compre otra propiedad para el funcionamiento del centro educativo. Después de 16 años, los vecinos entregaron a las maestras un documento que da fe del comodato a favor del Ministerio de Educación por un período de 25 años.

Aunque el terreno no pasa a manos del MINED, Francisco Henríquez, el director de la institución encargada de traspasar las propiedades a favor de Educación, es decir, el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), explica que el comodato es registrable en el Centro Nacional de Registros. “Es una figura válida y legal en la que tú das una autorización para el uso. Ahí queda inmovilizado y ya nadie puede decir que quiere ese terreno”.

Aun así, el MINED, a través de su departamento de prensa, expresa que no es posible conocer con certeza si el comodato le valdrá a la escuela del caserío Santa Isabel para ser beneficiaria con el FOMILENIO II. Esa decisión la tendrán que tomar los encargados de dicho convenio.

Dentro de las escuelas que serán beneficiadas con el FOMILENIO II se puede mencionar a algunas de las que conforman el Sistema Integrado Balboa, un circuito escolar en Panchimalco. Un profesor de un centro educativo de la zona explica que la mayoría de escuelas que conforman el sistema operan en territorio de la alcaldía o en terreno privado. Ahí la alcaldía ha otorgado los derechos de uso del terreno al MINED, pero no ha donado las propiedades.

Al ser cuestionado sobre las dificultades a las que se enfrentan, el docente contesta que cuando se solicitan proyectos, “la licitación es más efectiva cuando el terreno del centro escolar es del MINED”. Y señala un proceso burocrático que desearía ahorrarse: “Cuando el terreno está en comodato, primero se tiene que ir a pedir permiso a la alcaldía para construir”.

Así, hace poco lograron cercar la fachada de la escuela en la que trabaja a través de un proyecto con Plan Internacional. El maestro sostiene que la escuela está en regulares condiciones gracias a la ayuda de ONG y donaciones que llegan desde Canadá.

Ubicada en un terreno montañoso, lleno de curvas y vegetación espesa, el centro educativo en mención no cuenta con lugares de esparcimiento adecuados para los casi 600 estudiantes que alberga. Pero lo que inquieta al docente es la ausencia de muros perimetrales seguros que cierren el paso a grupos delictivos.

“En alguna ocasión tuve un acercamiento forzoso con gente que anda involucrada en las pandillas”, dice este profesor, y baja el volumen de su voz. “Lo que yo le pedí a los sujetos es que le dijeran a los chicos que estudian acá y que están involucrados con ellos que respeten la escuela, que nosotros como docentes respetamos la forma de organizarse de ellos y que nos dejen hacer nuestro trabajo”, cuenta el docente mientras espera la ayuda de FOMILENIO II u otra institución que colabore pronto para mantener seguros a sus estudiantes.

Si una escuela no cuenta con un buen muro perimetral, también corre el riesgo de ser saqueada. En febrero de este año un hombre fue detenido en Chalatenango por hurto agravado en una escuela. Esa práctica no es nueva. “Saqueadores no dejan en paz a las escuelas de Ahuachapán”, publicó LA PRENSA GRÁFICA en 2014. El MINED no puede decir que desconoce que suceda este tipo de problemas. Después de que 120 laptops fueron robadas en 2012, se conoció que el ministerio preparaba una campaña de concienciación en centros escolares para evitar hurtos en sus instalaciones.

Sin barreras y en peligro. Los estudiantes de este centro escolar reciben clases con la amenaza de que un árbol destruya sus aulas. La escuela tampoco tiene muro perimetral seguro.

El resto de las 3,000 escuelas que el MINED clasificó en situación legal irregular solo puede esperar a que el Instituto de Legalización de la Propiedad actúe. La institución es la encargada de inspeccionar y medir terrenos, hacer planos y gestionar el traspaso con los dueños de los terrenos. En otras palabras, es la institución encargada de brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de tierra y desde el año pasado, con la aprobación de la ley transitoria que facilita el traspaso de inmuebles al ramo de Educación, ha tenido más trabajo.

Desde su oficina en un centro comercial de San Salvador, Francisco Henríquez, su director, explica con detalle que hay una “planificación de legalizar un aproximado de 750 escuelas por año durante la vigencia de la ley transitoria”.

Un año ha pasado ya desde que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial y los cálculos del ILP son exactos: para asegurar que el total de las 3,000 escuelas sin terreno propio pasen a ser propiedad estatal y puedan ser intervenidas, tienen que legalizar un promedio de dos centros escolares por cada día –incluyendo fines de semana– durante los próximos cuatro años.

El costo de las transferencias legales lo asume el ILP y no el donante. Para el caso de los 182 centros escolares a los que se les ha dado prioridad, FOMILENIO ha absorbido todos los gastos. La legalización de un terreno a favor del MINED puede costar desde $300 hasta $1,800.

Ahora que el ILP ha realizado las gestiones necesarias para legalizar los terrenos de escuelas elegidas por el FOMILENIO, estas podrán ser beneficiadas con fondos extranjeros.

A diferencia de ese selecto grupo, la gran mayoría de escuelas del país que el ILP planea legalizar paulatinamente aguarda para dar el primer paso que permita conseguir ayuda en sus inmuebles por primera vez.

“No hay recurso para invertir en las escuelas de una sola vez, sino que ahí será el MINED el que irá priorizando cómo hacer sus inversiones”, sostiene el director del ILP. Ante emergencias o necesidades en sus construcciones, el grueso de escuelas del país solo puede hacer dos cosas: esperar una respuesta del Estado –como lo ha hecho por años– o tocar las puertas de empresas, alcaldías, ONG y embajadas a las que no les corresponde directamente velar por la calidad educativa de los estudiantes salvadoreños.

El MINED tiene una razón para explicar por qué en ciertos casos los procesos de legalización avanzan con lentitud. El viceministro de Educación sostiene que a pesar de los esfuerzos del Estado, “hay alrededor de 60 municipios del país que no han querido donar los terrenos que están en áreas verdes municipales. Para no provocar un sesgo político, no se publican los nombres”, argumenta.

Por su parte, el director del ILP sostiene que en las visitas de campo al interior del país para solicitar que los terrenos pasen a nombre del MINED no han encontrado resistencia de parte de los dueños de las propiedades. “No hay una oposición, no nos hemos encontrado el caso de alguien que diga ¡no! No hemos llegado ni incluso a la figura de compraventa”, dice con seguridad Henríquez.

Lejos de los discursos oficiales y las cifras millonarias de posibles inversiones en el sistema educativo, Maribel Ayala, la directora del centro escolar de dos aulas en Nahuizalco, apila unos pupitres viejos al lado de los únicos dos baños. Los cubre con una lámina y, esperanzada, dice que los guarda porque algún día su escuela va a crecer.

En ese espacio soñado, que no puede ser este, habrá lugar para construir aulas para estudiantes de tercer ciclo, cuenta Maribel emocionada. La directora del centro escolar sueña con brindarle a sus alumnos la oportunidad de educarse en un espacio digno y lúdico, uno que brinde las condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Pero a la hora de la salida de clases, Maribel solo puede pararse cerca de la puerta y escuchar cómo otro de sus alumnos más grandes, vestido con el pantalón azul del uniforme y sandalias de hule, le responde que no, que no se ven mañana porque tiene que ir a trabajar a la milpa (El original viene de acá: : http://www.laprensagrafica.com/2016/08/14/la-educacion-desterrada)

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