Revolución o revolución

Ideas sobre el fracaso en el siglo XIX español

“Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga”, Antonio Gisbert Pérez, 1887.

Pocas ideas han permeado de modo tan intenso la memoria nacional española como “el fracaso”. Surgida a finales del siglo XIX tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar, de la mano de la atormentada generación del 98 que observaba en aquella un símbolo fatídico del destino irremediable de España, la idea de un fracaso nacional que explicara de forma determinista y específica los trágicos hechos del siglo XX se asentó de forma paulatina e intensa en las generaciones de venideros intelectuales. España habría fracasado en su búsqueda de la modernidad, habría quedado incapacitada para la transición a la economía industrial moderna y habría sido presa de las fuerzas reaccionarias y atávicas que impedirían para siempre su reforma y su homologación al resto de naciones europeas. Unas ideas que culminaban, lógicamente, en el golpe de estado de 1936 y en la anómala pervivencia de la dictadura franquista tras la Segunda Guerra Mundial.

Aquel fracaso se explicaría a lo largo de varios y muy distintivos niveles: desde la derrota de la revolución liberal que habría recluido al país en las sombras del Antiguo Régimen, sombras de las que habrían huido con mayor suerte otras naciones del continente, hasta la incapacidad para producir una revolución industrial significativa que hiciera escapar a la nación de su ancestral atraso económico y la colocara, de nuevo, a la vanguardia del planeta. Ambos teóricos fracasos, el de la revolución liberal y el de la revolución industrial, explicarían en pleno siglo XX la sobrevenida relevancia de las clases nobiliarias, del catolicismo transversal y del estamento militar, al que el poder civil jamás habría logrado subyugar. Similarmente, tales circunstancias históricas habrían impedido la síntesis de una “identidad nacional” común a todos los pueblos españoles, un vacío identitario y una incapacidad de cohesión que habría propulsado el surgimiento de identidades nacionales alternativas y beligerantes como la catalana y la vasca.

Las ideas sobre el fracaso aminoraron cuando el franquismo tocó a su fin y la democracia se asentó en una rápida y exitosa transición política. La incorporación del estado a la Unión Europea y la rápida convergencia con el resto de vecinos continentales, en los que las élites y el pueblo español reflejaban sus esperanzas vitales, limó los complejos adquiridos durante décadas, y el éxito económico a finales del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI relegaron a un ostracismo casi definitivo al manido, si bien ya oxidado, relato sobre “el fracaso”. España, ya en la Champions League del continente, como afirmara célebremente el presidente Rodríguez Zapatero, habría alcanzado al fin su meta final, su espacio moral, el lugar al que la modernidad y el progreso apuntaban desde hacía siglos.

El colapso del precario modelo económico que catapultó al país durante los años de la burbuja y el resurgimiento, con mayor fuerza que nunca, de la cuestión catalana, provocaron que una nueva generación de jóvenes universitarios e intelectuales, la mía, accediera a la madurez emocional e ideológica impregnados de un fatalismo sólo comparable al que ya glosaran con tanto talento sus pares de 1898. La modernidad española habría sido un espejismo, las oportunidades nada más que el fantasmagórico resultado de un desarrollo ficticio, y la cohesión nacional, quizá simbolizada como nunca tras la consecución del Mundial de Sudáfrica, un mero paréntesis en la irremediable lucha eterna entre el centro y la periferia, muy especialmente la catalana. España, estado fallido, recuperaba su espíritu autodestructivo, se arrinconaba avergonzada en el espacio europeo y se lanzaba a un largo proceso de cuestionamiento interno acaso resuelto en los resultados electorales de diciembre de 2015. España, en suma, no había llegado al punto de partida: necesitaba volver a preguntarse los porqués de su fracaso.


La burguesía revolucionaria (1808–1874) no trata de responder a ninguna de estas preguntas, o mejor dicho, no aspira a resolver de forma directa la cuestión del fracaso. El libro, escrito íntegramente por Miguel Artola y publicado en 1973 dentro de la Historia de España de Alfaguara, serial coordinado por el propio Artola, acude directamente a las raíces. Explora los porqués de la revolución liberal bajo el periodo de ocupación napoleónica, se adentra en la formulación del sistema liberal tras el reinado de Fernando VII y trata de esbozar, aunque sea ligeramente, las causas del retraso económico que tanto lastran a España durante la primera mitad del siglo XIX, un periodo clave en el que se cimenta el virtual atraso comparado respecto a las potencias industrializadas del continente.

Increíblemente detallado y escrito con una prosa densa y arcaizada, hija inevitable de su tiempo, La burguesía revolucionaria es especialmente interesante porque, en lugar de edificar un relato cronológico que enumere los hechos más sustanciosos del siglo XIX español, analiza a tramos y por secciones los aspectos básicos del sistema político y económico de una España en plena transformación. Lo hace con firmeza y algo de crudeza en su análisis — las páginas dedicadas al novísimo sistema financiero isabelino y a la regulación parlamentaria son de especial aridez — , pero también con elocuencia. Atributos ideales para quien busque simplemente un buceo exhaustivo al tiempo que conciso sobre aspectos tan mundanos como las leyes de caminos y carreteras, las regulaciones institucionales sobre los señoríos y los mayorazgos, los criterios de inversión del capital extranjero en la incipiente industria española, las reformas laborales, o las propias leyes electorales del periodo, en permanente cambio fruto de las variadas constituciones proclamadas.

Leyéndolo, se puede acceder a, al menos, dos respuestas globales sobre “el fracaso” y el trágico siglo XIX español, tan manido aún hoy.

“Los poetas contemporáneos”, Antonio María Esquivel, 1846.

La primera vendría a negar la idea de una revolución liberal infructífera. Más allá de los ¡90 años! de parlamentarismo continuado entre la muerte de Fernando VII y la dictadura de Primo de Rivera, Artola rebusca en los orígenes del triunfo liberal. Se encuentran estos en la Guerra de Independencia, momento en el que el vacío de poder propiciado por el abandono de sus funciones de Fernando VII y Carlos IV permite a las juntas provinciales, de eminente signo liberal, erguirse en las legítimas depositarias de la soberanía nacional, una vez el reinado napoleónico fracasa no sólo en su intento de constituirse como la única autoridad posible, sino en su mero control del territorio nacional. Será la actividad de las juntas las que, entre 1811 y 1812, constituyan la primera constitución y se reúnan periódicamente en Cádiz.

Aquellas Cortes de Cádiz tan mitificadas ahora por el imaginario liberal legaron una intensa actividad parlamentaria antes de disolverse ante la restitución de Fernando VII, y sirvieron no sólo de icono insoslayable para los liberales que retomarían el testigo décadas después sino que también se configurarían como la arquitectura legal básica utilizada por Mendizábal y otros en sus radicales proyectos de desamortización — un asunto que, como veremos, resultaba trascendental para las élites liberales — y reforma del estado. Su fracaso relativo, fruto de la derrota napoleónica y de la aserción autoritaria de las monarquías europeas, no impediría que los liberales mantuvieran un perfil revolucionario alto y ejecutaran de forma permanente estratagemas y levantamientos con objeto de minar el absolutismo fernandino. Estos episodios, como el de Mina en Pamplona o el de Torrijos en Málaga — que daría pie al inmortal cuadro de Gisbert — , sazonarían los años monárquicos, tanto antes como después del Trieno Liberal.

Para 1920, por tanto, España habría sancionado su primera constitución, una de las primeras del continente europeo, y habría protagonizado hasta dos revoluciones liberales capaces de establecer la autoridad de las Cortes, la soberanía nacional y el acatamiento por parte del rey de la constitución — “ marchemos francamente, y yo el primero” y etcétera — . Significativo resulta que, como narra Artola, sean numerosos los intentos absolutistas por derrumbar el gobierno parlamentario del Trienio — como la sublevación de la Guardia Real o la psicodélica regencia del marqués de Mataflorida en Urgell — , y que sólo la intervención definitiva de una potencia extranjera, Francia, logre restaurar el poder absolutista, prueba todo ello no sólo de la capacidad del régimen liberal de resistir tanto a nivel militar como político — en ocasiones, como hiciera Mina en Urgell, liquidando de revueltas guerrilleras muy localizadas — , sino también de la escasa tracción popular que el reinado de Fernando VII despertaba entre la ciudadanía.

El liberalismo revolucionario se enfrentó a obstrucciones internas y externas, y logró asentarse definitivamente a partir de 1833, para no evaporarse jamás, con sus más y sus menos, hasta 1923, momento en el que se puso fin a casi un siglo de parlamentarismo en España

Es decir, existían en España los suficientes equilibrios políticos — especialmente gracias al ejército, cuyos cuadros medios se habían visto enriquecidos por burgueses liberales para los que el regreso del absolutismo y las pruebas de sangre representaban una amenaza insoportable — y las suficientes condiciones materiales, si deseamos ponernos marxistas, para afianzar una revolución liberal que, tanto en 1815 como en 1823, había fracasado en un contexto de altísima hostilidad internacional.

Huelga decir que la revolución triunfó a medias y que, en el camino, España había perdido sus colonias — un hecho lateral al conflicto liberal-absolutista de aquellos años — . El regreso de Fernando VII y la década ominosa cayeron como una losa sobre los liberales, que se vieron apartados, fuertemente reprimidos y marginados dentro del limitado sistema político absolutista. Los encarcelamientos, los fusilamientos y la destrucción del proto-liberalismo legislado tanto en las Cortes de Cádiz durante el Trienio Liberal minaron los avances obtenidos, y congelaron durante diez años un proyecto que, pese a todos los contratiempos, pese a mantenerse en los márgenes durante una larga década, resurgió en 1832 cuando la cuestión de la sucesión provocó la creación de un partido isabelino sustentado por la burguesía liberal.

1833 marca el inicio de un camino que no encontraría retorno hasta casi un siglo después, en circunstancias muy distintas. Desde entonces, se suceden las constituciones y las Cortes mantienen su actividad parlamentaria de forma indefinida, extendiendo las libertades políticas a muchos ciudadanos — llegando a extremos como el sufragio universal masculino en un tempranísimo, en términos comparados, 1869 —y disolviendo la tradicional sociedad estamental — privilegios de sangre en según qué profesiones, igualdad legislativa, igualdad jurídica — en un proceso de radical descomposición de las instituciones del Antiguo Régimen. De especial interés resulta aquí la lucha del liberalismo contra el realengo, el mayorazgo y el señorío, elementos que habían impedido el acceso a la tierra por parte de las élites urbanas y proto-capitalistas durante siglos. Si bien la desamortización de los bienes eclesiásticos se realizó sin mayores contratiempos — asunto trascendental, por otro lado, si pensamos que alrededor 10% de las tierras de país se entregaban a manos muertas— , la liberación mercantil de los bienes nobiliarios y señoriales fue mucho más compleja.

El abrazo de Vergara, según una litografía del siglo XIX.

Aquí Artola introduce una de las disquisiciones parlamentarias más relevantes del periodo: la diferenciación entre señoríos jurisdiccionales y contractuales. Así, mientras los primeros tendrían su origen en las cesiones que el monarca medieval habría entregado a sus señores en forma de compensación por su apoyo financiero o militar en sus empresas bélicas, los segundos, de forma más sutil, serían acuerdos tácitos entre los campesinos que trabajaban la tierra — y que dependían de ella — y el señor que la poseía, y que en virtud de tal la cedía. Tan ligera diferencia resultó clave en el fracaso parcial de la desamortización de Mendizabal, en tanto que sólo un abanico muy concreto de señoríos pudieron demostrarse “jurisdiccionales”. Para el resto, la inmensa mayoría, los ayuntamientos — los encargados de reclamar los bienes ante los juzgados — no lograron encontrar los documentos originales que databan la cesión real, y que permitían al estado, depositario ahora de la soberanía nacional, recuperarlos de forma unilateral. Si a esto sumamos que muchas de las tierras liberadas fueron compradas por terratenientes nobiliarios podemos esbozar los motivos por los que la reforma agraria en España sólo tuvo efectos sobre la propiedad, y no sobre las condiciones del campesinado, que empeoraron — alejándole del liberalismo en el camino — .

Fue este un ejemplo de cómo la revolución liberal se enfrentó a muchas resistencias que imposibilitaron profundizar en las reformas, y que impidieron el desarrollo de un programa de claro signo modernizador. En este sentido, el repaso de la actividad parlamentaria que realiza Artola se ve en permanente estado de amenaza por un hecho a menudo olvidado en el análisis sobre el siglo XIX español: la guerra civil. Una guerra, la carlista, cruenta, altamente explosiva en las provincias del norte y que determinó en varias ocasiones tanto los sistemas electorales como las disposiciones legales aprobadas por el parlamento en una amplia panoplia de asuntos. Pero una guerra que, al fin y al cabo, revelaba la profunda división de la España liberal y absolutista, urbana y rural, y que en 1839 asentó la primacía definitiva de la primera sobre la segunda. Entonces, el proyecto tradicionalista, la restauración del Antiguo Régimen, se pierde en el sumidero de la Historia, y lo único que resta es liberalismo, un liberalismo imperfecto, plagado de espadones y limitaciones, incapaz de gestar elecciones libres o de liberarse de forma total de las fuerzas reaccionarias, pero liberalismo al fin y al cabo.


Y mientras tanto, la economía. La fuerza transformadora de la revolución liberal, existente y exitosa pese a que sus términos jamás fueran tan radicales como hubiera cabido esperar, dependía en gran medida de su capacidad para aplicar cambios de calado a la economía española, que para inicios del siglo XIX está en francos problemas. Son las páginas dedicadas al “estancamiento económico” las más audaces del libro de Artola, y las que sirven, aunque sea muy limitadamente, para hacerse una idea sobre las causas que motivaron el evidente atraso industrial de España respecto a las potencias más avanzadas del continente.

En este sentido, hay que partir de dos cuestiones que determinan de forma dramática el desarrollo económico posterior de España: la Guerra de la Independencia y la pérdida de las colonias americanas.

La primera lega un país absolutamente devastado. Los largos años de lucha — una lucha ora guerrillera ora puramente militarista, como en Bailén o en Vitoria —causan la destrucción casi total de los medios de producción españoles y del precario tejido industrial — artesanal por aquel entonces — de la España dieciochesca. La pérdida de capital intelectual, material y humano — ciudades como Zaragoza perdieron la mitad (!) de su población durante la guerra — provocaron que España tuviera que empezar virtualmente de cero. Las reformas liberales buscan cimentar un modelo económico que permita mayor comercio y mayor libertad en el intercambio de bienes y servicios, elementos esenciales para dinamizar al vetusto campo español y para superar el limitado modelo gremial en la industria, pero se topan con la victoria eventual de las fuerzas absolutistas y reaccionarias en dos ocasiones. Estos hechos limitarán de forma fatal el asentamiento de unas bases económicas que faciliten la transición de una economía agraria a la industrial.

De forma similar, la pérdida de las colonias se revelará como un factor de insoslayable trascendencia para el futuro económico del país. Por un lado, limitará el acceso al capital de la burguesía revolucionaria. La incapacidad del estado liberal de generar una red bancaria capaz de asegurar las aventuras financieras de la élite económica, inversiones arriesgadas como necesarias en infraestructuras o capital industrial, provocará que España quede a expensas del crédito extranjero, cuyos intereses no rotarán en torno al desarrollo económico del país, sino en su beneficio propio. Así, las grandes empresas mineras francesas e inglesas aterrizarán en Asturias y Río Tinto con el objetivo de extraer y exportar, y no tanto con la misión de incentivar el surgimiento de una industria de transformación potente. Su lógica decisión, sin embargo, no se correspondería con la necesidad económica del país, retrasando el nacimiento de la industria a gran escala más allá de Cataluña — y, de forma muy poco casual, tras el fin de la Tercera Guerra Carlista en País Vasco — .

Construcción del puente de los franceses en 1859, en Madrid, llamado así por la nacionalidad de sus ingenieros.

De aquí surgía la urgencia burguesa por liberar tierras amortizadas al mercado libre. Hay que tener en cuenta que casi el 20% de la superficie cultivable total de la España fernandina era propiedad de la Iglesia Católica, porcentaje al que había añadir los ingentes lotes de tierra señoriales. Este mapa de la Andalucía señorial da una idea de las extremadas limitaciones que burgueses y medianos campesinos tenían a la hora de acceder a la tierra. Había muy poca disponible en el mercado libre, y la poca que había, por pura lógica económica, era cara. De ahí que los procesos desamortizadores tuvieran tanta importancia en el proyecto liberal, más allá del relevante proceso de descapitalización de la Iglesia Católica: a mediados de los años ’20 sus riquezas eran comparables al presupuesto anual total del reino, gracias a su sistema impositivo paralelo que gravaba onerosamente a los campesinos que cultivaban las tierras arrendadas.

Tales porcentajes dan una idea aproximada de las enormes dificultades que la clase burguesa afrontaba a la hora de emprender una acumulación de capital semejante a la que propició la revolución industrial británica. Los liberales aspiraban a consagrar la propiedad como un derecho sagrado, y a obtener terrenos de los que, gracias a una necesitada inversión — ni señoríos ni Iglesia estaban preocupados por mejorar la productividad de sus terrenos, satisfechos como estaban con las rentas que les sufragaban su lujoso estatus, inamovible según la sociedad estamental — devengarían los excedentes necesarios para iniciar empresas industriales. Los magnos porcentajes de la Iglesia católica y el lento proceso desamortizador de los bienes nobiliarios, a menudo infructuoso dada la naturaleza de los señoríos, ilustras las grandes barreras que los reformistas liberales encontraron en el proceso, y de las limitaciones de las que partía la transformación económica en España. Por lo demás, las desamortizaciones permitieron, al menos, la creación de una pequeña clase propietaria que, en el minifundismo septentrional, ató su destino a la pervivencia del régimen liberal, ganando su apoyo.

Por otro lado, el fin del imperio colonial reducirá el tamaño del mercado español drásticamente, empequeñeciendo los potenciales beneficios a obtener de las onerosas inversiones y arrancando de raíz el germen de una significativa revolución industrial. Dicho mercado jamás pudo ser contrarrestado por la demografía española, atascada hasta bien entrado el siglo XIX en un modelo heredero del Antiguo Régimen donde los fallecimientos y los nacimientos se mantenían a la par, en un tiempo en el que Reino Unido ya había dado el gran salto y su población crecía disparada gracias a los avances medicinales. La carencia de una mano de obra excedente del campo que pudiera alimentar a la industria, de un mercado potente donde colocar los bienes producidos y de un capital que sostuviera las empresas burguesas se sintetizaron en un retraso permanente de la industrialización, y para cuando esta llegó de forma más o menos nacional, a principios del siglo XX, España estaba muy por detrás de Alemania, Bélgica, Reino Unido o Francia.

Problema derivado de la pérdida de las colonias fue el escaso acceso al capital, un asunto de gran importancia a la hora de emprender grandes inversiones. Esto provocaría que el desarrollo económico quedara en manos de los inversores extranjeros

Cuestión en absoluto menor es la geografía, por supuesto. La naturaleza quebrada del país, con numerosos sistemas montañosos hoy menos relevantes pero por aquel entonces de capital relevancia, provocó que fuera imposible generar un sistema de infraestructuras modernas — el ferrocarril — que vertebrara el mercado español, aislado en células. Artola recuerda que del carbón asturiano se decía que sólo era rentable hasta la Sierra de Gredos, en tanto que a su costosa extracción había que sumar los costos de un transporte lento y poco eficiente. De forma similar, España jamás contó con los influyentes recursos naturales del norte de Francia, de la Valonia belga o de la cuenca del Ruhr, y sus explotaciones mineras en Asturias o Aragón jamás proporcionaron ni mucho carbón ni un material de suficiente calidad como para resultar diferencial en las industrias y coquerías del continente. En contraste, el corazón industrial de Europa, eminentemente llano, observaba como a mitad de siglo los caminos del hierro se habían adueñado del paisaje. A un precio mucho mayor, fruto de las complicaciones geográficas, España sólo observará un desarrollo similar a partir de los años ‘60.

A tales circunstancias, por sí mismas muy complejas, España había de sumar una población esencialmente analfabeta con un bajo nivel cultural — un 80% de los españoles en 1860, frente al 32% de Francia en su mismo año — , de cuya instrucción se ocuparán las numerosas reformas educativas que la revolución liberal tratará de implementar en las escuelas. De forma quizá significativa, el último espacio donde la autoridad y poder real de la Iglesia Católica se mantendrá incólume será la escuela, una vez habrá perdido la mayor parte de sus posesiones y su capacidad impositiva propia. La reducida élite intelectual y alfabetizada de España tendrá un impacto sustancial en el capital humano del país, un aspecto igualmente clave a la hora de abordar una transformación económica exitosa a gran escala.

Será únicamente en Cataluña donde sí brote una sustancial revolución industrial, fruto no sólo de la antigua red artesanal y comercial del país — favorecida antaño por la ausencia de aranceles y por la introducción de novedades técnicas pioneras en la cuenca mediterránea — , sino también de las inversiones de capital destinadas a la boyante industria textil. Como Artola recuerda, parte de este hecho sustancial se debió a que en Cataluña la burguesía dominante tuvo muy poco acceso a las tierras desamortizadas tras Madoz y Mendizábal — la Iglesia poseía menos tierras — , por lo que colocó el ojo de sus inversiones en propiedades industriales, no agrarias. El asunto, en fin, es harto complejo, y los motivos que precipitaron una pequeña revolución industrial en Cataluña y no en el resto de España son objeto de continuo debate, pero su tejido industrial previo, su cercanía a las rutas comerciales mediterráneas y sus particularidades jurídicas y geográficas permitieron su rápido y excepcional despegue. Sea como fuere, el resultado fue un denso tejido industrial dedicado al algodón monopolístico para el que los sucesivos gobiernos liberales implementaron políticas proteccionistas que, si bien absolutamente necesarias para la competitividad real del textil catalán y del grano castellano — más caro que el ucraniano, menos rentable — , resultaron contraproducentes a la hora de desarrollar otros sectores.

Operarios sobre la locomotora de la línea Barcelona-Mataró, la primera realizada en España, en la temprana fecha de 1848.

Un aspecto lateral e interesante del temprano desarrollo de Cataluña será el surgimiento de un activo movimiento obrero en un periodo en el que, pese a los progresos y “libertades” económicas consagrados por el sistema liberal, la libertad de asociación y reunión aún estaba prohibida. A aquel intenso y muy activo sindicalismo primitivo debemos la primera huelga general de la historia de España, en 1855, y auténticos levantamientos de carácter proto-obrero en la ciudad de Barcelona, en especial el que Espartero hubo de acallar con un sonoro bombardeo en 1842 — y al que el nacionalismo catalán debe la frase de “ hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantenerla a raya”, fruto de las luchas obreras y no, ejem, nacionales — . A Cataluña se terminarían sumando otros nodos industriales como Málaga — cuyo temprano desarrollo fue coartado con rapidez — o País Vasco — terminadas las guerras carlistas y aprovechadas sus minas de hierro y cobre — , además de Zaragoza, Valencia o Alicante. Madrid permanecería como el nodo económico financiero y de servicios, no tanto industrial — aunque también, lógicamente — .

En fin, como quiera que los tumultuosos hechos de la década de los sesenta volvieron a asolar de inestabilidad e incertidumbre al país, no será hasta las décadas finales del siglo XIX cuando la industria despegue en España, y cuando los mercados locales y diversificados tradicionales del Antiguo Régimen — con sus pequeñas fábricas y talleres para todo en cada región del país — permitan la especialización — textil catalán, calzado alicantino, siderurgia vasca, etcétera — y la vertebración comercial de la nación gracias a las nuevas líneas de ferrocarril. Pero para cuando todo esto suceda, la Europa occidental caminará varios pasos por delante — en especial Reino Unido — y Alemania y Francia contarán con condiciones materiales, demográficas, geográficas y de capital mucho más ventajosas para un despegue industrial espectacular en la recta final del siglo XIX. España sólo observará un crecimiento similar en los años finales del siglo y durante las décadas posteriores del XX, pero siempre a remolque y en una posición muy inferior, en términos comparados, a sus vecinos europeos.


Con todo, el PIB español se contaba en la segunda línea de las economías europeas antes de que el golpe de estado y la Guerra Civil dinamitaran por completo la economía del país. Será entonces cuando, en efecto, España se recluya sobre sí misma y al siglo largo de disputas políticas y de proto-desarrollo económico moderno le suceda, como un resultado en apariencia determinado e inevitable, el triunfo de las fuerzas de la reacción, fuerzas que mantendrán a España en un estadio de letargo cultural, económico y político hasta su lenta liberación a partir de 1975. Para entonces, el fracaso ya sería tan irremediable que España, por más modernización que afrontara, sería un país irreformable, anclado en un pasado del que jamás se ha sabido desembarazar. Un discurso que alimenta, hoy en día, tanto a determinados sectores de la izquierda estatal como al nacionalismo catalán.

La burguesía revolucionaria es un libro viejo y, aunque muy detallado y prolijo en detalles, ha sido superado por otros trabajos posteriores más específicos en torno a las dos revoluciones del siglo XIX. Pese a ello, es útil para acceder a una lectura aproximada y global sobre los hechos concretos que cimentaron el estado liberal español, y muy rico a la hora de ilustrar cómo la actividad liberal, tanto en el campo de lo revolucionario como en el legislativo, fue muy intensa — más allá de los clichés sobre los espadones, los pronunciamientos y el caos inherente a tan gigantesco proceso de transformación, que los hubo — . Es un libro, en suma, que aporta luz y que, leído, ayuda a entender mejor qué fue de la España revolucionaria. De su teórico fracaso.

Personalmente, soy muy escéptico respecto al fracaso revolucionario y a los males derivados de España a posteriori. Una historia comparada revela cómo la España del XIX no fue tan excepcional en su apartado político, especialmente si pensamos en el largo periodo absolutista de Napoleón III en Francia o en los pobres sistemas parlamentarios prusianos y austrohúngaros, países que jamás se desembarazaron del intenso peso del estamento militar y nobiliario. La idea de un “fracaso” surge de un juicio valor a posteriori que trata de explicar en términos deterministas — la historia tiene una dirección inequívoca de progreso, asunto discutible — los complejos procesos de transformación de los estados europeos desde el Antiguo Régimen hasta la modernidad. España, como otros países, participó en esa transformación y se enfrentó a sus propios retos y obstáculos, y del resultado de sus condiciones y conflictos particulares surgió su sistema liberal. Mejor o peor, pero suyo.

Y si bien a nivel económico el retraso fue real, la asunción de “fracaso” se ve difuminada si se examinan las condiciones materiales sobre las que pivotó la economía española, y los gravosos condicionantes internos que limitaron su desarrollo.

En suma, sucede con el siglo XIX que ha sido mitificado en sentido pesimista por las élites progresistas del país, cuyo abandono consciente del legado liberal ha sido constante desde los tiempos de la II República hasta nuestros días. La inherente atracción por el “fracaso nacional” de la izquierda, respuesta natural al agotado y casposo triunfalismo patriótico de la derecha, está preñada de una memoria literaria, popular e histórica que dibuja líneas estereotipadas en torno a las revoluciones liberales, y ante todo fatalista. Un fatalismo sobre el hecho revolucionario que limita enormemente la comprensión de la historia reciente de España y de los interesantes y muy ricos acontecimientos narrados por Artola en su libro. Un fatalismo, ante todo, que jamás ha servido a ningún triunfo político progresista, en tanto que ha sido incapaz de leer con acierto las líneas maestras que determinaron la historia de España. Y cuando uno cuenta con un análisis desdibujado, sus soluciones, excepto en ocasiones fortuitas, suelen ser erróneas.