Alta en el cielo la vigilancia aérea que puede vulnerar derechos

Silvina Molina
Sep 8, 2018 · 5 min read

El uso de drones por parte de fuerzas de seguridad puede vulnerar los derechos a la privacidad, de expresión, de reunión y afectar la protección de datos personales. Hoy, con Argentina movilizada, el informe aporta datos para el debate ciudadano.

El uso de drones y globos aerostáticos para vigilancia en Argentina puede cumplir la función de “normalizar el comportamiento social” de acuerdo a los fines estatales, según una investigación que indagó sobre el uso de estos vehículos por parte de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y el Cuerpo de Investigadores Judiciales de la Ciudad.

En épocas de movilizaciones diarias en Argentina por el ajuste económico en organismos estatales, los despidos en el ámbito público y privado, la desfinanciación de la educación, la ciencia y la tecnología, el informe se impone vigente y vigilante.

El documento fue elaborado en base a pedidos de acceso a la información a los que tuvo acceso KBZ, los que fueron respondidos por el Ministerio de Seguridad de Nación, y parcialmente por el de Defensa.

“No recibimos respuesta del de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, contó a KBZ Leandro Ucciferri, abogado e investigador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), responsable del trabajo.

En el texto puede leerse que, de las cuatro Fuerzas que dependen de Seguridad nacional, solo la Policía de Seguridad Aeroportuaria no dispone de drones, mientras que Gendarmería, Prefectura y Policía Federal adquirieron un total de 34 drones a lo largo de 2015.

“El organismo nos informó que usan los drones para reconocimientos previos a las operaciones policiales y de fuerzas de seguridad, monitoreo y control del desarrollo de operaciones en tiempo real, de eventos de interés para la seguridad pública y/o emergencias, y en operaciones de búsqueda de personas y otros objetos”, resumió el investigador de la ADC.

La inversión total “fue de 12 millones de dólares, comprendiendo diversas tecnologías de origen israelí, desde radares hasta drones con autonomía de 15 horas y un rango operativo de 40 kilómetros”, detalló el informe publicado en diciembre de 2017.

Defensa “nos dio una respuesta parcial, amparándose en la ley de Inteligencia, por lo que completamos la investigación con notas periodísticas con declaraciones de funcionarios y documentos a los que tuvimos acceso”, relató el investigador.

Así el estudio incluyó que a comienzos de 2015 Defensa presentó oficialmente el proyecto Sistema Aéreo Robótico Argentino” (SARA) para el desarrollo de VANTs (siglas de vehículos aéreos no tripulados) junto a la empresa estatal INVAP, según lo publicando en el Boletín Oficial, contrato suscripto en diciembre de 2014.

En la respuesta brindada a ADC, Defensa informó que “se encuentran evaluando la reformulación del contrato con INVAP”.

También el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires utiliza drones desde 2015 “e incluso tienen una escuela de entrenamiento para pilotar los vehículos y los imprimen en 3D”, compartió el abogado.

El CIJ utiliza los drones principalmente para la planificación o el desarrollo de la estrategia en el lugar geográfico en donde se llevará a cabo un operativo y a futuro planea poder utilizarlos para realizar monitoreo de redes WiFi en un edificio en casos de allanamientos, sintetizó el documento.

Además “una de sus prácticas habituales, por ejemplo en casos de pornografía infantil, es dirigirse al lugar del hecho e inspeccionar por redes Wifi abiertas, tratando de identificar la del presunto autor del delito”, se explicó en la investigación.

En relación al uso de VANTs por parte del Gobierno porteño “como no tuvimos respuesta, ya que hay reticencia a dar información a la sociedad civil, relevamos información de prensa sobre el ‘Metrocóptero’, el primer drone operativo oficialmente utilizado en procedimientos reales, que creemos sigue utilizándose”.

“Alto en el Cielo”, como se titula la investigación, abarcó también el Sistema Aerostático de Vigilancia, presentado por el Gobierno porteño en julio del año pasado, que incorporó al denominado Anillo Digital para monitorear los puntos de entrada y salida de la ciudad a lo largo de las autopistas La Plata-Buenos Aires y General Paz.

El dispositivo cuenta con lectores automáticos de patentes (en inglés ALPR, o Automated License Plate Recognition) para identificar todos los vehículos que transiten por estos caminos.

“Este sistema consiste en un globo que se eleva hasta 300 metros de altura, equipado con tres cámaras que brindan una vista en 360 grados, con la posibilidad de seguir objetivos a más de dos kilómetros de distancia, visión nocturna y transmisión de video en tiempo real, diseñado para brindar capacidades de vigilancia desde un punto estático”, precisó el relevamiento.

Las imágenes “son enviadas a una base terrestre en la cual un equipo especializado puede encargarse de utilizarlas, por ejemplo, con fines de monitoreo, identificación o seguimiento de personas”.

Se usa en otros países de América Latina y en 2015 se judicializó en Chille, llegando hasta la Corte Suprema, tras el amparo iniciado por dos ONGs que buscaban terminar con el uso de esta tecnología con fines de vigilancia.

La Corte chilena reconoció que las cámaras “son capaces de atentar contra los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar, sin embargo admitió la continuación en el uso de este sistema estableciendo una serie de medidas que pretenden limitar la invasión en la vida de los habitantes”.

“Por eso decimos que el uso de vehículos aéreos no tripulados -por las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad a nivel nacional, provincial y municipal- puede vulnerar derechos como la privacidad y diversas libertades (de expresión, reunión, asociación), así como también el marco normativo para la protección de datos personales”, resaltó Ucciferri a KBZ.

Y añadió que las preocupaciones sobre la violación de la privacidad “no deben ser exclusivamente consideradas cuando es el Estado o las corporaciones del sector privado quienes las llevan adelante. Los drones también permiten un gran margen de abuso por parte de los particulares”.

Las respuestas que recibieron de los organismos y las no respuestas “nos hacen sospechar que no existen protocolos para el uso de VANTs y su impacto en los derechos humanos”, añadió.

Por eso “es esencial el debate público y Alto en el Cielo es un aporte en ese sentido”, destacó el abogado.

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