TPP
El Acuerdo Estratégico Trans Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés, Trans Pacific Partnership), es un tratado de libre comercio multilateral entre las economías de la región del Asia-Pacífico. El tratado fue firmado originalmente por Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, en junio de 2005 y entró en vigencia en 2006. El verdadero impulso del TPP ocurrió cuando Estados Unidos expresó su interés por la zona de Asia Pacífico y se unió en 2008. El propósito del acuerdo original era eliminar el 90% de los aranceles entre los países miembros en. 2006, y eliminarlos completamente antes del 2015.
Las negociaciones del TPP se centran en más de 20 mesas de trabajo, incluyendo agricultura, aduanas, bienes industriales, reglas de origen, textiles, servicios, servicios financieros, movilidad de personas de negocios, inversión, telecomunicaciones, competencia/empresas comerciales del Estado, comercio y medio ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad intelectual, comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas legales/institucionales.
México y otros once países de la cuenca del Pacífico ya acordaron este lunes un pacto comercial que establecerá estándares comunes para sus países miembros. Los 12 países del TPP son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos.
Sin embargo, la realidad se centra en que Estados Unidos ha encontrado en estos espacios de negociación internacional el escenario perfecto para imponer sus intereses en pro de la protección de sus industrias nacionales y exportar a otros estados su visión sobre la exigencia de las normas sobre derechos de autor. Con frecuencia, estas propuestas por mayor protección implican recortar ciertas libertades o generan conflictos con otros derechos. La propuesta estadounidense ha sido acusada de ser excesivamente restrictiva, introduciendo fuertes medidas de protección de la propiedad intelectual, aún más severas que las del tratado de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos y al Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), e incluso han sido comparadas al polémico proyecto de ley Stop Online Piracy Act (SOPA).
Por otro lado, podría afectar la disponibilidad de medicamentos genéricos en los países en desarrollo, ya que una de muchas regulaciones, incluye un período de exclusividad para los medicamentos biológicos, que son derivados de los organismos vivos, y la protección de patentes para los productos farmacéuticos.
Varias organizaciones de derechos humanos han criticado que el tratado se haya discutido en secreto, sin que el público en general pueda conocer sus propuestas ni intervenir sino hasta que el acuerdo se encuentre firmado, e incluso parlamentarios de los países involucrados no han podido acceder a los documentos libremente. El TPP podría obligar a imponer más y mayores obligaciones a los intermediarios en Internet (como redes sociales, blogs o empresas de conexión a Internet) por lo que hacen sus usuarios. De esa forma, en lugar de tratarlos como simples mensajeros pasarán a responsabilizarlos de cualquier infracción a los derechos de autor que cometan sus usuarios. Para las empresas, la única manera de excluirse de esa responsabilidad será colaborar con el titular de contenidos sancionando al usuario con la eliminación del contenido, la identificación del usuario o, incluso, el bloqueo o desconexión del supuesto infractor. Todo ello, sin intervención judicial, tal como funciona en Estados Unidos. Estas nuevas obligaciones pueden terminar convirtiendo a los intermediarios en policías de sus propias redes, afectando la privacidad de los usuarios, cuyos contenidos serán inspeccionados, y reduciendo los espacios para la libre expresión. Al mismo tiempo, aumentarían los costos fijos de todas las empresas que presten servicios intermediarios en Internet y desincentivarían la pequeña y mediana inversión en ese sector.
Es preocupante lo que puede resultar de las negociaciones del TPP bajo el panorama descrito. De aceptarse la propuesta de Estados Unidos, nuestro país aumentaría los estándares internacionales de protección de derechos de autor a los que está comprometido. México estaría importando a su legislación nacional las partes más polémicas de las leyes de copyright de Estados Unidos, sin incorporar también su sistema de usos justos flexibles, que ha permitido que la libertad de expresión y la innovación tecnológica florezcan en ese país. La oposición debe ser en torno a que esa protección se otorgue a cualquier costo y entrando en conflicto con nuestros derechos fundamentales. El Estado Mexicano debe de aclarar su posición sobre el tema y establecer límites no negociables en este tratado que garanticen el respeto de la libertad y la soberanía del país, ya que la justificación por parte de las autoridades del país con respecto a un potencial crecimiento en el sector laboral no es suficiente.
