Agencias de seguridad favorecen aumentar las penas por disparar en zona escolar

Capitolio — La Policía de Puerto Rico y los Departamentos de Justicia y Corrección y Rehabilitación avalaron con enmiendas el Proyecto del Senado 296 que enmendaría la ley de armas y que para propósitos de sentencia se considere agravante disparar en zona escolar y universitaria.

El coronel Carlos Rivera Otero de la Policía de Puerto Rico reveló en la vista pública que “desde que se implantó el sistema de detección de disparos “ShotSpotter” se han registrado 7,134 incidentes con armas de fuego en las zonas escolares donde opera el sistema”, lee la ponencia de la Uniformada presentada ante la Comisión de Seguridad Pública.

“Según el informa ‘Fusion Center’ existen 632 zonas escolares y/o universitarias en el perímetro monitoreado por el sistema de detección de disparos. La zona de San Juan es la de mayor incidencia con 88 zonas escolares y 5,224 incidentes reportados”, agregó.

El “ShotSpotter” está instalado en los municipios de San Juan, Bayamón, Trujillo Alto, Carolina, Caguas y Cayey.

“Desde el ámbito de seguridad pública, la Policía mantiene un compromiso férreo de proteger la vida y la propiedad del colectivo. No obstante, en el caso de los menores de edad, ese compromiso adquiere una relevancia especial, porque se trata de un sector de mayor indefensión”.

La Policía solicitó que se enmiende el PS 296, para que “en vez de considerarse un agravante, sea delito grave apuntar con un arma de fuego o disparar en zona escolar. Además recomendó que se que extienda el área demarcada en el proyecto como zona escolar, el edificio principal, anexo, jardín y el área de estacionamiento de las escuelas”.

Por su parte, el Departamento de Justicia solicitó que se aclare en el proyecto si la conducta que se pretende castigar aplicará fuera de horario escolar y en escuelas que no estén en uso.

De otra parte, Eric Ramírez comisionado de seguridad del Departamento de Educación apoyó la medida porque “es cónsona con la Política Pública sobre la portación y posesión de armas en las escuelas e instalaciones del Departamento de Educación”.

“Debemos tomar acciones afirmativas para dejar un mensaje claro a los criminales de que las zonas escolares y universitarias deben ser respetadas”, sostuvo.

Neumann Zayas indicó “que la Comisión estará analizando las recomendaciones de las agencias para enmendar la medida con el fin de fortalecer la intención legislativa del proyecto”.

El Proyecto del Senado 296 establece una pena máxima de 10 años de reclusión sin derecho a sentencia suspendida o libertad bajo palabra. La medida dispone que si la persona resultara convicta de utilizar el arma de fuego en zona escolar, deberá cumplir la totalidad de la pena impuesta y no tendrá derecho a sentencia suspendida, salir en libertad bajo palabra o disfrutar de programas de desvío, bonificaciones o alternativa que no sea la reclusión.

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