Contaminación industrial pone en peligro comunidades costeras en Nueva York
Por Nicole Acevedo y Brett Dahlberg
29 de diciembre de 2017
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Gran parte de las costas de la ciudad de Nueva York están designadas para uso industrial. Como consecuencia, muchas áreas dentro de las 520 millas de costa que circunda la ciudad se encuentran entre los lugares más contaminados. Decenas de plantas industriales en esta área almacenan químicos tóxicos en zonas que el gobierno federal considera propensas a inundaciones.
Este problema se intensifica a medida que el nivel del mar va aumentando a causa del calentamiento global.
Las preocupaciones entorno a la contaminación industrial en áreas costeras salieron a relucir tras el paso del huracán Sandy hace cinco años atrás, cuando las zonas industriales en las costas de Nueva York quedaron bajo agua.
En aquel entonces, la ciudad prometió evaluar los daños causados por estas inundaciones, ayudar a los propietarios de negocios que se vieron afectados, y al mismo tiempo aplicar de forma estricta las regulaciones impuestas por las agencias de gobierno sobre el uso de sustancias tóxicas. Cinco años más tarde, lo que se puso en práctica no está a la par con las promesas que hizo la ciudad luego de Sandy:
- La mayoría de las sustancias químicas peligrosas, cuya existencia ha sido reportada al gobierno de la ciudad, aún se almacenan en zonas costeras propensas a inundaciones.
- Una revisión de registros de llamadas al 311 durante los últimos siete años muestra que la mayoría de las quejas sobre químicos derramados o abandonados provienen de los vecindarios cercanos a la costa.
- La ciudad nunca estudió exhaustivamente los problemas de salud relacionados a la contaminación causada por el huracán Sandy.
- Una ley diseñada para garantizar que el público tenga acceso a información relacionada al almacenamiento y existencia de químicos tóxicos en sus barrios es en gran parte ineficaz hoy día.
- Los dueños de negocios no saben qué reglas deben seguir para almacenar sustancias químicas. Una junta de la ciudad diseñada para ayudar a las personas a entender la ley que impone estas reglas, para así crear planes de emergencia efectivos, es imprecisa.
El Derecho A Saber
Hasta hace unos años atrás, Joel Shufro era parte de la Junta Asesora de Sustancias Peligrosas de la ciudad de Nueva York. Este organismo público poco conocido se encarga de supervisar la llamada Ley de Derecho de la Comunidad A Saber, mejor conocida por su nombre en inglés “The Emergency Planning And Community Right-To-Know Act”. Esta ley se aprobó hace tres décadas atrás y la misma fue diseñada para garantizar que los ciudadanos tuvieran acceso a información que les permitiera saber qué químicos o productos tóxicos hay en sus vecindarios. La intención detrás de la ley era garantizar que las empresas cumplieran con los requisitos necesarios para almacenar sustancias tóxicas de forma segura.
Shufro recuerda el día en que se dio cuenta de que el nombre de la ley no tenía sentido.
La Junta Asesora de Sustancias Peligrosas había organizado una audiencia pública sobre una propuesta para comenzar a etiquetar tuberías que transportaban sustancias tóxicas. Era un asunto rutinario recuerda Shufro, excepto que esta vez, “entró la policía y simplemente se volvieron locos”, dijo. Según Shufro, ellos estaban reclamando que la ciudad no podía obligar a las compañías a divulgar información sobre la presencia de químicos peligrosos en sus empresas.
La Ley de Derecho de la Comunidad A Saber se aprobó en 1986 después de derrames tóxicos a nivel mundial, incluyendo uno en Bhopal, India donde al menos 4.000 personas murieron y cientos de miles resultaron heridas. La junta a la cual pertenecía Shufro fue creada bajo esta ley. La misma está supuesta a reunirse cuatro veces al año para analizar cómo la ciudad regula químicos tóxicos y cómo asegurar que las empresas utilicen y almacenen químicos de manera segura. Este organismo solía ser muy transparente en sus reuniones y con grupos ambientalistas, con el objetivo de ayudar a las personas a estar mejor informadas sobre qué sustancias químicas se estaban siendo utilizadas en sus vecindarios o cerca de sus escuelas, dijo Shufro.
Después de los ataques del 11 de septiembre, las preocupaciones sobre el terrorismo superaron las preocupaciones ambientales, y la junta comenzó a funcionar más como una reunión de agencias de gobierno y menos como una agencia de responsabilidad pública.
“Pasó de ‘derecho a saber’ a ‘derecho a no saber’”, dijo Shufro, quien fue uno de dos representantes civiles en la Junta Asesora de Sustancias Peligrosas por más de una década.
Los representantes de los departamentos de la policía y los bomberos de la ciudad que sirvieron en la junta junto a Shufro comenzaron a pensar que el acceso público a información relacionada con sustancias tóxicas almacenadas en la ciudad era una forma de darle esa información a los terroristas, dijo Shufro.
El Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Bomberos no dieron declaraciones sobre su participación en el consejo. El Departamento de Protección Ambiental, que supervisa la junta, no respondió a varios correos electrónicos y llamadas telefónicas preguntando al respecto.
La Junta Asesora de Sustancias Peligrosas es una pequeña parte de los esfuerzos de la ciudad de Nueva York para mitigar los riesgos causados por los productos químicos que miles de empresas utilizan a diario, pero al mismo tiempo es indicativa del sistema impreciso que rodea Ley de Derecho de la Comunidad A Saber.
Las tintorerías, fábricas y talleres de reparación de autos usan sustancias que caen bajo la jurisdicción de la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber. Muchas de estas empresas se encuentran a lo largo de las costas. A medida que los niveles del mar aumentan y que las tormentas se intensifican, los defensores del medio ambiente dicen que la ciudad no cumple con sus obligaciones de informar al público y ayudar a las empresas a mantener sus productos químicos en áreas seguras.
Peticiones Denegadas
En la década de los 1990's, los neoyorquinos estaban en el proceso de reconocer que lo que está dentro de las fábricas vecinas puede afectar las comunidades en las que viven, dijo Shufro. El esperaba que esta concientización se convirtiera en un movimiento que frenara el uso de químicos tóxicos. Sin embargo, los ataques terroristas hicieron que ese no fuera el caso.
Philip Weinberg, quien enseña derecho ambiental en las universidades de Columbia y Pace, y fue miembro de la junta junto a Shufro. Para Weinberg, la iniciativa de las autoridades de mantener esta información secreta tras los ataques del 11 de septiembre es apropiada. La preocupación sobre represalias era real. El consejo necesitaba cambiar sus prioridades y dejar de informar al público, dijo Weinberg. Desde ese momento, los únicos con acceso a esta información son la policía, los bomberos y personal de servicios de emergencias.
Este cambio evaporó el énfasis en el compromiso comunitario y la educación.
“Después del 9/11 — que realmente pisó el freno, después de eso — la información realmente solo estaba disponible para las agencias gubernamentales “, dijo Weinberg.
Weinberg y Shufro formaron parte de la Junta Asesora de Sustancias Peligrosas durante casi dos décadas. Ninguno de los dos tienen memoria de la existencia de algún registro escrito donde se documentaran las conversaciones que nublaron la transparencia del organismo gubernamental, pero una investigación del New York City News Service encontró que esta junta es básicamente inmune al escrutinio público.
Una búsqueda exhaustiva de archivos de la ciudad, registros públicos de las reuniones oficiales y contratos de la ciudad de Nueva York, reveló que no existe ningún tipo de documentación sobre las reuniones de la Junta Asesora de Sustancias Peligrosas entre el 2012 y el 2017.
El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad no respondió a varios mensajes de voz y correos electrónicos solicitando información sobre la junta y sus reuniones.
Cuando una periodista de nuestro equipo visitó las oficinas del Departamento de Protección Ambiental en Queens para preguntar sobre la junta, un guardia de seguridad la condujo a una habitación en la parte trasera del edificio e hizo varias llamadas telefónicas antes de informarle que no había nadie en la oficina disponible y que ella necesitaría ponerse en contacto con la misma oficina de prensa que no había devuelto las llamadas anteriores.
Robert Freeman, director ejecutivo del New York Committee on Open Government, un grupo independiente de vigilancia estatal, se rió de la idea de que sería apropiado que esta junta condujera sesiones a puerta cerrada fuera del escrutinio público. “Eso es absurdo”, dijo Freeman. “La junta es un organismo público sujeto a la ley de reuniones abiertas “.
Muchos defensores del medio ambiente como Pamela Soto, quien trabajó como analista de investigación en la Alianza de Justicia Ambiental de la ciudad durante tres años antes de partir en octubre, están familiarizados con dichos obstáculos.
Según Soto, la ciudad dificulta cualquier esfuerzo utilizado para obtener información sobre el almacenamiento de sustancias tóxicas. “No debería ser un proceso tan complicado para obtener esta información. Creo que lo hacen intencionalmente difícil “, dijo Soto. “La ley debería llamarse el derecho comunitario a N-O”.
Para propósitos de esta historia, se solicitaron una serie de documentos relacionados a la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber que van desde registros de acciones contra infractores de la ley, hasta los formularios presentados anualmente por las empresas que siguen la ley. En todos los casos, la ciudad no respondió a la solicitud o se negó a compartir los documentos, diciendo que hacerlos públicos “podría poner en peligro la vida o la seguridad de un individuo”.
Ejecución
Tanto los grupos empresariales como los defensores del medio ambiente afirman que la falta de transparencia de la ciudad crea una pesadilla reglamentaria para los que tratan de supervisar el cumplimiento de la ley y para los negocios que tienen que cumplir con la ley.
El Departamento de Protección Ambiental se negó a divulgar los registros que enumeran a los infractores de la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber, pero una revisión de millones de registros disciplinarios del tribunal administrativo de la ciudad revela cientos de empresas reincidentes. Desde el paso del huracán Sandy en el 2012, la ciudad ha multado 173 empresas por violar la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber más de una vez.
Una vez el gobierno comprueba que la empresa no ha cumplido con la ley, la empresa recibe una multa, la pagan, y al próximo año lo mismo ocurre nuevamente.
Muchos de estos negocios reincidentes se encuentran en zonas donde el gobierno federal anticipa inundaciones frecuentes gracias al acelerado cambio climático y el aumento del nivel del mar. Más de una docena de estos negocios están localizados en cuadras que se inundaron durante el huracán Sandy.
John Lipscomb, un activista ambiental que forma parte del grupo Riverkeeper, dijo que Sandy debió haber sido un toque de atención. “No tenemos idea de la gran cantidad de productos químicos que se enviaron al puerto de Nueva York después de Sandy”, dijo Lipscomb.
Las empresas que almacenan o utilizan químicos tóxicos por encima de una cierta cantidad límite, bajo la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber, están obligadas a completar un formulario anual que enumere los productos químicos que están usando o almacenando y en qué cantidades. La multa por no presentar este formulario puede llegar a 50.000 dólares. Aun así, muchos propietarios de negocios ni siquiera saben sobre la existencia de esta ley o como les afecta.
“¿Tengo que solicitar el Derecho A Saber? Ni siquiera sé “, dijo Lili Rockler-Jackson, quien dirige una ebanistería en Greenpoint, Brooklyn. Ella dijo que desconocía si su negocio tiene que cumplir con esta ley o no, pero le pareció preocupante que no aprendió sobre estas regulaciones antes. No fue hasta que se presentó a una mesa redonda empresarial que escuchó de ellas, meses después de la fecha límite para presentar el formulario.
No solo los dueños de negocios quedan excluidos del proceso, industrias enteras no cumplen con la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber. Durante su tiempo en la Junta Asesora de Sustancias Peligrosas, Shufro se dio cuenta de que los tintoreros — que regularmente usan químicos altamente tóxicos — no estaban reportándole a la ciudad dicha información.
El Departamento de Protección Ambiental reconoce que se les hace difícil lograr que la gente cumpla con la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber y asegurarse de que todos completen sus informes anuales. Así lo declaran en todos sus informes anuales desde el 2014: “Hay muchas instalaciones que están supuestas a cumplir con la Ley de RTK (Derecho A Saber), y es posible que muchas no saben que tienen que cumplir con este requisito “.
Nova Restoration, una empresa que se encuentra en una zona propensa a inundaciones en Greenpoint, pagó dos multas en ocasiones separadas por no cumplir con la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber el año pasado. El negocio está a una cuadra de lo que la ciudad designó como una “ruta de evacuación costera”. En esa área viven residentes como Ben King y su familia. El dijo que Greenpoint es conocido por derrames de sustancias químicas y la contaminación del suelo.
Nova Restoration no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los empresarios no son las únicos que sufren las consecuencias de esta ley imprecisa. La ciudad ha multado a sus propios departamentos gubernamentales 18 veces desde el paso del huracán Sandy por no cumplir con la Ley de Derecho de la Comunidad A Saber.
Pasando La Página
En el 2013, la ciudad de Nueva York se comprometió a desarrollar un “catálogo de mejores prácticas” para almacenar productos químicos peligrosos cerca de las costas. Este catálogo aún no existe.
Cinco años después de Sandy, ningún organismo gubernamental, ni la agencia federal de protección ambiental, ni las agencias ambientales estatales o locales, han realizado un estudio exhaustivo para determinar qué contaminantes se filtraron en las aguas o en el suelo de las zonas industriales.
En las semanas posteriores a la tormenta, un grupo de trabajo federal recomendó una investigación sobre los impactos de las aguas contaminadas contaminación que inundaron la ciudad en la salud de los neoyorquinos. Esa investigación nunca se llevó a cabo.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) hizo pruebas de agua en dos partes del Newtown Creek, entre Brooklyn y Queens, en los días posteriores a Sandy. La agencia encontró altos niveles de bacterias, pero entendieron que la contaminación química presente no representaba una amenaza para la comunidad. Cinco años más tarde, la EPA aún dice que hay “información insuficiente” para determinar si la exposición humana a productos químicos está bajo control.
“Bueno, no sé qué decir. Esa no es una lista inspiradora de éxitos, ¿verdad?”, dijo Lipscomb, defensor ambiental de Riverkeeper.
