La economía durante el gobierno de Alfonsín
La cuestión económica era extremadamente grave y condicionó las políticas de gobierno. La inflación se había acelerado desde mediados de 1982. Junto con el déficit fiscal y la deuda externa, que seguía creciendo, constituía la parte más visible del problema. El Estado había asumido la deuda en dólares de los particulares, cargaba con el pago de unos servicios que insumían una buena parte de sus ingresos. Esas cuestiones se refinanciaban gracias al FMI, que a cambio presionaba al gobierno para que adoptara políticas que priorizaran la capacidad de pago.
Durante el primer año del gobierno radical, la económica quedó en manos del ministro Bernardo Grinspun, quien buscaría una salida política a los problemas financieros. Quería que se auditara la deuda para declarar su nulidad por ilegítima. Procuraba organizar el llamado Club de deudores, que finalmente fue desmantelado por presión de los acreedores, FMI y Estados Unidos. Grinspun apuntaba a fortalecer el mercado interno mediante el aumento de salarios, junto con créditos para empresarios medios, con control de tarifas y tipo de cambio alto. Se complementaba con importantes medidas de acción social, como el Programa Alimentario Nacional (PAN), que se hizo conocido por su Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza.
El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, así como la oposición activa de los grupos de poder (los empresarios cuestionaron el gasto y la intervención estatal, la CGT se movilizó por razones sindicales y políticas), determinaron el fracaso del plan económico de Grinspun. El fallido diagnóstico del ministro residía en que no tomaba en cuenta la radical transformación de las condiciones económicas luego de 1975. Se necesitaba una reestructuración, pero las soluciones de fondo fueron postergadas por el gobierno, cuya prioridad era consolidar la débil democracia. Quince meses después de haber asumido, la inflación era de 626 por ciento anual, lo que puso punto final a su gestión.
Sourrouille, con un perfil más técnico y menos político, asumió el Ministerio de Economía. Su objetivo era estabilizar la situación en el corto plazo a través de un fuerte shock, de modo de poder crear las modificaciones más profundas. Lo primero era detener la inflación. Se congelaron los precios, salarios y tarifas de servicios públicos, se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal. En junio de 1985 se adoptó finalmente el Plan Austral que contaba con la aprobación del FMI y las autoridades económicas del gobierno de los Estados Unidos. El plan cambió el signo monetario, quitó tres ceros al peso argentino y lo convirtió en Austral. Ante la baja brusca de inflación se estableció un desagio, por el cual el peso argentino se depreciaba frente al austral a una tasa de inflación anterior a la entrada en vigencia del plan. El Plan Austral funcionó bien al principio. Se logró reducir la inflación (la tasa mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo) e incrementar los salarios reales, pero estos resultados no perduraron, debido a que no se corrigieron los desequilibrios fiscal y externo.
En 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período). Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.
En 1988 el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.
El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación alcanzó 78% en mayo. La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% y al récord histórico de 47% en octubre del mismo año.
Bibliografía:
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❖Quiroga, Hugo, “La reconstrucción de la democracia argentina”, en Suriano, Juan, Dictadura y democracia: 1976–2001. (Nueva historia argentina) Buenos Aires: Sudamericana 2005.
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