Tu sexualidad es libre… si te dejan, claro

Hace un rato me he topado con esta noticia en internet:

El TC ampara a un farmacéutico que por motivos de conciencia no quería vender la píldora abortiva
El Tribunal Constitucional ha revocado la decisión de la Junta de Andalucía de sancionar con una multa de 3.300 euros a un farmacéutico de Sevilla que alegó motivos de objeción de conciencia para no contar en su establecimiento con la llamada ‘píldora del día después’. Se trata de un producto cuyo principio activo es el levonorgestrel, que tiene efectos abortivos. Está incluido en la lista mínima de medicamentos de los que deben disponer obligatoriamente las farmacias de la comunidad andaluza.
Actualización 07.07.2015: Como bien dice Clara (@rhoeas), el artículo tiene un gravísimo error en el titular, que repite también en el texto: El levonorgestrel no es una píldora abortiva, sino un anticonceptivo de urgencia que impide la fecundación. Por ello se entienden todavía menos los argumentos del TC en su sentencia. Hay tres votos discrepantes, el más duro de los cuáles es el de la magistrada Adela Asúa, comentado por @monerrima en su cuenta de Twitter (a partir de aquí).

A esto ha seguido una corta conversación con @rhoeas y @joansinmiedo sobre la sentencia, a partir de la cuál me ha surgido un mar de dudas y preguntas, que lanzo al aire para ver si entendidos en los temas que planteo (principalmente el Derecho Constitucional) son tan amables de resolverlas.

Empecemos por la sentencia en sí: el recurso al TC proviene de una farmacia sevillana que se niega a dispensar tanto la píldora del día siguiente (PDS) como preservativos. El dueño alega cuestiones de conciencia, pues su ideología, su religión o lo que sea considera que el uso de la PDS equivale a un aborto, y él es contrario al aborto. La Junta de Andalucía lo sanciona correspondientemente, pues la PDS es uno de los productos que, por ley autonómica, han de estar obligatoriamente disponibles en las farmacias. El dueño denuncia la sanción y, por acortar, el proceso llega al Constitucional, que resuelve en su favor(1). El Tribunal dictamina que la objeción de conciencia entra dentro de la libertad ideológica que la Constitución expresamente protege y, por tanto, la Junta no puede obligar al farmacéutico a ir contra su conciencia. Pero señala dos puntos interesantes, además: uno, que la sanción autonómica no proviene de la negativa en sí a dispensar la píldora, sino de incumplir la obligación de tenerla (que es lo que el TC considera inconstitucional). El segundo, que el propio procedimiento sancionador no indica riesgo para el usuario, pues dicha píldora sí estaba disponible en otras farmacias cercanas. Y yo encuentro estos puntos contradictorios en sí. Más sobre esto enseguida.

Vamos con las dudas, y a partir de aquí ruego que se me corrija todo lo necesario aprovechando el sistema de notas (al lado de cada párrafo hay un signo “+” que les permite dejar comentarios libremente). Mi primera duda reside en la propia condición de las oficinas de farmacia: si no me equivoco, una farmacia sigue siendo una concesión administrativa. Por ley, su número depende de la población donde se ubiquen, y la distancia entre ellas está limitada (aunque hay ciertas formas “tramposas”, si se me permite la expresión, de saltarse esas restricciones); hasta hace relativamente poco observaban un horario de apertura estricto; y el otorgamiento de una oficina a un solicitante está gestionado por los Colegios de Farmacéuticos, que establecen una lista de espera larga y penosa, pero que permite que los ya concesionarios puedan ceder el negocio a sus herederos (con la correspondiente titulación, obviamente) si estos así lo solicitan. Vamos a decirlo de esta manera: una oficina de farmacia es un negocio seguro, más o menos boyante gracias a sus restricciones y, una vez dentro del sistema, enormemente clasista.

Entiendo que las restricciones, buenas para el negocio del que lo tenga, suponen unos derechos adquiridos. Sin embargo, al formar la farmacia parte del sistema sanitario, también debería comportar unas obligaciones inexcusables. Y una de ellas sería la de disponer siempre de productos como la PDS o los preservativos, esenciales para una salud sexual que merezca llamarse así. Es curioso, porque el TC no aprecia problema de conciencia “constitucionalmente relevante” en el caso de los profilácticos y devuelve la pelota a la Junta para que sea ella quien decida si sancionar o no. Diría que tiene sentido: los preservativos cumplen una función primordial en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y no sólo se usan para evitar embarazos. Y cuando toca comprarlos durante horas intempestivas, no hay alternativas a una farmacia de guardia o de las que abren 24 horas. En el caso de la PDS es mucho más grave, porque la farmacia es dispensador único y exclusivo, precisamente por su carácter de medicamento agresivo.

Lo que me choca de esto, y aquí viene mi segunda duda, es que el TC no entra en el fondo de la cuestión (y no sé si está en sus funciones), que es precisamente éste: si tu negocio depende de una licencia emitida por una Administración Pública, que además limita el número de las que se pueden otorgar, y si tu negocio está incluido en un sistema de sanidad pública, ¿puedes realmente negarte a dispensar lo que dicho sistema, del que dependes incluso económicamente, te prescribe por ley? Yo entiendo que no, y por eso creo que la sentencia del TC está equivocada, al menos en la forma de abordar el problema que se le ha planteado.

Por los mismos argumentos, considero que basar la decisión en la disponibilidad del producto en farmacias cercanas es un error de bulto y que ignora, no sé si conscientemente, lo que detrás subyace. Aquí hablamos de Sevilla, una ciudad grande y menos conservadora de lo que pudiera parecer; por ello, siempre va a ofrecer posibilidades para soslayar el problema que la farmacia de la calle Tetuán ha presentado. Pero supongamos una ciudad más pequeña, o mucho más conservadora, o donde no haya tantas oficinas de farmacia, o que esté fuertemente dominada por una corriente de pensamiento religiosa que pringa cualquier quehacer diario. Seguro que pueden identificar algunas sin que yo se las nombre. Supongamos, pues, que esa pareja que, por la razón que sea (en general un descuido, pero no necesariamente), precisa de la píldora del día siguiente; un medicamento cuya funcionalidad se apoya principalmente en que se administre con cierta rapidez. Supongamos que va a una farmacia que comparte “ideología” con la de Sevilla. Supongamos que le niegan el producto (no quieren, no tienen, no se ven obligados a tenerlo). Supongamos que van a la farmacia de al lado, o a la de al lado de la de al lado, y se topan con la misma respuesta. Corre el tiempo y, con suerte, se la podrán dispensar en un hospital. Pero… ¿y si no? ¿Se está realmente obligando a una pareja a buscar un aborto porque al señor farmacéutico, a la señora farmacéutica, no les ha salido de sus beatos principios dispensarles un medicamento que necesitan? La sentencia del Constitucional parece abrir la puerta a eso, al poner la ley de un dios por encima de la de los hombres.

Quiero volver, y perdonen la insistencia, a lo de más arriba para que entiendan por qué la decisión del TC me parece muy discutible. Puedo entender, aunque no lo comparta, que para un médico practicar un aborto sea moralmente malo. Puedo entender, aunque no lo comparta, que un farmacéutico considere que vender tal o cual producto tenga una consecuencia que le resulte moralmente mala. La conciencia de cada uno es personal y con ella vive su vida. Pero desde el momento en que aceptas unirte a un sistema que te concede unas ventajas que no tiene casi ningún otro tipo de negocio (y bien que los farmacéuticos se aprovechan de esas ventajas y las defienden a muerte, a veces incluso a costa de sus usuarios), es tu obligación seguir las directrices de ese sistema. No estamos hablando de una frivolidad, ni de un juego, esas frases que los objetores de conciencia gustan de usar cuando al aborto o a la anticoncepción se refieren. Estamos hablando de salud pública, de la que tanto el médico como el farmacéutico son responsables directos y obligatorios. Una mujer no puede abortar en un spa. Una pareja no puede comprar la mayoría de métodos anticonceptivos ni la PDS en un supermercado. Por eso, aquellos que sí están facultados para dispensarlos contraen una obligación que entiendo irrenunciable, diga lo que diga el TC.

Pero claro, el Tribunal Constitucional en España es, al final, la ley. Y puesto que ha decidido que la objeción de conciencia está por encima de la salud pública, entiendo que quedan pocas salidas para solventar este dilema. A bote pronto sólo se me ocurren dos: liberalizar por completo el establecimiento y los horarios de farmacias y desmantelar de una vez por todas el arcaico Colegio de Farmacéuticos.

Igual entonces, ya dentro de un mercado completamente libre (quién me iba a decir a mí que defendería esto alguna vez… pero oigan, aquí procede) e independiente de un gremio cerrado y numerado, la objeción de conciencia ya no resultaba tan insuperable. Que si he visto librerías propiedad del Opus vendiendo literatura erótica, esto no me sorprendería nada de nada.

Actualización: el post ha disparado otro interesante debate, y es qué sucede cuando la elección de farmacia no es posible (ciudades pequeñas o pueblos, escasez del turno de guardia, otras consideraciones que impiden buscar una farmacia cercana). La pregunta que me planteo ahora es si la Junta podría intentar de nuevo el procedimiento sancionador basándose en eso, con la posibilidad de que un recurso a la sanción vuelva a acabar en el TC. Y si el TC tendría que admitirlo a trámite, claro. Lo dejo en el aire y pido, de nuevo, opiniones de expertos en derecho, si les apetece contestar.