EL CONGRESO DE LA REPUBLICA ES RESPONSABLE DE APROBAR UNA REFORMA CONSTITUCIONAL A LA ALTURA DE LOS GUATEMALTECOS, DE SU HISTORIA Y DE SU ANHELO DE JUSTICIA

Las reformas constitucionales del sector justicia surgen de la necesidad de cambiar el sistema de comisiones de postulación, después de comprobarse que el modelo vigente propicia el tráfico de influencias y politización de las autoridades judiciales — como se observó en los casos de Gudy Rivera y Blanca Stalling. A esto se abona la necesidad de fortalecer la carrera judicial y la autonomía e independencia del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad, y reconocernos como país pluricultural, al integrar dentro de nuestro marco jurídico los mecanismos de aplicación de justicia de los pueblos indígenas.

Aquí se presentan los principios fundamentales que, para SOMOS, deberán permanecer en la discusión y aprobación que el Congreso de la República realizará sobre las reformas constitucionales.

El Estado debe reconocer el derecho de los pueblos indígenas a impartir justicia según los criterios de sus autoridades ancestrales, aplicando su propio sistema jurídico, con pleno respeto a su cultura, y conforme a lo que establecen los estándares internacionales en la materia.

Consideramos imprescindible que el Congreso apruebe el reconocimiento del pluralismo jurídico en el país, pues abonará a la inaplazable necesidad de tener justicia pronta y cumplida, y adecuará el texto constitucional a la realidad política social que impera en el país.


La Corte Suprema de Justicia debe concentrarse exclusivamente en las funciones jurisdiccionales que la Constitución le asigna, cediendo las labores administrativas a otro ente especializado, integrado por profesionales en gestión pública y recursos humanos. El organismo debería contar además con un presupuesto equivalente al 6% del Presupuesto de la Nación, para garantizar su autonomía e independencia respecto a los otros poderes del Estado.

Apoyamos las reformas que caminen en esa dirección, pues consideramos que crearán condiciones para que los órganos jurisdiccionales resuelvan sin otro interés que el cumplimiento del Estado de Derecho y la aplicación de justicia.


Actualmente la estructura de la carrera judicial tiene base en los jueces de paz, viendo un segundo nivel en los jueces de primera instancia, y en un escalafón más alto a los magistrados de apelaciones. A pesar de dicha jerarquización, el ascenso en estos niveles no está solamente supeditado a las capacidades y transparencia de los jueces, sino a compromisos con diversos actores institucionales y políticos, que aíslan al país de una neutra, imparcial y pronta aplicación de justicia.

Apoyamos las propuestas reformas que, en atención a esta problemática, establezcan un sistema de carrera judicial que regule el ingreso y promoción de los jueces basado en concursos públicos de oposición aplicables a todas las categorías antes señaladas, con base en parámetros objetivos y verificables de excelencia profesional. En el caso de las remociones, consideramos que los jueces solamente pueden ser retirados de su cargo por causas expresamente contempladas en la Ley, y que la duración en el cargo debería tener períodos prolongados (no menores de diez años) para garantizar plena independencia en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, apoyamos las reformas que establezcan que la carrera judicial estará administrada por un órgano independiente, conformado por representantes de sistema de justicia de cada una de las categorías judiciales y por profesionales externos expertos en recursos humanos, psicología y educación jurídica.

Finalmente, apoyamos las propuestas que promueven un sistema mixto de conformación de las cortes, siempre y cuando la proporción de jueces externos y propios del organismo sea favorable a los últimos, pues sus asensos en la carrera respetan la meritocracia.

El mecanismo de selección de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial será de elección por sus pares; y quienes provengan de afuera de la Carrera Judicial, por concurso de oposición ante los primeros.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, el 75% de miembros debe provenir de la carrera judicial y el 25% podrá provenir de afuera de la carrera judicial, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos por la Ley de la Carrera Judicial


Las Fiscales Paz y Paz y Aldana han demostrado a todos los guatemaltecos la importancia que reviste su puesto para la aplicación de la Ley, demostrando los efectos de una elección en la que haya total independencia y probada capacidad para quien coordina la Fiscalía General del país. En ese sentido apoyamos las propuestas tendientes a la elección del Fiscal General mediante un concurso público y transparente de oposición. Además se debe de garantizar su estabilidad en el cargo durante todo el período en que fuere electo.


El papel que la Corte de Constitucionalidad cumple en el sistema de Justicia, como última instancia de consulta y resolución de las disputas jurídicas del país, remarca la necesidad de que su conformación sea guiada por principios de independencia -respecto a poderes fácticos del país- y participación, dando cabida a la ciudadanía organizada en la selección de los magistrados.

Apoyamos las propuestas y/o enmiendas que aíslen a actores interesados en la acumulación de poder y creación de riqueza a través del cabildeo que generan en la selección de los integrantes del órgano. A nuestro juicio, además de los tres poderes del Estado, se debería garantizar la incorporación de mujeres y pueblos indígenas en su conformación.


En la víspera de la aprobación de la reforma constitucional, nuestro esfuerzo colectivo se enfocará en fiscalizar todas las enmiendas planteadas por los diputados para calificar la profundidad y coherencia de las propuestas respecto a las demandas de inclusión, transparencia y eficiencia que la ciudadanía aspira para el sistema judicial. Nos encargaremos de informar a la población sobre el resultado final de la discusión del Pleno, evidenciando a aquellos diputados cuyo accionar sea acorde a las expectativas ciudadanas, pero también a aquellos que se articulen en función de la indiferencia, opacidad e impunidad, dando la espalda a una ciudadanía que reclama cambios acordes al compromiso ciudadano manifiesto en cada grito y consigna cantada a partir de abril de 2015.
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