Por qué apoyo a Iván (o por qué no apoyo la decisión del presidente de echarlo)

Por Hugo Novales Contreras

En 2015 se inició un proceso político importante, que afectará el tipo de sociedad que tendremos que tendremos durante, por lo menos, la próxima generación. Conocimos los extremos de la corrupción, el combustible que mueve la política en Guatemala. Y la conocimos gracias a Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, que estaba llevando a su clímax un proceso que inició más de diez años antes (recordemos: el proceso para la instalación de la CICIG inicia a finales del gobierno de Portillo, continúa durante el gobierno de Berger, y la Comisión empieza a funcionar a inicios del gobierno de Colom).

2015 es la confluencia de varios factores: La CICIG, que expresa un interés de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos, por llenar ese agujero de impunidad que existe en nuestro territorio, que es una amenaza a la seguridad del hemisferio; el descaro de los funcionarios de ese entonces, particularmente de la vicepresidenta Roxana Baldetti, que despertó una animadversión sin precedentes entre los ciudadanos y entre los actores que cuentan en la sociedad; y un factor demográfico poco explorado: los ciudadanos nacidos después de 1985 estábamos llegando a los treinta, y los nacidos a partir de 1996 estaban entrando en la universidad. Fue esta generación, que nació, los primeros en democracia, los segundos, sin guerra civil, la que protagonizó las grandes movilizaciones de 2015. Puedo decir, con algo de certeza, de que todos los que estén leyendo esto y vivían en Guatemala en ese momento llegaron a participar, por lo menos, en alguna manifestación. Y creo, aunque algunos me tilden de idealista, que estas movilizaciones sí tuvieron un peso en cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Pero vamos a lo importante.

A partir de 2015, empieza una reacción de algunos políticos y algunos empresarios que ven con temor lo que estaba ocurriendo. Algunos, cuando el avance de los juicios y del proceso de reforma institucional parecía inevitable, decidieron cooperar, e influir legítimamente en la forma que tomaría el país al salir de la crisis. Otros, los que tienen más qué perder, los que no podrán existir en ese país al que muchos aspiramos, empezaron a dinamitar lo que otros estábamos construyendo. Y hay cosas que quedaron, y quedarán. Reformas legales para mejorar los procesos electorales, hacer más autónomo al Ministerio Público, o hacer más transparentes y eficientes los procesos de compras en el Estado, son un legado de la crisis que seguramente permanecerá. Pero los beneficiarios de la impunidad y la corrupción, con cautela, instalaron cargas de dinamita en la mente de los ciudadanos que antes habían salido a manifestar. Y esas cargas están detonando ahora. Son las siguientes.

  1. La idea de que la lucha contra la corrupción daña la economía, y afecta el bienestar de los guatemaltecos. Esta idea, generalmente no viene sustentada con datos empíricos, sino con percepciones personales. Se vale. Lo interesante es que nos indica hasta qué punto nuestra economía depende de la corrupción. Las anécdotas de carros de lujo pagados en efectivo, o las historias de edificios de apartamentos vacíos, ilustran esto. Por otro lado, me gustaría escuchar públicamente las historias que he escuchado en privado, de empresarios que se alegran al ver, en la prensa y a los ojos de todos, como sus competidores, beneficiarios de la corrupción y el tráfico de influencias, empiezan a pagar los elotes que se comieron. Negocios que casi van a la quiebra porque el competidor tenía acceso político, pagaba menos impuestos, obtenía mejores concesiones, o tenía la capacidad de usar a la SAT para afectar a proveedores, competidores, o socios. Vuelvo a este punto más adelante.
  2. La idea de que la persecución es selectiva, y que el criterio de selección es ideológico. Lo que suelen decir acá es que se persigue a empresarios y militares, y a políticos de derecha. Entonces se persigue sólo a la derecha (¡¿Para cuando la UNE?!). Esta aparente selectividad no lo es tal. Primero, porque solo participa en actos de corrupción quien tiene acceso al poder; en este caso, militares y empresarios están en primera fila y, en Guatemala, suelen ser de derecha. Ni modo. Y con respecto a los políticos de izquierda, pues sólo podría juzgarse a quienes participaron en el gobierno de la UNE (siendo este el partido relevante que está más a la izquierda, aunque algunos quieran renegar de esto). Gustavo Alejos, secretario privado de Colom, ya está siendo procesado. Hay rumores de otros funcionarios a quienes les toca.
  3. Que Iván Velásquez se ha excedido. Esto suele tomar dos formas. Que se excede al promover reformas, y que se excede en el trato con los procesados (exhibiéndolos en los medios, manteniéndolos en prisión preventiva por mucho tiempo, entre otras). Sobre la primera, quien quiera opinar tendría que dar una breve leída al mandato de la CICIG (spoiler, incluye la promoción de reformas institucionales). Sobre la segunda, la publicidad de los casos es natural cuando se trata de asuntos políticos, y necesaria para la auditoría social de un fenómeno tan relevante. Sobre la prisión preventiva, habrá qué preguntarle a Sinibaldi, Archila, Rabbé, la esposa de Ángel González, y el otro montón de prófugos, y seguramente creerán que es un exceso. Habría que ver también si lo prolongado de la prisión preventiva no tiene que ver con la dilación de los procesos por parte de la defensa. Los acusados que se saben culpables están atrasando su condena hasta que las condiciones cambien. Es su única estrategia con posibilidad de éxito, y se complementa con mover los hilos necesarios para debilitar a la CICIG, o sacar a Iván Velásquez.
  4. Finalmente, el argumento de moda hoy: Que no importa si Iván Velásquez se va, porque lo que importa es que la CICIG, como institución, se quede. Tal vez por ser el más nuevo, este es el argumento más burdo. Porque vamos, si el presidente puede poner y quitar al jefe de la CICIG, esto implica que puede definir con claridad qué puede hacer esta comisión y qué no, esto es, poner límites adicionales a su mandato. ¿Puede un comisionado que sustituya a Iván Velásquez actuar con independencia del presidente, si sabe que lo pueden quitar? La reforma a la Ley del MP aprobada en 2016 iba precisamente en esta dirección: limitar la capacidad del presidente para destituir al Fiscal General, para que este fuera verdaderamente independiente. Quitar a Iván Velásquez es anular a la CICIG para el futuro.

Entonces, esas cuatro bombas que los beneficiarios de la impunidad y la corrupción dejaron instaladas y activadas están explotando ahora. Y ganan fuerza cada vez que alguien las reproduce, irreflexivamente.

Finalmente, he escuchado a muchos decir cosas como “apoyo la lucha contra la corrupción, pero apoyo también al presidente”, o “apoyo la lucha contra la corrupción, pero no apoyo a Iván”. Newsflash: no se puede.

Si el presidente quiere quitar a Iván Velásquez, y quitar a Iván Velásquez es un golpe a la lucha contra la corrupción, entonces apoyar al presidente es apoyar la reacción de los beneficiarios de la corrupción.

Es hacerles la fiesta a los de Mariscal Zavala. Y no es solo eso, y aquí vuelvo al tema de la economía: es negarle la oportunidad a Guatemala de un futuro en donde se pueda hacer negocios y prosperar sin sobornos, sin extorsiones de políticos y funcionarios. Es cerrar la puerta a la posibilidad que venga más inversión de afuera, sin miedo a las marufias de quienes tienen un primo o un cuate que les puede sacar las licencias, facilitar los pagos, o evitar pagos. No sé, porque no he visto una sola prueba, si la economía ha sufrido un shock inicial por la lucha contra la corrupción. Pero sí tengo la convicción de que, en el largo plazo, vamos a estar mejor si logramos encarcelar a los mafiosos y dejar claro que las reglas ya no son las mismas.

Por eso, no puedo respaldar la decisión del presidente, y espero a que la CICIG termine el trabajo que vino a hacer, para lo cual es importante que Iván Velásquez se quede.

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