Sneyder Pinilla Álvarez y la corrupción en el gobierno de Petro
Por: Oscar jahir Hernández Rugeles
Si hubo algo que se repitiera con vehemencia durante la campaña presidencial por parte de Gustavo Petro, fue la promesa de remover de los cargos públicos a los corruptos que jugaban con los dineros públicos para favorecer sus propios intereses. Por eso nadie se explica a quien se le ocurre tapar el escándalo de la maleta de los 500 millones de pesos protagonizada por el abogado santandereano Diego Enrique Vargas Vega en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, nombrando en su reemplazo al ex alcalde de Sabana de Torres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, investigado por la Contraloría General de República por un posible detrimento fiscal de más de 826 millones de pesos en razón de unos sobrecostos en el contrato de mejoramiento de vías de ese municipio. La sola existencia del informe de la Contraloría dentro del proceso con radicado 80112–2022–41080 da para entender la forma en que se manejó el municipio durante el periodo que ejerció como alcalde, pero como en Santander existe la costumbre de adornar los escándalos de corrupción con las cerezas de un pastel, este caso no podía ser la excepción. Una de las empresas contratistas involucradas en la investigación es Consorcio Constructora Cucuta S.A., de propiedad de Germán Alberto Berbesí Barroso, uno de los grandes contratistas de Norte de Santander involucrado en delicadas investigaciones durante el mandato del ex gobernador Edgar Díaz Contreras.
Los sobrecostos de la obra en el municipio de Sabana de Torres son tan absurdos y descarados, que a pesar de haberse contratado en el año 2019, los precios unitarios del proyecto se encuentran en el mercado actual más baratos que cuando los cotizaron para el momento de contratar. Pinilla Álvarez llega al gobierno nacional precedido de un sin número de investigaciones ante los entes de control, dentro de las cuales se destaca el proceso disciplinario contra él y siete concejales por la presunta aprobación de acuerdos municipales que le habrían otorgado facultades al mandatario para privatizar la Secretaría de Tránsito y Transporte vulnerando los requisitos del orden legal, a lo cual habría que sumársele contratos como el de la rehabilitación del jarillón sector Monte Rojo en la vereda Barranco Colorado por más de 1.200 millones de pesos, entregado a dedo a la empresa Castordelbe S.A.S. representada por Ricardo José Delgado Peña, una sociedad que aún no ha podido demostrar si los papeles con los que se inscribió en su momento al registro único de proponentes son falsos o no. La experiencia que tiene el ex alcalde Pinilla en adelantar procesos de contratación cuestionados es más que suficiente para llegar a una entidad como la UNGRD, razón por la cual ya va siendo hora de que este gobierno guarde silencio frente a su mentirosa lucha contra la corrupción, porque lo único que están demostrando es que el cambio que le ofrecieron a los colombianos fue un cambio de ladrones.
