Bases de la construcción de la Ciudadanía como sinónimo de (des)igualdad

Ciudadanía como ideal igualitario y mecanismo para “organizar la desigualdad”

Las clases dominantes han utilizado la “igualdad” para mantener su posición ventajosa mediante la promesa de que cualquiera considerado ciudadano/a tiene las mismas condiciones de vida. Ciertas ideas: libertad, igualdad y ciudadanía plena, han estado presentes a la par de estratos claramente excluyentes.

Estos conceptos de igualdad moral, en principio basados en el Arete, promovida por los Espartanos, es recuperada como Deber Civil por los Estoicos y retomada como Virtud en el Renacimiento; para posteriormente perfilarse como el máximo ideal de ciudadanía, el cual se recupera en la construcción de los Estados Modernos (Heater, 2004).

Históricamente y hasta hoy en día, estas ideas han tenido una dosis muy alta de equilibrio físico y emotivo individual, sabiduría mundana y comportamiento cívico solidario; hasta el extremo de llegar a idealizarse el sacrificio del individuo por su ciudad (Andrenacci, 2013).

Asociado a lo anterior, el concepto de igualdad se (re)define a la par (o dentro) de los límites dados para los estratos (sociales). Estos, se construyen desde las barreras que impiden a un individuo pasar más allá de su condición, delimitada por el bienestar económico (Heater, 2004). Así, lograr una igualdad que se expresa en el ejercicio mismo de la ciudadanía, implica para los antiguos, el logro de reivindicaciones relacionadas con la actividad y servicio militar. De este modo, ser ciudadano y por tanto ser igual, no era algo gratuito o dado previamente, en especial para los más desfavorecidos.

Posteriormente, con la ampliación de la CIUDAD ROMANA resultado de las reformas de los emperadores, Augustos, Claudio y Caracala a lo largo de 3 fases temporales, se organiza un concepto de ciudadanía, que es otorgado en la medida en que se da un reconocimiento que es ganado o pagado después de dar un servicio a la sociedad.

Así, la Política de Augustos (27 A. C- 14 d.C.) por ejemplo, premia a las tropas con el título de ciudadanía una vez que se ingresa al servicio militar. Por su parte las Reformas de Claudio (41–54 d.C.) incorpora ciudadanos no italianos que tienen algún valor comercial para el imperio, y con las de Caracala (211–217 d.C.) se define la ciudadanía para los habitantes del Imperio en la medida en que pagan un tributo (Heater, 2004).

En la ERA MEDIEVAL a pesar de existir el ideal del hombre libre en el derecho, no se dan medios, opciones ni facilidades para lograr un ejercicio efectivo de ese derecho (Marshall, 1998); habiendo una clara distinción entre esferas de poder y recursos económicos. En una sociedad donde el poder militar y político está centralizado en el Rey y en la Iglesia, como parte de una estructura vertical donde el pueblo (ciervos, mujeres y criminales) claramente limitado y empobrecido, se encuentra en la parte más baja de la pirámide (Heater, 2004).

De este modo, la desigualdad se organiza mediante un conjunto de contratos entre la ciudad y el señor territorial, y entre la ciudad y el ciudadano por otro lado (FLACSO, 2013). Esta diferenciación tiende a generar anillos concéntricos de exclusión (Heater, 2004) como un mecanismo para ordenar espacialmente la desigualdad, que se evidencia de manera tangible en la posición que ocupa una persona, intra o extra muros.

Así, la ciudad definida como lo que está contenido por los muros, plantea una condición material de aceptación de la pobreza y la incapacidad del acceso a recursos que está claramente diferenciada, en especial para los palurdos o ignorantes del campo (quienes eran considerados como no ciudadanos).

Con la constitución de las MONARQUÍAS ABSOLUTAS (S XV-XVIII), se da una reducción del individuo únicamente como sirviente proveedor de respeto, lealtad y obediencia total. De este modo, se evidencian las mayores desigualdades materiales y diferencias de clase, que se basan en una privación de libertades, sostenida por una estructura social segmentada (FLACSO, 2013).

Cuando caen las monarquías, esta estructura de dominación se transforma, en un fenómeno que Weber definió como dominación racional, en el que se pasa de servir a un rey para servir a un Estado, quien toma (o al que se le otorga) el poder, para hacer a partir de ese momento y hasta hoy en día, las veces de soberano.

El poder discrecional del rey, entonces, se reemplaza por un poder “regulado” por la ley (o al menos que pretende ser regulado). Formalmente, esto supone que los ciudadanos son los soberanos de ese poder, y su gestión deberá producir resultados sustantivos o concretos para ellos/as. Este proceso será denominado posteriormente por Weber y por la sociología política como legitimación.

Cuando se constituye LA NACIÓN, se definen límites de pertenencia (inclusión o exclusión social) desde el establecimiento de derechos civiles (S XVIII) que suponen una igualdad ante la ley. No obstante, esta igualdad que va acompañada de la proclamación de derechos y libertades, se basa en la representación mediante el sufragio censitatorio (Requejo Coll, 2008). Esto quiere decir, que quienes tienen la posibilidad de votar, serán aquellos (hombres únicamente) que tengan los medios y recursos necesarios (tierra principalmente) para ingresar en el padrón del censo reconocido.

En este nuevo escenario, la desigualdad “desaparece” bajo la promesa de los derechos, pero continua reproduciendo y manteniendo asimetrías económicas solapas por desigualdades en el acceso y aplicación de esos derechos.

Al definirse los derechos políticos (S XIX), las libertades jurídicas se enfocan en proteger los intereses privados del mercado frente a un Estado que es regulado desde las libertades negativas; donde se permite su libertad de acción, siempre y cuando exista una ausencia de obstáculos o barreras (o intereses/acciones de mercado) que lo restrinjan. Así estos derechos, más bien se enfocan en asegurar el bienestar económico frente a la presión de una cuestión social irresuelta (Requejo Coll, 2008).

Cuestión social que con el tiempo va a transformarse en un mecanismo de presión y lucha por la reivindicación; que responde a la ampliación de los beneficios y derechos que se otorgan a las clases sociales con mayores recursos, para buscar su beneficio; dejando de lado los intereses y necesidades de una clase mayoritaria que se ve gradualmente empobrecida.

De esta forma, la ciudadanía que no se construye desde estratos y que es compartida y dada para todos/as, acepta implícitamente que las condiciones diferenciales económicas y sociales, son intrínsecas al ciudadano. La desigualdad por su parte, se ve como la insuficiencia del Estado en garantizar la igualdad efectiva, lo que la transforma en un problema civil, político y social (FLACSO, 2013).

Lo anterior, hace un cambio sustancial en la definición de la ciudadanía antigua ymoderna, donde más allá de construir una denominación de ciudadano, lo importante es contar con los medios y recursos para acceder a las mismas condiciones de igualdad que se encuentra relacionadas con la ciudadanía. Esta será la lucha de los movimientos sociales y derechos (S XX), que pugnan por alcanzar espacios de representación, política (sufragio universal), económica (igualdad material) e identitaria (movilización social y cultural).

Procesos sociales que será tanto, un medio para fortalecer la organización sindical y movimientos nacionales/culturales que se establecen como medios de presión para lograr un mayor acceso a recursos (Requejo Coll, 2008); como un mecanismo para crear ciudadanía social en tanto garantía de condiciones mínimas materiales para una ciudadanía global pluricultural (FLACSO, 2013).

Derechos universales y críticas al universalismo

La construcción de la ciudadanía moderna es un estatus material que estratifica, restringe y crea desigualdad; donde los sistemas sociales creados, tienden a torcer y falsear ese estatus de ciudadanía (FLACSO, 2013) cuando no existen los mecanismos efectivos de protección y revisión de derechos.

Lo anterior, plantea una interrogante acerca de las capacidades reales que tienen los ESTADOS (regímenes Estatales) para proteger de manera efectiva la aplicación de los Derechos Humanos; por lo cual, es necesario apelar por la creación de agencias de monitoreo empoderadas, como un recurso que pueda oponerse a estos procesos antidemocráticos (Ishay, 2008).

En este marco de desigualdades, el ciudadano/a se ve afectado/a por el funcionamiento de un sistema jurídico, político y económico, que se construye sobre intereses particulares. Bajo un principio de ciudadanía que es opuesto a la clase social y aboga por una radical igualdad formal, entre los miembros de un cuerpo político que construyen una imagen de ciudadanía ideal (pero que no por ello neutraliza la discriminación) (Andrenacci, 2003).

Este ideal, impone una serie de limitaciones (tácitas o explícitas) al concepto de ciudadano cuando posiciona la visión de grupos de poder, mayoritarios o de elites (hombres, blancos, con poder político/económico) como modelos a seguir para la construcción de la ciudadanía. Que se respaldan a su vez, por un discurso basado en el concepto de universalidad; entendido como general, en el sentido de leyes y reglas para todos/as, que son ciegas ante las diferencias individuales o grupales. Esto estimula que se perpetúe la opresión en vez de socavarla (Young, 1996).

Estos procesos de legitimación del discurso, que afectan la construcción de la ciudadanía, tienden a reproducir/invisibilizar desigualdades sociales, que se presentan como “normales” y se asientan en el sentido común (Kymlicka, 2003); provocando sociedades que se perciben cada vez más homogéneas, en relación con un “otro” externo o foráneo.

La ciudadanía universal, es entonces opuesta a lo particular, promoviendo lo que los ciudadanos/as tienen en común como antítesis de aquello que los diferencia.

Como alternativa, es necesario promover espacios de legitimación con capacidad de crear nuevas representaciones e identidades, que amplíen la visión de sociedad civil, sobre la cual se ha construido tradicionalmente el orden político y la ciudadanía (Hopenhay, 2001); suponiendo un espacio para las reivindicaciones, de género, étnicas y culturales en sociedades cada vez más globalizadas.

Si bien, lo anterior es posible y deseable, lo cierto es que la universalidad trasciende la particularidad y la diferencia; y otorga a todos/as, como personas idénticas, la categoría de pares en la esfera pública (Young, 1996). Pretendiendo una igualación de la sociedad a partir de un parámetro/modelo de ciudadano/a aceptable, ideal o deseable (en definitiva normatizado). En el otro extremo, está el resto de la población que al no responder o no integrarse bajo este modelo, es excluido.

A MANERA DE SÍNTESIS: estamos frente a una tipología de ciudadanía con un bagaje histórico que hoy se debate contra la universalidad; que no es ni universal, ni inclusiva, ni integradora, por el contrario, supone una visión específica que diluye y aglutina las diferencias.

En un modelo de ciudadano/a que ha sido utilizado como un mecanismo moderno de dominación, que de manera elaborada se ampara en los derechos civiles yliberales jurídicas, para intentar ampliarse hacia la definición de los derechos humanos, donde estas visiones entran en conflicto.

Esto genera una propuesta inconclusa y limitada de derechos que presumen ser “universales” pero que en la práctica se polarizan. Siendo especialmente evidente, cuando se habla de una “cobertura universal” que es aplicada a minoritarias étnicas, en función de la aceptación o no de la nueva ciudadanía como política oficial, lo que implica una renuncia a su identidad.

Para Kymlicka (2003), las políticas de asentamiento, el establecimiento de divisiones al territorio de grupos minoritarios y la adopción de la lengua de la mayoría, como única lengua oficial; se convierten en mecanismos que provocan la pérdida de rasgos culturales y garantizan la eventual asimilación de las minorías dentro de un entorno nacional.

Así, la lucha de clase y la nueva cuestión social, en este contexto del relativismo cultural vs universalismo, se convierte en una respuesta a las limitaciones que plantea la ciudadanía universal, buscando el reconocimiento de derechos sociales y políticos, pero sobre todo derechos culturales. En la reivindicación de la diferencia como identidad y en el trato diferenciado como forma de justicia (Andrenacci, 2003).

Estos nuevos movimientos apelan en definitiva, por la responsabilidad/capacidad de los sistemas de gobierno de proporcionar mecanismos de representación/reconocimiento efectivo de voces y perspectivas para grupos minoritarios, en desventaja u opresión.

Asegurando instituciones y recursos públicos que apoyen/respeten su autoorganización, poder de veto (Young, 1996), cosmovisión e identidad, como bases para una ciudadanía multicultural.


Andrenacci, L. (2003) Imparis Civitatis. Elementos para una teoría de la ciudadanía desde una perspectiva histórica; en Revista Sociohistórica nº 13–14; Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Argentina (FLACSO) (2013) Contenidos curso Ciudadanía y Desigualdad. Maestría en Desarrollo Humano, Buenos Aires, FLACSO

Heater, Derek (2004) A Brief History Of Citizenship; New York, New York University Press.

Hopenhayn, M. (2001): Viejas y nuevas formas de la ciudadanía; en Revista de la CEPAL N° 73; Santiago de Chile.

Ishay, M. (2008) The History of Human Rights. From Ancient Times to the Globalization Era; Berkeley, University of California Press.

Kymlicka, W. (2003) Derechos humanos y justicia multicultural; en La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía; Barcelona, Paidós.

Marshall, T. (1998) Ciudadanía y clase social [1950]; en Bottomore, T. y Marshall, T. Ciudadanía y clase social; Madrid, Alianza.

Requejo Coll, F. (2008) Las democracias. Democracia antigua, democracia liberal y Estado de Bienestar; Barcelona, Ariel.

Young. I. (1996) Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal”; en Castells, C. (compiladora): Perspectivas feministas en teoría política; Barcelona, Paidós.