La superación de las instituciones políticas de la transición: el fin del consenso y la aparición de nuevos antagonismos políticos.

De algún modo así se legitimó el sistema transicional chileno: consumo, rápido crecimiento económico, mejora acelerada de la calidad de vida y reducción de la pobreza y generación de amplias clases medias surgidas al alero de la tarjeta de crédito y el mall. Esa forma de legitimar la democracia es la que ha colapsado. Hoy el mercado ya no promete seguridad ni éxito, más bien vulnerabilidad y temor. No considerar los componentes de clase, vinculados a la estructura social que emergió del Chile transicional, y los elementos socioeconómicos y políticos derivados, da como resultado una lectura miope y hasta peyorativa con el actual proceso social en curso.

Una de las cuestiones esenciales que ha emergido en las últimas semanas de movilización en Chile, es la ausencia de líderes u orgánicas que conduzcan al movimiento social. Se ha destacado la espontaneidad de las protestas, las que en su mayoría son convocadas por redes sociales. En este escenario los partidos políticos han terminado jugando un rol marginal, cuando no, totalmente nulo. Como consecuencia se ha destacado el carácter no partidario de las protestas, las que, por el contrario, se oponen al sistema de partidos desde una lógica ciudadana. Se trata entonces de una movilización que se mueve en el campo de lo político, pues estamos viendo surgir antagonismos profundos en la sociedad (ciudadanos/elite o ciudadanos/políticos, por ejemplo).

En ese antagonismo el papel de los partidos políticos como actores de la política (la estructura de poder de la sociedad) ha quedado prácticamente anulado, pues las divisiones sociales que han emergido no responden a aquellos clivajes que reflejan los partidos políticos. Esto, pues durante mucho tiempo la democracia en Chile se basó en dos anclas que hoy son un gran lastre para el desarrollo político del país. Primero, en la relevancia de grandes acuerdos de élite, partiendo por el acuerdo fundacional de 1989 que tuvo resultado una serie de reformas constitucionales al texto original de 1980. En dicho momento la oposición concertacionista y el oficialismo militar buscaron una modus vivendi que asegurara una transición relativamente pacífica. Todos estos acuerdos de élite han buscado aplacar, cuando no derechamente ignorar, los antagonismos sociales que constituyen la esencia de una sociedad. Periódicamente hemos visto cómo han surgido nuevas fracturas, especialmente aquellas planteadas desde orgánicas estudiantiles: los secundarios en 2006 y los universitarios en el ciclo de protestas 2011–2015. Se ha ido fraguando, de forma subyacente, una crítica constante que busca romper el supuesto consenso establecido por las élites hegemónicas respecto al modelo político y social.

El segundo elemento va estrechamente de la mano con la construcción de acuerdos de élite. Se trata de la desmovilización de actores sociales que podrían haber desafiado el consenso originario que perseguían los partidos políticos. Durante los años 90 fue sistemática la cooptación de federaciones de estudiantes, cuyos dirigentes militantes de partidos oficialistas buscaban apaciguar las movilizaciones contra el gobierno. Esto llevó a crisis en las federaciones que algunos casos condujeron al cierre temporal de estos estos espacios. En ese contexto se fue organizando también dentro de las orgánicas universitarias movimientos políticos cuyo objetivo era apartarse del discurso oficial y marginar a los dirigentes progobierno que buscaban representar más a los partidos oficialistas que a los estudiantes universitarios. Esta situación se repitió en varios espacios gremiales y sindicales, mientras que la interlocución entre los partidos y la sociedad se redujo al acto electoral pero no a instancias participativas ni muchos menos deliberativas.

Es particularmente interesante la reflexión que hace Rafael Otano en el libro “Nueva crónica de la transición”, cuando señala que “las casas del No, capilarizadas por todo el país, cerraban aquella noche [del 5 de octubre de 1988] sus puertas, para no volverlas a abrir. Aquellos lugares donde se había nutrido la esperanza democrática y la participación de jóvenes, pobladores, profesionales, mujeres, artistas, militantes, independientes, diversas minorías, echaba el telón” (Otano, 2006: 79). La brecha entre partidos y sociedad empezó así a crecer desde el primer día de la transición.

La aspiración de la Concertación para establecer bases sólidas en las que asentar la democracia restaurada se pagó, paradojalmente, restringiendo la democracia a cuestiones meramente procedimentales y electorales. Esto, sin embargo, no significó que no se hayan ido abriendo otros espacios que buscasen romper con esta suerte de clausura democrática ejercida por la élite política. Estos espacios, sin embargo, terminaron por estar al margen de los partidos políticos y han derivado en la virtual marginalidad que éstos tienen en el actual ciclo de protestas y movilizaciones.

De esto ya advertía a fines de los 90 Tomás Moulian en su célebre libro “Chile actual: anatomía de un mito”. Allí el sociólogo indicaba que Chile había pasado a ser el paraíso de los consumidores, pero un verdadero páramo yermo para el ejercicio de la ciudadanía. De algún modo así se legitimó el sistema transicional chileno: consumo, rápido crecimiento económico, mejora acelerada de la calidad de vida y reducción de la pobreza y generación de amplias clases medias surgidas al alero de la tarjeta de crédito y el mall. Esa forma de legitimar la democracia es la que ha colapsado. Hoy el mercado ya no promete seguridad ni éxito, más bien vulnerabilidad y temor. No considerar los componentes de clase, vinculados a la estructura social que emergió del Chile transicional, y los elementos socioeconómicos y políticos derivados da como resultado una lectura miope y hasta peyorativa con el actual proceso social en curso.

En términos estrictamente políticos, se podría decir que en Chile ha operado un régimen consociativo, como los que han existido en Bélgica o Países Bajos. Lo cierto es que se acuerdo Lijphart, que caracteriza esta forma de entender la democracia, deben existir profundas fracturas sociales ortogonales entre sí y definitorias del tipo de sociedad. En Bélgica y Holanda no sólo existen los tradicionales clivajes de clases o de religión. Hay fracturas regionales, étnicas, lingüísticas, religiosas, culturales. Los sistemas políticos, en particular el belga, también tiende a una representación amplia de cada sector de la sociedad, dando como resultado enrevesados mecanismos institucionales. Gobernar en ese contexto no es nada sencillo. En Chile no tenemos nada de esto. Ha sido discutible si el clivaje autoritarismo/democracia es efectivamente una fractura social; mientras que los clivajes de clases tienen cada vez menos expresión partidaria, al igual que los clivajes religiosos.

Huneeus ha definido el actual régimen como una democracia semisoberana (Huneeus, 2014). El autor indica que en Chile el consenso si bien tuvo un papel importante, operó de forma limitada, sin alcanzar cuestiones como la Constitución, el sistema económico, la relación capital-trabajo o el sistema tributario. No estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, pues las reformas que se alcanzaron incluso en esos temas se consiguieron mediante pactos y acuerdos de élite. Ahí está por ejemplo la reforma a la Constitución del año 2005, cuyo proceso es estudiado en profundidad por Claudio Fuentes en su libro “El Pacto”. La limitación de la aplicación del consenso sí existió y estuvo dada, en mi modo de ver, porque no alcanzó a todas las esferas sociales y se circunscribió, de forma cada vez más significativa, a las élites políticas y partidarias, las que de forma progresiva además perdían capacidad de representar pues sus bases electorales se erosionaban de manera acelerada. El consenso quedaba así limitado a las cinco manzanas políticas de Santiago, mientras que de forma subyacente se estaban incubando una serie de antagonismos que los partidos, en este punto, ya no pueden canalizar ni administrar, pues simplemente no pertenecen a ellos.

En esta democracia semisoberana de la que habla Huneeus destacan una serie de centro decisorios que complejizan la toma de decisiones en el sistema político y actúan de forma autónoma a los tres poderes del Estado, generando fuerzas centrífugas en el propio sistema. Por nombrar algunos: el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central y varias empresas públicas. Estos agentes estatales autónomos terminan por perpetuar la lógica binominal y de acuerdos entre la derecha y la izquierda. En ese contexto, en Chile no existen fuerzas centrípetas que contrapesen la complejidad del sistema político, como ocurre en Alemania, país que el autor usa como referencia de una democracia semisoberana. En Alemania los partidos juegan un rol central, así como organizaciones sindicales y de empresarios a nivel nacional que permiten agregar preferencias de forma eficaz en todas las esferas de Estado. En Chile, ya hemos indicado, los partidos son marginales y la desmovilización post transición ha traído como resultado sindicatos débiles y organizaciones gremiales ensimismadas y elitistas.

Con todo, estamos hablando de una democracia que ha mostrado muchas limitaciones no sólo en la forma de plantear políticas públicas, sino también en cómo se administra el poder desde distintos espacios. La principal falencia hoy es la escasa representación que pueden ejercer los partidos políticos y su incapacidad para agregar preferencias de forma eficaz. ¿A quién representan los partidos políticos chilenos? Algunos datos resultan ilustrativos. De acuerdo a Latinobarómetro 2018, un 77% de los chilenos dice que el país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio. Ante la pregunta del partido por el que votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, cerca de un 60% en el caso chileno indica que no votaría, que lo haría nulo o blanco o que no está inscrito, mientras que el partido que obtiene mayor cantidad de menciones es Renovación Nacional con un 12,4%.

Volviendo al inicio. Se ha presentado como una virtud del actual movimiento su rasgo inorgánico y no partidario. Se ha criticado que los partidos intenten subirse al carro de la movilización ciudadana. Pero esto, más que ser una virtud –que bajos ciertas lecturas lo es– es un síntoma de una democracia profundamente enferma. En un contexto político saludable, los canales de representación debiesen funcionar de manera fluida e institucional y sería adecuado bajo estos términos convocar a los partidos políticos para dar lugar a una nueva agenda de políticas que busque resolver la crisis. En este caso eso no está ocurriendo. Los partidos representan a una sección minoritaria de la población, por lo que hoy no son el espacio –al menos no el único– donde la crisis actual debe resolverse. Por ello es fundamental convocar actores sociales y políticos de un espectro amplio y no solo circunscritos a las instituciones políticas tradicionales. El momento histórico actual ha superado a las instituciones transicionales y se vuelve un imperativo discutir nuevas formas de administrar el poder, capaces de reflejar la nueva estructura social chilena y canalizar adecuadamente las demandas sociales mediante canales representativos eficaces.

Pablo Valenzuela Gutiérrez
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