¡Todos a la calle ya!¡por la igualdad de verdad!
En 2004 se aprueba la Ley Integral de Violencia de Género bajo la forma de Ley Orgánica,la más difícil de derogar. Se trata de una ley que no ha logrado reducir ni en lo más mínimo el número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex-pareja, la cifra sigue enclavada en torno a las 53 mujeres muertas al año, sin embargo, desde 2004 esa ley ha ido extendiendo sus tentáculos a todos los ámbitos de lo político, económico, legislativo, de lo social e incluso de lo más íntimo y personal como es el amor, las relaciones de pareja y la paternidad.
En este artículo voy a hacer un repaso histórico de la sucesión de leyes que han ido profundizando en la discriminación hacia todo lo masculino en nuestro país. El apogeo de este entramado legal llegará en el momento en el que se prohíba el negacionismo de la ideología de género. Ya se debate de ello en prensa y foros políticos, por eso es ahora el momento de actuar, antes de que esto suceda.
Joan Planas , YouTuber y activista por la igualdad -la igualdad de verdad- ha lanzado una propuesta para que salgamos a las calles de una vez por todas a frenar estos despropósitos. La iniciativa se denomina “Silencio por la Igualdad” y en estos momentos cuenta con unos 1200 activistas en diferentes ciudades de España dispuestos a manifestarse. La propuesta consiste organizar concentraciones en todas las ciudades posibles, todos los días 15 de cada mes, guardando 30 minutos de silencio por esa verdadera igualdad que falta en España. Para acceder a la iniciativa y organizarte con los de tu localidad, debes instalar el chat de discord. Esta es su página web en proceso de construcción.
Repaso histórico de los sucesos mediáticos y los avances legislativos de la ideología de género, desde 2004 hasta nuestros días.
Valorar este injusto sistema legal en toda toda su magnitud requiere de un pequeño repaso histórico sobre sus avances legislativos y relacionarlos con los acontecimientos más mediáticos de estos años. Una vez que se prohíba el “negacionismo de la violencia de género” protestar nos podría salir muy caro, con imposición de fortísimas sanciones económicas o penas de cárcel tan sólo por denunciar la injusticia.
Para conseguir la aprobación unánime de esta infame ley, unos años antes de 2004, dio comienzo una campaña de propaganda dedicada a acrecentar las cifras con el objetivo de tener a la población convencida de la necesidad de esta transformación legal tan radical, se hizo desaparecer de los recuentos oficiales a las víctimas masculinas de violencia intrafamiliar y se realizaron encuestas orientadas a inflar las cifras del maltrato en España, entre otros movimientos estratégicos.
A pesar de ese impulso mediático orquestado para volcar a la población a favor de la necesidad de la LIVG, el Consejo General del Poder Judicial hace un informe negativo sobre el proyecto de ley. El informe sale a la luz en 2004 en los meses previos a la aprobación de la ley, en su texto se afirma que la LIVG es una norma anticonstitucional que vulnera no sólo el artículo 14 de la Constitución Española, sino otros principios fundamentales como son el derecho a la tutela judicial efectiva,el derecho a un juicio justo, el derecho a la presunción de inocencia o el derecho al honor. El CGPJ señala también que se trata de una ley que incurre en el denominado delito de autor, dado que juzga a las personas por su pertenencia a un grupo concreto (grupo hombre) y no por los hechos cometidos.
A pesar de este contundente informe, la LIVG consigue salir adelante por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Es entonces cuando una juez de Murcia plantea una cuestión de inconstitucionalidad basándose en los mismos argumentos que esgrimió en su día el CGPJ. Después de este recurso vinieron cientos más contra esta ley, todos con un resultado nulo.
Según reconoce Alfonso Guerra en unas declaraciones, el Tribunal Constitucional recibió presiones por parte de los lobbys feministas para que la ley fuera declarada constitucional a toda costa, como así sucedió finalmente.
Una vez aprobada la LIVG, en 2004, se puso en marcha toda la maquinaria de la ideología de género. Al tratarse de una ley transversal tiene la ventaja de abarcar todos los ámbitos sociales y legales. Educación, asociaciones feministas, judicatura, policía, sanidad y medios de comunicación entre otros empiezan a repartirse el pastel del negocio. La última de la fila siempre es la verdadera mujer maltratada a la que llegan un ínfimo porcentaje de las ayudas. Por ejemplo, en Andalucía, tan solo el 2,2% de su presupuesto para combatir la violencia de género se destina a la atención de las maltratadas.
Con el dinero de la igualdad se creó el nuevo y flamante Observatorio para la Violencia de Género, que no es otra cosa que un órgano de propaganda oficial dedicado a manipular los datos para borrar de un plumazo a las víctimas a manos de mujeres (ancianos, mujeres, niños y hombres) y así poder sustentar la existencia del propio término « Violencia de género».
Con ese mismo dinero se establecieron los protocolos policiales que implican la detención inmediata del denunciado.
A día de hoy, ese dinero se reparte en forma de subvenciones anuales a las comunidades autónomas en función del número de denuncias, un dinero que sirve para fomentar las denuncias falsas mediante ayudas de todo tipo, desde el RAI (Renta Activa de Inserción) hasta matrículas gratuitas en carreras universitarias.
Con ese dinero de la igualdad se señala ante todo al hombre como maltratador en todos los ámbitos posibles, escuela, sanidad, prensa, conferencias…todos los hombres sin excepción son metidos en ese mismo saco (recuerda, el violador eres tú) . Se genera una corriente informativa que vende y promueve lo masculino como tóxico, en una oleada de pura androfobia oficial.
Gracias a esa ley, los lobbies feministas toman poder en el Congreso de los Diputados y entran a formar parte consultiva de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sus designios son prácticamente órdenes para la citada comisión.
Con el dinero de la igualdad se favorece a todas estas asociaciones, especialmente a Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, a la Asociación de Mujeres Juristas Themis, a la Federación de Mujeres Progresistas o la Asociación Clara Campoamor. Cada una de ellas llega a recibir de media subvenciones del Ministerio de Sanidad 5 veces más que la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo.
Con ese mismo dinero de la igualdad se mantiene una tupida red de asociaciones feministas dispuestas a salir a la calle a la primera orden oficial, siempre prestas a realizar escraches y a amenazar a todo aquel que pretenda disentir de su pensamiento , constituido ya como pensamiento único. Esta presión social y mediática también se dirige a los jueces, como veremos más adelante.
Una vez engrasada la maquinaria de dominio callejero, judicial y mediático, comienza una tarea de acoso y derribo del estado de derecho, aprovechando casos susceptibles de ser virales por sus características emocionales, son casos capaces de generar indignación ciega en una población ya adoctrinada. El proceso se repite en cada ocasión: Existe un suceso escandaloso y judicializado contra el que se levantan las banderas feministas, la prensa solivianta todavía más a las masas, la multitud comienza a generar opinión en las redes sociales, la gente enardecida sale a la calle, se manifiesta, señala culpables, amenaza y se apunta a escraches contra los disidentes. Al final de un breve periodo de tensión social aparece un nuevo concepto legal que supone de facto otra vuelta de tuerca a favor de la injusticia. Pero veamos esa cronología.
- 28/12/2004 . Aprobación de la LIVG.
Es el primer hito histórico de esta injusticia .
- 1/07/2015 Se aprueba la reforma del Código Penal.
Una de las razones para modificar el C.P. es la de poder adaptarlo a la LIVG. El nuevo código consolida las diferencias penales entre hombre y mujer, los mismos delitos conllevan diferentes penas según sea el sexo de quien los cometa. Las vejaciones son delito de violencia de género si las lleva a cabo un hombre y no suponen delito para una mujer. Mandar a tu ex a la mierda por whatsapp supone, a partir de 2015, afrontar una condena por violencia de género, con pérdida de contacto con los hijos, pérdida de la vivienda familiar, obligación de mantener los gastos de hipoteca y manutención y la imposibilidad de acceder a la custodia compartida, además al condenado se le prohibirá el acceso a cualquier oposición o empleo público. Las condenas por estos hechos sirven además para engrosar las estadísticas anuales -habrá un condenado más por violencia de género en el informe anual- .Si el insulto lo profiere una mujer no habrá consecuencias legales. En este nuevo código también se despenaliza el cumplimiento del régimen de visitas de los niños en parejas separadas, que pasan a dirimirse como procedimiento administrativo, lo cual, dada la duración de los procesos y la ausencia de penas por su incumplimiento, supone de hecho la imposibilidad de denunciar por parte del progenitor no custodio, mayormente el padre.
Por cierto, es en esta reforma del C.P. donde se eleva la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años.
- 28/09/2017 Se aprueba el Pacto de Estado Contra las Violencias Machistas.
Este es el segundo gran hito histórico en este recorrido legal y supone de facto el establecimiento de un estado de apartheid contra el hombre en España. Merece la pena que nos detengamos un poco en su proceso de aprobación, analizando la campaña de propaganda y manipulación que precedió a semejante vuelco legal.
El 7 de noviembre de 2015, se celebra la “Marcha Estatal contra las Violencias Machistas”, auspiciada por 32 organizaciones feministas. En el espíritu inspirador de eta protesta se encuentra el reconocimiento de que la LIVG no ha conseguido cambiar en nada los parámetros de la violencia machista — no han disminuido los feminicidios-. Si embargo, en lugar de pedir la reforma o derogación de esta ley, las asociaciones feministas, nutridas económicamente merced a los cuantiosos fondos destinados por esta LIVG, piden profundizar salvajemente en esta misma vía. En su manifiesto se encuentra el germen de este pacto de estado, que por entonces era una reivindicación feminista más.Varios acontecimientos mediáticos convenientemente manejados impulsaron su aprobación definitiva. Como consecuencia de esta manifestación, el Congreso aprueba en diciembre de 2016 la creación de una subcomisión de la comisión de igualdad con la finalidad de recoger el guante de las propuestas feministas y elaborar un pacto de estado que profundice en las nuevas medidas contra el machismo.
Dos casos mediáticos bien manejados desde el punto de vista propagandístico darían impulso a este sinsentido legal. Por un lado el caso de la Manada, acaecido en Sanfermines de 2016 y cuyo apogeo mediático ocupa las portadas de todos los medios de comunicación, por el otro el caso Juana Rivas, que se inicia en diciembre de 2016, cuya máximo vigor informativo se dará en el verano de 2017.
Desde el punto de vista de la propaganda a favor de la causa feminista, los integrantes de La Manada son la herramienta perfecta para soliviantar a la población contra todo lo masculino. Se trata de un grupo de indeseables machitos que se trajinan a todo lo que se mueve y que alardean de los trofeos en sus redes. Cabe destacar que resulta proverbial la filtración de los whatsapp del grupo, que los pinta como lo que son, unos verdaderos mastuerzos. Sin embargo no debemos olvidar que a las personas se les juzga por lo que hacen, no por lo que son y esta es la razón por la cual el tribunal de Navarra no admitió esos whatsapp como prueba de cargo. De cualquier manera el objetivo mediático ya estaba cumplido y servía para movilizar a la prensa, las redes , los colectivos feministas y para ejercer presión sobre el tribunal encargado de juzgar el caso. Durante varios meses España recibe el bombardeo informativo de los escabrosos detalles de este caso. Las redes sociales arden en deseos de venganza ejecutando un linchamiento público en toda regla.
Ya en enero de 2017 Juana Rivas comienza a tomar el relevo de la actualidad mediática, presentando en Madrid 150.000 firmas con las que se pretende doblegar a la justicia para que permita la legalización del secuestro parental internacional que ella había llevado a cabo. Ese día viene acompañada de Vanesa Skewes, de la cual se demostraría más adelante que había interpuesto varias denuncias falsas contra su expareja para obtener beneficios en la separación.
En febrero de 2017 se inicia una huelga feminista en Sol cuyo objetivo es el de presionar para la aprobación urgente del Pacto de Estado contra las Violencias Machistas. En marzo el Senado recibe a las feministas de Sol para que expongan sus reivindicaciones.
Paqui Granados — directora del Centro de la Mujer de Maracena, este matiz es importante para comprender la utilidad en todo el ejercicio propagandístico de esta tupida red de asociaciones que se deben a los dineros de la LIVG- es la encargada de convertir en ese verano de 2017 a Juana en una mártir del movimiento feminista. Se trata de un caso perdido ya que, al ser un secuestro internacional, España queda sujeta al Convenio de La Haya y debe ceder las competencias jurídicas a Italia, pero para Paqui eso era un plus. Juana reúne todos los ingredientes emocionales necesarios para soliviantar a la población contra la supuesta justicia patriarcal; es una madre de dos niños que ha denunciado a su maltratador en varias ocasiones -todas denuncias falsas, salvo la primera de ellas , en la que se dieron denuncias cruzadas por una discusión doméstica con el resultado de un arañazo para Juana- . Afirma estar protegiendo a los niños y encontrarse desamparada por la ley. Multitud de plataformas feministas se concentran en diferentes ciudades españolas para darle apoyo.
En agosto Juana Rivas entrega a los niños al juzgado de Granada, Rajoy se muestra a favor de la mujer hoy en día condenada declarando: “Hay que ponerse en el lugar de esa madre”. En septiembre de ese mismo año, con este ambiente social, se aprueba el Pacto de Estado contra las Violencias Machistas,dotado con un presupuesto de 1.000 millones de euros en 5 años.
Es el principio de una nueva era, España cuenta con un nuevo marco legal sobre el que desarrollar nuevas medidas punitivas contra el hombre heterosexual. Además, la sentencia de La Manada todavía no se ha hecho pública. La fichas del tablero vuelven a favorecer a la lucha feminista.
- 8/03/2017 Primera Huelga feminista:
El 8 de marzo de 2017 se transforma en un movimiento global, liderado por el feminismo español, constituido por mismo entramado de asociaciones que viven de los fondos de la LIVG. Su manifiesto ideológico es un popurrí de reivindicaciones sin sentido y parece escrito por unos escolares, les animo a que lo lean. aún así la gente se lanzó a las calles a pedir igualdad.
- 20/3/2017 se publica la primera sentencia de la manada. El debut de la perspectiva de género para los jueces.
Se publica la primera sentencia de La Manada, los acusados son condenados por abuso sexual con el voto en contra del Juez González -es la única exposición jurídica que hace referencia a las pruebas y no a los sentimientos o sensaciones expresados por la denunciante- González afirma que se trató de sexo consentido.Una vez más se pone en marcha la maquinaria bien engrasada de las asociaciones feministas con el apoyo de los medios de comunicación. Se inician movilizaciones en toda España contra la sentencia, el juez González es señalado públicamente y es preciso ponerle escolta. El lema “No es abuso, es violación” se extiende mundialmente para desacreditar a la justicia española tachándola de patriarcal. Quiero señalar aquí que el delito de violación no viene tipificado en el código penal español como tal, se llama abuso cuando no hay uso de la fuerza -como es el caso- o agresión sexual cuando se usa la fuerza, legalmente es imposible usar el término violación en la condena. Junto a ese lema, otros que mas tarde tendrán consecuencias legales peligrosas “yo sí te creo”, “no es no” se cuentan por miles en redes sociales y grupos de «WhatsApp. En esas frases se encuentra el germen de las nuevas propuestas políticas que reclaman “a las mujeres hay que creerlas sí o sí” del PSOE de Carmen Calvo -lo cual supone el fin absoluto de la justicia y de la presunción de inocencia- o el “sólo sí es sí”, de Podemos -que pretende exigir un consentimiento explícito en las relaciones sexuales, somo si de un contrato se tratase-. En esos días de tanto revuelo el propio Ministro de Justicia Rafael Catalá arremete públicamente contra el juez González en lo que es una intolerable injerencia del ejecutivo sobre las decisiones judiciales.
Asociaciones feministas comienzan a airear la idea de que, para acabar con la justicia patriarcal en España, es necesario reciclar a los jueces formándolos en perspectiva de género. Aclararé aquí el verdadero significado que este eufemismo encierra y que no es otro que la imposición de que la justicia deje de ser imparcial para creer a la mujer en cualquier circunstancia, contra viento y marea. Esos son los cursos que ya se están impartiendo, una justicia para hombres y otra para mujeres. En este ambiente tan ideologizado es más que posible una amenaza de traslado a aquellos jueces que no pasen por el aro para que se atengan a dictar las sentencias acordes con los nuevos tiempos.
- 3/08/2018 Decretazo de Pedro Sánchez, RD.9/2018
Una de las primeras actuaciones legales de Pedro Sánchez después de acceder provisionalmente al poder fue la de publicar un Real Decreto Ley por la vía de urgencia, sin contar con las demás fuerzas políticas. El RD. 9/2018 que fue publicado un viernes por la tarde, en agosto, con premeditación y alevosía, incluye varias medidas que supuestamente van destinadas a combatir la violencia de género y que son fruto de los acuerdos detallados en el Pacto de Estado contra las Violencias Machistas. Entre las medidas aprobadas, destaca el nuevo modo de acreditación de la mujer maltratada. Basta con que una mujer se dirija al trabajador social del ayuntamiento declarándose a sí misma como mujer maltratada para que obtenga este status y pueda acceder a las diferentes ayudas. Como todos sabemos, donde hay una maltratada, debe haber un maltratador, que en esta ocasión lo será oficialmente por arte y oficio de un papel firmado por un trabajador municipal, sin derecho a recurso judicial. Además, en este R.D. se recortan una parte importante del derecho de patria potestad de ese padre “maltratador” y es que servicios sociales podrá intervenir psicológicamente al menor sin el permiso del padre, abriendo la puerta a la alienación parental con la connivencia de la administración pública. Una vuelta de tuerca más para luchar contra la desigualdad.
- Septiembre de 2018. Buzones de quejas judiciales para mujeres.
El CGPJ pone en marcha en el mes de septiembre de 2018 una nueva división para tramitar las quejas, demandas y denuncias sobre juzgados y tribunales de violencia de género.Se trata de poner a disposición de las víctimas un buzón exclusivo para elevar sus reclamaciones en un protocolo preferente y distinto del resto de denuncias sobre las circunstancias de la administración de Justicia. La creación de esta sección pretende dar cumplimiento a la medida 106 del Pacto de Estado contra la violencia de género. De facto supone una presión añadida sobre los jueces, para que lleven a cabo su trabajo con la “debida perspectiva de género”.
- 08/01/2019 Nueva doctrina de asimetría penal del Tribunal Supremo. Consolidación del delito de autor.
El Pleno del Tribunal Supremo fija en una sentencia que en cualquier agresión mutua entre un hombre y una mujer que tengan una relación de pareja o ex-pareja, la violencia que él ejerce sobre ella debe considerarse de género o machista. Esta sentencia, que crea doctrina, viene a reafirmar la validez de la asimetría penal entre hombre y mujer -contra lo expuesto en el art.14 de la Constitución Española- y además consolida el uso del delito de autor, peligro que fue denunciado en el informe negativo del CGPJ en su día. No existe otra razón para agredir a una mujer que el machismo, a una mujer se le agrede por el hecho de ser mujer.
- 9/07/2019 Segunda sentencia de La Manada. Nuevo concepto jurídico de “intimidación ambiental”.
En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra hace público por fin el fallo sobre el recurso planteado por el abogado de los miembros de la Manada. Presionados por la maquinaria propagandística de prensa, redes, radio y televisión condenan a los enjuiciados agravando aún más las penas. Para ello e introducen un nuevo conceptos jurídico y un nuevo enfoque, que habrían de traer graves consecuencias legales en lo sucesivo. Para salvar el obstáculo de la ausencia de violencia -dado que la propia denunciante había afirmado que no hubo violencia- y evitar una nueva campaña de “no es abuso, es violación” el TSJN crea un nuevo concepto jurídico “la intimidación ambiental”, de tal modo que ya puede condenar por agresión sexual (yo propondría el nuevo eslogan “no es agresión, es violación”). El concepto de intimidación ambiental es un recurso legal sumamente peligroso y supone de facto que cualquier relación sexual con una mujer es susceptible de ser considerada violación, resume en si mismo las peticiones del PSOE y Podemos “A las mujeres hay que creerlas sí o sí” y “Sólo sí es sí” . La segunda novedad introducida por la sentencia y que sienta jurisprudencia — lo hemos visto en el caso de la Arandina- es la multiplicación de la condena para las agresiones en grupo al sumarse las condenas de cada uno como colaborador necesario de los otros.
El reciente caso de los jugadores de la Arandina no ha hecho sino confirmar estas nuevas doctrinas: 38 años a cada uno para lo que parece ser sexo consentido en grupo con una menor, aunque no haya pruebas concluyentes sobre ello.
- Agosto de 2019. La nueva campaña para prohibir la disidencia.
Ya son 2.000.000 de denuncias desde 2004, el calmor contra esta injusticia es cada vez mayor y la gente está perdiendo el miedo. En agosto de 2019, Mónica Oltra, de Compromís, ha pedido que se tipifique como delito la banalización o negación del terrorismo machista. Ya en el mes de diciembre, el gobierno en pleno ha señalado a los negacionistas como el próximo objetivo a batir legalmente para luchar contra las violencias machistas. La actual presidente del Senado, Pilar Llop, ha afirmado que en España «no hay democracia» porque los hombres «ejercen la violencia» sobre las mujeres. Son los tambores de guerra de la próxima campaña de propaganda, cuyo objetivo final es prohibir la disidencia de la ideología de género. ¿te vas a quedar sentado esperando a que esto suceda?Nos vemos los días 15.
