Argentina bajo examen ante Naciones Unidas por el respeto al derecho a la privacidad

Este artículo fue escrito por Eduardo Ferreyra de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), miembro de la red de Privacy International.

Los regímenes de vigilancia de las comunicaciones y de protección de datos personales del gobierno argentino comenzarán a ser evaluados el Viernes 13 de Octubre a las 10:30 hora de Ginebra (05:30 hora argentina) como parte de una pre-sesión sobre Argentina con vistas a la 28va sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU), a celebrarse el próximo Noviembre.

La pre-sesión sirve como un anticipo de la sesión del Examen Periódico Universal, ya que busca reflejar de la manera más fiel posible el formato de la reunión de Noviembre. Asimismo, constituye un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil hagan llegar sus recomendaciones al Grupo de Trabajo, con el objetivo de que éstos las adopten al momento de hacer sus recomendaciones.

Como parte del proceso ADC y Privacy International (PI) realizaron una presentación conjunta en Marzo, en donde manifestamos nuestras preocupaciones acerca de la forma en que el derecho a la privacidad es garantizado en Argentina.

Respecto a la vigilancia de las comunicaciones, el reporte remarca -entre otras- las siguientes debilidades:

● Los frecuentes cambios en la estructura del órgano encargado de la vigilancia de las comunicaciones -tanto en sus denominaciones como en la autoridad de la cual depende-, que ha dificultado la consolidación de un sistema protectorio de los derechos de las personas.

● La poca transparencia en las prácticas de vigilancia y la falta de una supervisión integral y efectiva de los órganos de inteligencia.

● La registración obligatoria de las líneas y los usuarios de telefonía móvil, lo cual supone la imposibilidad de comunicarse anónimamente en Argentina.

● La inclusión de un capítulo sobre vigilancia electrónica en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, cuyas disposiciones no cumplirían con los estándares recomendados por organismos internacionales.

● La existencia de presuntos casos de vigilancia a través de la intervención de comunicaciones telefónicas, espionaje ilegal o campañas de malware y phishing.

Sobre protección de datos, el reporte se focalizó en los siguientes puntos:

● La debilidad del órgano de control y la permisividad en favor del Estado en lo relativo al tratamiento de datos personales.

● La reforma de la actual ley de protección de datos personales, que contiene algunas disposiciones que puedan afectar el correcto ejercicio del derecho a la privacidad.

● La existencia de casos en los cuales se utilizan datos personales para fines de seguridad (SIBIOS) o comunicación (ANSES) que posibilitan un manejo discrecional de información privada de los ciudadanos por parte de los poderes públicos.

En base al reporte de la situación, tanto ADC como PI recomendaron al gobierno nacional que se respeten los compromisos internacionales asumidos. Esto implica el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad al momento de establecer medidas que interfieran con el derecho a la privacidad. En este sentido, un aspecto a resaltar es la sugerencia de establecer una supervisión fuerte e independiente de las agencias de inteligencia y los órganos encargados de intervenir las comunicaciones.

En materia legislativa, se aconsejó que la reforma del Código Procesal Penal respete los estándares de derechos humanos y que la actualización de la ley de protección de datos personales permita superar las debilidades del actual marco normativo. Asimismo, se recomendó la eliminación de la retención obligatoria de los datos de comunicación y el registro de la tarjeta SIM.

Por último, se solicitó la revisión de las actuales iniciativas públicas que están basadas en datos — como el padrón electoral, el sistema de identificación biométrica para la seguridad (SIBIOS) o las tarjetas de transporte- con el fin de que el tratamiento llevado a cabo sea respetuoso de la privacidad y la protección de datos.

ADC y PI desean manifestar sus expectativas respecto a los diferentes pasos del proceso del EPU. En primer lugar, esperamos que el Gobierno Argentino incluya el tema del derecho a la privacidad en su informe nacional. En segundo lugar, esperamos que los Estados que participen en el EPU de Argentina en la sesión del 6 de noviembre 2017 presenten recomendaciones relativas a nuestras preocupaciones. Y, por último, esperamos que si se emiten recomendaciones sobre estos temas, éstas sean aceptadas por el Estado argentino al momento de finalizar el proceso del EPU en 2018 durante la sesión del Consejo de los Derechos Humanos, a fin de que las argentinas y los argentinos puedan realizar sus planes de vida sin sentir la amenaza de estar siendo vigilados o controlados.

A continuación puede acceder a la traducción en español de la presentación conjunta de ADC y PI. Y para mayor información sobre el estado del derecho a la privacidad en Argentina les invitamos a consultar el siguiente recurso desarrollado por ADC y PI: https://www.privacyinternational.org/node/981.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar y mejorar la situación de los derechos humanos en los países miembros del organismo. De acuerdo a este procedimiento, cada país miembro es evaluado cada cinco años y el resultado es reflejado en un Informe Final del Grupo de Trabajo (compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo), que se encarga de enumerar las recomendaciones que el Estado debe implementar antes de la próxima revisión. Para conocer mejor el funcionamiento del EPU consultar en https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it.