A Claudia Johana Rodríguez la mataron su exmarido y el protocolo

El 2 de mayo de 2006, a las 8:45 de la noche, Julio Alberto Reyes ingresó al Centro Comercial Bachué II, se dirigió hacia el local 121, al bar “Combo Combo” y disparó contra su esposa, María Margarita Acosta, dos hermanos de ella Paola Cristina y Carlos Eduardo y contra Omar Díaz amigo de la familia.

Reyes asesinó a sangre fría a Paola Cristina Acosta y Omar Leonardo Díaz. María Margarita, recibió disparos que la incapacitaron durante casi dos meses.

Reyes fue capturado y condenado a 22 años y 11 meses de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por el Juez 13 Penal del Circuito de Bogotá. En su sentencia el juez no consideró como agravantes que el ataque se hubiera producido en un Centro Comercial repleto de gente inocente, ni que el porte de armas estuviera prohibido en Bogotá.

Diez años después, el 4 de julio de 2016, Julio Alberto Reyes fue dejado en libertad tras haber cumplido tres cuartas partes de la pena y porque Medicina Legal diagnosticó que padecía “un trastorno esquizoafectivo, trastorno limite de la personalidad y trastornos de delirio.” La juez no consideró que liberar a Julio Alberto Reyes ponía en riesgo a la sociedad.

El 10 de abril de 2017 a las 7:25 de la noche, Julio Alberto entró armado al Centro Comercial Santafe ubicado al Norte de Bogotá, subió al segundo piso en donde funciona la óptica GMO y disparó contra su nueva esposa, la optómetra Claudia Johana Rodríguez a quien, herida de gravedad, tomó como rehén y dejó desangrar sin que la Policía hiciera algo para evitarlo.

Liliana Rodríguez, hermana de Claudia Johana se salvó porque Reyes llegó primero que ella a la óptica. Liliana le dijo a BluRadio que Luis Augusto Reyes las había amenazado a las dos, que Claudia sostuvo una relación sentimental con él, que hace mes y medio se habían separado y lo había denunciado por violencia intrafamiliar y amenazas. Claudia y su familia solicitaron protección a las autoridades. La protección nunca llegó.

¿Por qué la Juez de Ejecución de Penas dejó en libertad a un asesino confeso capaz de disparar contra multitudes en un Centro Comercial? ¿Acaso un delincuente de esas características no representa un peligro para la sociedad? Con el argumento de que son un peligro para la comunidad hay un montón de ladrones presos en Colombia. Y apenas son ladrones.

Según el portal CorreoConfidencial.com “Él — Reyes- no salió por cumplimiento de la pena. Salió porque estaba en un período de prueba por su buen comportamiento en libertad condicional. Las calificaciones que dieron en el Inpec eran totalmente aptas para una persona que se estaba resocializando”, señaló la juez. Y agregó: “El señor Reyes, hay que hacer claridad, en la cárcel Modelo venía recibiendo su tratamiento y estaba totalmente estabilizado. Allí consumía sus medicamentos”, indicó.

La historia judicial de Julio Alberto Reyes, otros asesinos en serie o agresores irredentos de mujeres como Jhonatan Vega, el atacante de Natalia Ponce de León muestra que sus abogados intentan disculpar la actuación de sus defendidos alegando que padecen enfermedades mentales o actuaron bajo la influencia de la droga.

Los hermanos de Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino de Yuliana, intentaron que una clínica certificara que había cometido sus delitos bajo el efecto de alucinógenos. Las normas colombianas los considera inimputables. ¡Es decir, que no pueden ser responsabilizados por sus actos! ¿Acaso estar loco o ser drogradicto es una disculpa para violar y asesinar? En Colombia al parecer si.

Para la familia de Claudia Johana Rodríguez resulta inexplicable que la Policia haya permitido que ella se desangrara en el suelo a sabiendas de que estaba herida. La Policía llegó en fracciones de minutos, dicen testigos, pero no actuó de inmediato.

“Esta persona -Julio Augusto Reyes- no permite el ingreso de los uniformados al local y por lo tanto se agotan todos protocolos. Teníamos como imperativo prestarle atención médica a la persona que había sido herida (…); se toma la decisión de intervenir”, manifestó el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, según CorreoConfidencial.

Y uno se pregunta, ¿si “el imperativo era prestarle atención médica a la persona que había sido herida” por qué pasaron horas antes de que la Policía interviniera? Por los protocolos explica el General. Protocolos que, como casi todas las normas vigentes en Colombia, parecen estar diseñadas para proteger a los delincuentes y no a sus víctimas.

Cuando la Policía finalmente decide intervenir ya Claudia Johana Rodriguez había fallecido a los pies de su asesino.

Claudia Johana Rodríguez murió porque una Juez concluyó que su agresor no representa una amenaza para la sociedad a pesar de haberse atrevido a disparar contra un grupo de personas, ante testigos y en la mitad de un Centro Comercial. Porque la Policía prefirió respetar “el protocolo” que favorecía al atacante y no a la atacada.

Claudia Johana Rodríguez fue asesinada porque según el General Hoover Penilla, se trataba de una muerte anunciada: “De acuerdo con este caso en concreto, muchas veces es como la crónica de una muerte anunciada. Es una persona con un nivel profesional, va a una cárcel, conoce a una persona, se da cuenta de sus antecedentes plenos y aun así, por diferentes circunstancias que no me corresponde analizar, establece una relación sentimental”.

El caso de Claudia Johana Rodríguez es otro ejemplo más de que la sociedad colombiana es una sociedad enferma. En Colombia secuestradores, terroristas, asesinos y violadores reciben más protección y beneficios del Estado que sus víctimas. Ejercen el monopolio de los derechos humanos.

A Colombia es un país de valores trastocados. Aquí prima el interés particular sobre el interés general. Se privatizan las ganancias y se socializan las perdidas. La justicia exige a los inocentes demostrarlo, mientras inventa razones para liberar a los culpables.

Mientras en Colombia los valores fundamentales no recuperen su vigencia y no haya un Estado capaz de respetarlos y hacerlos cumplir seguiremos sepultando a mujeres como Claudia Johana Rodríguez y a niñas como Yuliana Samboni.

Es hora de cambiar el protocolo