Resultados de la participación en la Vida Política y Pública de las Personas con Discapacidad en Guatemala y el cumplimiento del Artículo 29 de la CDPD
A pesar de la significativa inversión de recursos y esfuerzos tanto de las personas con discapacidad, como por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) para promover la participación electoral de este colectivo, es alarmante, frustrante y decepcionante que no se disponga de datos precisos sobre cuántas personas con discapacidad votaron en los comicios del año pasado. Para la elaboración de este artículo, se solicitó información por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 59–2008).
Ambas instituciones, tanto el TSE como CONADI respondieron a las solicitudes. A continuación las acciones y resultados reportados por CONADI en el contexto de los comicios electorales de 2023.
Acciones Realizadas por CONADI
En respuesta a la normativa nacional e internacional, especialmente el Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), CONADI implementó una serie de acciones destinadas a promover y facilitar la participación electoral:
Observación Electoral:
- CONADI, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), acreditó a 45 técnicos del CONADI y 11 representantes de la sociedad civil como observadores electorales.
- Se realizaron capacitaciones con el apoyo de la International Foundation for Electoral Systems (IFES) y el Instituto Holandés para la Democracia Partidaria, enfocadas en la participación plena y efectiva de las PCDs.
Medidas de Accesibilidad:
- Impresión de 73,755 papeletas en braille y adquisición de atriles con ajustes razonables.
- Asesoramiento a más de 100 personas con discapacidad auditiva a través del Video Call Center.
- Implementación del voto prioritario y voto asistido a nivel nacional, sin reportes de inconvenientes durante el proceso de votación.
- Realización de 28 foros a nivel nacional sobre la participación de las PCDs en el proceso electoral.
Campañas de Sensibilización:
Se realizaron por lo menos 3 campañas institucionales, aunque tenemos conocimiento que también hubo acciones a nivel municipal y comunal para incentivar la participación, aunque este último dato no fue informado por CONADI, las campañas que si reportaron son las siguientes:
1. Campañas interinstitucionales con la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) para promover el empadronamiento y la participación electoral de mujeres con discapacidad.
2. Campaña “EMITE TU VOTO, ES TU DERECHO” promoviendo medidas accesibles y el respeto al voto de las PCDs.
3. Campaña “CONADI, 26 Años Impulsando la Inclusión en Guatemala” destacando la importancia de la accesibilidad en los centros de votación.
Conferencias de Prensa:
1. Varias conferencias a nivel nacional y departamental para promover los derechos políticos de las PCDs y garantizar jornadas electorales inclusivas, se desconoce el monto de estas conferencias porque no fue reportado.
2. Colaboración con medios de comunicación para difundir mensajes sobre la importancia de la participación cívica y democrática de las PCDs.
Resultados y Evaluaciones
El esfuerzo coordinado de CONADI y sus aliados resultó en una mayor visibilidad y facilitación de la participación política de las PCDs. Las actividades mencionadas promovieron la concienciación y el respeto por los derechos de este grupo poblacional. Sin embargo, a pesar de haber solicitado específicamente información sobre el presupuesto asignado para estas acciones, talleres y actividades, CONADI no informó sobre el monto de los recursos utilizados, por lo que se carece de ese dato. Estas respuestas fueron proporcionadas por CONADI en los oficios COMURRPP-200–2024 y DT-910–07–2024.
Acciones Realizadas por el Tribunal Supremo Electoral
El TSE realizó sendos eventos públicos con la participación de personas con discapacidad e invitados especiales. Los montos invertidos en estos eventos no fueron reportados, pero si compartieron unos folletos que versaban sobre protocolos de participación y también hubo divulgación en medios de comunicación y redes sociales, cuyo monto también se desconoce.
El TSE ha invertido millones de quetzales en capacitación y protocolos para la participación de personas con discapacidad. Según los datos proporcionados, la inversión para la participación de personas con discapacidad en eventos electorales se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 1: Inversión para la participación de personas con discapacidad en eventos electorales
Fuente: Datos del Tribunal Supremo Electoral según resolución 280–2024.
En total, se han invertido Q24,438,662.73 en los últimos tres procesos electorales para promover la participación de personas con discapacidad. Cabe señalar que los datos de talleres de capacitación, transporte, reuniones y materiales adicionales no fueron reportados por el TSE, por lo que se desconoce el monto al que ascienden. La suma invertida por el CONADI sigue pendiente de ser revelada, incluyendo los posibles costos de talleres de capacitación, transporte, reuniones y materiales adicionales.
Es importante destacar que muchas personas con discapacidad creyeron en el proceso electoral y se involucraron activamente, ejerciendo su derecho político con la esperanza de contribuir al cambio. Sin embargo, al final del proceso, no podemos saber cuántas personas con discapacidad ejercimos nuestro derecho al voto. Esto obedece a que según manifiesta el Tribunal, las urnas en donde se resguardaba el instrumento 2ª, diseñado específicamente para recoger el dato de las personas con discapacidad que asistieron al evento fue secuestrado por el Ministerio Público, antes que el dato hubiera sido procesado.
Esta falta de información nos deja con la sensación de que nuestro esfuerzo y participación no fueron adecuadamente reconocidos ni valorados. Además, refleja incumplimiento del Estado respecto al artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que garantiza la participación plena y efectiva en la vida política y pública. La ausencia de datos claros y precisos sobre la participación electoral de las personas con discapacidad no solo contraviene esta obligación internacional, sino que también envía un mensaje dañino: que las personas con discapacidad somos ciudadanos de segunda clase y que los temas que nos afectan no son importantes.
En una consulta realizada a un diputado acerca de esta situación manifestó que “lamentablemente” esto obedecía al cumplimiento de un artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), pero ¿puede una investigación criminal del MP destruir por completo un proceso político garantizado por la Constitución de la República de Guatemala? ¿pudo el TSE procesar los datos totales de participación de las personas con discapacidad en el instrumento 2 y que de esta manera los datos fueran públicos y conocidos acerca de las personas con discapacidad? ¿Debemos las personas con Discapacidad, agachar la cabeza y conformarnos con la realidad que luego de una inversión millonaria, los resultados no existan?
Para mí, esta situación es inaudita e ilegítima y el Estado debería de garantizar por el rol que le compete y los compromisos adquiridos, proteger este derecho humano y exigir el cumplimiento de la ley.
Esta situación subraya una preocupante brecha en la recolección y gestión de datos, que es esencial para evaluar el impacto de las iniciativas destinadas a garantizar la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la vida democrática del país. Es imperativo que se establezcan mecanismos claros y eficientes para la recopilación y análisis de estos datos en futuros procesos electorales. Solo así podremos asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que las políticas de inclusión realmente beneficien a las personas con discapacidad.
Es necesario un compromiso firme por parte de las autoridades competentes para resolver estas deficiencias y garantizar que cada voto de una persona con discapacidad cuente y sea contabilizado adecuadamente. La transparencia y la rendición de cuentas en este ámbito no solo son necesarias, sino que son un derecho fundamental. No podemos seguir permitiendo que se nos trate como ciudadanos de segunda clase. La inclusión y el respeto a nuestros derechos son esenciales para una verdadera democracia.
