Mi posición sobre el control de gastos de los partidos políticos

11 octubre 2016. Celebro que el día de ayer la Asamblea Legislativa votó para reducir el aporte del Estado a los partidos políticos del 0,19% al 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país para las próximas elecciones presidenciales.

Manifiesto mi pleno apoyo a que esa rebaja se plasme directamente en la Constitución Política, por lo que votaré favorablemente el proyecto de reforma en ese sentido.

Quiero ser igualmente claro al enfatizar que no apoyaré ninguna reforma, constitucional o legal, que debilite o de alguna manera afecte negativamente el deber de comprobación de los gastos electorales que los partidos políticos están obligados a realizar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Comparto la preocupación de muchos diputados y diputadas en el sentido de que la comprobación de gastos que presentan los partidos en las elecciones –presidenciales y municipales- debe ser hecha de forma más eficiente y expedita; pero jamás a costa de debilitar su adecuada fiscalización.

Por ello, cualquier cambio que se quiera impulsar en la Constitución sobre este tema, solo podrá ser debatido cuando se tenga una propuesta concreta respecto a las eventuales reformas al Código Electoral que serán necesarias y que las mismas cuenten con el respaldo del TSE.

Toda organización que recibe dinero de los costarricenses, debe, por principio y por obligación elemental de integridad y de buena gestión, justificar de manera precisa y comprobable el uso de esos fondos. Y con mucha más razón cuando esas organizaciones son los partidos políticos del país.