El pacto y la sanidad.

El valor político del pacto firmado ayer entre el Partido Popular y Ciudadanos es muy limitado. A estas horas nadie cree que vaya a cimentar un programa que acabe constituyendo la política del futuro gobierno, cualquiera que éste sea. De una parte, porque es improbable que sirva para lograr la investidura de Rajoy en los próximos días. Pero además, porque aunque ésto ocurriera finalmente, la actual composición parlamentaria no permitirá su ejecución plena y directa, abocados como estamos a una legislatura corta y complicada.

Pero en cualquier caso, el pacto sirve como referencia para valorar qué tipo de actuaciones son las prioritarias para los firmantes y cuáles las medidas que se proponen. Veamos las que se refieren a la sanidad.

De las 150 medidas, las estrictamente sanitarias ocupan una parte de las contenidas en el llamado Bloque II, sobre “Sociedad del Bienestar y el Conocimiento”. Son las número 44 a 53. El texto completo se puede consultar aquí.

Los temas de los que tratan esos puntos se refieren genéricamente al concepto de “trabajar por una sanidad moderna y universal, capaz de responder a nuevas necesidades e incorporar nuevos avances”, y son los siguientes.

44. Garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurando la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito, y garantizando la igualdad en el acceso (…)
45. (…) se creará un fondo sanitario que permita que los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos se financien con cargo a dicho fondo (…).
46. Recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario por habitante previos al inicio de la crisis económica, a lo largo de la legislatura.
47. Reducir las listas de espera y generalizar la libertad de elección de médico y centro.
48. Elaborar un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, (…) que será de libre acceso y permitirá detectar disfunciones (…).
49. (…) reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios y en la ordenación de recursos humanos en el sector sanitario. (…).
50. Cumplir los compromisos aprobados por unanimidad por resolución de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la XI Legislatura en el ámbito de la Talidomida. (…).
51. Otorgar especial atención a la mejora de los servicios públicos en nuestras zonas rurales.
52. Mejorar el acceso a la tecnología innovadora en salud eliminando barreras jurídicas e implantando nuevas fórmulas sostenibles para su incorporación, así como de nuevos avances terapéuticos. Seguir impulsando las centrales de compras. Impulsar la e-salud: Avanzar en la extensión la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital (…).
53. Aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida (…).

Hasta aquí lo convenido por los partidos. La pregunta que cabe hacerse es si realmente han sabido centrarse en lo importante y son capaces de aportar la visión reformista que necesita perentoriamente nuestro sistema de salud.

La respuesta a esa pregunta, desde mi opinión, es no.

Da la sensación de que las medidas que se proponen están ahí más para justificar la existencia de un pequeño capítulo dedicado a la sanidad que para proyectar el marco de desarrollo que nuestra sistema de salud demanda en un futuro muy inmediato. La sanidad, no lo olvidemos, es la segunda dedicación de gasto público del Estado después de las pensiones, y un ámbito en el que son necesarias muchas reformas, las que desde hace ya demasiado tiempo se están esperando.

Las medidas que se han propuesto en el pacto son tópicas, las que cualquier programa de partido incorporaría para que suene agradable su lectura. Pero pecan de inconcreción y, sobre todo, no parecen querer incidir en los verdaderos problemas de nuestro sistema de salud. Además, la mayoría tratan sobre asuntos que dependen directamente de la capacidad de gestión de las Comunidades Autónomas, sin que se haga mención de una norma uniformadora que sería imprescindible si se quieren implantar de manera conjunta para todo el Sistema Nacional de Salud.

El primer problema de nuestra sanidad es la falta de criterios claros de gobernanza. Más allá de los títulos legales que marcan competencias en el Estado y en las CC.AA., nadie es capaz de afirmar que el SNS no está plagado de inequidades y que la adopción de las decisiones sanitarias es un verdadero fárrago, sin que exista siquiera la seguridad de que una determinada estrategia de actuación pueda llegar a desarrollarse en todo el territorio nacional. La publicación reciente de las diferencias en el gasto sanitario por habitante de las diversas Comunidades es sólo un exponente de este problema. La sanidad española sigue deambulando entre las supuestas competencias rectoras del Estado y el habitual voluntarismo gestor de las Comunidades, y sin un modelo de distribución de recursos financieros (del Estado a las Comunidades, y también dentro de éstas) que permita un desarrollo pautado y predecible de sus prestaciones y atributos de calidad. El hecho de que España siga bajo la tutela presupuestaria de Bruselas, que el déficit público no esté controlado, y que hayamos superado el registro histórico de deuda pública, debiera ser un acicate especialmente intenso el ámbito de la política sanitaria para acordar medidas relevantes de gobernanza, financiación y reforma de la gestión.

En el campo de las prestaciones, la gran incógnita que acecha a nuestro sistema es saber si va a ser capaz de asumir las innovaciones que han de llegar muy pronto, especialmente las que vendrán de la mano de medicamentos altamente resolutivos pero de mucho mayor coste que los actuales. Lo ocurrido en la pasada legislatura con la hepatitis C es sólo el preámbulo de muchas situaciones similares que han de llegar, en la que veremos enfrentarse la necesidad de aplicar terapias innovadoras capaces de resolver enfermedades que hasta ahora son incurables, frente a la escasez y limitación endémica de recursos propia de un sistema sanitario publificado hasta el límite.

Y en el campo de la gestión, sin duda el reto actual es la digitalización, que va mucho más allá de la historia clínica o la receta electrónica que cita el pacto. Hace poco se ponía de manifiesto en un informe de la CEOE (auspiciado por Siemens) que es justo la sanidad el territorio menos propenso a adoptar una transformación digital que mejore su funcionalidad y permita ahorros significativos de costes y dedicaciones alternativas para los recursos ineficientes. La transición hacia esa sanidad verdaderamente digital, con toda la transformación que ha de suponer -en los pesos de los actores, en las capacidades preventivas, en la personalización asistencial, en la reingeniería de todos sus procesos, en la capacidad de toma de decisiones, etc-, es el mayor reto actual para profesionales, gestores y organizaciones sanitarias. Y frente a ello, cualquier abordaje parcial deviene menor.

Es seguro que tanto en el PP como en Ciudadanos existen personas capaces de valorar mejor los retos sanitarios y plasmarlos en propuestas acordes con una realidad que ha cambiado y que ya no se compadece con los tópicos habituales. El hecho de que el pacto que acaban de firmar esté presuntamente inspirado en una pulsión reformista debería haber generado otro tipo de propuestas, menos tópicas y más realistas y avanzadas. Ya es hora de que el capítulo sanitario no sea sólo tratado con textos de repertorio, tan inconcretos como conceptualmente reiterativos.