Acerca de una limitación en la legislación costarricense: Uber, FIV, y el resto del futuro
¿Qué hace tan difícil proponer soluciones en Costa Rica a los conflictos derivados del avance internacional del conocimiento o de la ética? Este artículo busca argumentar que la incapacidad decisión nacional se relaciona a un sistema electoral que en lo legislativo lleva a preferir personas sin formación, experiencia o perspectiva relevante para el contexto histórico y geopolítico que vivimos.
¿Quiénes legislan?
Partiremos de tres suposiciones fundamentales: que el mundo contemporáneo se dirige por el progreso y uso del conocimiento, que la formación académica avanzada refleja habilidades mínimas de resolución de problemas en cada disciplina y que la dinámica internacional afecta la dinámica del país nos guste o no. Los datos públicamente disponibles de la página Web de la Asamblea Legislativa son reveladores acerca de la formación y experiencia del Congreso. Nos centraremos en sus áreas de especialidad, formación académica y geografía del impacto.
El análisis arroja los siguientes resultados: una mayoría en política, leyes y lo internacional (24), seguida de ciencias económicas (15), ciencias sociales y humanidades (11), ciencias naturales (4) e ingenierías (3). En cuanto a grados académicos predominan bachilleratos y licenciaturas (28), maestrías (21), sin formación universitaria (4), diplomados (2) y doctorados (2). Finalmente, la gran mayoría tiene ámbito de experiencia exclusivamente nacional (43), con algunas personas cuyo trabajo trasciende a Centroamérica y el Caribe (5), América Latina y países fuera de OCDE (5), y muy pocas con impacto en países dentro de la OCDE (4).
Quienes construyen las leyes, en su gran mayoría, carecen de las herramientas intelectuales, de la formación y de la práctica para lidiar con las preguntas técnicas y éticas detrás de fenómenos como Uber, FIV, drones, infraestructura y telecomunicaciones y el resto del futuro. La escasa formación en ciencia y tecnología es alarmante. Quienes crean nuestras leyes no están habituados a resolver problemas sistemáticamente, sino a discutir de manera superficial sus efectos y buscar parches socialmente aceptables. Finalmente, una limitada experiencia internacional en el involucramiento con países avanzados que han resuelto problemas básicos adecuadamente lleva a darnos escasa ambición e imaginación como país. Ser espectadores equivale a quedarse atrás, y cuando las sociedades avanzadas y las que no interactúan, estas últimas reciben colectivamente las peores consecuencias.
¿Es más asesores la solución? No, puesto que quien es asesorado requiere poder decidir si lo que le indican tiene sentido o no dentro del área particular a partir de su propia experiencia. La labor de los asesores debería ser técnica en lo político y lo legal, así como de búsqueda de ejemplos y contra-ejemplos que sustenten las propuestas. La formación académica de una persona legisladora debería ser no menor a maestría con evidencia comprobable de haber resuelto problemas complejos con éxito, y con exposición a otras latitudes.
¿Qué significa representar al pueblo?
En un acto de confianza en la capacidad de resolver problemas, el pueblo deposita autoridad sobre aquellas personas que se acercan más a su forma de pensar y esperan como resultado mayor bienestar. El primer acto público de honestidad es reconocer si se tiene capacidad para propulsar al país al menos un poco antes de aspirar. No toda persona costarricense está preparada para acceder al derecho de legislar cuando los retos de la sociedad son cada vez más sofisticados. Para que la Ley tenga autoridad, debe estar sustentada en la razón, y para ello debemos exigir mejores perfiles en los tres poderes mediante mecanismos apropiados. La buena voluntad es necesaria pero insuficiente.
Todos los seres humanos somos falibles, pero lo somos más en la ignorancia. Y en la política, esta es la puerta de entrada para ser víctima de la ilusión del conocimiento, la más peligrosa de las artimañas de la mente.