Ley de Medios:
Una lucha por una ley de la democracia

Ley de Servicios Audiovisuales

Tras una maratónica sesión en la Cámara de Senadores de la Nación, en octubre de 2009, el Boletín Oficial publicó la Ley Nº 26.522, Ley de Servicios de Comunicación conocida como Ley de Medios, lo cual fue resultado de una larga lucha histórica.

Esta Ley de Medios remplazaba la antigua Ley de Radiodifusión de la dictadura promulgada en 1980, la cual consideraba como nuevas tecnologías a las radios FM. Dicha ley fue promulgada por el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, mientras que al mismo tiempo se creaba el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), organismo que estaba conformado por siete miembros, tres de los cuales debían pertenecer a las fuerzas armadas. Todos los presidentes presentaron proyectos para cambiar la Ley de Radiodifusión.

El 1 de marzo de 2009 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de la Ley de Servicios Audiovisuales, el cual sería enviado al Congreso Nacional para que sustituyera el Decreto/Ley 22.285 de Radiodifusión. El 10 de octubre de 2009 es sancionada la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual tras su aprobación por el Congreso de la Nación con 146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados; 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención en el Senado.

La normativa que había sido aprobada por una gran mayoría no podía implementarse totalmente por un recurso judicial interpuesto por el Grupo Clarín que reclamaba contra cuatro artículos de la ley 26.522.

El 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo final sobre la constitucionalidad de la ley. Según la mayoría de los miembros de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni) los artículos 41, 45, 48 y 161 –cuestionados por el Grupo Clarín– eran válidos.

La ley de Servicios Audiovisuales regula los servicios de comunicación audiovisual de nuestro país, gracias a mecanismos que procuran la promoción de la diversidad y pluralidad de contenidos, la desconcentración del sistema y el fomento de la competencia, con el objetivo de democratizar y universalizar el acceso, entendiendo a la comunicación como un derecho humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado.

La ley fue elaborada por la Coalición por una Comunicación Democrática, un grupo conformado por sindicatos de prensa, universidades, radios comunitarias, organizaciones sociales, radios comerciales (pequeñas) y organismos de derechos humanos. Antes de ser aprobada en el Congreso, se discutió en foros abiertos a la comunidad en muchísimos lugares del país.

La antigua Ley de Radiodifusión

La Ley de Radiodifusión, ley 22.285, fue promulgada por Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 gracias a la cual también se creo el COMFER, Comité Federal de Radiodifusión. El cual tenía como funciones “controlar los servicios de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos”, “supervisar la programación y el contenido de las emisiones” y “calificar en forma periódica a las estaciones”.

La Ley de Servicios Audiovisuales que fue sancionada por el Congreso Nacional el 10 de octubre de 2009, producto de muchos años de investigación y consenso por parte de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y distintos actores del sistema de medios de comunicación de la Argentina, remplazó al Decreto/Ley N° 22.285, sancionada por el gobierno de facto de Jorge Videla.

Entre las diferencias principales entre la Ley de Servicios Audiovisuales y la antigua Ley de Radiodifusión se destacan, por ejemplo, que el COMFER era dirigido por un representante de cada fuerza militar, otro de la SIDE y otros de las empresas, y había un interventor elegido por el presidente, pero con la nueva ley se creó el AFSCA “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual” la cual estaba integrada por la oposición. Así como también se reservaba un 30% del espectro para entidades sin fines de lucro y otro 30% para canales como Canal 7 o Encuentro.

Críticas por parte del Grupo Clarín

Tras la promulgación de la ley, el Grupo Clarín impugnó ante la Justicia cuatro artículos, los artículos 41, 45, 48 y 161, ya que el grupo económico era el principal afectado por tales artículos que significaban un cambio en la posición dominante de Clarín.

Cuestionaban los aspectos que restringían la acumulación de licencias de aire y de cable, y que obligaban a la desinversión de ciertos grupos económicos que se hallaban más allá de esas limitaciones (entre ellos, Grupo Clarín), y la obligación de desprenderse de sus licencias antes del vencimiento del plazo original. Horacio Alfonso, juez de primera instancia, dictaminó que los artículos impugnados por el Grupo Clarín eran válidos. No obstante, la Cámara Federal Civil y Comercial decidió que dos de los cuatro artículos eran inconstitucionales.

El 26 de octubre Clarín acudió a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley. El 15 de diciembre el juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar a favor del Grupo en la que dejó sin efecto la aplicación de los artículos 41 y 161, y en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la norma, que debía realizarse a un año de su promulgación.

El artículo 45 prohibía que un mismo operador acumule licencias de TV, radio y cable, así como también prohibía que un cable llegue a más del 35 por ciento del país y que un operador de cable, en una misma zona tenga un canal de aire. Según el Grupo Clarín los límites del artículo 45 no eran razonables. La Cámara Federal Civil y Comercial, le dio la razón: los cables no podían estar sujetos a ningún límite porque no usan el espectro radioeléctrico. Con respecto al artículo 161, la ley obliga a Clarín a desprenderse de las licencias que exceden esos límites por lo que la empresa argumentó que afectaba sus derechos adquiridos porque los obligaba a vender licencias cuyo plazo no habían vencido.

Constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales

Cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la ley 26.522, el 29 de octubre de 2013, tras un largo proceso de instancias judiciales la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la constitucionalidad de la ley y la validez de los cuatro artículos cuestionados por el Grupo Clarín.

Los votos a favor de la constitucionalidad general de la ley de medios fueron de los Dres Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, quienes argumentaron su voto a favor de dicha ley porque se trataba de “fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes”, apuntaba el fallo. Y agregaba que la ley es coherente “con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información”.

Derogación de la Ley 26.522 por decreto de necesidad y urgencia

El 30 de diciembre de 2015 el nuevo Jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en la Casa Rosada la derogación de la Ley de Medios por decreto de necesidad de urgencia del actual presidente Mauricio Macri. El jefe de gabinete anunció también que por decisión de Mauricio Macri “se termina la guerra del Estado contra el periodismo” y que “comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI”.

Durante el anuncio Marcos Peña se encontraba acompañado del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y Miguel de Godoy, quien había sido anunciado como reemplazante de Martín Sabbatella al frente de la AFSCA.

El decreto de necesidad y urgencia disuelve las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones AFTIC “fusionándolas” en un único ente que regulará las comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones: ENACOM.

Además se anunció que el gobierno modificará la ley de medios para permitir la transferencia o venta de licencias (lo cual se prohibía en uno de los artículos la ley) y sacará de esa norma la regulación de la televisión por cable.

La decisión se dio luego de la intervención del AFSCA y la AFTIC y de la clausura de sus oficinas de la mano de policías y que luego fue suspendida por una medida precautelar firmada por el juez Luis Arias.

El directorio del ENACOM estará conformado por siete integrantes, cuatro de ellos del Poder Ejecutivo, los otros tres serán designados por el Congreso. Los directores asumirán por cuatro años y “podrán ser removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de causa”.

El artículo 41 era uno de los cuatro artículos que criticaba el Grupo Clarín a la Ley de Servicios Audiovisuales, pero a su favor por este decreto ahora se establece una prórroga del plazo de licencias por 10 años y modifica el artículo por el que las licencias eran intransferibles. Ahora las licencias serán transferibles, con la aprobación posterior del Enacom. Si éste ente no se pronunciara en 90 días, la transferencia se considera aprobada tácitamente. El DNU de Mauricio Macri además también amplía la cantidad de licencias, en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3 a 4. También aumenta de 15 a 45 por ciento las acciones de los titulares se podrán cotizar en bolsa.

Los DNU se pueden leer en los boletines oficiales:

*Decreto 13 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/138140/20151211

*Decreto 267 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/139399/20160104

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