El desarrollo de la Deuda Externa en la Argentina
Existe la hipótesis acerca de que la deuda externa argentina constituye un instrumento central en función de instaurar en forma permanente un esquema colonial, donde los países periféricos deben subordinar sus decisiones soberanas de política económica frente a los países centrales.
Teniendo en cuenta que la historia inicial de la deuda externa se remite a 1822, cuando el gobierno de Martín Rodríguez negoció con la firma londinense Baring Brothers & Co un empréstito por un millón de libras esterlinas para financiar obras en el puerto de Buenos Aires, podemos señalar a 1976 como inicio histórico de la deuda moderna.
La dictadura (1976–1983)
En 1976, a comienzos de la dictadura, la Argentina debía aproximadamente 7.500 millones de dólares y al terminar ese régimen, con el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, la cifra ascendía a 45.000 millones. Este descomunal crecimiento de la deuda se debió, fundamentalmente a que Cavallo, en nombre del estado, asumió las deudas de grandes grupos económicos privados, lo que se conoció como la “estatización de la deuda” en 1982. De este modo, la mitad de la deuda externa era, en realidad, deuda privada estatizada.

La otra mitad se componía de deuda ingresada como crédito a empresas públicas, tales como YPF o Aerolíneas Argentinas, pero que en vez de emplearse para el desarrollo de dichas empresas, los fondos se destinaron a las arcas del Banco Central para financiar la fuga de capitales y de importaciones. Por lo tanto, podemos señalar que existió un procedimiento a partir del cual el gobierno de facto endeudaba al Estado, transfiriendo al conjunto de la sociedad la deuda contraída por las grandes empresas mencionadas, a la vez que se utilizaban la empresas públicas para negocios financieros. Esta estafa impuesta por medio de la dictadura, generó una causa judicial y la denuncia del carácter ilegítimo e ilegal de la deuda externa, llevada adelante por Alejandro Olmos.
El gobierno de Alfonsín (1983–1989)
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia por el voto popular, afirmando que su gobierno no pagaría la deuda externa en base al hambre del pueblo. Así, remitió al Congreso la iniciativa de crear una comisión bicameral para realizar una investigación sobre el origen de la deuda, medida que nunca se llevó adelante.

Incluso el Banco Central había conformado un equipo para investigar las cuentas y detectar las irregularidades en la contabilidad de esa entidad monetaria. Argentina continuaba con una fuerte crisis en relación a su deuda externa y el ministro de Economía, Grinspun confrontaba con el FMI.
El ministro quería que se auditara la deuda para declarar su nulidad por ilegítima. Procuraba organizar el llamado `Club de deudores`, que finalmente fue desmantelado por presión de los acreedores, FMI y Estados Unidos. Alfonsín insistía en que estábamos dispuesto a pagar la deuda, pero sin los ajustes que el FMI pretendía, como rebajar aún más el salario real de los trabajadores. Al ser interrogado acerca de lo que ocurriría si se produjese una ruptura con el FMI, respondió: “Tenemos estudiadas todas las alternativas. El pueblo argentino resistirá mejor en ese caso que si aplicáramos políticas recesivas” y en ese caso, “habrá que trabajar fuerte y duro”. El gobierno de Alfonsín terminó con una inflación de más del 700 por ciento. En este período la deuda llegó a los 65.300 millones de dólares, es decir que la variación total fue del 44,8 por ciento.
El gobierno de Menem (1989–1999)
Hacia finales de los ’80, los intereses de la deuda externa se volvieron sofocantes para las economías de la región, sumidas en el mismo proceso de dictaduras feroces y endeudamiento ilegal. Los países entraban en crisis y el Gobierno estadounidense formuló el denominado Plan Brady, el cual consistía en un canje de refinanciación de la deuda, que sería comprada y luego revendida por un grupo de grandes bancos internacionales. Nuestro país fue uno de los que negoció sus deudas a través de este Plan. El diseño del plan financiero estuvo a cargo de la JP Morgan a pedido de quién había sido nombrado Ministro de Economía, nuevamente Cavallo. El FMI supervisaba la operación, exigiendo a cambio del rescate financiero a nuestro país algunas medidas de política económica entre las que se destacan: privatización de empresas públicas y del sistema previsional, reformas impositivas, política antiinflacionaria y de superávit fiscal, achicamiento del Estado. La promesa consistía en que si Argentina cumplimentaba este Plan fielmente, se aseguraba el acceso a los mercados financieros internacionales. Nuevamente, la deuda se utilizó para financiar la fuga de capitales y la apertura indiscriminada de las importaciones. Como consecuencia, los intereses de la deuda se tornaron insostenibles, representando más del 20 por ciento del presupuesto nacional.

El gobierno de De la Rua (1999–2001)
Las primeras medidas económicas que anunció De la Rúa fueron el denominado Blindaje, el cual consistía en un canje que asumía más deuda a cambio de mayores recortes fiscales. Cuando éste Plan no dio resultado, volvió a convocar a Cavallo que instrumentó el Megacanje. Se trataba de un ambicioso refinanciamiento a mayores plazos y mayores tasas, operado por siete bancos por el que cada uno de ellos cobró U$S 150 millones en concepto de comisiones, convirtiendo a esa operación en una causa judicial por estafa. El Plan fracasó y con él el gobierno de De la Rúa. A esta altura podemos distinguir un patrón de eterna refinanciación de la deuda, altísimos intereses, canjes y funcionarios que, como Cavallo, estuvieron a lo largo de todo el proceso. En el punto máximo de la crisis social y económica De la Rúa renunció el 20 de diciembre de 2001.

La crisis y sus presidentes (2001–2003)
El 23 de diciembre de 2001, asume el presidente provisional Adolfo Rodriguez Saa, quien declaró la cesación de pagos. Para ese entonces la deuda pública externa ya alcanzaba un valor de U$S 144.500 millones. El Juez Ballestero ya había dictaminado en la causa Olmos (iniciada en 1982) estableciendo que deuda externa argentina tenía un carácter ilegal e ilegítimo, no sólo por su origen en la dictadura sino por las irregularidades cometidas en las sucesivas refinanciaciones en democracia. Además Ballesteros encomendó al Congreso de la Nación la formación de una comisión bicameral para investigar la deuda en función de repudiar los componentes ilegítimos con argumentos jurídicos y negarse a seguir pagando una estafa. La comisión nunca llegó a conformarse.

Pocos días duraría el gobierno de Rodríguez Saa, hasta el 30 de diciembre de 2001. Tras varios juramentos fallidos de funcionarios en la línea de sucesión presidencial, la Asamblea Legislativa, designa a Eduardo Duhalde como presidente. En el 2002 ya se encontraba lanzada la segunda etapa de la re-estructuración ordenada de la deuda que perseguía canjear los bonos globales, letras del tesoro y bonos Brady, todos ellos bajo ley extranjera, que aún circulaban por el mundo por un monto global de 45 mil millones de dólares, por bonos que no devengarían más del 5 por ciento anual de interés y que extenderían todos los plazos de vencimiento en 3 años. Gracias a que esta primera etapa del proceso de re-estructuración resultó ordenada, el Estado contaba con los votos necesarios (para la mayor parte de los bonos globales, especialmente los más onerosos) para imponer cláusulas de salida consentida, teniendo la virtud de cambiar la jurisdicción de los bonos que no aceptan entrar en el canje, siempre y cuando se consigan votos favorables del 66 por ciento de los bonos originariamente emitidos de cada serie. Se señala que de haberse aplicado esta metodología, no hubieran quedado holdouts, o los que hubieran quedado no tendrían la posibilidad de litigar como buitres. Sin embargo, el golpe institucional de 2001 generó el peor de los defaults imaginables: al disponer la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares firmados bajo ley argentina. Sólo los tenedores de préstamos garantizados pudieron recuperar los bonos originales bajo ley extranjera. De esta forma la deuda contraída con acreedores privados quedó defaulteada.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003–2015)
Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 manteniendo a Roberto Lavagna como Ministro de Economía. Éste optó por el tradicional canje en 2005, reconociendo la legitimidad al conjunto de la deuda defaulteada. Nuevamente se perdía la ocasión de auditar la legitimidad y legalidad de la deuda y determinar que fue contraída a partir de una estafa al pueblo argentino.

De los 103 mil millones de dólares en cesación de pagos, el gobierno ofreció un canje por 35 mil millones, es decir de una quita muy significativa. Aunque contaba con algunas compensaciones como el “Cupón PBI”, de todos modos se trataba de una rebaja importante. En 2005 el 76 por ciento de los bonistas ingresaron al canje y luego en una reapertura en 2010 lo hicieron un 16 por ciento restante, conformando el total del 92,4 por ciento de bonistas reestructurados. Quienes quedaron afuera, los llamados Holdouts constituyeron el 7,6 por ciento que no participó de los canjes.
Podemos decir que la Argentina encaró en este período una política de desendeudamiento, aunque esta consistió en el canje y el pago sistemático de los intereses de la deuda externa durante todos estos años sin realizar la mencionada auditoría. Los denominados “fondos buitres” desplegaron su estrategia: comprar bonos argentinos en default a precios viles para luego reclamar la totalidad del valor. A fines de 2012 el juez estadounidense Griesa dictó sentencia contra la Argentina por U$S 1.333 millones más intereses a pagarle a estos fondos. El gobierno argentino apeló pero en 2013 la cámara de apelaciones sostuvo la sentencia original. En junio de 2014 la Corte Suprema de los EEUU decidió no tomar el caso y por ende dejar firme la sentencia de Griesa. El juez decidió embargar cualquier pago que la Argentina haciera para obligar al país a ejecutar la sentencia, y por ende la Argentina ingresó en lo que se denominó “default técnico”. Tras el reclamo de los fondos buitres, todo el resto de los acreedores que no entraron al canje (es decir ese 7,6 por ciento) reclamaron también el pago de la totalidad de la deuda con lo cual el monto exigido se incrementó a U$S 12.000 millones.
El gobierno de Macri (2015-actualidad)
Macri reabrió las negociaciones con los holdouts. El acuerdo se firmó en Nueva York e implicó pagos que podrían llegar a los 15.000 millones de dólares. De ese total, 4.653 millones de dólares de deuda, más del 75 por ciento del total del fallo de Griesa, que incluye gastos legales de los acreedores en los últimos años, corresponde a los principales fondos buitre. Pesaba además contra la Argentina la llamada cláusula “pari passu”, donde se da igual tratamiento a los fondos buitres que a aquellos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. El Gobierno transfirió US$ 9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoristas, incluidos los acreedores italianos y fondos buitre. Poco después, Griesa levantó las medidas cautelares que impedían los pagos a los bonistas de los canjes de la deuda de 2005 y 2010, que estaban sujetos a los pagos de las sentencias a favor de los holdouts. El gobierno manifestó que este acuerdo cierra una etapa de más de una década de conflicto y aislamiento, que es un arreglo que nos vuelve a conectar con el mundo. Tras la cancelación de estos montos, en tan solo ocho meses, el Gobierno nacional emitió casi 50 mil millones de dólares de deuda, entre los bonos en dólares y los emitidos en pesos. El aumento de la deuda pública se disparó a partir de abril, cuando el Palacio de Hacienda selló el acuerdo con los fondos buitre. El monto emitido equivale a 1,5 veces las reservas que tenía el Banco Central. El stock de deuda de 2016 se mantuvo dentro de lo autorizado por el Presupuesto 2016, que permitía 978,9 mil millones de pesos de pasivos para ese año.

Finalmente, este debate tiene que ver con la posibilidad de ser una nación soberana, en lugar de la opción de ingresar al sistema global financiero desde la periferia, hecho que, como queda claro, siempre nos ha perjudicado.
