Surgen nuevos datos sobre desfalcos a Pdvsa investigados por la Asamblea Nacional

Por: Fiorella Perfetto

Desde que en octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional presentara el informe sobre las presuntas irregularidades administrativas cometidas en Pdvsa en contra del patrimonio público, poco o nada se conoce sobre las diligencias practicadas por los organismos competentes — Ministerio Público, Contraloría General de la República, entre otros — para determinar responsabilidades en el desfalco de al menos 11.000 millones de dólares a la Nación. Salen a la luz nuevos datos de estos casos que los podrían colocar en la mira del Ministerio Público

Las investigaciones realizadas en casos como los “taladros chinos”, Banca Privada D’Andorra, Pdval, la Gabarra “Aban Pearl” o el caso de “Liaoning Northem Steel Pipes”, entre otras, presentadas en octubre de 2016 bajo el expediente N°1648 de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, aun no cobra responsables en el desfalco a la Nación, cuya magnitud se estima en al menos 11.000 millones de dólares.

Tanto la Presidencia de la República, como el Ministerio Público — a cargo en ese entonces de la fiscal Luisa Ortega Díaz — como la Contraloría General de la República y los órganos con competencia en esta materia recibieron en su oportunidad el informe remitido desde las altas instancias del Parlamento.

Las irregularidades que fueron investigadas tuvieron lugar entre 2004 y 2014, período en el cual el zar del petróleo Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y uno de los señalados como principal responsable en las irregularidades administrativas cometidas contra el patrimonio público de la Nación, ejerció como presidente de la estatal petrolera venezolana.

Al momento de su designación como presidente de Pdvsa — el 20 de noviembre de 2004- Ramírez era parte del tren ejecutivo del fallecido presidente Hugo Chávez, en franca violación de los estatutos sociales de Pdvsa, que prohibía a funcionarios con cargos ministeriales ocupar un curul en la Junta Directiva de la sociedad (Pdvsa), tal como era su caso, tras ser designado Ministro de Energía y Minas un par de años antes, el 17 de julio de 2002, según consta en la Gaceta oficial N°. 37.486. La ley fue entonces “enmendada” para cubrir la ilegalidad, el 7 de diciembre de 2004.

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A la espera del Ministerio Público: los nuevos datos que engordan aún más los 11 mil millones estafados a la Nación

Dentro del compendio de al menos una decena de casos investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, existen otros hechos que harían mucho más grande la ya grosera cifra de 11 millardos de dólares que la Nación dejó de percibir por prácticas de corrupción.

Una de ellas es la investigación señalada con el número nueve en el grueso expediente del Parlamento. Allí se determinó que empresarios venezolanos actuaron como representantes de una sociedad extranjera, la china “Liaoning Northem Steel Pipes” para recibir de Bariven, filial de procura de Pdvsa, más de 56 millones de dólares, “con facturas emitidas a nombre de empresa origen chino”.

Estos empresarios, que según el informe fueron representados por Joseph Benoudiz, habrían sobrefacturado más de 12 millones de dólares, “en concatenación con lo que demuestran las pruebas anexadas al expediente respectivo”.

En el año 2012, estos empresarios habrían hecho creer a Bariven, filial de procura de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, que compraba tuberías al gigante chino Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD, la segunda mayor fabricante del orbe, cuando en realidad Benoudiz y su socio Pablo Cárdenas constituyeron una empresa en el estado de Texas, Estados Unidos, con un nombre similar para así suplantar la identidad del proveedor asiático. Esto no habría sido posible sin la anuencia y complicidad de funcionarios a lo interno de la estatal petrolera venezolana, que recibieron sobornos a cambio de estos favores, una frecuente práctica dentro de la industria en las tramas de corrupción y lavado de capitales que han salido a la luz.

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Estos hechos, que fueron investigados por la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo contemplaron, además de la impostura de la identidad jurídica del gigante chino, la sobrefacturación en las órdenes de compra. A la acusación, Benoudiz respondió a los representantes del Parlamento con una carta que, lejos de allanar el camino de las pruebas con una explicación convincente sobre el hecho, terminó por añadir nuevas aristas de irregularidades a la investigación.

“La carta recibida en original y signada por el ciudadano Joseph Benoudiz (…) generó como consecuencia la evidencia de una mayor cantidad de irregularidades de las que ya se han podido analizar previamente con los documentos probatorios del expediente, irregularidades estas que son ADMITIDAS por el representante de la CONTRATISTA en su declaratoria”.

Así, el empresario franco-venezolano admitió ante los parlamentarios que otra empresa china llamada Shanghai Jiafang Steel Pipe Group Co, LTD le habría autorizado a licitar en su nombre ante el Estado venezolano, hecho que contraviene la normativa de los estatutos de Bariven, la cual se erige como la única para intermediar en estas operaciones, así como la violación a la Ley de Contrataciones Públicas contempladas en la Gaceta Oficial N° 39.503 del 6 de septiembre de 2010.

Admitió además, que se realizaron modificaciones a las condiciones establecidas inicialmente en el contrato “lo cual presupone una infracción sobre los artículos 44, 46 y 96 de la Ley de Contrataciones Públicas de 2010”, como también su declaración sobre la falta de pago por parte de Bariven.

La responsabilidad sobre estos hechos recae sobre Javier Alvarado, quien ejerciera la presidencia de la filial de procura de Pdvsa, “que omite realizar alguna acción que conllevara a la rescisión del contrato actuando con negligencia e imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes y capitales de la Nación” hechos que hacen más peso en la declaratoria de responsabilidad política sobre Alvarado.

Sin embargo, este no es el único caso por el cual se señala a Benoudiz o sus socios de haber cometido presuntas prácticas corruptas y que con más razón debería encender las alarmas a lo interno de los organismos competentes para abrir las investigaciones de este caso.

Según el expediente número MP-268713–2015 que cursa en la fiscalía 67 con competencia nacional, el empresario y su socio Pablo Emilio Cárdenas, accionistas de la empresa estadounidense ATN Industries, INC y la venezolana Consorcio Pentamat, C.A, estarían presuntamente incursos en otra práctica de corrupción.

Se lee en el documento legal que los mencionados empresarios habrían “cometido hechos irregulares que presuntamente revisten carácter penal en contra del Estado venezolano” referido al cobro doble por la ejecución de contratos de instalación de tuberías en sistemas de agua en el estado Zulia, contratos celebrados entre dichas empresas y el Ministerio del Ambiente.

El cobro doble se concretó al recibir el pago por el contrato por parte del Ministerio del Ambiente y luego el Consorcio Pentamat, C.A.habría solicitado otra cantidad de dinero en divisas estadounidenses por el mismo contrato a la extinta Comisión Administradora de Divisas (Cadivi).

La denuncia, interpuesta el 4 de junio de 2015 ante la Dirección Nacional Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República, también entregada por ante el despacho del Procurador General de la República, en septiembre de ese mismo año. A partir de estas fechas se han consignado escritos para solicitar el “impulso procesal”, sin resultado.

La trama de corrupción: cobro por aquí, y por allá también

En 2007, la entonces ministra de Ambiente Yuvirí Ortega y las empresas ATN Industries, INC con sede en Miami, estado de Florida en Estados Unidos y su representante en Venezuela, Consorcio Pentamat, C.A, cuyo representante legal es Pablo Emilio Cárdenas y Joseph Benoudiz, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), firmaron el contrato N° DGEA-DPPP-SAM-07-SUM-07-ZU-3735 que consistió en el suministro de tuberías de acero “para aducción presa Tres Ríos-Cerro Cochino-Winka” ubicada en el estado Zulia. El monto del contrato se pactó en 130 millones de dólares.

Se fijó además que los contratistas recibirían un “anticipo contractual, equivalente al sesenta por ciento (60%)”, que equivale a poco más de 70 millones de dólares. El resto del contrato se honraría mediante pagos parciales, previa presentación de las facturas comerciales. El dinero correspondiente al anticipo fue recibido por ATN Industries, INC, el 30 de abril de 2007.

Explica el expediente que estas tuberías no pueden ser “confundidas” con otras similares, ya que cada una de ellas cuanta con un serial troquelado en el cuerpo del producto. “Toda esta documentación debió ser entregada conjuntamente con los manifiestos de embarque y facturas a las autoridades aduaneras del puerto de Maracaibo, en el estado Zulia, como al Ministerio del Ambiente a los efectos de la nacionalización y entrega formal al destinatario final para poder procesar los pagos correspondientes”.

Hasta aquí todo parece estar en orden: el consignatario aceptante de los cargamentos despachado fue el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, de acuerdo a la documentación que soporta la demanda, “se realizaron cambios tanto del consignatario aceptante, así como el agente aduanal y la compañía encargada del embarque, que es la que emite la factura final para la nacionalización y la que contrata el flete marítimo”.

Así, se generaron otras documentaciones en las cuales el consignatario aceptante pasó a ser Consorcio Pentamat, C.A, además de los cambios en la figura del agente aduanal y la compañía de embarque, que pasó a ser la panameña Threepwood Investment, INC, vinculada a Pablo Emilio Cárdenas, socio de Joseph Benoudiz en más de una aventura empresarial.

“Se realizaron para tratar de introducir estos documentos y obtener también dinero de Cadivi; se preparó presuntamente una documentación paralela para solicitar divisas al Estado venezolano soportando dicha solicitud en los cargamentos de tubería que ya habían sido entregados al Ministerio del Ambiente, tuberías que están perfectamente identificadas por lo que es imposible utilizarlas dos veces para justificar un segundo pago”, se lee en el expediente.

La operación tuvo “éxito”. Al verificar el portal de Cadivi, aparece como beneficiaria de poco más de 51 millones de dólares la empresa Consorcio Pentamat, C.A.

Otras empresas “del grupo” y algunos datos adicionales

Además de Consorcio Pentamat, C.A, ATN Industries, INC, Jiafang Steel Pipes Americas, INC, empresa también señalada en el caso investigado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, estos empresarios ostentan una red compuesta por al menos una veintena de empresas, entre aquellas constituidas para adquirir propiedades en Estados Unidos y otras que operan como proveedores de la estatal petrolera Pdvsa, registradas en distintas jurisdicciones como Panamá, Hong Kong o Singapur.

Entre estas sociedades figura Pentanet, C.A. constituida en Venezuela y que fue beneficiada por la obtención de divisas entre 2004 y 2012 con casi 77 millones de dólares.

El nombre de Joseph Benoudiz no es ajeno a los señalamientos de presuntas irregularidades. Aun cuando los registros de su nombre o de sus empresas fueron eliminados de las búsquedas digitales, se puede leer al periodista Manuel Isidro Molinaquien el 17 de mayo de 2015, dio a conocer en su columna publicada en el diario La Razón un intercambio que tuvo con el mayor general Hebert García Plaza, señalado por la Fiscalía por presunto peculado doloso por la adquisición de tres ferrys a España. Allí Benoudiz y Cárdenas son citados por el castrense.

“Es una empresa domiciliada en la ciudad de Miami y que sus accionistas son venezolanos (Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas) y que actuaba como intermediaria en la negociación por no ser la propietaria de dichas embarcaciones”, cita la columna, a decir del castrense que en abril de ese año 2015 ya se encontraba fuera del país. La denuncia refiere a otra sociedad vinculada a la dupla Cárdenas-Benoudiz, de nombre Amtex Power & Equipment Services, Inc, con jurisdicción en Texas.

Además de las citadas, Benoudiz, Cárdenas y sus socios contituyeron otras sociedades entre las que se encuentran Apperson Chemicals, INC, Carson Benson Financial Services, INC, Oil & Gas Technology, INC, Validsa, INC, Blizzard Group, Irc Industries, INC, Andex Limited, INC y Sinergic Limited, entre otras.

Los responsables: salvados por el TSJ, pero España y Estados Unidos no perdonaron

Así como Rafael Ramírez, quien ha negado no en pocas ocasiones su responsabilidad en estos y otros casos que han envuelto con el manto de la corrupción a la principal industria nacional, hay otros funcionarios de la alta gerencia de la estatal que están señalados en el informe de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, como los responsables directos del desfalco a Pdvsa en los casos mencionados.

Es así como aparecen los nombres de Javier Alvarado, en otrora hombre de confianza de Rafael Ramírez y ex compañero de este en el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep), Nervis Villalobos, Asdrúbal Chávez o Eulogio Del Pino, todos hasta ahora sin contratiempos con la justicia venezolana, pero que al menos dos de ellos comienzan a sentir el peso de los tribunales internacionales.

Mientras que Asdrúbal Chávez fue designado la pasada semana como presidente de Citgo y Eulogio del Pino se mantuvo al mando del Ministerio del Petróleo hasta el pasado domingo 26 de noviembre, la suerte de Alvarado y Villalobos no parece sonreírles, como sí ocurrió el pasado mes de diciembre.

En ese entonces, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la revisión de una decisión que “decretaba la nulidad de la medida de privativa de libertad, así como la congelación de bienes del ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos y el ex presidente de la Electricidad de Caracas y sucesor de Villalobos en la cartera ministerial, Javier Alvarado, señalados por el propio Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción relacionados con el pago de comisiones en divisas en la contratación de empresas españolas para ejecutar la obra de una Central Termoeléctrica, ubicada en los Valles del Tuy, en el marco del decreto de la emergencia eléctrica”, recuerda el portal Transparencia Internacional.

Ambos funcionarios establecieron como su alcancía personal a la Banca Privada D’Andorra, otro de los casos investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para llevar a cabo operaciones de lavado de capitales obtenidos por prácticas corruptas en Venezuela. Las turbias operaciones de esta entidad financiera unió a España, Andorra y Estados Unidos en una investigación federal de gigantescas proporciones al descubrir que la misma era utilizada por miembros de la mafia china, criminales rusos y claro, corruptos venezolanos para cometer delitos financieros.

Los vaivenes jurídicos en suelo patrio a favor de los dos ex funcionarios abrieron las puertas de las fronteras venezolanas para que estos huyeran a España. Pero el pasado 27 de octubre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española detuvo, a petición de Estados Unidos, a Nervis Villalobos, viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela (del 2001 al 2006), junto a Luis Carlos de León quien trabajó en la industria eléctrica junto a Javier Alvarado, César Rincón Godoy, “asesor de Pdvsa Gas y titular de las cuentas en bancos norteamericanos por las que pasaron unos 2.000 millones de dólares” según la versión recogida por el diario español El Confidencial y Rafael Reiter, hombre de extrema confianza del zar del petróleo Rafael Ramírez y ex jefe de seguridad de Pdvsa.

Además del caso “Andorra” por el cual se señala la participación de Villalobos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos que está a la espera de recibirles una vez se cumplan los extremos jurídicos para la extradición, les obligará a rendir cuentas sobre las presuntas operaciones corruptas realizadas en territorio estadounidense a través de la filial de procura de la estatal Pdvsa, cuya sede está en Houston. Como se sabe, el uso del sistema financiero de este país como parte de operaciones de lavado de capitales configura un delito federal con graves penas de cárcel.

Del destino de Javier Alvarado poco se conoce, pero una fuente policial española consultada asegura que “no está lejos una noticia de captura en torno a este individuo”.

Lo que también podría estar cerca, es la posibilidad de que el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek Williams Saab, dirija la mira a estos casos como parte de la operación de “saneamiento”, que, a decir del funcionario, ha iniciado y por la cual al menos 50 funcionarios de la estatal petrolera, algunos vinculados a estos casos se encuentran a las órdenes de las autoridades.