Terrorismo de Estado en Nicaragua: Desaparición Forzada y “de corta
duración” en el escenario principal de las Naciones Unidas
COMUNICADO CONJUNTO DE LA COALICIÓN NICARAGUA LUCHA
La Coalición #NicaraguaLucha recibe el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) y la actualización oral del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) en las 57ava. periodo de sesiones (HRC57) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH ONU) que confirma el constante y generalizado retroceso de la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Nicaragua.
Ante un contexto inconcebible, reconocemos su importante labor de monitoreo, investigación y documentación de los delitos de lesa humanidad que suceden impunemente en el país.
Con 12 comunicados conjuntos publicados en los últimos 12 meses, las 26 organizaciones parte de la Coalición denunciaron todos y cada una de las temáticas y vulneraciones incluidas en los informes, resaltamos nuevamente que la centralidad debe ser siempre en la voz de las víctimas y su búsqueda de justicia.
En esta ocasión denunciamos el retorno intensificado del patrón de desapariciones forzadas, y “de corta duración” por motivos políticos en Nicaragua como un instrumento para reprimir a los opositores y críticos al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Varias organizaciones parte de la Coalición han enviado informes para la alegación del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, presentada en su 133avo. periodo de sesiones.
Además, hacemos hincapié en el Informe sobre represalias del año 2024, presentado ante el CDH ONU (HRC57) en septiembre donde se denuncia la situación de desaparición forzada del diputado y líder indígena Brooklyn Rivera. El documento también cuenta con un anexo sobre el hostigamiento a defensores de derechos que participan en eventos del sistema universal e interamericano de DDHH, como lo son Gonzalo Carrión, Haydee Castillo y Vilma Núñez.
A propósito de esta clase de represalias, durante la presentación del Informe Oral del GHREN en se confirma lo denunciado por organizaciones nicaragüenses sobre el alcance transfronterizo de la persecución hacia personas defensoras de derechos, siguiendo además con la “violación por asociación” hacia familiares de opositores o personas percibidas como opositoras.
Tras la excarcelación, deportación forzada y despojo arbitrario de nacionalidad de 135 personas, recordamos que todavía existen al menos 36 personas presas políticas en el país, entre ellas miembros de pueblos indígenas, que según reportan tampoco se encuentran registrados en las cifras oficiales de detenidos. No descansaremos hasta conseguir su liberación. Exigimos saber la situación de estas personas.
Asimismo, es fundamental que todos los países hagan todo lo que posible en cuanto a protección internacional y en favor de la reunificación familiar de las personas desplazadas forzadas, porque la separación es una de las situaciones más difíciles, como fue denunciado en el Diálogo Interactivo en la presentación del Informe sobre Nicaragua.
Son al menos 300 personas a las que se ha privado su nacionalidad, y unos 160 que no pueden volver (apatridia de facto) a Nicaragua. En el Diálogo Interactivo, la oficina del Alto Comisionado también indicó que se documentaron al menos dos desapariciones forzadas.
La Coalición #NicaraguaLucha alerta sobre el perfeccionamiento de esta práctica y llamamos la atención sobre el subregistro de los datos sobre estos casos.
Reiteramos debido al miedo tras el hostigamiento, amenazas y otras acciones propias del terrorismo de Estado que el régimen de Ortega y Murillo ejecuta, muchas personas no realizan denuncias públicas, ni quieren reportar sus nombres.
La disminución de los números de denuncias, busca invisibilizar la situación de Nicaragua, al igual que la excarcelación de las personas presas políticas para su posterior destierro y el despojo arbitrario de su nacionalidad.
Denunciamos que como una estrategia de control absoluto sobre el territorio y la vida nicaragüense, las desapariciones forzadas de “corta duración” se incrementaron reproduciendo las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familias.
Ello ante la ausencia de mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y reparar dichos actos y por la implementación, desde el año 2018, de medidas legislativas contrarias a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Recordamos que la periodista Fabiola Tercero sigue estando con paradero desconocido.
En sus alegaciones, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, reportó al menos 11 acciones contrarias a las disposiciones de su Declaración (es decir, el régimen autoritario viola más de la mitad de los artículos) y el mecanismo solicitó una respuesta sobre estas graves violaciones, entre otras consultas, al Estado de Nicaragua (que hasta el momento no ha respondido).
La desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y rumbo a la presentación de contribuciones a la investigación del Grupo de Trabajo sobre el uso de la jurisdicción penal universal en casos de desaparición forzada para presentarse en el 2025, se hace primordial profundizar sobre la situación de Nicaragua para la presión internacional con acciones concretas contra la impunidad del régimen autoritario de Ortega y Murillo.
Es ante este contexto, que hacemos un resumen general de las disposiciones básicas sobre Desapariciones Forzadas (alegadas por el Grupo de Trabajo de la ONU) que están siendo vulneradas -con pruebas documentadas presentadas por organizaciones- en Nicaragua:
Violación grave de DDHH. La desaparición forzada es un acto que ultraja la dignidad humana y viola gravemente derechos fundamentales como la libertad, la seguridad, y el derecho a la vida, según la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Responsabilidad del Estado. Ningún Estado debe cometer, autorizar o tolerar desapariciones forzadas, y está obligado a tomar medidas para prevenir y erradicar estos actos, asegurando que se respete la ley internacional en su jurisdicción.
Recursos judiciales. Las víctimas de desaparición forzada o sus familias tienen derecho a un recurso judicial eficaz para determinar su paradero, garantizando que se investigue de forma exhaustiva y se proteja a todos los involucrados en el proceso.
Garantía de información y protección. Las personas detenidas deben ser registradas oficialmente, y sus familiares y abogados tienen derecho a recibir información inmediata sobre su ubicación. Además, el Estado debe garantizar la integridad física de las personas liberadas.
Reparación. Las víctimas de desapariciones forzadas, o sus familias en caso de fallecimiento, tienen derecho a obtener reparación, incluyendo compensación adecuada y medidas para facilitar su readaptación completa.
