Así “absolvió” Maikel Moreno al capo Pedro Luis Martín Olivares
Dos años y cuatro meses antes de que la OFAC sancionara a Pedro Luis Martín Olivares por narcotráfico, lavado de dinero y recibir sobornos de carteles de la droga en Venezuela y Colombia, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela presentó dos ponencias en las cuales el acusado resultó “absuelto” de toda culpa, sin que se abriera ninguna investigación judicial.
Casto Ocando | VerticeContents | @cocando
El personaje, calificado por agencias federales de Estados Unidos como un peligroso narcotraficante internacional, que manejaba una compleja organización de exportación de cocaína desde Venezuela y de lavado de dinero, llegó por su propia cuenta, “de forma espontánea”, a la oficina de la Interpol en Caracas, la mañana del 26 de Agosto de 2015, con un interés particular: “constatar su situación jurídica en este país y fuera de nuestras fronteras”.
El oficial de guardia, detective Isaac Oliveros, adscrito a la División de Investigaciones de Interpol en Venezuela, atendió la petición y procedió a indagar en su computadora, conectada a la base de datos del cuartel general de Interpol en Lyon, Francia. Tipeó el nombre del personaje: Pedro Luis Martín, ex jefe de inteligencia de la policía política venezolana Disip.
Martín se había aproximado a la oficina de Interpol porque, según dijo posteriormente en declaraciones judiciales, “se enteró a través de la red social Twitter” de una presunta alerta roja internacional en su contra.
En breve tiempo, efectivamente, apareció en la pantalla información confirmando la sospecha. Martín no sólo tenía una “Notificación Roja número A-5814/7–2015”, de fecha 18 de Julio de 2015. También tenía abierto una causa penal en tribunales federales de Miami. La notificación había sido emitida por la Oficina Central Nacional de la Interpol en Washington DC, “por la presunta omisión de uno de los delitos de Transporte y Tráfico de Drogas”.
Oliveros notificó a su jefe de la novedad, y éste ordenó el arresto inmediato de Martín, “para ser puesto a la orden de los tribunales”. El ex agente de la Disip no opuso resistencia. De acuerdo al expediente policial de la Interpol que documentó el arresto, la información en el sistema de inteligencia policial estaba lleno de detalles sobre las razones por las cuales Martín era considerado un “fugitivo” de la justicia norteamericana.
Peligroso narcotraficante
“Desde como mínimo el año 2000, aproximadamente, y Septiembre de 2010, Pedro Luis Martín Olivares, en el ejercicio de funciones oficiales y siendo director de Inteligencia Financiera de Venezuela, se asoció ilícitamente con otras personas para la distribución de cocaína y su introducción en los Estados Unidos”, indicaba una investigación iniciada en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
“Se asoció ilícitamente con personas que tenían en un avión de matrícula estadounidense grandes cantidades de cocaína con miras a su venta. Martín Olivares aprovechó sus contactos con altos cargos del Estado de Venezuela para aceptar sobornos de grandes dirigentes del narcotráfico de Venezuela y Colombia, a cambio de facilitar la exportación de grandes cargamentos de drogas desde aeropuertos, aeródromos y otros lugares, cerrando radares militares y sobornando a otros funcionarios con carácter oficial”.
“Después de la venta de la droga en Estados Unidos, Martín Olivares recibía también grandes sumas de dinero procedentes de los beneficios generados por la operación, con lo que amasó una gran fortuna”, detalló el reporte policial en la base de datos de la Interpol.
Pero la información en la pantalla contenía además instrucciones precisas: el ex agente de la Disip era considerado un “prófugo buscado para un proceso penal”, y por tanto, ordenaba que Interpol debía “localizar” y “detener” a Martín “con miras a su extradición”.
Pedro Luis Martín Olivares fue presentado por primera vez ante un tribunal el 26 de Agosto de 2015, en una “audiencia de extradición pasiva”, según el expediente del Tribunal Décimo Noveno de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas.
Ese tribunal ordenó una medida de libertad provisional. El abogado de Martín, Donaldo Barrios, argumentó que el caso debía ser procesado en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por tratarse de un caso de petición de extradición.
La ponencia de Maikel Moreno
La ponencia sobre el caso fue asumida por el propio presidente del TSJ Maikel Moreno.
En un primer escrito presentado el 2 de Octubre de 2015, el magistrado Moreno argumentó que debido a las exigencias de las leyes venezolanas, el TSJ debía “notificar al Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días contínuos, luego de su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición”.
Moreno dejó en claro que para que se iniciara el trámite de extradición, EStados Unidos debería remitir “copia auténtica de la orden de prisión o auto de enjuiciamiento, o su equivalente, emanado del juez competente, debidamente fundamentado, con indicación precisa del hecho imputado, el lugar y fecha en que fue cometido, así como de las pruebas en las cuales se apoya dicha decision”.
El presidente del TSJ dejó en claro en su escrito que la fiscalía de Miami debía suministrar todas las pruebas para que, en caso de ser negada la petición de extradición, “el inculpado sea juzgado en el territorio venezolano”.
Finalmente Moreno advirtió que en caso de que las autoridades norteamericanas no presentaran la documentación requerida, en un lapso de 60 días contínuos, el “prófugo” Pedro Luis Martín debía obtener “la libertad sin restricciones”.
Comunicaciones diplomáticas
La cancillería venezolana efectivamente envió una nota diplomática el 7 de Octubre a través de la embajada de Estados Unidos en Caracas, sobre la documentación requerida para iniciar un proceso de extradición de Pedro Luis Martín.
Pero una nota verbal (número 952) enviada el 6 de Noviembre de 2015 por la embajada norteamericana a la Casa Amarilla, notificó que “los Estados Unidos no presentarán una solicitud formal de extradición para Pedro Luis Martín Olivares”.
En una segunda sentencia emitida el 21 de enero de 2016, y firmada por los magistrados Maikel Moreno (presidente de la Sala Penal), Francia Coello González, Elsa Gómez Moreno y Juan Luis Ibarra Verenzuela, el TSJ no sólo sentenció el “cese de la medida de coerción personal” contra Martín Olivares. También ordenó “su exclusion de los registros de personas solicitadas (SIIPOL) y de cualquier otro registro vinculado con la investigación que dio origen al presente procedimiento de extradición”.
A través de las dos ponencias del magistrado Maikel Moreno, que se presentaron en tiempo récord (ambas en un período de cuatro meses), el “prófugo” de la justicia norteamericana Pedro Luis Martín Olivares, fue “absuelto” de las acusaciones, sin que ningún tribunal u organismo policial en Venezuela iniciara una investigación por cuenta propia.
Sentencia de la OFAC
Poco más de dos años después de la sentencia de Moreno, el 7 de Mayo de 2018, el Departamento del Tesoro emitió una dura acusación contra Martín Olivares, incluyéndolo en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
El Secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, dijo que Martín conducía “extensas actividades de narcotráfico y lavado de dinero” y “explotó su posición en el gobierno para aceptar sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia”, para facilitarles el tráfico de avionetas con cargamentos de droga. Martín también fue acusado de conspirar para transportar drogas “a bordo de un avión registrado en Estados Unidos”, y de trabajar “estrechamente” con otros funcionarios del gobienro venezolano para lavar dineros producto del narcotráfico, “incluyendo Hugo Armando Carvajal Barrios”.
Además de Martin fueron también sancionados Walter Alexander del Nogal y Mario Rodríguez Espinoza, a quienes señalan de haber prestado ayuda material, financiera y/o tecnológica en las actividades de tráfico internacional de narcóticos dirigidas por Martín.
Inconveniente de la Extradición
Estados Unidos se negó a solicitar formalmente la extradición de Martín no sólo porque ya conocía el posible resultado, sino por que no quería compartir información confidencial que pudiera ser usada a favor de los acusados.
“En Washington ya sabían que la extradición del ciudadano venezolano Pedro Luis Martín Olivares no iba a ser procedente, por el hecho de que el acusado tiene la nacionalidad venezolana y las leyes en Venezuela prohiben la extradición de venezolanos bajo ninguna circunstancia”, dijo a este periodista una fuente familiarizada con el caso.
“Simplemente el Departamento de Justicia no quería compartir información sensible sobre operaciones de tráfico y lavado de dinero con el gobierno venezolano, varios de cuyos funcionarios están implicados en el mismo trárfico de drogas”, agregó la fuente.
El caso de Martín Olivares estaba siendo procesado en Miami por el fiscal Richard Gregorie desde Abril de 2015, cuando el fiscal presentó una acusación criminal por narcotráfico ante un Gran Jurado contra Martín Olivares y contra el ex jefe de la división antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Jesús Itriago.
El llamado “indictment” contra Martín se dio a conocer luego de la presunta detención de Jesús Intriago.
La sentencia de Moreno tomó por sorpresa a la Fiscalía ded Miami. “Sabíamos que Pedro Luis Martín estaba escondido en una finca en Venezuela pero nunca imaginamos que se iba a presentar voluntariamente ante un tribunal para ser juzgado, a menos que tuviera la certeza de que nada le iba a pasar”, indicó la fuente.
