Moratoria a la Ley de Seguridad Interior

Vidal Llerenas

En un suceso inusual para nuestro país, los altos mandaos de las Fuerzas Armadas, en voz del General Alejandro Ramos, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos , llaman a acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y dicen que está pieza de legislación no puede estar sujeta a negociación política. Es decir, las Fuerzas Armadas se asumen como un actor que influye y califica la labor del Congreso. Se descalifican también las acciones para fortalecer las Policías. Esto último es responsabilidad de los gobiernos locales, pero también del federal, de la Secretaria de Gobernación que debe de coordinar dicho esfuerzo. La primera duda que surge es, a qué iniciativa se refiere el General Ramos. Se han presentado una media docena que difieren en varios puntos cruciales. Lo que uno no encuentra en las iniciativas, ni tampoco en la entrevista, es una definición clara, acotada, de seguridad interior. De la entrevista y de las iniciativas, uno se queda con la idea de que en realidad lo que se pretende es contar con un esquema que permita en los operativos un régimen especial para incumplir con el debido proceso al que todos tenemos derecho según la Constitución.

Se dice que la ley urge debido a que existe un vacío legal. Pero ese vacío también existe en temas como uso de la fuerza, tortura o desaparición forzada, aunque no se percibe la urgencia de legislar en esos temas. Se dice que las Fuerzas Armadas llevan años en las tareas de seguridad, debido a las deficiencias de las policías, pero la ley en cuestión no ayudaría a resolver este problema. Por el contrario, puede servir de desincentivo para fortalecer a las policías. Llama la atención la mención de la necesidad de que los militares realicen labores propias de los ministerios públicos, debido a la supuesta ineficiencia de los mismos. El general menciona a los ministerios del fuero común, los locales, pero uno supone que la mayoría de los detenidos por el ejército son llevado a los de carácter. federal. En ese sentido, lo que se entendería es, que más que la ley de seguridad interior, lo que se está pidiendo es la aprobación de la llamada miscelánea penal, que en uno de sus artículos permite la puesta a disposición de los detenidos por las fuerzas federales en agencias del ministerio público distintas a las del lugar donde se realizó la detención.

Es difícil saber que entiende el General Ramos por seguridad interior. Uno podría deducir que los casos en los que se pone en riesgo la seguridad interior es cuando el crimen organizado “como un fenómeno social que se apodera, se infiltra en las instituciones”. Se trata de un concepto vago, que podría refiriese a todas las acciones que se cometan bajo la modalidad de crimen organizado. Ramos dice que cuando el país tenga una condición de seguridad interior, entonces el ejército se retirara, aunque las iniciativas no abundan en eso. La falta de una definición precisa del término, puede dar lugar a una presencia permanente del ejército en tareas de seguridad pública. El General afirma que el ejército está preparado para evitar su captura por parte de las organizaciones crimínales, debido a que está integrado por personas profesionales, con un servicio profesional eficiente. Si bien es verdad que el ejército es una institución sólida, también es cierto que para las tareas de seguridad que por ahora realiza, requiere de nuevos controles, que regulen la fuerza con la que actúa y a efectivos que están en contacto permanente con la población civil en condiciones de riesgo.

Ramos considera el tema de las violaciones a los derechos humanos como algo independiente de esta discusión, aunque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha señalado los riesgos que implica en el tema, la pretendida legislación en cuestión. El General afirma que en ocasiones las violaciones son producto porque la decisiones se toman con rapidez en los operativos. Justamente por ello se requiere legislación que obligue a establecer, seguir y supervisar el uso de protocolos que permitan actuar contra el crimen organizado, pero minimizar al máximo abusos y daños colaterales a la población. Por el contrario, en las iniciativas. de seguridad interior que existen en el congreso, se busca dispensar controles y reducir el acceso a la información de los operativos.

No debemos, por responsabilidad, apresurar la aprobación de una Ley a la que se le han señalado tantos problemas. Más aún, parece imprudente avanzar en esta legislación sin atender los otros temas relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas que están pendientes. Como señalaron en la paginas de El Universal Pedro Salazar y Sergio López Ayllón, los directores de IIJ UNAM y del CIDE, es necesario una moratoria en la aprobación legislativa de la miscelánea penal y de la ley de seguridad interior, como condición para avanzar en la discusión seria e integral de un nuevo modelo de procuración de justicia que sea eficaz, pero que respete los derechos de todos. Me parece, sinceramente que es lo que los mandos militares y, sobre todo, los militares encargados de las labores diarias de seguridad pretenden, pero que, me temo, no se va a lograr con el dictamen que resulte de las iniciativas presentadas en materia de seguridad interior. Por el momento se apura la aprobación de una propuesta que implica riesgos serios y que, en todo caso, tendría que ser discutida como parte de un paquete integral en materia de seguridad y procuración de justicia, que tuviera como objetivo principal garantizar seguridad y respeto a los derechos de los ciudadanos.

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