Un gobierno progresista para cambiar la economía

Vidal Llerenas

En un artículo reciente del diario Reforma, José Woldernberg llama a un nuevo pacto social para reducir la desigualdad y promover el crecimiento en la economía. Señala que así como se construyó un acuerdo para un sistema nacional de combate a la corrupción, se tendría que acordar otro para que el estado pueda activar la economía, abatir la pobreza y mitigar la desigualdad. La idea suena bien, salvo porque un sector de la sociedad, defiende la idea, errónea en mi opinión, que el estado tiene un rol menor a la hora de activar la economía, que sirve para garantizar que los contratos se cumplan, pero que más estado más bien estorba para el crecimiento. Ellos también piensan que es adecuado disminuir la pobreza, con programas focalizados, que cuesten lo menos posible, sin necesidad de construir un estado de bienestar. En esa lógica, la desigualdad no es el problema, de hecho quitarle recursos a los más ricos es injusto y solamente desincentiva la actividad económica. Más bien, sí queremos una agenda económica de crecimiento e igualdad, distinta a la actual preocupada solo por la estabilidad, necesitamos que el gobierno federal, a cargo de la política económica, tenga una agenda económica progresista, que cambie las políticas para enfocarlas a crecer y reducir la desigualdad.

El economista Joseph Stiglitz y sus colegas del Instituto Rooselvet publicaron un reporte que busca replantear las reglas de la economia estadounidense. Su argumento es

que la desigualdad no es el resultado inevitable de las leyes de la economía, sino de que existen agentes económicos con el poder suficiente para extraer rentas. Esas rentas provienen de la posibilidad de explotar a personas que por su estrato social tienen poca capacidad de elección, por lo que tienen que aceptar bajos salarios y pagar altos precios por servicios básicos como los de educación, salud y vivienda. Es decir la distribución del poder importa para explicar lo que sucede en la economía. Sin regulación adecuada, millones de dólares son desperdiciados en actividades poco productivas para preservar las ganancias de los más ricos en la sociedad, no para que la sociedad tenga mayor riqueza. Quienes tienen hoy el poder logran que las políticas monetarias, fiscales, financieras y e general la regulación sirva para mantener esas rentas. Es decir, la agenda progresista requiere restar poder a los que ahora mueven a su favor la decisiones de política tributaria, monetaria, de gasto, laboral, salarial, de salud, de uso de recursos naturales, financiera y comercial. Se requiere de un nuevo y más equitativo equilibro entre el gobierno, las empresas y los trabajadores.

El reporte incluye 37 recomendaciones puntuales para reactivar la economía estadounidense y lograr mayor igualdad. En todas ellas el estado es más activo que el que actualmente. No se trata de una propuesta en la que el. gobierno tome las decisiones de precios y distribución de recursos en la economía, sino el la que juega. un rol que permite que los mercados efectivamente funcionen. Se parte de la idea de que el estado no es un agente que necesariamente genera distorsiones, sino el único en que en ciertos casos puede corregirlas. Se argumenta que la desigualdad es de hecho una variable que genera menor crecimiento debido a que debilita el mercado interno, reduce la recaudación, la inversión en educación de las familias y hace las recesiones más frecuentes. Solo si se reduce la desigualdad se va a generar mayor ritmo de crecimiento. Para remediar la desigualdad se requiere la redistribución pro medio del sistema fiscal, pero no solo eso, sino reformar toda las instituciones económicas para hacerlas influyentes.

En materia tributaria se propone incrementos a tasas marginales de ISR para individuos de altos ingresos hasta una tasa de 45%, mecanismos para gravar las ganancias globales de las corporaciones, impuesto a transacciones financieras. En lo laboral se propone fortalecer las capacidades de negociación colectiva de los sindicatos, incrementar el salario mínimo, combatir el racismo en el trabajo. y asegurar el derecho de las mujeres a permisos de maternidad pagados. Cambia la regulación de los derechos de propiedad para eliminar ganancias monopólicas injustificadas, por ejemplo las de la industria farmacéutica. Se propone una política monetaria que se proponga alcanzar el pleno empleo, antes que controlar la inflación, por medio de tasas de interés y acceso al crédito. Un incremento importante de la inversión en infraestructura, que incluye la tradicional, en carreteras y vialidades urbanas, pero también en ampliar el ancho de banda del internet, en edificios verdes, movilidad urbana y trenes de alta velocidad, en escuelas y en vivienda. Se propone extender los servicios financieros a bajo costo y utilizar los servicios de correo para ese propósito. También se pide establecer un sistema que subsidie la vivienda para las personas de bajos ingresos y un sistema de seguro médico que sea accesible para toda la población.

Las posición del Instituto Rooselvet son alternativas a las más centristas que encabezaron Larry Summers y Robert Rubin durante la administración de Billy Clinton. El reporte Rooselvet es de hecho la base de las ideas que dominan en la propuesta de Hilary como candidata demócrata. En México necesitamos también que las reglas de la economía se muevan del viejo Consenso de Washington a algo similar al reporte Rooselvet. Eso requiere de una agenda y una visión clara que valore la necesidad de la regulación estatal efectiva y la reducción de la inequidad como estrategias y resultados de la política económica. Eso no será posible lograr en una acuerdo de amplio espectro. Eso solamente es factible si se pide y se gana el voto de los mexicanos para un proyecto económico que cambie las reglas actuales y se proponga políticas diferentes. Se trata de implementar en México las ideas económicas progresistas que gracias al sentido común y la evidencia, comienzan a ser las que tienen el consenso de ser las que pueden llevar al crecimiento con equidad. El punto no es construir un pacto, sino una propuesta económica ganadora para el 2018.

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