El monumental fracaso de la guerra antidrogas
Está más que demostrado que las políticas prohibicionistas tienen un efecto contrario con sus objetivos al momento de penalizar la oferta y demanda de bienes o servicios. Cuando un bien o servicio es altamente demandado, el mercado se encarga de suplir esa demanda, independientemente de si dicha actividad es legal o no. Es decir, la legalidad de los mismos únicamente define si un bien o servicio se comercia principalmente en un mercado ilícito o no.
La política antidrogas, rebajada a una cruda guerra anti carteles, es una política promovida principalmente por gobiernos estadounidenses en su intento de reducir el consumo de drogas. Principalmente de cocaína, ya que Estados Unidos es el principal mercado consumidor del mundo. Una vez más, esta política ha evidenciado que tratar de destruir la oferta de un bien o servicio tiene impacto casi nulo en la demanda del mismo, pero sí en las condiciones en las que se comercia.
Lo cierto del caso es que en países como México, esta política presenta números catastróficos e incluso la misma DEA en su informe National Drug Threat Assessment (NDTA) de 2018, revela que la disponibilidad de drogas solamente ha aumentado y las pandillas o carteles siguen representando las mismas amenazas. También nos dice como la muerte por sobredosis es la principal causa de muerte por lesiones, cuyos números son los más altos desde 2011.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2018, en 2016, la fabricación mundial de cocaína llegó a 1.410 t, la cifra más alta que se ha registrado. Mientras que la producción de cocaína en Colombia, uno de los países que ha seguido al pie de la letra la política anti drogas estadounidense y que ha sido escenario de un sangriento enfrentamiento armado con grupos criminales, presenta números alarmantes:
“La mayor parte de la cocaína del mundo procede de Colombia, donde en 2016 se incrementó la fabricación a unas 866 t, lo que supuso un aumento de más de un tercio con respecto a 2015. Casi el 69% de las 213.000 ha que en 2016 se dedicaron al cultivo de coca en todo el mundo se encontraban en Colombia.”
Pues bien, vale la pena cuestionarse ¿cuál es el objetivo principal de la guerra contra las drogas? Está claro: acabar con los carteles. Pero eso no representa un intento por acabar con el consumo de drogas, es, a todas luces, un enfoque erróneo que a los gobiernos estadounidenses les ha sido imposible aceptar como tal.
Costo y resultados de la guerra
Al respecto hay muchos análisis que cuantifican el costo que ha tenido la guerra anti carteles que se ha implementado en el continente americano. Uno de ellos es el artículo escrito por Juan Carlos Hidalgo “El fracaso de la guerra contra las drogas”, donde hace un recuento de las implicaciones económicas y sociales del conflicto y los resultados negativos del mismo.
La relevancia del escrito de Hidalgo sigue vigente, aunque claro está, los números han cambiado radicalmente 9 años después. Por ejemplo, en 2009 los muertos producto de la guerra contra el narco llegaban a 29.000, a 4 años de iniciada. Hoy en día este dato revela cifras que varían entre las 200.000 y 250.000 víctimas.
En cuanto al costo económico, al 2016, la guerra contra el narco le había costado 1.8 billones de pesos al Estado mexicano. Mientras que para el periodo 2007–2012 se habían invertido más de 350 millones de dólares en prevención del consumo de drogas en el marco del programa sectorial de salud, según la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes de 2014, 1.798.400 jóvenes de secundaria afirmaron haber probado alguna droga ilegal.
Otra buena fuente para realizar este análisis es el artículo de Betsy Pearl, analista de políticas para el Center for American Progress, Ending the War on Drugs: By the Numbers. Donde enumera, una a una, las razones por las que se debe de poner fin a la guerra contra las drogas desde diferentes perspectivas y, lo más importante, basado en datos. De este artículo, extraigo el siguiente fragmento que contabiliza el costo para el gobierno federal, es decir, para todos los pagadores de impuestos:
“Since 1971, the war on drugs has cost the United States an estimated $1 trillion. In 2015, the federal government spent an estimated $9.2 million every day to incarcerate people charged with drug-related offenses — that’s more than $3.3 billion annually.”
Por su parte, pese a los recursos destinados a esta política, el NDTA revela que la disponibilidad, el consumo y las muertes por sobredosis de cocaína en Estados Unidos siguen aumentando, así como la producción (Ver gráfico 1).
U.S. Cocaine Indicators and Colombia Export Quality Cocaine Production, based on 2007 Value, 2007–2017.
En Costa Rica, los efectos de la militarización de las políticas antidrogas en México y Colombia, apoyadas por Estados Unidos, se ven reflejadas en los índices de violencia y el aumento en los decomisos que se realizan. En 2017, la tasa de homicidios que se registró fue de 12 por cada 100 mil habitantes, mientras que el 2018 presentó una disminución de 17 muertes, para una tasa de 11 homicidios por cada 100 mil. Lo que representó la primera disminución en 6 años.
En cuanto a decomisos, en Costa Rica, el número de incautaciones de cargamentos de cocaína viene en aumento y la cantidad de droga decomisada llegó a cifra récord en 2018, con 25 toneladas. Esto responde al aumento en la producción y exportación desde Colombia y, posiblemente, al trabajo de vigilancia en coordinación con autoridades del gobierno de los Estados Unidos.
La política sobre drogas
Toda esta información nos confirma que la guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso. Es necesario iniciar un debate en cuanto a la política sobre drogas para determinar cuáles son las alternativas reales. También es necesario entender el fracaso desde todas las aristas ya que la actual política antidrogas es un abordaje superficial del problema.
En primer lugar, porque es una cuestión de libertades individuales que se aborda con una política estatista: el Estado determina los valores morales por los que se debe regir nuestra sociedad y por esto considera oportuno atacar el consumo de drogas. Las políticas públicas deben construirse a partir de datos y conociendo las consecuencias que estas tendrán. Los juicios de valor son parámetros subjetivos que no tienen mayor sustento ni aporte en cuanto a la mitigación de una problemática.
En segundo, porque no se toma en cuenta aspectos básicos de la teoría económica y se ignora, por cuestiones morales, que las drogas y su comercialización son también elementos de la economía. Ignorar esto es el primer paso para elegir una política incorrecta, como le expondré en el próximo artículo de esta serie.
Por último, porque en teoría se quiere evitar los terribles efectos del abuso de las drogas, con la brillante idea de criminalizar su consumo. Una condición médica no se aborda como un delito si en realidad se quiere proteger a las personas de dichos efectos.
Costa Rica no escapa de esta tendencia, nuestra política sobre drogas es un chiste. El país requiere una visión más moderna sobre esta problemática y abandonar una lucha sin sentido contra el narcomenudeo. Es penoso leer los reportes de las autoridades cuando orgullosamente hablan de decomisos de galletas con marihuana. Como también es iluso creer que los cargamentos de droga decomisados en territorio nacional le hacen siquiera cosquillas al mercado de drogas.
Si realmente queremos salvar a las personas del infierno que significa ser drogodependiente, empecemos por discutir las alternativas, abandonar prejuicios y sustituir estos por mayor empatía. En el próximo artículo abordaré algunos ejemplos de políticas alternativas, sus particularidades y efectos.
