Un análisis contemporáneo a los movimientos sociales: “el mensaje social o popular”contra el “poder” (2)

En el inserto pasado, perfilamos (basándonos para ello en alguna literatura) cómo es que el movimiento social actúa en el campo de la realidad emitiendo un mensaje que nominamos “popular”, para luego mencionar que dicha acción popular persigue tras de sí un “fin”, un fin que luego se expresa o materializa en un “anhelo”, dicho anhelo es “cambiarlo todo”. El telos del movimiento social jamás será mutar lo particular para luego “erigir sobre lo que ya está erigido”. El ánimo de cambiar lo particular es propio del reformista, y esta cultura reformista (en Chile) actualmente está siendo sostenida, como siempre, por el poder gubernamental y parlamentario.

La acción popular es disímil al anterior fenómeno del reformismo. Y para hacerse notar, como dijimos, este grupo masivo ocupará todos los medios necesarios para hacerse comunicar efectivamente. Ante esta acción popular, aparece otro sujeto que llamamos “replicativo” en donde responde con una respuesta distinta a la acción popular pacífica, actuando estas fuerzas policiales ante una “acción externa al movimiento pacífico” que empaña la pacificidad de la protesta. Esta acción la realizan antisociales ajenos al movimiento y a dicha pacificidad. A ese sujeto lo llamamos “fuerzas policiales o de policía”. En Chile, dicho grupo es llamado técnicamente “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, compuesto por Carabineros y la Policía civil (de Investigaciones). Éstas son dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública según el capítulo XI de la Constitución del ‘80.

Las fuerzas de policía siguen una instrucción especial a la hora de mezclarse con la sociedad civil. Presumimos que desde el primer momento en que una persona entra a un recinto de instrucción policial, el instructor les hace saber de que los alumnos están en principio en una situación desigual con el instructor: en rango, sobretodo. La instrucción que les hacen a dichos alumnos que a futuro esperan ser Carabineros ha de centrarse en la política de la “acción” más que de la “reflexión”. Cuando se ve a las fuerzas de policía actuar en el contexto de la protesta social, vemos que no es posible encontrar a fuerzas policiales respetuosas de los DD.FF. y mesuradas en su actuar. Vemos todo lo contrario: fuerzas policiales brutas adoctrinadas en hacer daño, en herir, en vejar y humillar.

Es extremadamente notorio que esta filosofía “práxica” de las fuerzas de policía sea en su ejercicio “sistémica”, es decir; que exige un condicionante para que opere y que ese condicionante sea tal para que el resultado de dicha acción policial sea anticipable y previsible por parte de los sujetos manifestantes y de la ciudadanía ajena al movimiento. Demás está mencionar que dicha “sistemicidad” se repite una y otra vez. Siempre cuando las fuerzas de policía actúan, buscan aparentemente criminalizar el contexto en el cual se desenvuelve la protesta en cuestión. En vez de que dicha fuerza sea respetuosa de los derechos fundamentales de aquellos que se manifiestan de manera pacífica, los uniformados creen que dentro del contexto de la protesta social, “todo se vale” a favor de ellos (las fuerzas de policía). Es como si, bajo la comprensión de las fuerzas policiales, la protesta social fuera un vivo “Estado de excepción”, donde todo se puede y “debe”. Como si la protesta social fueran luchas agonales o como si fuera una guerra en donde se exige una determinada acción.

En este sentido, las fuerzas policiales al momento de ver a los sujetos manifestantes, no ven ciudadanos que se manifiestan en clave política y social. Sino todo lo opuesto a lo anterior: ven a “enemigos del orden público”. Es como si en clases se les enseñara a los potenciales Carabineros los textos de Carl Schmitt respecto de la “acción” en determinados contextos y sobretodo en el contexto de la protesta social. Éste decía respecto de estas luchas que llamaba “agonales” lo siguiente: “Las luchas agonales suscitan más la idea de una acción que la de una situación o Estado. Si hacemos pues uso de la vieja y aparente insoslayable distinción entre la ‘guerra como acción’ y la ‘guerra como Estado’, en el caso de la primera, cuando hay una batalla o una operación militar, esto es, en la acción misma, en las ‘hostilidades’, el enemigo está tan inmediata y visiblemente presente como adversario (como lo que se enfrenta con uno), que no hace falta además presuponerlo” (Schmitt, 2009: 131). Claro: lo anterior, es sólo una suposición.

Las acciones que Carabineros desarrollan en la protesta social dan la impresión de que no responden a las directrices del poder institucional el cual debería proteger los derechos fundamentales de los manifestantes, en cuanto se pueden observar las consecuencias que de dichas acciones “represivas” emanan: basta con mencionar el ejemplo de los dos estudiantes atacados por la fuerza de policía en Chile; uno, terminando en estado crítico luego de que un carro lanza agua le atacara directamente “a quema ropa”, y otra que fue arrollada por un funcionario policial, terminando ésta postrada en el suelo en las inmediaciones de Plaza Victoria en la ciudad de Valparaíso. En este sentido, las fuerzas policiales no usan el diálogo para disuadir. El diálogo es un recurso prudencial para alcanzar un acuerdo o consteñir a alguien a hacer algo más o menos así. Las policías son instruidas desde el primer día que el ejercicio de la fuerza está legitimado, por ser las mismas guardianas del orden público y estando ligadas a la autoridad gubernamental. Mientras más excesivo ese uso, más efectivo.

Valga a continuación la siguiente digresión — y complementando el punto esgrimido en el párrafo anterior — , han sido estos excesos en el uso de la fuerza física por parte de FF.EE. de Carabineros los que dieron a lugar que la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, sostuviera declaraciones como por ejemplo que Carabineros, en el contexto de la protesta social, no resguardaba en lo debido el derecho a manifestarse en espacios públicos (1). De igual manera, la desmedida acción de las fuerzas policiales en Chile ha llamado la atención del INDH cuando da fe, por medio de sus observadores de derechos fundamentales, de que la fuerza a la hora de la detención “es desmedida en el uso de la fuerza y que no responde a un uso racional y concebible para estas situaciones” (2).

Aquí vemos que la lógica del poder fáctico siempre opera anticipándose a las acciones de la masividad. Siempre buscando el poder imponer la disciplina por cualquiera vía y, siendo Carabineros representante del poder institucional; sus acciones nomás reflejan la opinión real de gobierno (y del Ministerio del Interior) respecto de su agenda política, la cual podríamos resumir: “Las reformas son la vía idónea para alcanzar el progreso. Mientras menos manifestación, mejor efectividad en el proceso de deliberación parlamentaria”.

La disciplina en las sociedades contemporáneas es elemental, sobretodo para el poder institucional, pues en tanto una sociedad leída en clave disciplinada, menor oposición democrática proveniente de las alamedas a las acciones de gobierno las cuales la mayoría de las veces en Chile responde a una agenda burocrática y altamente contaminada por la “deliberación de pasillo”. En este sentido, la disciplina siempre se busca intentar calarla en la idiosincrasia del colectivo social, el cual es masivo. El pensador Foucault decía al respecto: “Sólo hay disciplina en la medida en que hay multiplicidad y un fin, o un objetivo, o un resultado por obtener a partir de esa multiplicidad” (Foucault, 2006: 27–28). El resultado que el gobierno quiere instituir es una sociedad que no se cuestione lo que crea por medio de su aparato institucional. De ahí que se conciba la mayor parte del tiempo que la protesta social es “ilegal” y que contraviene el orden.

En Chile, ahora bien, la regulación de las acciones de las fuerzas policiales no están reguladas por una ley fructo del diálogo democrático radicado en el Congreso. Se regula en un Decreto supremo (N° 1.086) de 1981. Este DS es dimanante de la Dictadura militar chilena, como sabemos bien. Existen opiniones que opinan (y con razón) que esta regulación es una “trampa” (Lovera, 2015; en Bassa, Ferrada, Viera, 2015: 106). En parte, se le considera “trampa” porque el control de disturbios en protesta social es regulada por una disposición que delega al control de los disturbios a las fuerzas policiales. El problema de lo anterior es que el procedimiento de control de dichos escenarios sociales no es detallado por la ley, sino por las disposiones autónomas emanadas de las fuerzas de policía.

O sea: el procedimiento de control no emana del órgano del Estado (es decir, el procedimiento de control no aparece regulado en una ley emanada del Congreso), sino que procede de la fuerza policial misma. Esto supone un gran problema, en tanto que la cultura militar y policial chilena no está interiorizada en una cultura proteccionista de los DD.FF., sino todo lo contrario: estas fuerzas están entrenadas para estar en constante estado de alerta; por lo que su mezcla con la sociedad civil se hace siempre compleja. Quizás las clases en la academia policial no interioriza al alumno en la importancia de los principios de la democracia contemporánea, sino que hacen que los alumnos piensen a la Democracia como “instrumento de control de subjetividades”. Además, el vigente DS da libertad a las fuerzas policiales de crear sus propias reglas (protocolos) para actuar dentro de la protesta.

El individuo en el Estado, para las fuerzas de policía, es un simple sujeto que debe obediencia, sumisión y disciplina irrestricta para con el Estado de Derecho decimonónico y para con la fuerza policial misma (3), obviando el “principio de servicialidad” que las fuerzas policiales deben asumir. Y (ante todo), cuando el sujeto se masifica confundiéndose en uno (como ocurre en la protesta social), las fuerzas policiales ante esta situación anticipan su juicio de valor, pensando que dicho sujeto es una especie de “enemigo” de dicho Estado exégeta.

El Estado, en este sentido; debe protección jurídica a la dignidad física, psicológica a la persona y al pueblo. Cosa que las fuerzas policiales deben comprender tarde o temprano cuando sus FF.EE. actúan en la protesta social. El Estado debe entender al individuo y a los individuos como “persona/s”, y no cosificarlos ejerciendo desmedidamente el poder en contextos de protesta social. En este sentido: “El reconocimiento del individuo como persona es el fundamento de todas las relaciones jurídicas. Mediante este reconocimiento, el individuo adviene miembro del pueblo, considerado éste en su cualidad subjetiva. Muéstrase esto aún más concretamente en cuanto da lugar el individuo a una relación jurídica con el Estado (…)” (Jellinek, 2000: 388).

Así, el ciudadano no es una cosa a vigilar, como así lo ha entendido la fuerza policial y el Estado chileno en el contexto de la protesta social. El ciudadano “no es un átomo aislado y abstracto, sino que tiene que acreditar su valor social dentro de la comunidad (…)” (cita inspirada por la obra de Heller, 1930: 92).

Actualmente en Chile, es necesario instruir a las fuerzas policiales en materias de Derechos fundamentales. En este sentido, las fuerzas de policía deben cumplir con la norma internacional que citan en sus protocolos a la hora de especificar cómo actúan en la protesta social. La acción policial que en Chile se ve en materias de protesta social es preocupante: ciudadanos salen heridos por estas fuerzas o van a una protesta con ánimo de manifestarse pacíficamente empero cargando con el riesgo de poder salir herido, pues; aún cuando FF.EE. dicen discriminar entre personas manifestantes que ejercen su derecho pacíficamente y antisociales que de llano atacan a las fuerzas policiales o bien destruyen el patrimonio público, en los hechos no detienen su uso desmedido de la fuerza sobre todo el colectivo. Quizás esto se deba a que la policía crea que el enemigo es el objeto social y que puede atentar contra ellos (como dijésemos antes) en algún u otro momento.

Carabineros (como colectivo en general, como institución del Estado) no poseen derechos fundamentales. Carabinero con nombre y apellido sí. Pero, nunca el colectivo general de Carabineros poseerá DD.FF. Así: “Cuando se habla sobre los derechos humanos y la policía, lo primero a considerar es que la policía actúa como agentes del Estado y por lo tanto están obligados a respetar y proteger los derechos del pueblo. Los policías mismos, sin embargo, se preguntan si en tanto ejercen sus funciones, son titulares de derechos. La respuesta es sí” (4).

Si se sostiene que Carabineros la institución posee DD.FF., entonces toda la teoría vertical del ramo sería patética invocarla. Y, ergo, sería inútil denunciar los atropellos policiales que la policía hace en la protesta social porque (diría el conservadurismo) dicho ejercicio de la fuerza es “necesario y sirve para mantener el orden”.

Esta portabilidad de DD.FF. en favor de Carabineros la institución es algo que en Chile defendió (y defiende) vehementemente la bancada UDI y RN, liderada por Marcela Sabat, quien dijo en su momento (para estupefacción de todos) ante el informe del INDH que circa 2014 denunció nuevamente la desmedida acción policial en el contexto de la protesta social: “Cuando la directora señala que la muerte de una persona en un furgón policial responde a “un conjunto de prácticas de Carabineros”, o el texto escolar afirma que “las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de las personas”, queda la sensación de que Carabineros de Chile se asimila más a una asociación ilícita que a la institución que por mandato constitucional debe resguardar el orden público. Se trata, por cierto, de imputaciones constantes al actuar institucional, generalizando conductas que efectivamente se alejan del marco institucional, pero que responden a acciones de sujetos con nombre y apellido” (5).

Si la diputada recriminó al profesor Contesse la cita que éste hizo en su misiva del miércoles 15 del mes de abril, lo hizo con afán de justificar el anhelo que siempre ha tenido el conservadurismo chileno de leer la sociedad en clave disciplinaria y ordenada.

El derecho de manifestación, ante la poca seriedad en su regulación en Chile; debe tener protección internacional; aquella suposición es una perogrullada. La protesta social parte de la base de que “La sociedad se centra en el Estado, pues en la práctica de la autodeterminación política de los ciudadanos, la comunidad se torna consciente de sí como totalidad y, a través de la voluntad colectiva de los ciudadanos, opera sobre sí misma. La democracia es sinónimo de autoorganización política de la sociedad” (Habermas, 2005: 6). Igualmente, el ejercicio del derecho de manifestación parte de la base de un concepto de ciudadanía comprometida con el tiempo social específico. Así, la ciudadanía: “Es una identidad política común de personas que podrían comprometerse en muchas empresas diferentes de finalidad y que mantengan distintas concepciones del bien, pero que en la busca de sus satisfacciones y en la promoción de sus acciones aceptan el sometimiento a las reglas que prescribe la respublica” (Mouffe, 1999: 101).

El profesor Contesse no invocó dichos tratados violados por el Estado chileno con el afán de que su opinión fuera una “verdad universal”, como supuso Sabat. Lo hizo para denunciar la equivocación y la poca seriedad con la que la diputada sopesó el debate.

La anterior cita que Sabat reseñase en el diario El Mercurio de Santiago y que nosotros transcribimos hace dos párrafos atrás, fue una respuesta a una carta previa que enviase el profesor de derecho Jorge Contesse Singh, en la cual sostuvo, ante la propuesta de Sabat de remover del cargo de Directora del INDH a Lorena Fries por el texto denunciante publicado, lo siguiente: “Es grave que una diputada de la República entienda tan mal la manera como funcionan las instituciones en una democracia. Con sus actuaciones estos días, Sabat se ha encargado de dar más razones para otorgar autonomía constitucional al INDH, el que, vale la pena señalarlo, bajo la conducción de la actual directora, logró la máxima acreditación que Naciones Unidas entrega a este tipo de instituciones” (6).

Siendo el INDH un organismo creado para velar por la juridicidad de los DD.FF., la decisión de su directora de investigar vía observadores de DD.HH. el actuar de las fuerzas de policía fue una decisión más que acertada y una decisión que ha de esperarse de una funcionaria pública. Es esperar que a futuro las fuerzas de policía mesuren su accionar en la protesta social, teniendo en consideración que el pueblo es un cuerpo social inofensivo comparado con el monopolio de la fuerza que ellos poseen y que el mismo Estado ejecuta.

CITAS:

(1) El día 20 de abril de 2015, la directora Fries señalaba: “Se podrá polemizar sobre el modo en que el INDH presentó su evaluación sobre la vulneración del derecho de manifestación durante el año 2011 por parte de quienes deben velar por el orden público, pero no se puede cuestionar que hay un déficit en el cumplimiento de su obligación de respetar y proteger dicho derecho”, Carta al director titulada “El Instituto Nacional de DD.HH.”, diario El Mercurio, 20 abril de 2015, N° 41. 544.

(2) INDH, Informe programa de Derechos humanos y función policial en el desarrollo de Manifestaciones estudiantiles, 2012, p. 9. Disponible en línea en [citado, 18 agosto 2015] http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/259/Informe.pdf?sequence=4

(3) Tomemos por ejemplo el procedimiento que Carabineros de Chile asume para actuar en la protesta social. A las fuerzas policiales se les sugiere enseñar firmeza pero no abusar de ella, a la vez que se les constriñe a dar un intervalo de tiempo para que el líder del movimiento pueda obedecer las órdenes de la Fuerza policial, todo esto cuando la protesta está “autorizada” por la Intendencia. Aquí hay dos cosas a analizar: la primera, dice relación con que las órdenes de la fuerza policial se dictan estando esta protesta en estado “pacífico”, por lo que la acción de la policía antes o después de la protesta en cuestión queda a la propia discresionalidad de la misma, por lo que también, dentro de esa cláusula de discresionalidad, opera el uso de la fuerza de la fuerza policial. Y en segundo lugar, siempre se dice (sobre todo el medio de comunicación) que la protesta debe ser “autorizada” por la Intendencia. Ya esta concepción atenta contra lo que dice la propia Constitución del ’80, en donde el reunirse en espacios de dominio público no exige autorización alguna. Por tanto, se comprende actualmente (de mala manera en Chile) que es fundamental que la Intendencia dé su aprobación a la protesta, cuando el DS señala que simplemente “se dará aviso” a la autoridad. Esta mala comprensión del guarismo “se dará aviso” ha movido a la autoridad a decir que la protesta, si no cuenta con el permiso de la autoridad, es “ilegítima”. Esto lo dijo Cecilia Pérez hace algunos años atrás.

(4) Agencia de la Unión Europea para la defensa de los Derechos fundamentales, “Derechos fundamentales de los oficiales de policía”, módulo 6, p. 178. Disponible en línea en [citado, 18 agosto 2015] http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-fundamental-rights-based-police-training_module-6_en.pdf

(5) Carta al director titulada “Directora del INDH”. En diario El Mercurio de Santiago, Santiago, jueves 16 abril de 2015, N° 41. 540, cuerpo A2.

(6) Carta al director titulada “Directora del INDH”. En diario El Mercurio de Santiago, Santiago, miércoles 15 de abril de 2015, N° 41. 539, cuerpo A2.

Bibliografía

Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977–1978). Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica.

Habermas, J. (2005). “Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de una política deliberativa”, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 4, N° 10, pp. 1–7.

Heller, H. (1930). Las ideas políticas contemporáneas. Barcelona: Editorial Labor.

Jellinek, G. (2000). Teoría general del Estado. México: Fondo de Cultura Económica.

Lovera, D. (2015). “Libertad de expresión, derecho de reunión y protesta en la Constitución”. En: Bassa, J., Ferrada, J. C., Viera, Ch. (ed.), La Constitución chilena. Una revisión crítica a su práctica política. Santiago: Ediciones LOM.

Mouffe, C. (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona: Editorial Paidós.

Schmitt, C. (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial.