El fraude electoral

En Colombia, alguien que examina los informes de prensa previos a cualquier época electoral, no ve en la democracia un sistema confiable. Desde la anulación de miles de cédulas, pasando por la cancelación de la personería jurídica a los partidos que incurren en faltas, hasta la influencia de bandas criminales en la financiación de las campañas son, en el panorama general, algunas de las modalidades con las que se le hace trampa al ‘gobierno del pueblo’.

La MOE (Misión de Observación Electoral), ha sido uno de los organismos veedores de la democracia colombiana. Según documentos de esta entidad, tan solo desde 2002 hasta 2008 se denunciaron 5.579 delitos electorales, de los cuales solo 26 resultaron en condenas. Esa estadística muestra otro de los problemas en tiempos de comicios y es la inoperancia de la justicia.

Estudios de la misma entidad, indican que el riesgo mayor no está ya tanto en la acción armada contra los electores o en la violencia, sino en la financiación ilícita de las campañas. Como le dijo a Actualidad Extéreo Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático “el sistema electoral en Colombia hace agua por todas partes, hay un sinnúmero de comportamientos delictuosos que alteran totalmente el resultado de las elecciones y no ha habido forma de ponerle coto a esa enorme cantidad de actos”.

Carlo Martínez, politólogo de la Universidad Nacional, cree que la razón obedece a que Colombia sigue siendo un país neocolonial y semifeudal, “en muchos sectores partidistas y sociales, la política se sigue haciendo como se hacía en la colonia y en el feudalismo: por medio del favor, de la compra de votos y la cooptación del Estado, por lo cual la democracia real termina siendo inoperante y las leyes que deberían regular esto siguen siendo enclenques”.

Lo cierto es que los delitos electorales se siguen presentando y son frecuentes en todas las regiones del país. Rangel afirma que “las próximas elecciones también van a ser víctimas de ese tipo de anomalías en contra de la transparencia del voto. Ya se ha denunciado por parte de diferentes entidades que existe trasteo de votos y en algunas poblaciones incluso hay más inscritos que habitantes”.

Con todo y que existen normas como la Ley Antitrámite y el Estatuto Anticorrupción, la ‘maquinaria’ electoral, por llamarle de alguna manera, sigue presente en los municipios. Martínez indica que “lo más llamativo, es que la clientela y el gamonalismo se mantiene a través de programas institucionales; el llamado asistencialismo, que con proyectos como ‘Familias en acción’, ‘Jóvenes en acción’, o el mismo programa de las casas gratis, ya que se ejerce una presión sobre los beneficiarios diciéndoles que si no votan por ellos mismos van a perder los beneficios, entonces la gente les sigue votando”.

Esa estafa a la democracia implica daños a la renta del país, dado el gasto que representa ese sistema de gobierno. Para el economista Mauricio Pérez, “lo que vale una elección hace parte del costo de la democracia y si uno mira eso dentro del panorama total del gasto público, eso no es muy significativo. Si las prácticas electorales se traducen en la llegada al poder de funcionarios, cuyo objetivo principal es fomentar el clientelismo, obviamente el costo de eso en términos de la eficiencia del gasto estatal es altísimo. Creo que probablemente representa varios puntos del PIB”.

Pérez, que alguna vez ofició como jurado, cuenta que tanto políticos como empresarios son susceptibles de negociar los votos de alguna manera. “Existen líderes que llegan a donde los candidatos a ofrecerle votos a cambio de algún favor. Ahí es que se puede ver un espectro de cosas ilegales y otras legales. Porque si el líder llega pidiendo plata a cambio de votos eso es claramente ilegal. Pero si el líder es de esos que tiene poder en una vereda y le propone al candidato votos seguros a cambio, por ejemplo, de un acueducto para la gente, eso no es delito, eso es política. Posiblemente hay líderes que cumplan una función de utilidad social”.

En materia de fraude electoral, lo importante no es pensar que todo es blanco o negro; legal o ilegal; sino entender que el juego político está lleno de matices que se deben aclarar antes de ir a ejercer el derecho al voto.


Los delitos más comunes

Son muchas las prácticas a las que los fraudulentos acuden para sabotear una elección. Como sucede con otros fenómenos sociales, se ha acudido al lenguaje popular para nominarlos.

La urna embarazada.

En esta modalidad una de las urnas tiene una pared ficticia, adentro hay tarjetones con los votos marcados, antes que terminen las votaciones la pared se retira y los votos fraudulentos son mezclados con los buenos.

El fraude del anillo

En este escenario el jurado tiene un anillo con tinta con el que va colocando una ‘X’ donde vea que el voto puede ser anulado. Se usa cuando el jurado corrupto ve que el candidato al que le apostó va perdiendo la votación.

El carrusel.

Al llegar el votante a la mesa de votación recibe su tarjetón pero no lo marca, después deposita uno falso en la urna y saca el que no está marcado. Luego le entrega al líder el voto en limpio. Este marca el candidato acordado y lo entrega a otro votante que va y lo deposita en la urna. El tarjetón en blanco es el comprobante por el cual la persona recibe el dinero.

Compra de líderes.

En este caso el político acuerda con un líder comunitario la cantidad de votos que puede conseguirle. El líder chantajea a la población y llleva el dato de la cantidad de votos al político.

Mesa que más aplauda

Uno de los jurados de la mesa ya está comprado, entonces se soborna al resto de jurados de la mesa para que apoyen al defraudador.

Eucaristía electoral

El día de la jornada electoral, los sacerdotes hacen más misas de lo normal, invitando a votar a favor de determinado candidato o partido.

Plan tortuga

Con el objetivo de que la gente se aburra y abandone la jornada de elección sin votar, los jurados se tardan lo más posible en abrir la mesa, armar la urna y contar los tarjetones.