23 DE ENERO DE 2019: EPICENTRO VENEZUELA
Mares de gente comenzaron a confluir en la plazoleta de la Catedral. Allí se iba a celebrar, en simultáneo con el resto del país, un cabildo más. Desde algunos días antes esta había sido la estrategia del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, una vez que Nicolás Maduro el 10 de enero se juramentara de forma fraudulenta para un nuevo período presidencial. Desde el día 6 este joven prácticamente desconocido fue acaparando la atención de las cámaras. Pertenece al partido Voluntad Popular, fundado por el líder político Leopoldo López, ese mismo que ha cumplido 5 años entre cárcel y arresto domiciliario.
Considero que el gobierno cometió un error táctico. La Asamblea Nacional catalogó a Nicolás Maduro como usurpador y activó un articulado de la Constitución que podían enmarcar el camino a seguir: toda acto de alguien que usurpa un puesto público es nulo, todo venezolano está llamado a hacer restablecer la vigencia de la Constitución Nacional, según el artículo 333, y el último de todos, el 350, que se refiere a la desobediencia cívica. El único poder con legitimidad de origen era la Asamblea Nacional, seguramente asediada tanto por factores externos del gobierno como los grupos internos menos “beligerantes” (en el sentido figurado), por no pensar que en franca colaboración con el gobierno. Al Poder Legislativo le correspondía asumir las atribuciones del Ejecutivo, de manera temporal hasta la convocatoria de nuevas elecciones ¿Debía juramentarse Juan Guaidó? Si aquel era el derrotero a seguir, esto permanecía en la duda.
La figura del Cabildo, presente en la Constitución y de tradición que se remonta a la Colonia, fue activado. Considero que mucho entusiasmo no despertaba aun. Algo de escepticismo había. Fue el 13, cuando Juan Guaidó bajada de Caracas hacia la costera población de Caraballeda, para asistir a un Cabildo, en que el presidente de la Asamblea Nacional fue interceptado en la autopista. Supongo que esa era la escenografía preparada por el gobierno: a plena luz del día, delante de todos, esposado o queriendo esposarlo, subido a un vehículo del SEBIM (Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar)… quizás para desalentar o inducir al pánico. La esposa se comunica vía telefónica con otra diputada y el sonido de inmediato se propaga por las redes y el whatsapp como un eco, como las señales que en la antigüedad se emitían de colina en colina, para comunicar los sitios más recónditos de la tierra. Aparecen luego las imágenes captadas por los teléfonos inteligentes, sobre la captura, y, por supuesto, se viraliza.
Horas después, aun fresca la mañana, llega la voz en caracteres del presidente de la Asamblea Nacional: “Caraballera, esperen, que para allá vamos”. El propio protagonista, además de su exhibición de garbo, atribuyó a la presión internacional su liberación. Todavía Venezuela estaba bajo los efectos de la adrenalina cuando el diputado se subió a la tarima del evento, y su voz electrificó a los presentes. Las ondas fueron expandiéndose hasta alcanzar el resto del país. Luego de ese momento, los cabildos se fueron multiplicando, tanto en personas como en convocatorias. Las protestas de diversos sectores se conjugaron, por lo que protestar por la falta de dinero para pagar a los pensionados, o los pírricos sueldos de los maestros (en Barquisimeto protagonizaron “la marcha de los zapatos rotos”, que ocupó varias cuadras y desbordó el cordón policial que tenía como misión detener su avance), o la falta de gas o de agua o de medicamentos se tradujo en la identificación de Maduro como usurpador y fortaleció el liderazgo de Juan Guaidó.
Se llegó al 23 de enero. Ese día, en 1958 el último dictador venezolano del siglo XX huía al extranjero en el avión llamado por la gente “la vaca sagrada”. Dos preguntas flotaban en el ambiente: ¿se juramentaría Juan Guaidó como presidente de Venezuela? ¿cuál sería la reacción del gobierno ante estas concentraciones? En días pasados el presidente de la Asamblea Nacional, y su esposa, cual primera dama, grabó un video mensaje para la Fuerza Armada: les tendía la mano, decía que los comprendía, que estaban pasando por las mismas necesidades que el resto de la población, y les ofrecía una Ley de Amnistía.
Con razonamientos sopesados había juristas que consideraban tanto la necesidad de juramentarse como el inconveniente. La expectativa en la población llana se centraba en la juramentación. Otros consideraban que tal cosa no estaba prevista en la Constitución y podía considerarse una apropiación ilegítima del cargo. Las declaraciones del mismo primer vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, parecían contrarias a que se juramentara (era coherente con las líneas de AD, partido con posición ambigua en los últimos 3 años). Al final todo confluía en que, si no se acudía a la analogía en el Derecho, no se podía resolver la controversia. J.J. Rendón, el estratega de contiendas electorales, recordaba ante Fernando del Rincón, en CNN, que el ejercicio del poder tiene su liturgia y símbolos, que el resto de países estaban también esperando.
Hacia las 10 am comenzó en varias partes la participación de los oradores locales. En Barquisimeto tomaron la palabra desde los políticos hasta el Prof. Nelson Freitez, a nombre de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara. El padre Owaldo Araque, vicario general de la Arquidiócesis de Barquisimeto, y el pastor Álvaro Rea, de la iglesia Buenas Nuevas. Hacia el mediodía, en Chacao en Caracas, apareció sobre la tribuna el presidente de la Asamblea Nacional. Luego de una introducción programática a los pasos que se quieren dar (cese de la usurpación, ayuda humanitaria y elecciones libres y transparentes), la palabra “juro” en boca del novel político desató la euforia en todo el territorio nacional. “Juro asumir las atribuciones como presidente encargado…” En las siguientes horas y días la voz traspasó las fronteras y ha ido cosechando mayores y mayores reconocimientos oficiales por los más diversos países del mundo. China se mantuvo al margen. España le exige a Maduro que convoque a elecciones. Pocos respaldan a su antiguo aliado.
Por supuesto que toda esta “liturgia” exige concreciones. Porque el poder no está en quien lo represente sino en quien lo ejerza. Por lo que pudiese asemejarse a una pantomima todo lo que ha ocurrido ¿Qué hace que pueda verse a Juan Guaidó como presidente, si de facto sigue Maduro en el edificio símbolo del poder, que es el Palacio de Miraflores? La política internacional y su reconocimiento hasta por organismos de financiación. Todas las cuentas internacionales y la representación diplomática en el mundo pivotar sobre las decisiones del presidente encargado. Cuestiones tales como la directiva de Citgo, la empresa petrolera venezolana que está en proceso de embargo (hasta ahora), pudiese ser removida y sustituida por él. Maduro expulsó al cuerpo diplomático de la embajada norteamericana en Caracas, y Estados Unidos rehusó plegarse, puesto que no reconocía a Maduro. El personal diplomático en Estados Unidos debía regresar a Venezuela, por orden de Maduro, pero Guaidó dio la contraorden de permanecer en suelo norteamericano. Una funcionaria en el Consulado de Houston dijo: “a sus órdenes, señor presidente”.
Mientras los variados grupos de Oposición (desde los partidos tradicionales o los nuevos partidos o el llamado “chavismo disidente”) se paseaban por estos tableros de juego. Por razones inciertas, todo se desarrollo con relativa paz. En Caracas, solo la represión arreció desde temprano en El Paraíso, una urbanización de la antigua clase media, que ha principios del siglo XX se fue desarrollando un urbanismo para la crema y nata de la sociedad caraqueña. Según información que me llega, el blanco de los ataques fue el grupo de religiosos varones y mujeres que estaban allí. Fuera de eso pudo desarrollarse las concentraciones en toda Venezuela: 66 entre ciudades y pueblos, todas multitudinarias.
Pudo realizarse hasta que llegó la tarde. A partir de ese momento comenzó la represión con un saldo de unos 23 muertos en todo el país e infinidad de detenidos y sin parte de heridos. Para la organización Foro Penal, entre el 21 y el 26 de enero en el país hubo unos 791 detenidos. Y la represión se cebó con los sectores populares. En la zona este de Caracas hubo intercambio de fuego entre delincuentes y cuerpos de seguridad. Una de las estrategias de antaño fue la complicidad entre el gobierno y bandas armadas, inclusive armadas por el mismo gobierno. A principios de esta década se crearon las llamadas “zonas de paz” donde supuestamente había habido desarme y la policía no podía entrar. En realidad fueron zonas donde la ley la imponía el hampa. En algunos casos, el hampa del barrio lo defendía de bandas de otras zonas de Caracas. En sectores como la emblemática barriada del “23 de Enero” en Caracas, colectivos armados, con dosis ideológicas de extrema izquierda, lo defendían como si se tratase de un territorio independiente. Eran algo así como un anillo de seguridad que se aprovechaba de la lucha de clases para robar a los ricos o acomodados, cuando eso existía. Y, en caso de necesidad, enfrentar a la derecha en cualquier escenario que fuese, más si amenazaba a la Revolución. Pues bien, dada la ruina que vive el país, se considera que ha habido serios enfrentamientos con estos grupos, que algunos han tenido armamento de guerra.
De hace unos 3 años para acá el gobierno ha organizado operativos de seguridad con el rimbombante nombre de OLP, Operativos de Liberación de la Patria. Para los menos curtidos en años, la Organización de Liberación Palestina tenía, obvio, esas siglas. La que lideró Arafat y que en su momento perpetró algunos atentados terroristas.
Los Operativos de Liberación de la Patria eran grupos comandos que llegaban a una zona con el objetivo de liberar del hampa. Pero no decían que era matándolos. Por lo que todos morían en enfrentamientos. Lo que no se decía tampoco era cómo aparecían muertos personas de buena y reconocida reputación por sus vecinos. Una persona me comentaba cómo cierta ONG consideraba la posibilidad si tales operativos eran anti-insurreccionales. Sea por el cambio político o, por cosas más inmediatas como el hambre, dichos operativos podían ser un disuasivo.
Lo cierto es que el FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana, ha estado actuando y merodeando tanto antes, durante y después del 23 de enero. Si en horas de la tarde hubo muertos en diversos estados del país, en Barquisimeto hubo detenidos y heridos. Pero en la población de El Tocuyo, ciudad que se remonta a la Colonia, y Carora, también con garbo de antaño, ciertas zonas fueron tomadas por estas Fuerzas. El saldo es de 5 personas muertas y un buen grupo de detenidos. Por sus caminos de tierra y asfalto los hombres con armas largas y pasamontañas, sin otra identificación que las siglas del cuerpo de seguridad.
Si las personas que le lanzaron a la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, una buena propina de mandarinas (que yo no estoy de acuerdo con dicha protesta) se están arriesgando a prisión entre 10 y 20 años, los que participaron en actos del 23 de enero y fueron detenidos se les considera responsables de insubordinación, terrorismo y otra serie de despropósitos. Por lo que corren el riesgo de ser sentenciados. Con la particularidad que, estar en una cárcel en Venezuela, es estar sentenciado a muerte. Al final del corredor no está ni la inyección fatal ni la silla eléctrica, sino la muerte por desnutrición y enfermedades aledañas a ella. En Uribana, nombre de la población donde se encuentran los penales David Viloria y Fénix, en el lapso de 10 días van 5 muertos. Cuestión inhumana para cualquier criminal, más para el que es inocente o su delito fue ejercer su derecho de manifestación y protesta.
No es un secreto la presencia cubana en Venezuela. Inclusive absorbió a unos 1500 o 2000 médicos que venían de Brasil. Sobre esta penetración extranjera, que no debe excluir la presencia militar, se especula mucho. Pero lo seguro es que alguna presencia sí hay. Almagro, secretario de la OEA, habla de 22 mil según Carlos Alberto Montaner, analista de CNN. No fue gratuito el viaje del general Joaquín Quintas Sorá, viceministro de la Fuerza Armada Revolucionaria cubana, a Venezuela. Menos si se mide el beneficioso impacto de esta situación para la isla. A lo que habría que añadir la presencia de la guerrilla colombiana, como el ELN en el país. Con la concesión para la explotación petrolera y otras riquezas a naciones como China, Rusia o Irán. Esto hace que la capacidad de maniobra sea limitada. Como en las películas de los años 70, se trata de desarmar manualmente una bomba de tiempo, cortando cable por cable. Porque se debería sumar tanto el negocio de la droga, eso que hace del régimen venezolano una narcodictadura. Y, lo otro, los lazos con el Hamas y el Hezbollah.
El pasado 23 de enero, en horas de la tarde, unas 300 personas quedaron refugiadas en la catedral de Maturín, mientras grupos violentos los cercaban. La situación amainó hacia el final. Pero inclusive su llamada de auxilio recorrió las redes. En los últimos días comienza a haber una campaña de descrédito y acoso por las redes, con actos violentos como los ocurridos en la parroquia Guadalupe de la ciudad de Maracaibo. Mientras se efectuaba una concentración en las inmediaciones del templo, un grupo violento envistió contra la gente, que huyó hacia la iglesia. El sacerdote estaba celebrando cuando entraron y pidió cerrar la puerta. Según relata el sacerdote, el grupo violento consiguió entrar y destrozó todo lo que consiguió. Un video sobre un grupo armado llamando a la violencia, que se identificaba con los jesuitas, también circuló. Un capture de una cuenta de Twitter del Cardenal Uroza insinuaba que 5 personas del entorno de Maduro estaban solicitando asilo en la Nunciatura, pero que no dijera que él lo había dicho. Todo patrañas, tanto como que el Cardenal no tiene cuenta en Twitter.
El desenlace está por venir. El régimen volverá a jugar al desgaste. Les falta imaginación para crear nuevos libretos y le sobra obstinación y ambición. Es claro que el panorama y el ambiente es más destenso y optimista. Pero las jugadas del ajedrez político nacional e internacional no ha terminado. Capitalizar la calle sigue siendo clave. Engatillar la violencia sigue teniendo peso.
A continuación el comunicado que emitió la Red de Derechos Humanos del Estado Lara
LAS FAES BUSCA ATERRORIZAR A POBLACIÓN LARENSE VIOLANDO DERECHOS HUMANOS
La Red de Derechos Humanos del Estado Lara ante las graves violaciones que organismos de seguridad del Estado cometen en la entidad a raíz de las movilizaciones de la población desde el pasado 23 de enero, expresa con suma preocupación las siguientes consideraciones y denuncias:
1. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desde el pasado mes de agosto del año 2018 ha ejecutado en la entidad en supuestos enfrentamientos y sin investigación, a más de 100 jóvenes en zonas populares. Desde inicios del presente año se ha dedicado abiertamente a labores de represión realizando allanamientos masivos de residencias sin orden judicial y ejecutando a personas participantes en actividades de protesta pública, con saldo hasta el presente el asesinato de 3 jóvenes en la ciudad de El Tocuyo y 2 personas en la ciudad de Carora el pasado día 25 de enero.
2. Este ente, que presenta antecedentes de alta letalidad en sus actuaciones diarias y actúa en sus operativos con armas largas, rostros cubiertos de sus funcionarios con pasamontañas y sin ninguna identificación personal, allanó el pasado 10 de enero sin orden judicial y en forma masiva y violenta a más de 20 residencias de la Urbanización Sucre en Barquisimeto, después de varios días de mantener un acoso a sus habitantes con alcabalas y requisas permanentes, aterrorizando a sus habitantes.
3. El día 25 de enero en las ciudades de El Tocuyo y Carora, las FAES en procedimientos caracterizados igualmente por su altísima violencia y con el patrón de actuación descrito, ejecutó a 5 personas, generando una real conmoción en esas poblaciones que venían expresando en cabildos y concentraciones sus aspiraciones de cambio de la actual situación del país. Debemos subrayar que las personas ejecutadas eran fundamentalmente jóvenes, a quienes se les sometió y se les ejecutó en muy rápidos procedimientos sin ninguna consideración sobre su derecho a la vida, tal como han ejecutado a más de un centenar de personas en la entidad desde el 2do semestre del año 2018.
4. Estos hechos configuran un conjunto de gravísimas violaciones a los derechos humanos de la población. Representan la más alta escala de delitos que conllevan responsabilidad individual, administrativa y penal, tanto de los ejecutores directos como de los mandos que ordenan tales procedimientos. Ayer, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH Michel Bachelet señaló en una declaración oficial desde su oficina en la sede de este organismo con respecto a la situación del país y la actuación de cuerpos represivos
“Cualquier incidente violento que resulte en personas muertas o heridas tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades, o si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean pro-gubernamentales o no…es vital prevenir una repetición de los patrones de represión que fueron documentados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017,como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas…”
5. Las actuaciones de las FAES no van a quedar impunes. Muy pronto ingresará al país una Misión de Expertos de esta Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas que, con la documentación y múltiples testimonios de familiares y vecinos que se recaba y que ya viene siendo recopilada por esta Oficina, identificará a los responsables. Tal como ha ocurrido en diversas partes del mundo, serán objeto de sanciones y severos castigos por violar derechos humanos y aterrorizar a la población, configurando delitos que pueden ser catalogados de lesa humanidad por su letalidad y masividad. Por eso esta alta funcionaria señaló
“El uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza está clara e inequívocamente prohibido por el derecho internacional”.
6. La Red de Derechos Humanos del Estado se solidariza con las familias de las personas ajusticiadas. Exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus obligaciones y abra investigaciones sobre estos graves hechos. Su inacción, negligencia y complicidad también configura delitos objeto de sanciones penales y administrativas.
7. Reiteramos que el derecho a la manifestación pública está contemplado en nuestra Constitución Nacional. Protestar no es un delito y la población está en todo su derecho de exigir cambios en una situación nacional que afecta seriamente su calidad de vida y sus derechos a decidir sobre su presente y futuro
En Barquisimeto, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO LARA
