Venezuela: la violencia como estrategia geopolítica en el contexto del informe Bachelet
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son hijas legítimas de las Operaciones de Liberación del Pueblo(que curiosamente tiene siglas de OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, como el grupo palestino que tuvo acciones terroristas, cuyo miembro más famoso fue Yasir Arafat, pues llegó a ser presidente de Autoridad Nacional Palestina, una vez acordada cierta paz o estabilidad con Israel). La diferencia entre unas y otras está en que las primeras estás adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las segundas eran operativos conjuntos de la PNB, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que se iniciaron en el 2015. Se puede decir que el rasgo común es la letalidad de sus acciones, que justifican como enfrentamientos con peligrosos delincuentes. Aunque según un artículo del periódico oficialista (por lo tanto, controlado por el Estado) el Correo del Orinoco, la finalidad es de contrainsurgencia.
Por supuesto que, si se lee en el informe Bachelet, que el gobierno ha admitido unas 5000 ajusticiamientos extrajudiciales (en Venezuela no existe la pena de muerte), los números lucen enredados.
“En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno” (Informe de ACNUDH, mejor conocido como Informe Bachelet, del 4 de julio de 2019)
Más si los números que maneja el OVV es de más de 7 mil y que eso es aproximadamente el 60% de las muertes que ocurren en el país.
“En 2018, la data oficial registra 5.287 muertes violentas , en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría” (Observatorio Venezolano de Violencia).
Para el 2018:
“Entre esas muertes hay 10.422 homicidios, que son aquellos casos en los que las autoridades ya iniciaron una investigación. Destacan sobremanera las 7.523 muertes por “resistencia a la autoridad”, aquellas que se producen en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y que, según expertos, es un término utilizado por el gobierno para “esconder” ejecuciones” (El Mundo).
O sea, los cuerpos de seguridad, incluyendo al CICPC, matan más que la delincuencia.
El manejo de la violencia carcelaria
De los recintos 41 recintos carcelarios del país, 12 se encuentran bajo el control del pranato
Creo que estos datos, de por sí relevantes, necesitan ser acompañados de otros. De los recintos 41 recintos carcelarios del país, 12 se encuentran bajo el control del pranato. Pero esos 12 representan 53% de la población carcelaria: unos 24.981 de un total de 46.776. O sea, de grupos de presos armados y organizados, como si se tratara de un castillo medieval de un señor feudal. Solo que el señor feudal es un preso con poder, pues allí no manda el Estado. Se indica un hacinamiento de un “125%, lo que cuadruplica los estándares del hacinamiento crítico. El retardo procesal se ubica en 75% de acuerdo a las cifras de procesados y penados” (Tal Cual).
Humberto Prado, director y fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones, habla de 87 y 100 centros de reclusión. Y Una Ventana a la Libertad, otra organización de DDHH, señala haber observado 174 Centros de Detención Preventivo. Es decir, lugares que deberían ser de paso, de unas 48 horas, cuando la persona es detenida. Esto antes de ser presentados ante el Ministerio Público. Pues bien, en estos centros, que no tienen estructura adecuada para largas permanencias ni personal adecuado, son centros de reclusión permanente con toda clase de contrariedades.
“Logramos observar 174 CDP, ubicados en 15 estados de Venezuela, los cuales agrupaban para el momento del trabajo de campo a 16.719 personas detenidas en una capacidad instalada para unas 5.332 personas (314% de hacinamiento promedio)”. (Informe anual 2018 de Una Ventana para la Libertad).
Habría que añadir que, según el Informe del Observatorio Venezolano de Prisiones de este semestre, en cuanto a las edades de los reclusos, “… se pudo conocer que el 40 % de la población reclusa es de 18 a 30 años de edad, 30 % de 30 a 40 años, 20 % de 40 a 50 años y 10 % de 50 a 70 %”. Y en relación al delito “el 65 % es por robo en sus distintas modalidad, el 20 % por droga, 10 % por homicidio y 5 % por violación”.
En información que recoge Tal Cual, Humberto Prado indica que existe un 85 % de ociosidad en las cárceles y que los reclusos pueden estar mejor armados “incluso mejor que las autoridades”. Y refiriéndose a los
“#InformeOVP “En los calabozos policiales, el mayor número de fallecimientos es por violencia. El 95% es por arma de fuego de fabricación industrial, lo que desmonta la versión de que el Estado tiene controlados los centros de reclusión” (Twitter @oveprisiones).
Queda la sospecha de la impunidad de delincuentes pesados y con delitos de asesinatos, pues la impunidad campea en el país (no hay un informe oficial de los muertos el fin de semana, sino que los periodistas deben recogerlo de entre los familiares que se reúnen frente a la morgue en espera de los cuerpos de los occisos).
Si se suma la letalidad de las FAES y lo que ocurre en los penales, como el de Tocorón, se puede colegir una presunta política de exterminio y control social a los grupos supuestamente más propensos a trasgredir normas, a estar armados y a usar las armas. Para el 23 de febrero de este año, en el contexto de la pretendida incursión de la ayuda humanitaria, no solo se vio a Iris Varela, llamada por el presidente Chávez como “Comandante Fosforito” y Ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios desde el 2012, junto a miembros armados y algunos uniformados del extremo venezolano del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña. También se coló información confiable por las redes de la participación de reclusos para controlar y contener la población. Por ejemplo, en Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil. La etnia de los pemones tuvo que huir selva a dentro, pues tenían la certeza que iban a por ellos. Algunos consiguieron pasar la frontera. No se tiene certeza del número de fallecidos en esa oportunidad.
¿Esto se escapó de las manos del Estado?
Se pudiera colegir que llegamos aquí por un proceso de desintegración social. Algunos pudieran creer o negar los números y hasta justificar el método de saneamiento social, en caso que esa fuese la intención. Cuestión por lo demás injustificable, desde el punto de vista de los Derechos Humanos y de quienes formamos parte de cualquier organización para su defensa. Pero en días pasados en la cota 905, una zona popular de Caracas cerca de El Helicoide, se dio una situación singular. Efectivos del CICPC se enfrentaron con las bandas de las zonas, mejor equipadas que los policías, que no solo repelieron a los cuerpos de seguridad sino que, cuando estos pidieron refuerzos, circula la versión de que una orden del alto gobierno pidió la retirada de los mismos.
De la misma forma se puede recordar que en el informe Bachelet se pide desmantelar a las FAES. En días pasados Nicolás Maduro, que ejerce como presidente pese a la presión internacional, aupó a las FAES y dijo que se mantendrían. Y en el camino se convocó al Foro de São Paulo en Caracas, que dicen que tuvo ausencias importantes, pero que representantes del partido colombiano formado por las FARC y representantes del ELN se hicieron presentes.
¿Hay alguna forma de interpretar esta situación? Voy a permitirme presentar un intento de explicación.
Si bien es cierto que desde hace décadas la política venezolana en relación con la delincuencia ha sido errática (con cantidad de transgresiones a la norma, funcionarios cooptados, procesos judiciales lentos y personas encarceladas sin el debido proceso, si es que el proceso se hubiera abierto), el presidente Chávez capitalizó las consecuencias. Es cierto que la mayor parte de la gente de los estratos populares es honesta y trabajadora. Pero se basó en un sofisma en el que la delincuencia está ligado a la pobreza (consecuencia de la opresión), por lo cual es justificable… o es injusto criminalizar. Quise buscar la alocución, pues la escuché en los primeros años de este milenio, pero me fui imposible localizarla. Al final es una utilización a conveniencia de un argumento propio de la teología moral: el mal menor. Por lo que robar por hambre o para obtener medicamentos, cuando la vida estaba en riesgo real de muerte, es legítimo. Me queda la duda si, en el fondo, no fue un guiño a la delincuencia, como para propiciar convenientes acercamientos, como los que después se dieron. Aunque hay expertos que consideran que el real acercamiento se dio luego del 11 de abril del 2002, después del fallido golpe. Ante el resquebrajamiento de la lealtad militar, los radicales civiles podían ser el bastión real.
Polarización, zonas de paz y desarme
En los años en que se consiguió que se extendiese la polarización en base al cliché marxista de enfrentamiento y lucha de clases (el pueblo contra la burguesía), el auge e impunidad de la delincuencia pudo servir muy bien como amenaza, distractor y contenedor de la clase media, bastión de la oposición. Políticas como el desarme al final afectaban a la clase media (Ley para el desarme, del 2002, a escasos meses después del golpe; supongo que quien tuviera armas no las entregaría), por mucha propaganda que se hiciera, y lo que se consiguió fue desarmar a las empresas de seguridad (de forma clara en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, 2013, Art. 29, cuyo título reza así “Prohibición de tenencia de armas de fuego para el traslado y custodia de bienes y valores”, pero en cuyo contenido no prohíbe aunque se haga de facto) . De esta forma la desproporción de fuerza y vulnerabilidad era evidente.
En el camino de estos años se crearon las llamadas Zonas de paz. Así como el contexto de la primera Ley para el Desarme fue el año del golpe, y la segunda Ley fue la coyuntura (¿de inestabilidad?) de la muerte de Chávez y las polémicas elecciones de Abril del 2013, cuando inicia formalmente la presidencia Nicolás Maduro, en ese mismo 2013 se crean las zonas de paz. Fue una iniciativa de quien era viceministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, José Vicente Rangel Ávalos (hijo de uno de los tutores de Hugo Chávez, el conocido político José Vicente Rangel). Al final Rangel Ávalos negociaba con bandas de barrios, en el marco del Plan Patria Segura y Movimiento por la Paz y la Vida, el entregarles un espacio donde la policía no pudiera entrar. Esto más allá si en esos espacios delinquiesen directamente o, por ejemplo, sirvieran de guarida para lo que en otras partes se hacía ¿dónde podían estar quienes sufrieran secuestro? Importaba que respetasen a los funcionarios de seguridad. La Cota 905 negoció su “zona de paz” en 25 de agosto del 2017. “Formalmente” las enérgicas protestas de ese año habían terminado el 30 de julio, con la cuestionada elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Queda la pregunta sobre la participación “anti-insurreccional” de las bandas criminales, además de los colectivos armados. Porque mi impresión es que, por lo menos en cuanto a los robos, estos disminuyeron entre abril y julio.
Los llamados colectivos armados, grupos más bien paramilitares, también han tenido el control de territorios, además de hacer labores como de gobierno (en algunos sitios imprimieron dinero propio). Es cierto que controlan la zona de cualquier otra banda. Pero también pueden controlar, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, según parece. Colectivos armados como La Piedrita, dirigidos por Valentín Santana en el caraqueño barrio del 23 de enero, creaban un frente de contención armado que, inclusive amenazando con el uso de las armas en el caso de una victoria electoral de la Oposición. Los Tupamaros, Frente Francisco de Miranda, Alexis Vive son alguno de sus nombres.
Somos “aliados políticos” de ETA y de las FARC (Alberto «Chino» Carías Jefe del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru)
Se dice que luego del 11 de abril del 2002, cuando Chávez fue momentáneamente desalojado del poder por lo más parecido a un golpe (es cierto que hubo una situación atípica de vacío de poder, pues hasta el ministro de la Defensa comunicó que Chávez había renunciado, sin que se viera el escrito de su renuncia), que ideó apoyarse más en los grupos irregulares ligados más a la delincuencia. Según Catherine Herridge, Chávez se inspiró en las brigadas iraníes Basij.
Pero en el trascurso de los años, y más con el derrumbe del precio petrolero y la corrupción, la torpe política de dominación comenzó a mostrar sus costuras. “Los ‘malandros’ entrenados por Chávez se rebelan contra el régimen para proteger al pueblo, La policía de Maduro asalta las casas de los más pobres para atemorizarles y seguir contando con su apoyo”, es el nombre de un trabajo periodístico de Ana Terradillos, de la cadena española SER. Una sociedad no productiva es una sociedad que no es atractiva para saquear a través de diversos ilícitos. Es decir, aunque para el alto gobierno supuestamente pueda financiarse (y financiar sus bolsillos) con el erario proveniente de petróleo, narcotráfico y extracción de oro, para los socios más pobres eso no fue suficiente. De hecho, la volatilidad del bolívar, que no se soportar en una robusta industria nacional ni tiene respaldo del dólar de manera estable, hacía que el delinquir a cambio de bolívares no fuese “negocio”. O sea, todas las políticas sociales, que servían para mantener la simpatía de la población, se fue dando al traste, y los “socios” pobres comenzaron a no verle el beneficio de contar con cierta impunidad. Supongo que para alguien formado para robar, por ejemplo, otra sociedad es necesaria. De hecho, hay bandas armadas que se han “exportado” con la migración forzada. O sea, junto con gente desesperada por trabajar y salir adelante, otros están queriendo llevar su experticia criminal a otros países. Solo que en otros países no hay la tolerancia de parte de las autoridades hacia la delincuencia.
Durante el 2017 se presentó algún hecho aislado, no ligado a las grandes manifestaciones, donde presuntos delincuentes exhibieron sus armas contra cuerpos de seguridad. Pero este 23 de enero en zona popular de Petare, en Caracas, se registró algún tipo de enfrentamiento donde se usaron hasta granadas. Se entiende que grupos irregulares, con acceso a municiones de consistencia, se voltearon al gobierno el día en que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado. Puede que irregulares y seguramente con prontuario delictivo.
“Todo el apoyo para el FAES”- Nicolás Maduro
Considero que es este el contexto donde puede explicarse la aparición de las OLP (2015) y las FAES (2016), con su prontuario de asesinatos: manera de intimidar a la población para que evite que su descontento genere en protestas incontrolables, forma de controlar a los grupos delincuenciales que se salgan del orden que el gobierno quiere imponer, y la eliminación (neutralización) de elementos (personas) que representen cualquier oposición dentro de los barrios: “Colectivos armados” llaman a defender revolución, en ANSA, y en el Correo del Orinoco, Miranda el estado donde actúan el mayor número de bandas|Operativos de Liberación y Protección del Pueblo son el martillo para aplastar el paramilitarismo en el país .
La decisión y exhibición de Nicolás Maduro de apoyar a las FAES en cadena nacional, el pasado 17 de julio, no creo que corresponda a un deseo de hacer alarde de fuerza. Creo que el gobierno había apostado a un informe de Bachelet que fuera más benigno y, por lo tanto, que le sirviera como para zafarse de las sanciones internacionales. Craso error. Perdió aun más legitimidad inclusive con aliados que no asistieron al Foro de Sao Paolo en Caracas. No creo que la bravuconada de Nicolás Maduro corresponda a una fuerza real. Apoyarse en grupo como las FAES y los grupos paramilitares o colectivos armados. Si acaso a una exhibición de fuerza, en esta guerra de posiciones en base a amagues que disuadan.
Por el contrario a las apariencias, creo que representan una exhibición de debilidad. Su seguridad no se basa en la lealtad de la Fuerza Armada Nacional ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado y menos en la sociedad civil y sectores populares, sino en los radicales. Radicales que tienen mucho de bandas criminales, pues también se benefician de actividades ilícitas. Porque la justificación de grupos radicales de izquierda de comercializar con el narcotráfico es que de esa manera debilitan a la juventud de las potencias del capital. La justificación es propia de la guerra: destruir al enemigo. Es en el grupo de radicales y extremistas (inclusive los apoyos de grupos terroristas internacionales) donde Nicolás Maduro cifra su seguridad y protección. Son los que lo defenderían y resistirían con él hasta el final. Pues, si él cae, todos caen. Unos por narcotraficantes, perdiendo el poder de las armas, otros por no tener licencia para matar y tener que vérselas con la justicia sobre el asesinato de personas en ficticios enfrentamientos.
El problema, por supuesto, es el engaño final. Porque Nicolás Maduro puede vender la idea epopéyica de la resistencia hasta la muerte, como el último as de su juego de cartas. Pero Nicolás Maduro tiene mucho más que negociar, si no quema todos los cartuchos. Por lejano que parezca, siempre Nicolás Maduro puede negociar un exilio dorado. O sea, mientras él se despida de Venezuela a bordo de un lujoso avión, por aquí quedarán los aliados queriendo ensamblar razones para sobrevivir o enfrentar la justicia.
Cerrando este escrito corre una información por las redes: El Ministerio Público va a abrir una investigación al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por haber violado una zona de paz. Mientras tanto, y de momento, el Coqui, líder de la cota 905, baila. Hasta el portal de noticias de línea chavista, La Iguana, lo reportó, supongo que con asombro, y tuvo o decidió retirarlo…
