¿Y quién le aplica el 155 al gobierno español?
No es la ley lo que se defiende con el 155, sino el poder. No son los corruptos del PP quienes defienden la ley, sino los ciudadanos quienes luchan por una ley más justa
El gobierno español ha repetido hasta la saciedad que los líderes catalanes han infringido la ley. Lo han dicho todos los días, uno tras otro. Y lo mismo han dicho los dirigentes del PP, del PSOE y de Ciudadanos.
En consonancia con esa cantinela, han afirmado también que en España no hay presos políticos, sino políticos presos. Han repetido que los políticos catalanes que están en las cárceles españolas lo están no por ser independentistas, sino por infringir la ley, no por ejercer su derecho a la libre expresión, sino por vulnerar la Constitución.
Dos ejemplos de hipocresía y de concepción autoritaria (y no liberal) de la ley.
En el primer caso, resulta indecente que los dirigentes del partido político más corrupto de Europa hablen de respetar la ley. Puesto que no podemos creerles, hemos de colegir que lo que exigen es que se respete otra cosa: ¿tal vez el poder?
Hace pocos días, el gobierno vasco denunciaba que todavía, después de 37 años (no tres o diez, no, 37), todavía hay 37 (número fatídico, parece) competencias sin transferir a la comunidad autónoma. 37 años sin cumplir la ley, que no es poco. ¿Quién le aplica el artículo 155 al gobierno español por infringir la ley, una ley orgánica promulgada hace 37 años?
El gobierno vasco sostiene que el gobierno español pretende “reducir la autonomía política vasca a una mera descentralización administrativa”. En lugar de transferir las competencias debidas, cumpliendo la ley, los gobiernos españoles se han dedicado a desarrollar leyes y normas que van dirigidas a recentralizar el “estado de las autonomías”, es decir, una vez más, a incumplir la ley. ¿Quién le aplica el artículo 155? ¿O es que solo se castiga cuando esos incumplimientos van en una dirección, pero no cuando van en la otra dirección?
Lo que en realidad importa NO ES el incumplimiento de la ley, sino la RUPTURA de España. Otro día hablaremos de esto. Ahora solo quiero señalar la hipocresía y el encubrimiento de los verdaderos objetivos.
En cuanto al segundo punto, es evidente que los líderes catalanes encerrados en las cárceles españolas son presos políticos. Claro que están presos por infringir la ley, como lo han estado los demócratas y antifascistas bajo la dictadura franquista. Franco encerraba a los demócratas por infringir la ley.
Incluso en plena democracia, los insumisos eran encerrados por infringir la ley. A Gandhi los británicos le encerraron por infringir la ley. A Mandela el régimen del apartheid le encerró por infringir la ley. En EEUU, encerraban a mujeres negras por negarse a ceder su asiento a hombres blancos en los autobuses, violando las leyes. Martin Luther King fue arrestado por violar la ley.
Los líderes catalanes, cuya acción política no voy a defender porque creo que se equivocaron de cabo a rabo, infringieron una ley que no prohíbe expresar ideas independentistas, cierto, pero sí prohíbe llevarlas a la práctica, aunque sean mayoritarias o absolutamente mayoritarias (lo que, ciertamente, no es el caso). Y una ley que prohíbe eso no es una ley justa. Podrán encarcelar a la gente por violar esa ley, pero esa privación de libertad no es ni será justa. Y por tanto Junqueras y demás son presos políticos.
Para terminar, quiero señalar una falacia que no puede engañar más que a los fieles. Se dice muy a menudo que “en democracia no hay presos políticos”. Falso. En las democracias hay presos políticos (como en España), hay injusticias, hay leyes infames (como la ley mordaza y otras), hay abusos que permanecen impunes (como la gran mayoría de los cometidos por las fuerzas de seguridad). El razonamiento es, más bien, el inverso, como comprenderá cualquier persona con capacidad de raciocinio: SI hay presos políticos, no estamos ante una DEMOCRACIA PLENA. De la misma forma que no se puede decir que en democracia no hay censura o que en democracia no hay impunidad para los abusos policiales. La ecuación es la inversa: si hay censura o abusos policiales, no hay una BUENA democracia, sino una democracia deficiente. Como lo es la española.