Boletín №16 del 13 de febrero de 2018
En Colombia, la libertad de prensa está amenazada y el ejercicio del periodismo se ha convertido en un oficio lleno de riesgos.
Por José Dos Santos
COLOMBIA
Un oficio peligroso
En Colombia, la libertad de prensa está amenazada y el ejercicio del periodismo se ha convertido en un oficio lleno de riesgos. Esta vez, los responsables ya no son los grupos al margen de la ley sino los funcionarios del Estado y la Fuerza Pública. Las tres ramas del poder parecen haberse confabulado para coartar la libre expresión.
Estas son las principales conclusiones de un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa publicado esta semana con motivo de la celebración del Día del Periodista.
Según el documento, en 2017 hubo 310 ataques documentados contra la prensa que afectaron a 368 periodistas. Las amenazas también aumentaron al pasar de 90 en 2016 a 129 el año pasado. El clima de intimidación dejó de ser exclusivo de las regiones apartadas y se expandió a las grandes ciudades. Bogotá es la ciudad en la que hubo más ataques, con un 24,5 %. Le siguen Antioquia y Valle del Cauca con 8,8 % cada una.
La FLIP dice que lo más preocupante es que los guardianes de nuestras libertades terminaron siendo los primeros censuradores. En 2017, la Fundación documentó 76 agresiones de funcionarios oficiales contra periodistas, 72 de particulares y 33 de actores ilegales.
“Hoy, quien está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, el personero, los diputados, el concejal y en general los funcionarios que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos”, dice el informe.
Las principales agresiones de la Fuerza Pública se han presentado durante el cubrimiento de protestas sociales. Sus miembros, en al menos 15 protestas, usaron bolillos, bombas aturdidoras y armas de salva contra los periodistas que estaban informando sobre las protestas.
El caso más grave se presentó el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, en la que fue asesinada la periodista indígena /Efigenia Vásquez Astudillo/, de la emisora Renacer Kokonuko. Ella se encontraba cubriendo los enfrentamientos entre los indígenas y el escuadrón antidisturbios Esmad, de la Policía Nacional. Su muerte todavía no ha sido aclarada por las autoridades judiciales, pero una de las hipótesis de la Fiscalía asegura que agentes del Esmad son los responsables de los impactos de bala que ella recibió.
El informe señala al presidente /Juan Manuel Santos/ como uno de los principales responsables de las restricciones a la libertad de prensa. Según la FLIP, el jefe del Estado prometió cambios históricos en la reparación y la protección de los periodistas que nunca se cumplieron.
La FLIP también reprochó a Santos que personas cercanas a él presionaron a algunos medios durante su campaña de reelección.
La Corte Suprema de Justicia fue acusada de expedir sentencias lesivas para el libre ejercicio del periodismo como las relacionadas con el derecho a la rectificación y a la reserva de la fuente. La Corte Constitucional también fue criticada por la torpeza de varios de sus
magistrados en algunos debates sobre nuevas tecnologías y libertades.
Entre los riesgos de ejercer el periodismo en Colombia, la FLIP señala “la violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas; la violencia estatal y letal contra periodistas y las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura”.
El informe revela que hay 144 periodistas en el país que están amenazados y que cuentan con medidas de amparo de la Unidad Nacional de Protección.
Por último, deplora que desde 1977 en Colombia hayan sido asesinados 155 periodistas por razones de su oficio. Solo en 27 de los casos se han emitido condenas. Los otros 127 crímenes se encuentran en la impunidad.
Una triste paradoja: en Colombia, el oficio más hermoso del mundo se ha convertido en el más peligroso.
(Juan José Hoyos/El Colombiano)
Hablar de paz en medio de las balas
Colombia transita de un clima de terror a un sólido proceso de paz, impulsado por la sociedad y acompañado por periodistas comprometidos, considera Antonio Roveda Hoyos. Para el periodista colombiano, la militarización sólo agravó el problema. La movilización social, parte de la solución
El destierro o la vida es la premisa que enfrentan los amenazados de muerte. Y Antonio Roveda Hoyos –periodista, académico y concejal de la Unión Europea– lo sabe muy bien: “Me vi obligado a emigrar por las agresiones, asesinatos y amenazas de muerte a todo aquel que se atreviera a hablar de la realidad colombiana”.
De regreso a su natal Colombia, el doctor en ciencias políticas y cooperación internacional por la Universidad Complutense de Madrid, España, asegura que las cosas ya han cambiado para el periodismo, tras padecer una guerrilla de 50 años. Sus palabras contrastan con un antecedente brutal para la prensa: en 5 años, 258 periodistas fueron asesinados en ese país como represalia a su labor.
A base de su propia experiencia, el también Par Académico del Ministerio de Educación Nacional –en la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior– proclamó reiteradamente que la paz no se construye con el silencio.
“Soy testigo de que en mi país ha pasado 1 año –2017– y no ha habido un solo asesinato de periodistas, ni una sola agresión a los medios de información, llámese prensa escrita o de redes, radio o televisión, después de que, en esos 5 años, Colombia ocupó el primer lugar con este número de periodistas asesinados y muchas otras agresiones y delitos contra el derecho a la información.”
Para la prensa, ese clima de terror fue una de las consecuencias del narcotráfico, reflexiona el periodista. En una breve pausa, advierte que no fue la militarización la que ha permitido que en Colombia se estén registrando estos cambios. No. A la inversa –precisa–, cuando se recurrió a los militares la situación se agravó.
La experiencia que narra Roveda Hoyos podría servirle a nuestro país. “El narcotráfico en Colombia se radicó en la selva, a diferencia de México, donde el narcotráfico es urbano. No obstante, será bueno recapitular lo que ha ido modificándose en mi país”.
El camino en Colombia pasa por el periodismo
El periodista explica el arduo camino que ha seguido su país natal. “La sociedad civil no se paralizó. Hubo algo que conmovió al mundo: 10 millones de colombianos salimos a las calles a protestar. No era posible vivir en esa zozobra: salir de casa al trabajo, a la escuela, a realizar trámites, etcétera, y pensar en la posibilidad de no regresar por secuestro o por pérdida de vida”.
Ante ese enérgico y justo reclamo, el Estado retomó y modificó su actuación. La situación se analizó concienzudamente, el Congreso aprobó un presupuesto con un profundo sentido social, y se asignaron mayores recursos a la educación.
Roveda Hoyos asegura que Colombia es el país latinoamericano con una mayor inversión en educación. “En mi país, ningún niño, ningún joven queda fuera de las aulas”.
Además, advierte, se modificó el sistema fiscal para ofrecer mayores facilidades para la apertura de centros de trabajo, entre otros cambios de trascendencia.
“Hubo más recursos disponibles para el campo, para la industria, para todos los proyectos productivos. Se crearon más y mejores campos deportivos, se viene dando relevancia a las artes, de manera especial a la música con la creación de grupos musicales, a la lectura con el programa Libros al Viento”.
Lo más importante, indica, es que la gente empezó a cambiar su lenguaje, a dejar de mencionar las palabras asesino, presunto, violador. En ese cambio de lenguaje los medios de comunicación dejaron de dar noticias, de entrevistar a criminales y a jefes militares y se empezaron a contar historias. Se regresó a la crónica, al reportaje de investigación.
El cambio fue radical y se manifestó en las nuevas expresiones que exigió la propia población, considera Roveda Hoyos. Los periódicos, las noticias ya no iniciaban con la página roja, las imágenes, la sangre. Eso se modificó y, poco a poco, esta nueva forma de contar los sucesos fue resultado del rechazo o aceptación de los redactores y de los lectores.
No obstante, advierte que esto no quiere decir que se dejara de informar la realidad. “No es esa la opción, sino un cambio de lenguaje sobre los conflictos; [y] al mismo tiempo, no olvidarse lo que pasa en el país”.
El periodista reconoce que, si bien estos cambios no resuelven los conflictos de un día para otro, los resultados se están palpando en Colombia. “Mientras en 5 años tuvimos que lamentar 258 periodistas asesinados y otros centenares agredidos, inclusive a medios de comunicación, en 2017 no tuvimos ni un solo asesinato”.
Y agrega: “Hoy la gente lee las noticias contadas de otra manera. Ya no estilan sangre las páginas de la prensa, ni las redes sociales. La gente se hartó de ver imágenes que sólo alimentan el morbo, la desesperanza”.
Y aún con eso, la prensa no ha dejado de denunciar los crímenes. “La página /roja/ ya no se lee como antes: los periodistas pasamos de entrevistar a criminales, a jefes militares, para regresar a la crónica, al reportaje, a contar historias de las necesidades de cada región”.
La violencia no se combate con más violencia
El doctor Roveda Hoyos, profesor de la Universidad de El Rosario en Bogotá, destaca que “la militarización en Colombia recrudeció la violencia”.
Por ello, indica, “no se puede combatir la violencia con más violencia. El resultado está a la vista: en 50 años se tuvieron 8 millones de personas asesinadas, más de 7 millones de desplazados, y las distintas formas de tratar de acallar las voces disidentes, el asesinato a periodistas, la agresión a medios de información”.
El propio pueblo colombiano exigió algo distinto. Sus exigencias colectivas tocaron al Estado, y es por eso que ahora Colombia dedica más presupuesto a la educación, a la promoción de actividades culturales, deportivas.
Especializado en el llamado periodismo de paz, Roveda Hoyos concluye: “la paz se empezó a construir cuando 10 millones de colombianos, hartos de vivir esa etapa de inseguridad, salieron a las calles”.
El resultado, observa, se reflejó en todo: “Cambió que se estuviera haciendo de la violencia un espectáculo, por demandar, exigir un mundo de paz, de esperanza, un mundo de hermanos, un mundo de amor”.
(Carmen Aída Guerra Miguel, Presidenta del Colegio de Periodistas y Escritores de Sinaloa José Cayetano Valdés, AC)
MEXICO
La diputada Brenda prepara ley para periodistas, pero renga
Parecía buena noticia lo que escuchábamos, decenas de abogados y uno que otro periodista, la mañana del jueves 8 de febrero en el seminario internacional sobre el sistema penal acusatorio. A nombre de la diputada federal Brenda Velázquez Valdez su representante ofrecía pormenores de lo que ella propone contendría la Ley General de Protección a Periodistas, que hoy no existe.
Pero, en la medida que Juan Alejandro Navarrete enumeraba los 14 apartados que tendría esta ley, se confirmaba que su iniciativa renguea por tres razones esenciales: es únicamente cautelar, abre demasiado la definición de periodista y, especialmente, omite el reconocimiento de al menos 12 derechos para ejercer esta profesión. Así no servirá para la protección integral.
*Más asesinados en 2017*
El congreso internacional de los abogados duró tres días, tuvo un seminario adicional. A la mesa redonda /El sistema de justicia penal frente a los ataques a los profesionales de la comunicación y la libertad de expresión/, fuimos invitados los periodistas Fred Álvarez,
Pablo Cabañas, Rogelio Hernández y la diputada federal Brenda Velázquez, presidenta de la /Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación/. Ella no asistió porque anda en gestiones para ser nominada candidata a Senadora por su partido, el PAN.
Juan Alejandro Navarrete, secretario técnico de esa comisión camaral de nombre kilométrico llegó bien preparado y lo presentó con dispositivas. Su primera noticia, es que ellos si tienen el registro más completo de periodistas asesinados en México durante 2017; enlistan los nombres de 16, número que contrasta con los 7 que expone el CPJ de Estados Unidos y los 13 que reportan la CNDH, Artículo 19 y la fiscalía especial de la PGR. En la Cámara hacen buen monitoreo y lo presentan segmentado por entidad federativa.
Como se habitúa en reuniones así, el representante de la legisladora Brenda reportó su labor. Y los datos hacen parecer que desquita la dieta: tres pronunciamientos de todas y todos los legisladores que integran la comisión para demandar que la fiscalía especial atraiga los casos de asesinatos de periodistas sin discriminación; sobre las medidas que dictó Enrique Peña Nieto en mayo de 2017 y otro por la relatoría conjunta de la ONU y de la OEA sobre libertad de expresión en México.
Informó también que la comisión ha propiciado 18 comparecencias de fiscales, procuradores, de la CNDH y otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación y el fiscal especial de la PGR; igual refirió las 11 reuniones de la comisión para emitir opiniones de casos de agravios, 8 puntos de acuerdo y 6 iniciativas de ley; aparte realizaron un foro especial y plural sobre libertad de expresión; además, la diputada Brenda interpuso demandas contra funcionarios públicos por desatender investigaciones y protección en las áreas de derechos humanos de la ONU, OEA y en la misma PGR.
*Pero*
Todo ese trabajo, reflejado en los datos, de los integrantes de la comisión y de la misma diputada Brenda debiera haberlos acercado a una concepción integral y a las causas de fondo que propician los agravios y asesinatos contra periodistas, o sea, entender mejor el fenómeno para diseñar un plan y una ley protección realmente integral. Eso sí sería darles (darnos) garantías amplias, mucho más allá que relativa seguridad policiaca, para el ejercicio pleno del periodismo y mejorar el derecho a saber de los mexicanos. Pero no.
Solicité al maestro Alejandro Navarrete su ponencia y me completó con el cuadro sinóptico de su propuesta de adición al artículo 7ª constitucional y los 14 contenidos que han preparado para su iniciativa de ley general.
Con ese texto, confirmé que sus análisis y, por tanto la ley que quiere la diputada Brenda y su comisión, cojean brutalmente porque reconoce solo dos derechos, entre 14 posibles: los de protección y secrecía de las fuentes, esto porque tiene como punto de origen una definición
donde cabe toda persona usuaria de la libertad de expresión en México (lo que incluye a los periodistas) pero que, por ser tan amplia, prácticamente excluye a quienes se dedican (nos dedicamos) de tiempo completo a las labores de esta profesión. Los desenfoca.
Para hacer la iniciativa, según su resumen, consultaron a representantes jurídicos de la CNDH, a las área de derechos humanos de la ONU y la OEA, a organizaciones civiles, a militantes de partidos y algunos periodistas para la mitad de los apartados con temas distantes a nuestra labor, como la ciudadanización de la junta de gobierno del mecanismo federal de protección (tema jurídico), de más sanciones para servidores públicos omisos (derecho administrativo), sobre los tiempos de atención a víctimas (tema jurídico) y sobre la facultad de atracción de la fiscalía especial (jurídico).
En los temas de periodismo, donde dicen que hablaron con más periodistas, fue solamente para el secreto profesional. Mas para “el concepto amplio de periodistas” (definición) no informan haber hablado con ningún colega.
Así cómo creer en una iniciativa de ley, en una legisladora y una comisión especial que quieren proteger periodistas pero que no reflejan el parecer de periodistas que conocen, padecen y analizan cotidianamente su profesión y sus problemas. Consensuar con interesados y los más
preparados en un procedimiento parlamentario indispensable. Será una ley coja, fofa la que no reconozca al menos los otros 12 derechos que requiere esta profesión para informar, la que no enfoque cabal y explícitamente, desde su definición de origen, a los que tienen (tenemos) como forma de vida esta función social; y más aún, la que no prevea las causas estructurales que nos han hecho más vulnerables (maltrato laboral, social y jurídico). Es como si quisieran engendrar un ser nuevo sin columna vertebral.
(Rogelio Hernández López/.ejecentral.com.mx)
Periodistas amenazados viven casi en desamparo
Te revictimizan cabrón, te tratan como si fuera la Sedesol, dicen comunicadores. Organismos y afectados reseñan fallas y vacíos de la protección a periodistas
Con una dosis de humor negro, entre ellos se llaman los correteados. Son los periodistas que huyeron de amenazas de muerte, secuestros y atentados en sus lugares de origen. Desarraigados, radican en ciudades que les resultan ajenas y a veces hostiles, en condición de refugiados internos, lejos de sus querencias y sus empleos. Casi todos han dejado a un lado su oficio, el periodismo.
Oficialmente acogidos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 16 informadores han sido desplazados en todo el país; más de 10 fueron ubicados en Ciudad de México. Pero, asegura Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) la cifra negra debe ser mayor, pues muchos más han huido de las situaciones de riesgo sin reportarse a instancias gubernamentales, sin resguardo alguno.
El mecanismo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienden a cada periodista desplazado en cuanto a alimentación (3 mil pesos semanales en vales para supermercado) y alojamiento, además le asignan una cantidad limitada para transporte. En algunos casos otorgan medidas cautelares (escoltas, cámaras, botón de asistencia). A quienes vienen con familia e hijos pequeños no se les da cobertura para colegiaturas ni útiles escolares. Ni hay fondos para médicos o medicinas. Y esa carencia representa con frecuencia otro factor de riesgo para el desplazado.
*Desprotegidos pese al mecanismo de protección*
El reportero bajacaliforniano Julio Omar Gómez Sánchez, quien publicaba su propio portal, Noticias 911, sobrevivió a tres atentados en un lapso de cuatro meses. Tres veces intentaron incendiar su casa en San José del Cabo, Baja California Sur. En la tercera ocasión había francotiradores apostados afuera. El 29 de marzo mataron a Alfredo Valle, uno de los escoltas asignados, días después de que asesinaron a Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Y el 14 de abril fue asesinado en La Paz otro periodista de la península, Maximino Rodríguez, del diario digital Colectivo Pericú, a quien Julio consideraba su mentor y amigo.
Nada raro que Julio Omar ahora sufra trastorno por estrés postraumático y esté en tratamiento siquiátrico. Las terapias son gratuitas, pero los medicamentos son muy costosos. No recibe ayuda para ello. Teme quedarse sin las medicinas que le controlan las crisis de ansiedad, pánico, insomnio o depresión.
El mecanismo tiene asignado un presupuesto de 16 millones de pesos al mes y emplea a 37 funcionarios para atender a este colectivo.
Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso en Chihuahua, colega y amiga de Miroslava Breach, también tuvo que desplazarse ante la errática investigación del caso de la periodista de La Jornada.
Mayorga explica que en el desplazamiento te pasa de todo: enfrentas una catástrofe económica porque pierdes tus ingresos; la familia entera entra en crisis. Te tienes que asumir como víctima, porque eso eres. Llegas a un lugar donde no conoces casi a nadie, con la autoestima bien baja porque, encima, eres periodista de provincia y vienes de un lugar
donde la prensa está bien desprestigiada. Y la CEAV te trata como si fuera un programa de Sedesol. Que te proporcionen renta y comida está bien, pero ¿y la dignidad que tenemos como personas, como periodistas?
Para Gildo Garza, periodista de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el desarraigo violento que supone dejar todo de una hora a otra para salvar la vida resultó como irse apagando poco a poco. Un día amaneces en un cuarto de hotel en una ciudad ajena, con los niños asustados, dependiendo de ayuda oficial para comer los días siguientes, lampareado como conejo, sabiendo que ningún medio de prensa va a emplearte.
Gildo era propietario de un diario en Tamaulipas, de los pocos que todavía publicaban notas críticas en ese estado amordazado por las múltiples violencias. Dos veces, en 2012 y 2013, fue secuestrado por el crimen organizado como advertencia. La segunda vez fue torturado y
estuvo desaparecido cinco días. En 2014 fue asesinado Mario Ricardo Chávez, su socio del diario Ciudadano. Nos lo entregaron en cachitos. Y me lanzaron una campaña de desprestigio, señalándome a mí como asesino de mi amigo y compañero.
Aun así persistió. Restructuró su periódico a un formato digital y lo llamó Cambio. En junio de 2017 se recrudecieron las amenazas y las calumnias en redes sociales. Sólo entonces su nombre se añadió a la lista de periodistas desplazados en México; seis de Tamaulipas en el tiempo que lleva en el cargo el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.
*Deficiencias en los protocolos mínimos de seguridad*
Sobre la protección que recibe del mecanismo y la CEAV, Garza expresa lo que muchos de sus colegas manifiestan en privado. Nos revictimizan cabrón. Así se sintió cuando al poco tiempo de haber llegado a Ciudad de México en calidad de refugiado interno, hospedado en un hotel, fue desalojado de la habitación con todo y sus hijos porque la CEAV no había pagado el hospedaje. En otra ocasión los dejaron tres días sin depositarles dinero para alimentos.
Luego de muchas llamadas y peticiones, la familia de Garza fue reubicada en un lugar más estable, un departamento en un séptimo piso. Ahí descubrió otra falla en el cumplimiento de los mínimos protocolos de seguridad. El día del temblor, 19 de septiembre, bajamos todos
despavoridos. Y ahí, en plena calle, entre los vecinos que hasta ahora no conocía, identifiqué al menos a 10 familias de desplazados bajo la protección del mecanismo, entre periodistas y defensores. Nos tenían a todos juntos, por si alguien nos quisiera encontrar, no batalle tanto.
*Amenazas al alza: se duplican los casos*
Sólo en 2017, según los informes del mecanismo, fueron admitidas 92 solicitudes de acción urgente para proteger a periodistas en el país, el doble de las registradas el año anterior (46). De esas, la mayoría de los ataques (38) provenían de servidores públicos, 31 de particulares y 29 de agresores no identificados. De un total de 81 agresiones, 64 fueron amenazas que el mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, consideró reales.
Un equipo de relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las fallas y vacíos en las instancias creadas para proteger a comunicadores en riesgo. “Los periodistas desplazados frecuentemente se sienten perdidos –subrayan en un reporte de la visita que realizaron a México entre el 27 de noviembre al 4 de diciembre del año pasado– en lo que parece ser falta de coordinación entre los distintos mecanismos para protección y asistencia a víctimas”.
Después de entrevistarse con varios de ellos, resumen que las medidas de protección son inadecuadas. Refieren que las instancias gubernamentales no ponen atención integral a la situación de salud, necesidades educativas para sus hijos y empleo.
Omar Bello, periodista desplazado de la Costa Grande de Guerrero, refrenda lo anterior: Eso es lo más extremo: te desplazas, salvas la vida por el momento, pero, ¿vas a dejar a tus hijos sin escuela, sin seguro social? Pues no. Pero es muy complicado resolverlo. Te absorbe todo tu tiempo y energías. He pedido ayuda a la CEAV, pero me dicen que ellos no tienen contactos ni con la Secretaría de Educación Pública ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Entonces?
(ww.vanguardia.com.mx/seccion/NACIONAL>)
A dónde va el #Cambio?
Atentados a la libertad de expresión, persecución de periodistas, denuncian cuentas de Facebook, de todo.
La intolerancia es síntoma principal de la impotencia. El no poder, es la peor receta del soberbio gobernante, característica principal de @Antonio Echevarría García. De hecho dos poderes podría estar ejerciendo el joven y empresario, el político y el económico, binomio que bien usados lo pueden convertir en el nuevo Mesías de #Nayarit. Solo que no hay el ingrediente principal para lograr este anhelo: humildad.
Además de que ninguno de los dos poderes asumidos, uno por mayoría de votos y el otro por herencia, ejerce por su incapacidad e inexperiencia. Y tenemos que el poder político está en manos de su cómplice de aventuras, Jorge Anibal Montenegro Ibarra, quien desde la Secretaría General mueve todo, desde la agenda del ejecutivo, pone los temas y armas las estrategias.
Y el segundo poder, es el económico, que tampoco lo ejerce porque su padre, Don Antonio Echevarría Domínguez, todavía lo tiene a prueba. El propietario principal del Grupo Álica, ha sido fiel testigo de que no teniendo el poder político, sus empresas caen hasta en un 60 por ciento y su primogénito no ha podido levantarlas por más asesores y de expertos en marketing que contrata.
Esta notoria impotencia de tener el poder en sus manos y no poder, ha convertido al gobernante en un rehén y preso de sus principales asesores. Todos han llevado sus venganzas personales al terreno institucional y han aconsejado al ejecutivo estatal a ordenar o más bien
a aceptar que a los periodistas de oposición y que no se doblan, a perseguirlos, a tumbar las cuentas personales de Facebook, a censurar sus publicaciones en los diarios ya ¨convenidos¨, a mandarles auditorias fiscales, a emitirles ordenes de aprehensión cuando los reporteros tengan cola que les pisen, lo que representa un atentado a la Libertad de Expresión y principalmente al régimen democrático en el que vivimos y del que se sirvieron para ganar en las elecciones del 2017.
Los ejemplos de estos hechos son claros. Primero fue el columnista, Héctor Gamboa Soto, un crítico sarcástico y contundente del gobierno del Cambio. Después su servidor, Alberto Martínez Sánchez, que por su constante señalamiento le tumbaron dos cuentas personales, exactamente después de emitir críticas y se sabe que el periodista, Fabián García es perseguido no solo por el gobierno estatal, sino por el mismo PRD, al que le ha sacado todos los trapitos al sol.
Ante esto, la intolerancia y la persecución de que somos objeto, en lo personal y al lado de mi colega, @Fabián García hemos decidido denunciar al Gobierno del Cambio y a su titular, Antonio Echevarría García, ante los organismos nacionales e internacionales de defensa de los Derechos de los Periodistas, por ver atentados nuestro trabajo de informar, de criticar, de emitir opiniones e incluso de ser perseguidos en mi caso con auditorias con el uso y aplicación del terrorismo fiscal.
Daremos cuenta de nuestros pasos, pero les adelanto. Nada ni nadie nos detienen e insisto. ¡No Pueden!
A Cien Años de la #Constitución de #Nayarit
Son la Desinformación, La Desigualdad, la Inseguridad, La Violencia, La Corrupción y la Impunidad son los verdaderos enemigos de la #Democracia.
La historia ilustra y así lo ha entendido el Diputado, Leopoldo Domínguez González, Presidente del Poder Legislativo de #Nayarit al conmemorar el Centenario de la #ConstituciónPolítica local, sesión solemne que inicio con el pase de lista a los 15 representantes populares que dieron forma a la carta magna de nuestra entidad en ese primer #CongresoConstituyente.
“Es reconocer la evolución de un estado de derecho, el producto emanado del esfuerzo intelectual y político de los 15 integrantes del Congreso Constituyente Nayarita, asimiló la división de poderes, dotando a cada uno de su ámbito de competencia, a la vez que se estableció al municipio, como la instancia del poder público más cercana a la ciudadanía”, dijo ante la presencia del titular del Poder Ejecutivo y toda la clase política local.
Con una sólida disertación jurídica política, el diputado, Domínguez González expreso que “ejercer el poder y dividirlo requiere de una extraordinaria participación ciudadana, el descrédito que ocasionan los malos gobernantes, desalienta esta participación y más aún, la desinformación, la desigualdad, el crimen, la inseguridad y la violencia, la corrupción y la impunidad, son grandes enemigos de la democracia”, apuntó.
Y el líder del #Congreso de #Nayarit, Leopoldo Domínguez González, como legislador convoco a los Nayaritas a que: “A cien años de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Nayarit, consideramos necesario implementar un ejercicio ciudadano para perfeccionar las instituciones y derechos de todas y de todos; ese será el mayor legado que a favor de las futuras generaciones podamos ofrendar a los nayaritas de la época contemporánea”, anunció.
Miguel Ángel Navarro será seguro Senador de la República por #Nayarit
Si alguien duda que la política es de tiempos y de circunstancias, vive en el error. Mejor momento no pudo dársele al doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien fue destapado como precandidato al Senado de la República por la Coalición Juntos Haremos Historia por el mismo abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
De esta forma, el doctor Navarro Quintero con su estructura política, su rentabilidad electoral, los votos obtenidos en el 2017 y lo mejor lo que le va a sumar a su proyecto, López Obrador porque está visto que va arriba en las encuestas por la presidencia de México, lo ponen como seguro ganador el primero de julio en Nayarit lo que sin duda lo pone en el Senado de la República.
Creo que ante estos escenarios que ya se ven en Nayarit al darse ya los destapes en el PRI, Andrés Manuel López Obrador, no quiso desaprovechar a su mejor cuadro político y se decidió por lanzar al doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero para que en esta contienda le sume votos y no permitir que otros aspirantes a esa posición por sus antecedentes de deshonestidad le resten sufragios. El Peje ahora si está cuidando todos los detalles porque ahora si quiere ganar.
Revive Elba Esther Gordillo y pone a Cora Cecilia Pinedo Alonso a Competir por el Senado por Morena Nayarit.
La aparición de pronto de mujeres líderes dentro del magisterio estatal en las filas de Andrés Manuel López Obrador, nos deja claro que la maestra #ElbaEstherGordilloMorales, está de regreso en las campañas electorales y deja claro que de la política nacional nunca se fue, a pesar de estar en prisión, pues sigue gozando de sus privilegios. En lo local, es notorio primero que la ex priísta y ex Nueva Aliancista, Cora Cecilia Pinedo Alonso, haya aparecido de la nada con él por ahora precandidato de la Coalición, ¨Juntos haremos historia¨, #López Obrador, y de paso ser la casi candidata al Senado de la República en segunda fórmula en #Nayarit, al lado del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero.
Y es que ha comprendido Andrés Manuel #López Obrador, que es ahora o nunca, que su triunfo está casi en la bolsa, que lo puede lograr siendo conciliador con los hombres del poder que integran el Sistema Político Mexicano. Es por eso que viene haciendo alianzas incluso con el mismo diablo, que es la misma Elba Esther Gordillo, quien a su vez, ha colocado a sus alfiles en las entidades al servicio de #López Obrador y en el caso #Nayarit, está claro que es #Cora Cecilia Pinedo Alonso la afortunada, la que obedece la consigna de la jefa #Gordillo Morales,
para sin rubor alguno ser la abanderada al #Senado de la República. Dios los hace y ellos solos se juntan.
Certeza Política
Ahora tenemos la opinión de nuestro experto en Finanzas Públicas, el doctor, Abel Ortiz Prado que nos dice hoy. Recientemente hemos dado cuenta a través de distintos medios, de un desencuentro entre el gobierno del Estado de Chihuahua y la SHCP respecto a la asignación de recursos federales a los Estados. Uno de los objetivos del controvertido Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación que administra la SHCP, es el de otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. Nayarit según cifras al cierre del 2017 de “México Evalúa”, ha sido uno de los Estados más beneficiados a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, aspecto que vale la pena capitalizar para los años subsecuentes. Suerte a todos y decirles que muy a pesar de los ¨contras¨ del mismo gremio, seguimos adelante. Nada nos detiene. Para opiniones y sugerencias llamar al 3112460116 o escribir al email albertomartinezsanchez512@gmail.com
(Alberto Martínez Sánchezz/ El Sol de Nayarit)
Cuatro propuestas para defender al periodismo libre
Thomas Jefferson dijo: “Si me dan a elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. Esta frase subraya la importancia que tiene para cualquier democracia la libertad de expresión y la prensa libre como contrapeso del poder político y como vigilante del desempeño gubernamental.
En México la principal amenaza al periodismo libre son los grupos delictivos, que muchas veces operan bajo el amparo o complicidad de autoridades corruptas. En 2017, en nuestro país murieron asesinados 17 comunicadores. Y empezamos 2018 con el homicidio de Leslie Montenegro, una youtuber que, según diversos medios de comunicación, había recibido amenazas en redes sociales por el contenido de sus videos.
No sorprende que la organización no gubernamental Freedom House haya reclasificado a México de país “libre” a país “parcialmente libre”, en parte como resultado de los atentados contra periodistas. Y Reporteros Sin Fronteras asegura que México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo después de Siria.
Ante esta realidad es evidente que hace falta un nuevo modelo de protección a periodistas por parte del gobierno federal. Cuatro acciones que resultan urgentes son:
Primero, fortalecer en serio a las instituciones encargadas de la defensa a los periodistas. Cuando la PGR pase a ser Fiscalía General, es fundamental que se incrementen los recursos financieros y humanos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de
Expresión a fin de dotarla de capacidad real de prevención y respuesta. También habría que crear una unidad especial de protección a periodistas — y defensores de derechos humanos — en la Policía Federal.
Segundo, como lo han propuesto diversos especialistas, es indispensable trabajar con los medios y organizaciones de la sociedad civil para elaborar un mapa de riesgos a fin de identificar dónde están los medios y periodistas más vulnerables. A ellos se les debe brindar protección federal permanente.
Tercero, coincido con Alejandro Hope, quien ha planteado la idea de implementar una estrategia de disuasión focalizada. Con ella se advertiría de manera explícita a los grupos criminales — y a cualquier autoridad local corrupta — que cualquier homicidio o desaparición de periodistas será atraído inmediatamente por el gobierno federal y generará una reacción inmediata y firme en contra del grupo responsable.
Y cuarto, contrarrestar el silencio. Los atentados contra periodistas buscan acallar a la prensa local. Hay que enviar el mensaje a los grupos criminales de que matar a un periodista tendría el efecto exactamente contrario: los medios nacionales difundirían de manera prominente las
notas sobre delincuencia y corrupción que el periodista asesinado o el medio agredido publicaron antes de ser atacados o que estuvieran investigando. Hay que dejar claro a los delincuentes que, si quieren silencio matando periodistas, lo que van a obtener es toda la atención del país a sus actividades criminales.
Para resolver el problema de la inseguridad y la violencia se pueden contrastar, discutir y mejorar las propuestas y las estrategias. Pero el ingrediente que no puede hacer falta es un gobierno honesto y valiente que haga su trabajo. Yo quiero ser presidenta de México para encabezar un gobierno así, que asuma plenamente su responsabilidad y le devuelva a
nuestro país la seguridad y a la prensa su plena libertad para bien de nuestra democracia. Hace unos días me reuní con los representantes del Comité para la Protección de los Periodistas y les dije lo mismo que expongo en mi libro Es la Hora de México: que un periodista tenga miedo de hacer su trabajo es un atentado contra la libertad de todos los mexicanos.
(Margarita Zavala/El Universal)
