Análisis de percepción de los dos años del gobierno actual por parte de miembros de los sectores público y privado del país

· La eficacia de la administración pública, tema principal del escrito, se despliega en la evaluación situacional de la seguridad, la inversión pública, entre otros.

Desde 2010, la Comisión del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha presentado la apreciación anual del Gobierno. En 2014 se acordó ampliar este documento, incorporando otros hechos políticos de relevancia en los que, debido a su trascendencia, impactan o lo podrían hacer de manera notable en el sistema político salvadoreño, aunque en estos no participe precisamente el Presidente de la República o funcionarios del Ejecutivo.

A partir de esa evaluación anual, la fuente a utilizar de referencia para este escrito pasa a denominarse “El Salvador. Año Político”, pero, para esta investigación, el enfoque ha sido en su segunda edición, correspondiente al período de junio de 2015 a mayo de 2016. La publicación, además de incluir los apartados sobre las bases de sustentación del presidente, expone la eficacia de la administración pública, tema principal de este escrito, que se despliega en puntos como la evaluación situacional de la seguridad, la inversión pública, entre otros.

Es necesario aclarar que la intención del DEP y de FUSADES, tal como lo ha sido durante los seis años anteriores, es que el lector encuentre información con las fuentes debidamente identificadas para que este pueda elaborar sus propias conclusiones de los hechos y, por la misma razón, el documento no incluye juicios de valor por parte de quienes investigan la información y los datos obtenidos, a menos que así lo exija el contexto del análisis en cada uno de los apartados.

Para abordar el tema desde diferentes ángulos se ha entrevistado, en el sector público, al magistrado Antonio Rivera, perteneciente a la Corte de Cuentas de la República; a la jueza Guadalupe Jiménez Larín, de la Corte Suprema de Justicia; a la abogada Violeta Margarita Castro, quien labora en la Asamblea Legislativa y al subcomisionado César Antonio Ortega, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de grupo de intervención antipandillas en la Policía Nacional Civil y ahora es jefe de la delegación de Soyapango; por otro lado, cubriendo una parte del sector privado, se ha entrevistado a Francisco Piñón, licenciado en Administración de Empresas, quien posee una compañía dedicada a la distribución de lácteos en la zona central del país.

En cuanto a la percepción del sector público, el magistrado Antonio Rivera plantea que en algunos temas se ha avanzado, pero que en otros ha habido retrocesos. Opina que se ha avanzado más en los temas de respeto, especialmente los que tienen que ver con el respeto hacia los derechos de la mujer y ciertas libertades constitucionales, pero se ha disminuido o se ha complicado la situación financiera del Estado por la falta de recursos propios y el endeudamiento público que se está teniendo a falta de esos recursos, “y todo eso aunado a la falta de consensos políticos que son necesarios para mejorar las finanzas públicas y obtener los préstamos que sean necesarios a nivel internacional”, según plantea.

Además de eso, la situación de inseguridad que se está generando no solo para el Estado, sino que también para la empresa privada, por lo que también se provoca salidas de capital del país y, por consiguiente, una baja en el empleo, ocasionando que muchas personas opten por el empleo informal, lo que causa una situación más complicada para el país.

El magistrado afirma que conoce la apreciación anual del Gobierno creada por FUSADES, y manifiesta que, en este documento, lo que se trata de analizar son aspectos eminentemente políticos, es decir, del Gobierno, y que están relacionados a su administración, aspectos de seguridad, los análisis de las finanzas del Estado y temas como el del acceso a la información. Rivera agrega que es de su conocimiento que en el escrito se hace una crítica desde el punto de vista de la empresa privada, y que, como base para la elaboración de sus opiniones, utilizan encuestas o entrevistas realizadas a diferentes personalidades, así como también hacen uso de estadísticas que han generado y entrevistas en general.

El representante de la Corte de Cuentas de la República plantea que “los autores del documento consideran que, financieramente, el Estado está mal, que hay algunos aspectos como el del acceso a la información pública en los que sí se ha avanzado, que la Sala de lo Constitucional ha mostrado, pero también a criterio de ellos, hay empresas que no están cumpliendo con su papel porque les falta independencia del Ejecutivo, y ellos consideran que, así como está el país, va a llegar un momento en el que no sean sostenibles los gastos del Gobierno, pues se está gastando tanto y no se está viendo los ingresos para poder suplir esos gastos”.

En cuanto a su evaluación de la segunda edición de “El Salvador. Año Político”, el magistrado lo califica como “un trabajo muy interesante. Repito, es una óptica de la empresa privada. Hay que leerlo detenidamente, pues es un trabajo extenso, y además no tenemos otro documento similar como para compararlo”. Rivera plantea que FUSADES concluye en ese informe con la idea de que sí ha habido respeto por parte del Gobierno a la institucionalidad, que se han respetado los fallos de la Sala de lo Constitucional aunque vayan en contra del Gobierno, pero, por otro lado, los autores detectan que la situación económica de despilfarro con la que ven al Gobierno está llevando al país a una situación que puede ocasionar una mayor crisis en el futuro. “Que lleguen a una situación de impago, incluso en el Gobierno”, agrega.

En el siguiente audio se extiende su apreciación sobre el informe “El Salvador. Año Político”:

El magistrado asegura que una de las obras que más éxito ha tenido es la de Ciudad Mujer, reconocida incluso a nivel internacional.

La abogada Violeta Margarita Castro, quien ejerce en la Asamblea Legislativa, da su percepción como ciudadana sobre la gestión del gobierno actual:

Al cuestionar a la abogada si le ha dado un seguimiento al presidente, durante el período en el que se encontraba postulándose para la candidatura presidencial, la abogada afirma que lo hizo, por lo que se le preguntó, en cuanto a infraestructura, programas sociales, seguridad, entre otros, cuál cree ella que ha logrado beneficiar en mayor medida a la población, por lo que Castro opina que los proyectos más exitosos que ella percibe son en cuanto a infraestructura, poniendo como ejemplo las obras realizadas en la zona del redondel de las Naciones Unidas y del redondel Masferrer.

En cuanto a programas sociales, la abogada manifiesta que no se ha hecho lo que se esperaba, pues incluso revela que ha tenido experiencias en Ciudad Mujer en las que los miembros de la institución a veces aceptan solamente a personas de su misma ideología, marginando a otras mujeres que necesitan ayuda. Además, agrega que “en el primer período de la izquierda se hicieron muy buenas obras sociales. Hoy están hablando de obras sociales, obras educativas, y solo lo dicen y no lo echan a andar y, sin irnos tan lejos, hablaban de un vaso de leche para cada niño, hablaban de educación, de un uniforme, y en el primer período presidencial se daba. Hoy ya no, yo he platicado con varias personas y ni el uniforme les han dado a los niños”.

Castro continúa su percepción planteando que “las personas que están atrás en el gabinete han participado en ciertas negociaciones con grupos de pandillas, pues, con los líderes, y les han otorgado privilegios que no deben existir. Un privado de libertad pierde todos sus derechos desde el momento que es condenado por “x” delito; entonces, si por un lado les estamos otorgando privilegios a estos, por otro lado, la seguridad no va a funcionar porque, como decimos a buen salvadoreño, ‘los líderes de pandilla le tienen la cola pateada al gabinete’”.

Al terminar la entrevista, la abogada calificó la gestión de los dos años de presidencia de Sánchez Cerén como “regular”.

Desde el punto de vista de la jueza Guadalupe Jiménez Larín, el Gobierno ha hecho un esfuerzo por salir adelante pero aún hay muchos aspectos que cubrir, muchas necesidades y también deficiencias.

En cuanto a leyes que han tenido un mayor impacto con respecto a la crisis de seguridad pública que se da actualmente en el país, Jiménez Larín plantea que “las leyes existen, el problema en nuestro país no es la falta de estas, sino la forma en la que se aplican”.

En el siguiente audio, la jueza critica el mal manejo de programas sociales, evalúa los proyectos relacionados a infraestructura, habla acerca de las medidas de seguridad en los penales y señala cuál es el error en cuanto a las leyes decretadas:

Al preguntarle a la jueza cómo catalogaría la gestión del Gobierno actual, Jiménez Larín la calificó como “regular”.

Dentro del área de seguridad, la percepción del subcomisionado de la Policía Nacional Civil, César Antonio Ortega, es que en lo que se ha tenido un avance durante este gobierno es la ejecución de algunos planes. “Se ha implementado el plan ‘El Salvador Seguro’”, explica Ortega, agregando que, hasta la fecha, dentro de algunos sectores de diez municipios es que se han dado resultados bastante satisfactorios, pues los homicidios en esas zonas han disminuido, pero también asegura que se debe mejorar en otras áreas.

El subcomisionado aclara que los municipios que están dentro de ese plan deben tener ciertos requisitos, como que el 70% de los homicidios en el país se hayan cometido en estos, es decir, que tengan una alta incidencia de violencia y que la densidad poblacional sea bastante alta. El jefe de la delegación de Soyapango ejemplifica lo anterior con el caso de ese municipio, afirmando que “en el 25% del área de Soyapango se está implementando el plan y la reducción de homicidios ha sido notable”.

Para Ortega, la ley o política que se ha impuesto durante estos dos últimos años y que ha tenido los mejores resultados es la que se ha dado en los centros penales al tomar medidas extremas, dando como resultado la disminución de homicidios. “Por ejemplo, los pandilleros ya no pueden salir a tener audiencias, ya que se hacen dentro del penal. No reciben visitas y ya no tienen señal telefónica”, asegura.

En el siguiente audio, el subcomisionado hace una crítica al sistema judicial del país, además de mencionar la falta de apoyo al área de seguridad pública, los enfrentamientos entre agentes policiales y las pandillas y la falta de costumbre que se tiene para realizar denuncias de los casos de violencia:

En cuanto al sector privado, el Lic. Francisco Piñón opina que el Gobierno presenta una deficiencia para cubrir los gastos que efectúa, un mal manejo de los fondos públicos y la falta de apoyo a la empresa privada. Se incluye su entrevista a continuación:

Para Piñón, el descenso en la economía del país se debe a que el Gobierno no ha trabajado de la mano con el sector privado, por lo que, en casi 15 años, el porcentaje de la mala evaluación dada a esta área ha llegado a ser más del doble.

Otras áreas en las que se ha detectado el mismo fenómeno son Salud y Educación:

En general, el período que lleva el actual presidente es muy corto como para determinar si su gestión ha sido buena o mala; sin embargo, con el poco tiempo que lleva se ha catalogado como una gestión que necesita mejorar, pues los problemas que atraviesa el país se agudizan con el paso del tiempo.

Si bien es cierto, son varios ámbitos en los que se ha mejorado, pero se ha dejado a un lado el más importante: el derecho a la vida. En El Salvador, la seguridad es un tema que cada día preocupa más. El nivel de delincuencia es incontrolable y muchas vidas están pagando ese costo sin merecerlo, por lo que, en estos tres años restantes, el presidente debe preocuparse por trabajar esta problemática y centrarse en mejorar la calidad de vida de quienes consideran su liderazgo como la mejor opción para guiar este país.